La solicitud de inhabilidad del diputado de Renovación Nacional Luis Pardo, hecha por el Sindicato de Músicos y Artistas de Chile en la sesión de la comisión de cultura del jueves 12 de junio pasado, fue más que una reacción visceral de este sector, la evidencia de una histórica diferencia con los empresarios de la radiodifusión chilena y los creadores nacionales.
Fue precisamente Luis Pardo, en su calidad de presidente de Archi (Asociación de Radios de Chile) desde el 2005, quién encabezó el rechazo a la ley que fijó un mínimo de 20% de música nacional en las radios, promulgada el 10 de abril de 2015 después de permanecer 8 años en el parlamento.
Hoy el legislador asume, en reemplazo Cristóbal Urruticoechea en la Comisión de Cultura, la oposición al proyecto presentado por el diputado Boris Barrera que busca crear un fondo solidario de emergencia para ir en ayuda de los y las trabajadoras de la música chilena en el período de pandemia. Esta iniciativa propone aumentar a un 50% la presencia de la música nacional en las radios y a un 20 por ciento en la TV abierta. Este fondo se creará, según establece la moción, con el 30% de la diferencia entre lo que actualmente se recauda por el 20% y el nuevo tope de 50%.
Cuando se promulgó la ley del 20%, la Archi emitió una declaración en la que señaló que ésta normativa «vulnera las libertades de expresión y programación que históricamente habían caracterizado a este medio de comunicación social»
Lo curioso es que el gremio de los empresarios vuelve con el mismo argumento para rechazar este nuevo proyecto. Así se vio a Pardo repitiendo el discurso, pese a que previamente aclara que ya no tiene intereses que lo vinculan a la Archi o a alguna empresa de radiodifusión nacional. El diputado, incluso sostiene que el proyecto del 50% vulnera el artículo 19 de la Constitución Política, que establece la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa. Otra conocida estrategia de la derecha que invoca el derecho a la libertad de expresión, cada vez que sienten que sus intereses económicos se ven amenazados. Pero el derecho humano a acceder a la información en nuestro país está restringido dada la fuerte concentración monopólica de los medios de comunicación social.
El poder inquisidor
La posición de Archi y de su hoy diputado Luis Pardo, no debería sorprender. Entre los comunicadores sociales es bien conocido el carácter inquisidor del organismo empresarial que durante años se dedicó a combatir a las radios comunitarias, a las que llamaba “piratas”, antes que la ley “legalizara” a las radios de mínima cobertura.
Fue en el período de Pardo, cuando Archi se lanzó contra las “radios piratas”. El 30 de julio de 2009 en los cerros de Valparaíso se llevó a cabo un procedimiento de la Policía de Investigaciones de Chile, que tenía como objetivo desbalijar a las emisoras que operaban al margen de la ley, una de ellas Radio Placeres.
“La denuncia por transmisión ilegal había sido interpuesta días antes por Eugenio González, más conocido como el” Tiqui Tiqui” entre sus cercanos, un pintoresco concejal famoso por sus vueltas de chaqueta en la política –militante de la Democracia Cristiana, luego del partido Socialista y actualmente, de la Unión Demócrata Independiente (UDI)-. El “Tiqui Tiqui” González era, además, dueño de Radio Congreso, una popular emisora de la región y, por si fuera poco, el representante regional de la Asociación de Radios de Chile, Archi. Luís Pardo, presidente del gremio, esperaba en Santiago noticias sobre el operativo policial bautizado como “Operación Silencio”, un hito en la lucha de la Archi contra la radiodifusión ilegal. Al momento en que los policías se bajaban de sus automóviles para golpear la puerta de Radio Placeres, ya otras tres radios habían sido bajadas sus transmisiones por el mismo operativo. La Placeres habría sufrido la misma suerte de no ser porque ese 30 de Julio no había nadie en la radio: Sin orden de allanamiento, la PDI no podía irrumpir en el recinto” Así lo relatan los periodistas, Christopher Holloway, Marilyn Lizama y Romina Reyes en el reportaje “Al margen del dial. Situación de las radios comunitarias en Chile”.
La cruzada de Pardo contra las radios comunitarias y su “defensa de la libertad de expresión” va más allá de nuestras fronteras. Durante los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela; Rafael Correa, en Ecuador y Cristina Fernández en Argentina, el hoy diputado fue la cara visible de la oposición mediática contra leyes de medios que se implementaron en esos países para democratizar las comunicaciones y terminar con la concentración monopólica de los grandes grupos económicos.
En su calidad de presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Pardo declaró al diario La Nación de Argentina el 17 de septiembre 2012, que este país “está atravesando una crisis institucional muy difícil. Hay un grupo de poder, que está en el Gobierno, y que se ocupa de capturar las instituciones del Estado y a los medios. Hay violaciones muy concretas a la libertad de expresión y un clima de temor que no había visto ni vivido nunca antes en la Argentina…”
Claro que la AIR nunca dijo algo sobre los intentos del presidente Mauricio Macri de poner fin a la Ley de Medios y menos sobre uno de los últimos actos del mandatario de entregar una nueva radio FM en la ciudad de Buenos Aires al Grupo Clarín, principal consorcio involucrado en el entramado jurídico de llevar a la hoy vicepresidenta Cristina Fernández ante la justicia.
Si bien Pardo ha insistido que ningún lazo económico lo une a Archi o a alguna empresa radiofónica, su permanente intervención en favor de éstas en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de nuestros país, denota mucho más que un compromiso por un sector que representó durante muchos años. Tal vez por ello, hoy encuentra en el proyecto que busca solidarizar con los músicos y músicas chilenas, una nueva batalla para defender los intereses de las empresas de la radiodifusión nacional.
Por Iván Gutiérrez Lozano
Periodista
Expresidente del Regional Metropolitano
Colegio de Periodistas de Chile
