Semana Internacional del Detenido Desaparecido: reafirmación del compromiso con la justicia

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) ha emitido el siguiente comunicado, con motivo de una nueva conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido:

En estos difíciles meses bajo pandemia, nos place y nos consuela comunicarnos con ustedes, hermanas y hermanos que trabajan contra la desaparición forzada en nuestra América. Ella continúa sufriendo la situación de enorme desigualdad en la distribución de recursos, pero también sigue firme el trabajo de grupos e instituciones por Verdad y Justicia, entre ellos las movilizaciones de mujeres que, en su lúcido reclamo por sus derechos de género, cubren la defensa de todos los derechos de los seres vivos. En nuestros países no hay represión o indiferencia gubernamental que desanime a la lucha por derechos humanos.

En la Argentina prosiguen pese a la pandemia los juicios en contra de los criminales de lesa humanidad, que pueden ser observados por medios virtuales. Continúa preocupándonos que la concesión de libertades domiciliarias para quienes fueron condenados por cometer desapariciones forzadas pueda ser utilizada como mecanismo de impunidad.

En Bolivia el gobierno instalado mediante un golpe de Estado continúa con las prácticas de represión y control social. Observamos la necesidad de un llamado urgente a elecciones libres, transparentes y que se asegure la integridad de los defensores y las defensoras de derechos humanos.

La sociedad de Chile, bajo un gobierno elegido por mayoría y luego de muchos años de indiferencia ante la problemática social de profundización de la desigualdad y la política neoliberal, en octubre pasado ha estallado en manifestaciones cruelmente reprimidas, con más de 30 muertes registradas, que continúan al día de hoy. Vemos necesario investigar las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en ese marco y que fueron denunciadas internacionalmente.

Uruguay realizó su tradicional Marcha del Silencio mediante una excelente difusión por medios virtuales de las fotos de sus detenidxs desaparecidxs e instaló esas fotografías en la calle, convirtiendo ese silencio en un enorme grito.

En Brasil crece la pandemia bajo los errores de coordinación del Gobierno Federal. Según las noticias que diariamente se difunden, el tambaleo de las instituciones hace temer que crezca la violación de derechos contra sectores de la sociedad que también crecen en su marginación.

En Paraguay no ha cesado, lamentablemente, lo que la CODEHUPY –Coordinadora de Derechos Humanos– denuncia como un sistema de “pésimo desarrollo de la justicia y que condenan a sus ciudadanos a ser mendigos de un sistema deficiente de salud, de educación, de violaciones a su libertad, a ser víctimas de una justicia que sólo condena la pobreza y no busca superar la falta de igualdad de oportunidades”.

Perú ha firmado, con otros países, el Acuerdo de Escazú, con que se confía en avanzar hacia la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, denunciado como “uno de los países que más denuncias posee, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación de los derechos laborales; y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación de derechos humanos” (Comité Regional de la Internacional de la Educación en América Latina), Perú no halla la forma de terminar con la impunidad que mantiene aún a alrededor de 5.000 detenidxs desaparecidxs sin justicia.

En Ecuador, en octubre del 2019 estallaron protestas en diversas ciudades en respuesta a las medidas de austeridad anunciadas por el Presidente. Moreno declaró el estado de excepción en todo el país, y autorizó así la intervención del ejército y de la Policía Nacional. Tras días de represión violenta del descontento social y tras surgir indicios de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo, 1.192 personas fueron detenidas, ocho murieron de manera violenta y 1.340 resultaron heridas.

En los últimos días, aún con aislamiento social en medio de la pandemia mundial, pudimos ser testigos de las protestas sociales contra las políticas del hambre, ferozmente reprimidas.

Colombia va transitando la no disimulada represión –en realidad, encubierta por las autoridades– de ex paramilitares: son un dolor casi cotidiano las denuncias internacionales sobre la falta de garantías para la vida de campesinxs y defensores de derechos. Según el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia el 2019 fue un año muy violento para los derechos humanos en este país hermano.

La falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia. Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia, por esto entendemos que es necesario incrementar la implementación de las medidas de protección colectivas para atender los riesgos que enfrentan las comunidades y las organizaciones.

Venezuela vive e acosada por muy difíciles condiciones, causadas principalmente por el embargo financiero y comunicacional a que la somete el poder de los Estados Unidos y el rechazo al gobierno venezolano por parte de varios países americanos y europeos, pese a los periódicos sufragios en que resulta elegido. Estados Unidos intenta incluso operativos de invasión que acaban en fracaso.

Tenemos poca información sobre Guyana, Surinam, Guyana Francesa y las islas aledañas, cuya problemática nos concierne e interesa pese a que no existen asociaciones de FEDEFAM. Costa Rica no ha denunciado la existencia de detenidxs desaparecidxs. Cuba, país donde no se han dado desapariciones forzadas, sigue adelante llevando en alto su soberanía con la fuerza de su población, pese al embargo secular que padece. Haití, el hermano más pequeño y más pobre, sufre las consecuencias de su ubicación geopolítica y de la secular explotación y desprecio de su soberanía por parte de países poderosos.

Nicaragua sigue padeciendo una gran desigualdad de recursos y la consiguiente conmoción social, con numerosas víctimas durante los últimos años. No nos han llegado nombres de personas detenidas desaparecidas.

En El Salvador los grupos continúan trabajando en favor de las comunidades marginadas y manteniendo las antiguas denuncias por desaparición forzada. Encoge el corazón escuchar que hay nuevas denuncias por actuales detenciones desapariciones.

En Honduras la serie de gobiernos surgidos del golpe de Estado de 2009 sigue ejerciendo represión, gallardamente resistida y denunciada por la COFADEH y por otros grupos y comunidades.

En Guatemala prosigue la lucha contra la impunidad por los crímenes e injusticias del pasado y del presente –la secular marginación de la predominante población indígena, entre aquellas–, ataques sufridos incluso por la Procuración de Derechos Humanos. Según el reciente informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, las personas defensoras de los derechos humanos continuaron trabajando en un contexto de múltiples riesgos, con altos niveles de impunidad frente a los ataques en su contra, mientras que las organizaciones fueron blanco de ataques, entre los que cabe citar casos de criminalización, vigilancia de oficinas y robos y allanamientos por personas desconocidas, incluido robo de computadoras y discos duros con información sensible.

En la lucha contra la impunidad, en 2019, se registraron algunos progresos en la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno (1960–1996) a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Es positivo que el Ministerio Publico haya avanzado en la digitalización y administración de archivos de casos de graves violaciones de los derechos humanos.

México intenta encontrar un orden social largamente deteriorado por una extendida impunidad. Celebramos que, en el primer decreto oficial como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador haya creado la Comisión para la Verdad en el “caso Ayotzinapa”, en el que 43 estudiantes desaparecieron en 2014, lo que vemos como una punta de lanza y esperanza para todos los más de 30.0000 desaparecidos en el país.

La lucha contra esta otra “pandemia” –la desaparición forzada– parece llevarnos a los límites de nuestros esfuerzos, a la tentación de la pregunta: ¿para qué seguir? Sin embargo, sentimos que miles de hermosos rostros de detenidxs desaparecidxs nos miran, que miles de brazos ausentes rodean nuestros hombros para seguir marchando juntas y juntos, con alegría y firmeza, hacia el objetivo que nunca dejaremos: la desaparición de la desaparición forzada de la faz de la tierra.

¡Nunca Más un/a detenidx desaparecidx!

¡Nunca Más un/a desaparecedora fuera de la Justicia!

Última semana de mayo del año 2020

Buenos Aires, 29 de mayo 2020.

Crónica Digital.

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