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El solitario guión del gobierno: Insiste en cuestionar constitucionalidad de reforma al Código de Aguas

Vie Jun 19 , 2020
Reiterando lo que ha expresado durante toda la tramitación desde que asumiera Sebastián Piñera, la actual administración insistió en cuestionar la constitucionalidad de diversos artículos ya aprobados de la reforma al Código de Aguas.   El informe, que debía estar listo para el viernes 12 de junio, fue presentado recién el miércoles ante la Comisión de Constitución del Senado, instancia que ha estado recibiendo antecedentes y opiniones con el fin de definir las materias de su competencia, principalmente en lo relativo al carácter temporal de las nuevas concesiones, y la posibilidad de caducidad y extinción de los derechos de agua tanto antiguos como nuevos. El proyecto en su origen busca modificar la institucionalidad hídrica en pos del bien común, priorizando el derecho humano al agua potable y al saneamiento, la preservación de los ecosistemas y las actividades de subsistencia, restando preeminencia al lucro privado y atacando el acaparamiento y la especulación. En la ocasión el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Oscar Cristi, expuso los planteamientos del Ejecutivo, en sintonía con lo que ha manifestado la Sociedad Nacional de Agricultura en diversas instancias en que ha abogado por mantener el carácter de propiedad privada perpetua de las aguas. Con relación a los derechos ya otorgados, el directivo reafirmó que sería inconstitucional que los derechos se extingan si no se usan en un plazo de 10 años los no consuntivos y 5 años de los consuntivos, plazos que hoy están gravados mediante patentes por no uso.  “Esto, en opinión del Ejecutivo, contraría el dominio pleno que le entrega la Constitución al titular del derecho y modifica las reglas bajo las cuales el titular obtuvo el derecho” señaló el directivo.  Es decir, en opinión del gobierno el texto ya aprobado en dicho sentido va en contra de lo que señala la Carta Fundamental. Este planteamiento ya fue desechado por constitucionalistas y académicos en audiencias previas.  Para el profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Central, Emilio Pfeffer, esta nueva figura sería una norma acorde a la actual Constitución, tanto para las concesiones que se entreguen una vez que entre en vigencia la reforma como para los derechos preexistentes, dado que el que se extingan los derechos por no uso es coherente con el objetivo original de la solicitud y adjudicación: el aprovechamiento de las aguas. El director de la DGA cuestionó también la facultad que se le entrega al Presidente de la República para determinar caudales ecológicos con efecto retroactivo, la cual consideró “una delegación exorbitante”, calificándola de “acto expropiatorio” e “indemnizable” en el caso de los derechos ya constituidos.  Asimismo argumentó en contra de eliminar la indemnización en el caso de redistribución de las aguas si no hay acuerdo de las juntas de vigilancia y que se limite la posibilidad del cambio de uso productivo del agua. Un aspecto central se refiere a la caducidad que incorpora la reforma al Código de Aguas para los derechos o concesiones que, en un plazo determinado, no se inscriban en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo.  “Ello no se ajusta a la Constitución respecto […]

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