Este daño a las niñas y adolescentes es una discriminación, pero a la vez para esas víctimas resulta un trauma para toda la vida, dijo en conferencia de prensa virtual Harold Robinson, director de Unfpa para América Latina y el Caribe, quien agregó la gravedad de que todo ello ocurra con el acuerdo de los padres.
‘Al menos 84 millones de niñas en el mundo siguen recibiendo el impacto de la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil’, denunció el informe Estado de la Población Mundial 2020, que en esta ocasión se publicó bajo el sugestivo título de Contra mi voluntad: desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y a las niñas e impiden la igualdad.
La práctica nociva de mayor impacto en América Latina y el Caribe, es el matrimonio infantil, pues una de cada cuatro niñas se casa o establece unión informal antes de cumplir 18 años, mientras en algunos países de la región, la cifra es superior a una de cada tres, reveló la fuente.
En muchos casos estas prácticas nocivas son realizadas por familiares o miembros de las comunidades étnicas o religiosas como manera de alcanzar la aceptación social, pero desconocen los riesgos físicos y psicológicos que conllevan, además de violar los derechos humanos de las víctimas, alertó el texto.
Además de tradiciones, culturas y religiones, las raíces de dichas prácticas están en las inequidades de género y la discriminación contra mujeres y niñas, que se perpetúan a partir de falta de empoderamiento de las féminas y enseñanzas de que el cuerpo femenino existe principalmente para el placer de los hombres, concluyó el estudio.
La relación de estos actos discriminatorios con la pobreza, en el caso de los matrimonios de menores de edad principalmente por hombres adultos, en ocasiones guardan relación al alivio de la carga familiar de alimentar a uno menos de sus miembros, dijo a una pregunta de Prensa Latina, la asesora regional de Unfpa, Neus Brnabeu.
A veces detrás de tales uniones coexisten canjes con obtención de algunos beneficios, también mujeres vendidas para labores en otros países, incluso para la explotación sexual, señaló la experta, quien afirmó la ayuda técnica de la institución para crear los marcos legales que logren bloquear y sancionar tales prácticas.
Panamá, 30 de junio 2020
Crónica Digital/PL
