La compañía aérea Lufthansa y el Gobierno de Alemania concordaron un plan de salvación de 9.000 millones de euros que convertirá al Estado en el principal accionista del grupo con el 20% del capital.
El gobierno aprobó el plan a través del fondo de estabilidad económica del gobierno federal (WSF), creado para contener los impactos de la pandemia de la COVID–19, que han provocado que la compañía, así como el conjunto del sector del transporte aéreo, enfrente una crisis sin precedentes.
El Estado adquirirá el 20% del grupo por 300 millones de euros, 2,56 euros por acción, un precio muy inferior al del mercado, que le garantizará su presencia en la compañía como accionista principal. También inyectará 4.700 millones de euros de fondos. Quedan otros 1.000 millones de fondos, con los que el Estado puede aumentar su participación hasta el 25% y una acción, lo que significa una minoría de bloqueo según el derecho alemán.
El Estado obtiene igualmente dos asientos en el consejo de vigilancia de Lufthansa, pero renuncia a su derecho de voto en las asambleas generales “salvo en el caso de oferta de compra”.
A todo ello, se suma un crédito de 3.000 millones de euros por el grupo, que no podrá pagar dividendos a sus accionistas.
Berlín, 28 de mayo 2020.
Crónica Digital.
Jue May 28 , 2020
Por su evidente importancia, Crónica Digital reproduce en forma completa el documento firmado por los Partidos Comunista, Progresista, Fuerza Común, Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática e Igualdad. Asimismo, suscribieron los alcaldes Jorge Sharp (Valparaíso) y Gonzalo Durán (Independencia). Asimismo, adhirieron organizaciones sociales tales como la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales, la Coordinadora Nacional de Taxistas, la Fundación Nodo 21, la Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal, y la Agrupación Vecinos al Poder, entre otras. La Pandemia COVID–19 ha venido a agravar el déficit de seguridad social y sanitaria y amenaza con una fuerte recesión económica que golpeará a quienes menos tienen. Chile entra a este escenario habiendo denunciado y exigido, con especial intensidad desde el 18 de octubre del 2019, cambios estructurales que debían transformar las bases sobre las que se sostiene el sistema de concentración de la riqueza y de desigualdades. La crisis está siendo enfrentada en los términos de ese modelo ya rechazado por la ciudadanía, con sus consecuencias previsibles: la mayor parte del costo de la emergencia está cayendo sobre los trabajadores y trabajadoras y las pequeñas y micro empresa. Son las consecuencias de una política monetarista de contención del déficit fiscal y del endeudamiento público más que de protección de la vida de las personas y la posibilidad de que las pequeñas empresas sobrevivan hasta el final de la crisis sanitaria. El gobierno dispone del 2% del gasto presupuestario total para enfrentar la emergencia. Sin embargo, ha gastado 170 millones de dólares en el Bono Covid de apenas $ 50.000. La aprobación de la renta de emergencia ha sido tardía y de un monto irrisorio, que obliga a nuevos anuncios para complementarla. Esa renta de emergencia implicará recursos por US$ 830 millones. Esta política no solo genera hambre en la población, sino que prolonga la crisis sanitaria, al obligar a salir a buscar ingresos o comida, atizando el descontento y desesperación social. En materia de salud el gasto se ha concentrado mayoritariamente en el fortalecimiento del sector hospitalario respecto del financiamiento de la Atención Primaria, olvidando la importancia de esta última en el control epidemiológico. El anunciado reparto de 2,5 millones de canastas familiares, por su parte, ha sido una medida filantrópica de cuya frecuencia nada se sabe, que no entrega una solución al problema del hambre ni la cesantía y que terminará por destruir los pequeños comercios de barrio beneficiando a los grandes distribuidores. El ingreso familiar de emergencia activa la demanda hacia el pequeño comercio, favorece a la micro y pequeña empresa. Ante la situación de fracaso sanitario del llamado “Retorno Seguro” y de las medidas económicas que no aplacan el hambre y la angustia de millones de hogares, llamamos a las fuerzas sociales y políticas a luchar por las siguientes medidas urgentes: 1.Instalar en lo sanitario un Comité Nacional de Crisis y sus respectivos Comités regionales y locales, que incluya […]
