La Diputada Socialista Daniella Cicardini, cuestionó «los pilares» de la propuesta del Gobierno en el denominado Plan para la protección de la Clase Media, señalando que «esto llevará a un mayor endeudamiento de los chilenos y chilenas».
A juicio de la diputada por la Región de Atacama, «si bien el texto debe ser revisado minuciosamente, desde ya, es preocupante y decepcionante que la solución del Gobierno a una Clase Media endeudada sea responder con una fórmula que endeuda más a las personas».
«Yo no sé en qué mundo vive el Gobierno. Y más aún, resulta inaceptable que pretendan ampliar el negocio a los bancos y seguir lucrando en educación, yendo en contra de todo lo que se ha luchado los últimos 10 años. Nosotros seguimos insistiendo en que la solución es que se pueda retirar una parte de los ahorros previsionales, los que serían repuesto posteriormente por el Estado», dijo Cicardini.
Sobre este mismo punto, la parlamentaria PS añadió que «el Gobierno una vez más está llegando tarde y nos habla además de un Ejecutivo porfiado. En materia social llegó tarde al postnatal de emergencia y al Ingreso Familiar de Emergencia y hoy no responde como debería ante una demanda de la gente».
«Y esta tardanza se ha traducido incluso, en el ámbito sanitario, donde se ve un aumento de contagios en regiones como la de Atacama y aún no se ha decidido aplicar las cuarentenas respectivas», finalizó la diputada Daniella Cicardini.
Santiago de Chile, 7 de julio 2020
Crónica Digital
Mar Jul 7 , 2020
Ante el aumento de penas y sanciones por incumplir la cuarentena, Fundación Equidad ve con una mirada más crítica esta medida. Si bien, reconoce que podría aumentar la efectividad para el cumplimiento de la cuarentena, también hace alusión a que debe ir de la mano con el aumento de la ayuda social y económica para la población. Por el contrario, se estaría penalizando a quienes se movilizan para subsistir el día a día. En este sentido Camila Gallardo, encargada del Departamento de Salud Pública y APS de la fundación, declaró que “el aumento de las penas para quienes no cumplan la cuarentena es una medida correcta, pensando en las personas que la infringen irresponsablemente y en perjuicio de la salud de otras personas, pero este no es el caso de todos”, explicó. A sus declaraciones, agregó que se debe garantizar que las cuarentenas puedan ser cumplidas por todos en equidad de condiciones. “Las cuarentenas, si bien, han mostrado efectividad en la disminución de contagios por Covid-19, han tenido unos efectos sociales desfavorables, hay familias sin comer”. Gallardo, también enfatizó que la falta de ayudas sociales, tienen a miles de chilenos y chilenas sobreviviendo gracias a las ollas comunes. “Lo que falta para los meses que se vienen, es lograr contener la cuarentena con ayuda económica a las familias que les permitan garantizar condiciones reales de subsistencia y, para ello, se han presentado varias propuestas en el corto, mediano y largo plazo de distintos grupos de economistas, que van más allá de cajas de alimentos y bonos de 100 pesos”, manifestó. Por su parte, Carolina Carreño, abogada y encargada del Departamento Jurídico de DDHH de Fundación Equidad, expresó que es importante considerar que el aumento de penas siempre debe ir en concordancia proporcional con los ayudas sociales. “Si bien, este principio no está consagrado de manera expresa en la constitución, su relación con la igualdad estaría instrumentalizada. En ese sentido, el aumento de la pena por incumplir una norma, colisiona con lo dispuesto en el inciso quinto del numeral tercero del artículo 19 de la constitución, que exige al legislador que debe establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. De manera tal que, si no pasara por un examen mínimo de proporcionalidad, estas nuevas penas puestas por incumplir la cuarentena, podrían ser consideradas normas inconstitucionales, por no lograr súper el estándar de proporcionalidad”, detalló. Carreño, además agregó que en este contexto el derecho al trabajo se ha visto profundamente afectado, puesto que la ley de seguro al desempleo no brinda las garantías necesarias. “Se da una suspensión laboral y la persona termina retirando su fondo de cesantía y el dinero no le alcanza. A eso hay que sumarle que el Gobierno no consideró que un porcentaje muy importante, más de la mitad de la población, no tienen un trabajo formal, de manera que no tuvieron acceso a ese dinero. Son esas personas que tienen que salir de manera obligada a trabajar, entonces, se forma un […]
