La agudización y aceleración de la crisis del sistema capitalista mundial precipitada por la pandemia del Covid 19 y la necesidad de hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de ella, han configurado un contexto sumamente desventajoso y peligroso para la continuidad de los procesos de rebelión popular que estaban en curso en el planeta en la segunda mitad del año pasado, particularmente en América Latina.
De partida, este contexto ha devuelto la iniciativa táctica a los gobiernos de corte neoliberal imperantes en la casi totalidad de los países de la región, con las contadas excepciones de Venezuela, Argentina y México, que, en el escenario inmediatamente anterior, se debatían entre la represión y las medidas paliativas para contener las continuadas y masivas movilizaciones populares.
La irrupción de la pandemia habilitó a los gobiernos para decretar estados de excepción, toques de queda, cuarentenas y otras medidas administrativas que restringen la movilidad y el derecho a reunión, permitiéndoles acabar con la presión de las calles y recuperar el control del orden público. Repuso, además, el comando político del estado sobre el conjunto de la población de cada país, y a depender de su manejo de la crisis sanitaria.
Más allá de sus diversas estrategias de enfrentar la pandemia, los países de América del Sur se han convertido ya en el nuevo epicentro de la pandemia. Con Brasil, Perú y Chile como los que registran los mayores incrementos en el número de contagios. Y con elevados porcentajes de muertos por cada millón de habitantes. Y se vienen los meses de invierno, que hacen presagiar un mayor colapso sanitario y una catástrofe mayor en vidas humanas.
Pero, además, está el escenario de una recesión económica creciente que ya eleva las tasas de desempleo por encima de los dos dígitos y que hace cundir el pánico en el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Escenario en el medio del cual, los dueños del capital no sólo se empeñan en lograr leyes y medidas de protección estatal a sus amenazados márgenes de ganancia, sino que desarrollan abiertos y velados ataques a los derechos colectivos de los trabajadores, aprovechando el desconcierto generalizado que se vive.
Como se sabe, en estos países, de poco han servido las cuarentenas. Con porcentajes elevados de trabajadores informales, en actividades por cuenta propia o independientes, cuyos precarios ingresos dependen de su actividad en las calles, el incumplimiento de las medidas de encierro y distanciamiento social está en directa relación con la opción, que también toman las crecientes masas de desempleados, de salir a buscar cómo “parar la olla”, aunque se corra el riesgo del contagio. Es la aplicación, en estos tiempos, de una acendrada racionalidad: “Morir luchando, de hambre, ni cagando”.
Sin tomar en cuenta esta situación, las autoridades en muchos países están redoblando no sólo las medidas de cuarentena y aislamiento social, sino que las penas y multas para quienes las incumplan. En circunstancias en que paralelamente las medidas de apoyo económico a las familias por la emergencia sanitaria no resultan suficientes ni tienen la cobertura necesaria para alcanzar a sectores como el de la población migrante, mucha de ella en situación de indocumentación o irregularidad documentaria.
Peor aún, gobiernos como el de Sebastián Piñera, en Chile, intentan aprovechar la coyuntura para que se apruebe en trámite urgente una Ley de Migraciones que establecería la necesidad de una visa consular obtenida en sus países de origen a toda persona que desee venir a trabajar en Chile y residir en él. Lo que, como ya ocurre con los nacionales de Haití, Venezuela, República Dominicana y Cuba, no hará otra cosa que multiplicar el número de migrantes irregulares en el país. Que ya en la actualidad se puede estimar en al menos 500 mil personas. Y no es distinto en otros países de la región, como Perú, Argentina, Brasil o Ecuador. Se consolidaría así la utilización de la migración irregular como “mano de obra barata”, como mecanismo estructural para reducir los salarios y los estándares laborales, para mucho más allá de la coyuntura.
Más generalizadamente, en América del Sur estamos claramente entrando en un trimestre o cuatrimestre en que tanto la crisis sanitaria como la crisis económica se prevé alcanzarán su punto más alto. En medio de ella, la caída del crecimiento alcanzará niveles no vistos posiblemente desde la crisis de la deuda externa -en 1982 a 1983- que dio lugar a la llamada “década perdida” de América Latina. Ya hay países que están registrando caídas entre un 20% y un 40% de su actividad económica. El desempleo consecuente no será menor.
Ante ello, los primeros en reaccionar, claramente, han sido los grupos empresariales. Como señaló el periodista peruano César Hildebrandt, “La derecha propietaria la tiene clara: ellos exigen que el costo de la reconversión y las pérdidas de la crisis económica causada por la pandemia recaigan sobre los trabajadores y el Estado. Ellos ya se han adelantado con propuestas presentadas a las autoridades nacionales que privilegian sus propios intereses, puestos en primer lugar sin el menor empacho por sobre los intereses de los demás. Ellos exigen condiciones favorables y apoyo oficial para participar de la reconstrucción. Ellos no pagarán la crisis. ¡Que sean los otros los que se jodan!”.
En Chile, paralelamente a la acción del gobierno de reforzar la legislación y el instrumental de las fuerzas policiales, las grandes empresas están presionando a los sindicatos al desconocimiento de remuneraciones y beneficios pactados en sus contratos colectivos o a establecer acuerdos para que los mismos no puedan aplicarse a los trabajadores que a futuro se afilien a los sindicatos. Con el pretexto de la recesión en curso.
Es decir, los están invitando a bajarse los pantalones. Y a ser cómplices del desconocimiento de la ley que obliga a respetar como piso de cualquier negociación los términos del contrato precedente. Y abrir paso a que, en un mismo sindicato, existan trabajadores antiguos y más caros y trabajadores nuevos más baratos. Lo que despeja el camino para que a renglón seguido empiece el despido de los antiguos y a mediano plazo, se rebaje en los hechos los términos del contrato colectivo, con la desaparición de los beneficiarios de las mejores condiciones de remuneración y otras prestaciones.
El amedrentamiento de los trabajadores con el creciente desempleo y la incertidumbre de la profundidad que puede alcanzar la crisis es enorme. Y más de algún dirigente sindical se confunde. Sin tener en cuenta que no es el momento de rebajar los términos de los contratos colectivos. Es más bien el momento de exigir que los grandes grupos económicos, dueños de estas grandes empresas, de millonarias utilidades a lo largo de los últimos 30 años, paguen mayores impuestos -no sólo para financiar paquetes de emergencia- sino que para restablecer derechos sociales básicos y universales, que permitan poner fin a la aberrante desigualdad imperante en Chile.
Si a eso se le suma el que en esta misma coyuntura se aprueban legislaciones laborales que permitirían diferir unilateralmente el derecho a negociación colectiva, o que -so pretexto de “proteger el empleo”-, lo que hacen es diferir temporalmente el desempleo y hacer que los trabajadores en el intertanto subsistan con sus propios fondos de cesantía, se comprende la magnitud de la ofensiva patronal. Muchos empleadores pasarán la crisis sanitaria sin tener que pagar salarios, ni indemnizaciones por años de servicio, ni negociar colectivamente. ¿Cómo lo harán sus trabajadores?
Hay que recordar que el relanzamiento del modelo neoliberal en Chile luego de la crisis de 1982-1983 apoyó la recuperación de las tasas de ganancias empresariales, entre otros factores, en la supresión del piso real de las negociaciones colectivas y la rebaja salarial continuada a lo largo de los años 1982-1988. Seis años a lo largo de los cuales, retrocedió la participación de las remuneraciones en el total del producto social excedente, sin que ello se haya revertido plenamente hasta el día de hoy. Años en los que, además, se inició el uso del ahorro previsional obligado de los trabajadores y trabajadoras para financiar el crecimiento de los grupos empresariales más poderosos, el feroz negocio de las AFP.
Es hora de que los trabajadores y trabajadoras, por tanto, no bajemos la guardia. Defender y fortalecer la organización y la solidaridad de clase. Preservar la vida, la salud y las condiciones que hemos conquistado. Apoyar y fortalecer las instancias comunitarias a nivel de los territorios en que vivimos, para enfrentar el hambre y el desamparo de los más vulnerables. Y mantener viva la rebeldía.
Viviremos, volveremos y venceremos.
Por Manuel Hidalgo V.
Economista-asesor sindical
Santiago de Chile, 21 de junio 2020
Crónica Digital
