“Resulta profundamente indignante que en casi dos horas de cuenta pública el Presidente Sebastián Piñera no haya mencionado ni una vez a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de octubre de 2019, las más graves desde el retorno a la democracia”. Este fue el categórico pronunciamiento de la sección chilena de Amnistía Internacional, una de las más reconocidas entidades en el mundo por su labor en defensa de los derechos fundamentales.
Subrayó: “Nos alarma no ver un compromiso de su parte con la búsqueda de verdad, justicia y reparación, ni tampoco con garantizar la no repetición de estos hechos”.
Asimismo, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, expresó: “Lamentamos que el Presidente de la República no haya hecho mención a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir de octubre” de 2019. “Este era el momento de expresar un compromiso claro con la verdad, con la justicia, con la reparación y con garantías de no repetición”, añadió.
En efecto, en el mensaje presidencial no existe ni la más mínima referencia a la materia. En cambio, se constata una reiteración de los ejes discursivos del Primer Mandatario desde la irrupción de la protesta ciudadana: criminalizar la movilización, reducir al fenómeno de la violencia, eludir toda consideración respecto de sus causas sociales, invocar la prioridad del orden público y hacerlo sinónimo de paz social, eludir el reconocimiento de la existencia de graves y numerosas violaciones a los derechos humanos.
Así, al comienzo de la Cuenta se refirió a “la ola de violencia y vandalismo que conocimos a partir del 18 de octubre (de 2019) y que debemos desterrar por el grave daño que esa violencia causó al cuerpo y al alma de nuestra nación”. Fue la única referencia explícita al llamado “estallido social”.
Más adelante, Piñera señaló: “Hemos visto en los últimos tiempos como la violencia, la intolerancia, están afectando nuestro debate democrático y debilitando la paz social. La violencia callejera, las funas, el vandalismo, el amedrentamiento, son incompatibles con una sociedad democrática (…) Debemos condenar siempre la violencia, con voluntad, con coraje, sin ninguna duda, sin ninguna ambigüedad, venga de donde venga, ya sea física o a través de redes sociales o por cualquier otro medio. Y no podemos tolerar que la impunidad que otorgar el anonimato termine imponiéndose en nuestro país”.
“Nuestra democracia tiene el derecho y el deber de protegerse, y de proteger el Estado de Derecho y de proteger a la ciudadanía frente a la violencia. Y esta tarea fundamental recae en las instituciones que la Constitución consagra para esa función, que son el Gobierno, las Policías, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia y Gendarmería. Todas instituciones fundamentales para la República y que todos debemos respetar”, continúo.
Y subrayó: “Como Presidente de todos los chilenos, y pensando muy especialmente en las víctimas de la violencia, pido a este Congreso acelerar la aprobación de los proyectos de ley enviados por nuestro Gobierno desde hace ya mucho tiempo, y que permiten modernizar y fortalecer a nuestras Policías y crean un nuevo y moderno Sistema de Inteligencia. Porque eso nos va a permitir hacer más eficaz la lucha contra la violencia, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y nos van a permitir proteger mejor nuestra infraestructura crítica”.
A reglón seguido formuló la única referencia, general e imprecisa, a los derechos humanos: “Todos siempre debemos actuar en toda ocasión con un total compromiso y respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas. Como Estado tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas”.
Ni una sola palabra a las 34 personas que fallecieron entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo pasado, y que se encuentran en investigación por la Fiscalía Nacional: 23 en la Región Metropolitana y otros 11 en regiones: 2 en Arica, 1 en Atacama, 2 en Coquimbo, 2 en Valparaíso, 1 en el Maule y 3 en Biobío. Ni una sola referencia a casos dramáticos, como Alex Núñez, vecino de Maipú que falleció a consecuencia de una brutal golpiza en la cabeza por parte de carabineros el 21 de octubre, o de Cristián Valdebenito, quien murió el 7 de marzo murió luego que habría sido impactado por una bomba lacrimógena en la Plaza de la Dignidad.
Ni una sola palabra de los 8.510 casos de vulneración a los derechos fundamentales, que fueron recogidos por el último Informe sobre “Cifras de la Violencia Institucional”, que es elaborado por la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional. Entre las víctimas se incluyen a 1.315 menores de edad y 1.559 mujeres; se constatan 6.057 denuncias de apremios ilegítimos; 363 situaciones de violencia sexual, incluyendo violaciones y abusos sexuales; 3.219 lesionados por armas de fuego, 615 casos de lesiones de gravedad y 411 personas con lesiones oculares.
Hasta ahora, ningún agente del Estado condenado por los hechos.
Este cuadro dramático, sustentado exclusivamente en los datos del Ministerio Público y que muestran la existencia de la mayor crisis de derechos humanos desde 1990, ¿le parecerá irrelevante al Primer Mandatario? ¿O el oficialismo alegará ignorancia, como hasta ahora lo hace la derecha respecto de las violaciones a los derechos humanos en la tiranía? No hay, en las palabras de Piñera un reconocimiento autocrítico de los abusos, menos una petición de perdón a las víctimas, sus familias y el país en su conjunto. Menos una referencia a los derechos humanos como uno de los ejes de las políticas públicas del Gobierno, o alguna enunciación de una agenda en materia de derechos fundamentales.
En verdad, todo indica que esta omisión más bien es expresión de una opción autoritaria deliberada y conscientemente asumida por el Gobierno, que comenzó a delinearse a partir del “estallido social” y que ha sido consolidada en el reciente cambio de gabinete: un diseño que comporta una regresión en materia de derechos humanos.
En este contexto, pensamos que uno de los desafíos clave que debiera contemplar una propuesta progresista para el futuro próximo del país es la formación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación.
En este ámbito no puede haber ambigüedad, ni tampoco espacio para la impunidad.
Por Víctor Osorio. El autor es director ejecutivo de la Fundación Progresa.
Santiago, 2 de agosto 2020.
Crónica Digital.
