Centros de Estudios de la oposición se pronuncian sobre llamado a pacto por la reactivación y la protección social

Por su importancia, reproducimos documento emitido desde intelectuales e investigadores de los centros de estudios y fundaciones de la oposición, reunidos en la Comisión de Políticas Públicas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sobre el “Pacto Nacional” al que ha convocado el Presidente Sebastián Piñera.

Queremos valorar el reconocimiento de equívocos por parte del gobierno, pero a la vez manifestar nuestra preocupación por el sesgo ideológico de un liberalismo extremo que los causa.

El jueves 28 de mayo, el ministro de Salud informó que en las últimas 24 horas habían fallecido 49 pacientes de Coronavirus y otras 4654 personas habrían sido contagiadas en el mismo periodo. Junto al presidente de la República reconocieron que se han cometido errores, que las proyecciones del número de contagios han sido poco precisas y que muchas de ellas se han apartado de la verdad. De hecho, existían estudios alternativos que coinciden en que la cifra de fallecidos era mayor y crecerá sustantivamente, como de hecho ha venido ocurriendo en los últimos días.

Nos alarma la evidencia de que, si bien todo el país está afectado por la pandemia, son los trabajadores junto a pequeños empresarios que subsisten día a día con su salario y ventas los que están sufriendo el costo de los errores.

La encuesta sobre empleo y desempleo que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile estima el desempleo en el Gran Santiago, en una cifra de 15,6%, la mayor tasa desde junio de 1985. Por su parte, el INE informa a nivel nacional una tasa de desempleo del 9%, pero una de desutilización igual 23.8% y un desempleo oculto reflejado en más de 14% de ocupados ausentes, que hoy están en sus casas sin trabajo al que poder ir, por los pactos de suspensión del empleo. No podemos descartar que estas cifras referidas a los problemas de empleo en los meses de marzo y abril crezcan sustantivamente cuando midan las situaciones de mayo y junio.

Llamamos a superar la estrategia del gobierno, para corregir los errores.

Enfrentar la pandemia y la crisis sanitaria preocupándose más de los indicadores del riesgo país y no los del riesgo social, ha conducido al gobierno a medidas que son totalmente insuficientes para la gravedad de la situación. Nos llama la atención que, aún las instituciones financieras internacionales que considerábamos conservadoras como el FMI y el BM, hoy se unen a la CEPAL y la OIT en planteamientos más heterodoxos en sus propuestas para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Valoramos asimismo las voces de diferentes agrupaciones gremiales y de profesionales que invitan al gobierno a una mirada más amplia.

Llamamos a la Unidad y al Diálogo Social

Hemos sido testigos y víctimas de la equivocada apuesta gubernamental de enfrentar la crisis con sectarismo político, sin participación del movimiento social, sindical y la sociedad civil, de las fuerzas políticas de la oposición y de los municipios.

Prueba de ello fue el momento del “retorno seguro” a la nueva normalidad y el llamado al consumo en los malls y la obligación al retorno de trabajo presencial en el sector público y privado, altamente resistido por la ANEF.

Igualmente las organizaciones y voces autorizadas en materia de salud epidemiológica, fueron insistentes en su momento, en denunciar el error de la estrategia al no realizar cuarentenas tempranas, detectar y controlar la propagación por medio del testeo masivo y aislamiento correspondiente, como también el involucramiento de la salud primaria y la inversión oportuna y fuerte en la provisión de elementos de protección de los trabajadores de la salud, de insumos médicos, equipamiento clínico, etc.

Confiamos en una solución que abandone la unilateralidad y que se construya con diálogo social.

El Gobierno ha fracasado en el diagnóstico y en las soluciones a la crisis. El Presidente de la República ha convocado un Pacto por la Reactivación y la Protección Social para enfrentar la pandemia, los efectos sociales y económicos de las medidas de contención de enfermedad y la reactivación de la economía luego de superada la crisis. No quisiéramos que su llamado a que “hay que dejar de lado la pandemia política”, sea un intento por ahora de atribuir a la oposición política y social, la responsabilidad de esta grave crisis. Sino más bien, el llamado sea a incorporar a los partidos políticos y a los actores sociales, a un dialogo social por el bien del país.

La gestión de esta crisis debe encararse desde el diálogo social, como mecanismo de alcanzar el interés común, propiciando un involucramiento sustantivo de la sociedad civil, el mundo sindical y las organizaciones de la mesa social.

Buscamos concordar un programa de alivio para la ciudadanía afectada por el violento crecimiento del desempleo y para las MIPYMES, que están en peligro de desaparecer. Estos actores deben participar con injerencia real en las decisiones gubernamentales.
Proponemos recuperar la confianza respecto de la real voluntad presidencial de llegar a un diálogo constructivo para superar la crisis. Lograr acuerdos institucionales con el mundo social organizado y las fuerzas políticas. Más participación social e implementación de acuerdos alcanzados en mesas de trabajo.
Reafirmar lo acordado luego del estallido social respecto a la realización del plebiscito y el proceso constituyente, como también -a propósito de proyectos de ley contingentes- revisar la agenda legislativa en su arremetida por implementar políticas neoliberales estructurales aprovechando el paréntesis desmovilizador de la pandemia, para anunciar un presupuesto nacional 2021 con base cero, que busca reducir y desmantelar aún más al Estado.

Llamamos a actuar sobre la verdadera realidad del país.

No podemos seguir apoyando políticas que, al ignorar la situación real de las familias, agravan más la situación y hacen recaer cada vez más, en los sectores vulnerables, los costos de la crisis.

El Bono Covid 19 de 50 mil pesos no representaba una real solución a los problemas que enfrentaba la población. A ello se sumaron los problemas de gestión, que llevaron a que se empezara a distribuir recién a finales del mes de abril.
La renta de emergencia por tres meses y decreciente tampoco asegura una adecuada protección. Desde ya, en el mes de marzo diferentes grupos organizados propusieron un ingreso temporal de 480 mil pesos (basado en la línea de la pobreza) hasta que terminara la crisis. El Gobierno se negó siquiera a escuchar estas proposiciones.
Del mismo modo, se advirtió que las medidas de apoyo a las empresas, ayudaba a resolver parcialmente sólo el problema de las empresas bancarizadas; y no las de cientos de miles de empresas no bancarizadas y todas aquellas que desde antes de la pandemia enfrentaban problemas de morosidad. También, respecto a estas propuestas el gobierno hizo oídos sordos.
Respecto de la distribución de cajas de alimentos, estas no solo contienen alimentos que resultan insuficientes para paliar el hambre durante los meses que se anticipa durara la recuperación. Demorará meses en llegar a todos y ofrecen un espectáculo que desprestigia la figura presidencial, y recuerda prácticas ya abandonadas en nuestra historia de democracia.

Queremos confiar en que el gobierno guiará hacia un pacto para la ciudadanía.

La Comisión de Políticas Públicas de la CUT, considera indispensable contar con el compromiso del Gobierno por sacar adelante el acuerdo en los marcos del diálogo social, con pisos mínimos garantizados, que signifiquen proteger el empleo y los salarios, aumentar la seguridad social, ampliar decididamente el universo de los trabajadores y de la población en la cobertura de protección social, con muchos más recursos que los utilizados hasta ahora, en la salud, en la protección social y en el empleo.

El Acuerdo debe asegurar un apoyo material para las familias trabajadoras y el resguardo de los ingresos de todos los trabajadores, tanto públicos y privados, que les permita sortear la crisis sanitaria sin caer por debajo de línea de la pobreza, con el objetivo primordial de asegurar la subsistencia decente de la población afectada por el tiempo que sea necesario.
Del mismo modo, se comprometa un subsidio a las empresas no bancarizadas que asegure que sobreviven hasta el final de la crisis y un paquete de nacionalización de empresas estratégicas que puedan caer en quiebra, pero asegurando pisos mínimos de seguridad social para sus trabajadores.
Se sincere la posición fiscal y se establezcan las condiciones para financiar estas políticas. El endeudamiento bruto es bajo, existen importantes fondos soberanos y se dispone de la posibilidad de endeudarse a bajo costo en el mercado internacional y nacional.
Se establezcan las bases para una reforma tributaria post pandemia. Pasada la crisis y atendido la precaria situación social será necesario concordar un aumento de al menos 5 puntos del PIB de la carga tributaria para financiar un real Estado de bienestar basado en los derechos sociales universales.

Un Pacto por la necesidad de más Estado, más participación y más confianza.

Creemos que el Pacto debe convenir en que hoy la situación que vivimos, indica que es necesario y posible un aumento del gasto público. Llamamos a que los acuerdos establezcan una priorización de éstos para:

sostener la economía en la crisis;
sostener el empleo público directo e indirecto y de inversión pública intensiva en mano de obra por parte del gobierno central; y
aumentar el presupuesto municipal para llegar a los territorios.

Rechazamos un presupuesto en base cero, que solo apalancará efectos sociales y económicos recesivos. Sostenemos que el esfuerzo por superar la crisis debe incorporar a las municipalidades, aumentando el Fondo Común Municipal y el presupuesto para la Atención Primaria de Salud.

El origen de los recursos para el conjunto de iniciativas indispensables para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social en curso es un debate determinante. Si bien, toda medida de austeridad fiscal puede aportar, la lógica de recortes y restricciones presupuestarios es del todo insuficiente, sobre todo si finalmente se apunta a cumplir una meta de reducción de déficit fiscal que ha quedado completamente superada por la realidad. Las medidas en vigencia ya han descargado sobre los ingresos de los trabajadores y trabajadoras parte importante de los costos de la crisis, los anuncios para profundizar esta línea de acción, respecto del sector privado y público, sólo incubarán mayores tensiones sociales. No se protege el empleo, si no se resguardan los derechos laborales y el Trabajo Decente.

Creemos que el Pacto no puede ser el resultado solo de un acuerdo de puertas cerradas con las directivas de los partidos y el Congreso Nacional. Esas instancias no logran reunir la aceptación por parte de la mayoría ciudadanía. Por ello proponemos un Diálogo Social, que debe incorporar a actores de relevancia como la Central Unitaria de Trabajadores y a otras organizaciones sociales representativas de las y los trabajadores de Chile, como el Colegio Profesionales de la Salud, como el Colegio Médico, Colegio de Enfermeras, Colegio de Anestesiólogos, entre otros, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, las universidades y los organismos técnicos que representen a las diversas fuerzas políticas y sociales del país.

Llamamos a crear las condiciones mínimas de buena fe, para enfrentar la crisis en una unidad fértil para toda la sociedad, y evitar el riesgo de profundizar la banalidad de la política y vaciarla de contenido, sin que se logren dar las respuestas del nivel que la magnitud de esta crisis necesita.

FIRMAN:

Pia Castelli – Fundación Por la Democracia

Fernando Carmona – Fundación Instituto de Estudios Laborales

Raúl De La Puente – Fundación Chile 21

Hernán Frigolett – Instituto Igualdad

Matías Goyenechea – Fundación Creando Salud

Bernardo Jorquera – Fundación Por la Democracia

Edgardo Lepe – Fundación Chile 21

Bernardo Martorell- Fundación Por la Democracia

Victor Osorio – Fundación Progresa

Martin Pascual – CENDA

Eugenio Rivera – Fundación Chile 21