Durante el estallido social fueron quedando en evidencia, día tras día, manifestación tras manifestación, casos de violaciones los Derechos Humanos por parte del gobierno y sus policías, hacia la ciudadanía en medio de legítimas protestas que se desataron desde el 18 de octubre de 2019.
El acceso a internet, teléfonos con cámara y las redes sociales, facilitó la visibilización de tales lamentables sucesos y, fue tal el ruido que causó, que el mismo presidente Sebastián Piñera se vio en la incapacidad de negarlo. Ello, en el contexto del día internacional de los Derechos Humanos, cuando el ejecutivo ante una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, el día 10 de diciembre con motivo de dicha conmemoración, señaló que hubo “atropellos a los Derechos Humanos”.
Tal reconocimiento ocurrió luego de una fase de negación por parte de la autoridad e incluyó un “plan integral de recuperación ocular”, algo que suena muy decoroso para lo que fue la mutilación sistemática de manifestantes, con distinto armamento y tipos de proyectiles en manos de Carabineros y las FFAA.
Perder uno o ambos globos oculares, perder uno de los sentidos, de por vida y de forma irreversible, tal como fue en caso de Gustavo Gatica, sólo demuestra que en Chile se reprime de la forma más cruda y avasalladora las protestas que forman parte de la declaración universal de los DDHH. Es decir, ciudadanos manifestándose legítimamente.
Gustavo Gatica es uno de los tantos ejemplos, un estudiante de psicología que a sus 21 años recibió disparos de balines en sus ojos y ese fue el mismo desenlace para otros cientos de ciudadanos. Algo que me tocó ver de cerca cuando a un amigo muy cercano recibió en total tres perdigones, distribuidos en sus dos manos y que lo llevó a una operación de urgencia. Hoy soy testigo de la investigación de ese caso en manos de la PDI, uno de los tantos casos de mutilación que protagoniza la policía chilena.
Siendo ese el escenario, uno en el que la misma ONG Amnistía Internacional (AI) catalogó en un informe como “la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet”, sólo queda en evidencia el actuar dictatorial y sometedor, de un presidente que presume la idea de la criminalización de la protesta y avala el legado militar. La admiración de Sebastián Piñera al ex dictador no es un secreto.
De modo consecutivo Chile, azotado por la violencia del actuar policial encabezado por el exministro de Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick, se enfrenta a una pandemia que se venía incubando en China desde diciembre. Mes en el que nuestro país austral, paralelamente, aún reclamaba sus demandas y reclutaba alrededor de dos millones de personas en Plaza Dignidad (ex Plaza Italia).
En diciembre nada hacía presagiar que lo que se venía para Chile y el mundo, iba a ser la evidencia y profundización de tales demandas.
Covid-19 muestra la realidad chilena
Tristemente la pandemia llegó para agudizar el desamparo de los pobladores de Chile, tanto nativos como inmigrantes, mujeres como hombres, jóvenes y ancianos. Todo ello, en manos de un gobierno inescrupuloso.
Un caso evidente es el oleaje de desempleos que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) arrojó en torno al trimestre marzo-mayo de 2020, cuyo porcentaje alcanzó el 11,2%. Es la cifra más alta desde 2010, año inolvidable en que Chile fue azotado por un terremoto y maremoto.
Tal dato pudo ser predecible, pero ¿cuáles han sido las medidas políticas para contener los efectos económicos que la pandemia ha dejado y seguirá dejando en los hogares chilenos?
Considerando que las medidas sanitarias han sido mínimas al lado de países como Argentina, lugar en el que el presidente Alberto Fernández declaró el 20 de marzo de 2020, cuarentena total para sus ciudadanos. Una respuesta rápida de contención que tardó en hacerse presente en Chile y, que cuando el ejecutivo lo determinó, ni siquiera fue total sino parcial. Y lo sigue siendo a cuatro meses desde la llegada de la pandemia, considerando que el primer caso declarado y notificado, fue el 3 de marzo en el Hospital de Talca.
Sobre la base de los datos expuestos, con la rebelión social como antecesora, el actuar del gobierno durante dicho lapso, las decisiones tardías en torno a la crisis pandémica y la falta de empatía y cercanía con la realidad del grueso de la población chilena, como si fuera poco, la seguidilla de decisiones no han dejado de ser nefastas y crueles:
En primer lugar el gobierno lanza “Alimentos para Chile”, que consistió en la entrega de cajas con alimentos básicos, avaluadas en treinta mil pesos chilenos aproximadamente, cuyo contenido alcanza para cubrir una semana. Y que como si fuera poco, se distribuyó al 70% del 40% más vulnerable del país. Ni siquiera se entrega a la totalidad de la población más vulnerable y la caja se ha suministrado veces puntuales, siendo la segunda entrega, anunciada recién el 12 de julio de 2020. Ésto, cuando ya van cuatro meses de confinamiento.
Posteriormente el gobierno, desde su vereda del ‘sentido común’ sacó un “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE) que a duras penas proponía escasos y mezquinos $260.000 y, que gracias a la presión social y de distintos sectores de la oposición, se logró subir a $400.000 por familias conformadas por cuatro personas e inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH). Sin embargo, se resolvió que tiene un tope de $65.000 por persona, se entrega durante tres meses y con valores decrecientes, es decir cada vez menos que el valor inicial. O dicho de otro modo, monto que se desinfla o que enflaquece.
A todo lo anterior, no se le puede restar el “Bono Covid-19”, que ni siquiera ha tenido mayor fama porque este supuesto aporte, no es postulable, se paga sólo una vez y es de $50.000.
Ya en este punto, la hambruna es una cuestión tan grave como la pandemia y que ha sido pólvora para manifestaciones en este período, porque si bien el estallido social ya pasó su auge por cuestiones sanitarias, existen lugares donde las ollas comunes son la única forma de resistencia, lugares en los que, peligrosamente, dadas las condiciones, se perdió el miedo al Covid-19. Y en ese sentido, han surgido manifestaciones, barricadas y detenciones hacia los ciudadanos que no reclaman más que por comida.
El mismo presidente tuvo la osadía de decir que Chile era un “oasis”, pero sus palabras están muy lejos de contrastarse con la realidad del pueblo trabajador chileno. Las personas están entre la espada y la pared: decidiendo si morir por o, de coronavirus o, de hambre, y viéndolo pasar ante sus ojos.
El crecimiento y la estabilidad han sido otras de las jactancias de Piñera, pero nuevamente, eso no se ajusta al grueso de la población. Otra vez el pueblo trasandino sirve de ejemplo: mientras que por un lado, en Argentina se extiende una “Tarjeta Alimentaria” a más de un millón de familias y con posibilidad de un aumento en el monto, para la entrega en zonas más pobres, ello por la inflación alimentaria, por otro lado, en Chile se ofrece un crédito y las personas se endeudan para sobrevivir y comer. Asimismo, las empresas pueden detener libremente sus actividades sin pagar salarios, realizan despidos masivos y tienen la posibilidad de posponer el pago de impuestos.
La mal llamada «clase media»
¿Y qué pasa con la mal llamada clase media? Mal llamada porque no se encuentra en condiciones de extrema pobreza pero es pobreza al fin y al cabo. Se trata de personas que no tienen posibilidades de proyectarse de ninguna manera porque sólo viven de su salario y el único acceso es al endeudamiento.
Dado lo anterior, el ejecutivo saca el -parece un best seller de mal gusto- “Ingreso Familiar de Emergencia plus o 2.0”. Y que no viene de una intención genuina de ampliar la ayuda a la ciudadanía, sino que nace de la necesidad de frenar el proyecto de ley que el miércoles 08 de julio de 2020 la Cámara de Diputados aprobó: el retiro del 10% de los fondos de pensiones en AFP.
Se trata de un retiro anticipado, en circunstancias de crisis económica, sanitaria e institucional. Es un dinero, en teoría exclusivamente de los trabajadores, en un entorno en que los desempleados ya están desprotegidos y ya han experimentado pérdidas en sus ahorros. Algo que sin duda aumenta su vulnerabilidad ahora y en el futuro. Por ello mismo no se trata de la mejor solución, pero bajo las condiciones dadas, es una posibilidad efectiva a corto plazo y asimismo un golpe para el sistema neoliberal chileno.
No obstante, la ayuda “plus” dirigida a la clase media que busca acabar con la idea del retiro del 10%, se trata realmente de un “préstamo solidario estatal”, un descarado crédito que solamente insiste en profundizar el endeudamiento que perpetúa la inamovilidad económica de este sector social y que deja al descubierto una vez más a la clase media y por unos buenos años.
La propuesta en sus detalles establece que se podría pagar en cuatro años y tendría tasa cero de interés, en el que el monto máximo de préstamo corresponde a un total de $2.600.000, distribuidos en un reparto de $650.000 durante cuatro meses, en el que el 25% del total del monto, es un ‘engañito’ o un regalo del gobierno. Algo que ¿se debería agradecer?
El otro 75% que corresponde a $1.950.000 deberá ser devuelto en el plazo indicado.
Y nuevamente surge la pillería del porcentaje tanto del total. Un enredo que sólo genera confusión y que por supuesto limita al máximo el supuesto “beneficio”: del 100% de los afiliados que no cotiza regularmente, sólo el 80% recibirá esta ayuda y el otro 20% verá cómo se las arregla.
Las sugerencias de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en este escenario de crisis sanitaria, promueven que las ayudas monetarias que se realicen a la población, deben estar por sobre la línea de la pobreza y que aquella debe otorgarse por al menos seis meses. Algo que sin duda mantendría activa la economía por medio año, cubriendo los gastos básicos como el agua, la luz, la calefacción, la alimentación. Sería una contribución a asegurar los niveles básicos de dignidad de los ciudadanos, a mantenerse en casa por un tiempo, a no salir a buscar los nutrientes y el pan y con ello exponerse a la muerte.
Sin duda sería una contribución a no agudizar la curva de contagios, a no saturar el sistema de salud público o por lo menos no tener horas de espera en ambulancias en vez de urgencias. Y así, entre otras consecuencias relativas a la salud, que podrían ser menos nocivas pero que resultan inalcanzables en un gobierno que previamente, mutiló a sus pobladores e incluso votantes, sin escatimar y sin reparos.
No sólo lo sanitario resulta paradójico, sino que también lo económico. Todo lo anterior descrito y con la inyección de recursos recomendada por la CEPAL, se podría hablar de una economía activa, con movimientos en la oferta y por ende la demanda, y además financiado por el Estado. No obstante ni siquiera eso les interesa como gobierno, lo que resulta paradójico con el modelo imperante pero la respuesta ante tal incongruencia es salvar este sistema que les permite la concentración de las riquezas, en un número reducido.
Una solución que esté a la altura de una profunda crisis sanitaria resulta utópica bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que en menos de un año y medio pasará a a historia de los peores gobiernos que ha tenido el país y que consigo ha acarreado desde una crisis política, institucional e incluso con divisiones en su propia coalición Chile Vamos, hasta las consecuencias más miserables para el pueblo como agudizar las brechas, avasallar la dignidad humana e incrementar el hambre.
Por Charlene Schipmann Ibáñez.
Periodista
Santiago de Chile, 14 de julio 2020
Crónica Digital