Por Rafael Calcines Armas
El gobierno de Chile ingresará en los próximos días un veto presidencial a una ley que prohíbe el corte de servicios básicos a la población en medio de la pandemia de Covid-19.
Así anunció hoy el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, quien en declaraciones a Radio Universo dijo además que «queremos asegurar los suministros básicos, pero sin problemas con la constitucionalidad vigente» y añadió que desde La Moneda se estudian acciones que no afecten los beneficios a las personas sino «hacerle acomodos».
Esa legislación, aprobada por el Congreso Nacional el 11 de junio, establece que durante los 90 días siguientes a su publicación, las empresas proveedoras de electricidad, agua, gas y telefonía no podrán cortar esos servicios básicos a quienes no puedan pagar las cuentas debido a las afectaciones económicas sufridas por miles de familias por la pandemia.
Aunque la iniciativa recibió un amplio apoyo -hasta de legisladores oficialistas- y se reclamó el mandatario darle curso con prontitud, el gobierno la consideró «inconstitucional» y desde esa fecha espera por la firma de Piñera.
Incluso, un grupo de al menos 42 alcaldes de partidos de derecha reunidos en la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), acaba de pedir en una carta al gobierno, que Piñera la firme sin mayor dilación.
El presidente de la Amuch, Rodrigo Delgado, señaló que los firmantes «no estamos pidiendo ir contra la ley o contra la Constitución, sino que exista un Estado que sea más flexible a la hora de colaborar y ayudar con las personas y familias que más lo necesitan».
El 11 de julio cierra el plazo para presentar el veto presidencial, de lo contrario la iniciativa se convertirá en ley, pero el anuncio hecho este martes por el ministro secretario general de la Presidencia augura nuevas confrontaciones entre La Moneda y el legislativo.
Con ello, afirman analistas, también se pondría en dudas aun más el recurrente discurso gubernamental de su compromiso para ayudar a los más afectados por la pandemia de Covid-19.
Ya la tibieza del gobierno ante esa importante medida ha generado en las últimas semanas amplias críticas en medios políticos y sociales.
Incluso, desde el centrista Partido por la Democracia, el diputado Ivan Soto subrayó que el «Gobierno empresario» prefiere hacer acuerdos entre amigos «y no es capaz de ponerse los pantalones para regular a las empresas e ir en ayuda de familias chilenas que sufren los efectos de la crisis».
También en su momento la senadora demócrata cristiana Ximena Rincón señaló que en estos momentos se necesita el esfuerzo de todos, y no es así como se construyen acuerdos ni como se puede invitar a todos los sectores del país a un diálogo cuando no se está dispuesto a respaldar una medida que el parlamento aprobó por amplia mayoría.
Santiago de Chile, 7 de julio 2020
Crónica Digital /PL