En encuentro sobre el tema, el senador Juan Ignacio Latorre y representantes de las familias de los detenidos, cuestionaron “voluntad de un gobierno que ha liberado a criminales de lesa humanidad”
Como parte de las gestiones tendientes a excarcelar a las personas detenidas durante las movilizaciones sociales a través de herramientas penales cuestionables y carentes de legalidad, el conversatorio “Hacia la ley de indulto general de las personas presas durante el estallido social” realizado en la Universidad Academia de HUmanismo Cristiano reunió a diversos simpatizantes con la iniciativa. Entre ellos, el senador y psicólogo Juan Ignacio Latorre, el abogado Claudio Nash, la vocera de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos detenidos en la cárcel Santiago 1 y al rector de la UAHC, Álvaro Ramis.
Los ponentes coincidieron, desde sus respectivos ámbitos, sobre la necesidad de una Ley de Indulto para estos detenidos, en la manera en que esta situación afecta al Estado de derecho y qué dicta el escenario internacional respecto a este tipo de vulneraciones jurídicas y sociales. Verónica Verdugo se refirió a cómo esta discusión fue tomando forma legal en los últimos meses pese a arrastrarse desde hace poco más de un año cuando comenzaron las primeras detenciones arbitrarias y el Gobierno comenzó a legislar, sobre cada hecho puntual, proponiendo leyes represivas que fortalecieron el encierro sin garantías ni evidencias a través de “normas anti todo”, describió.
“Afortunadamente, hace poco se ha fortalecido y ampliado el tejido social que apoya a los presos políticos y a sus familias para acabar con esta injusticia. Se sumaron legisladores y parlamentarios que, si bien no se referían a este tema en su momento, hoy han estado a la altura proponiendo un proyecto de ley que diferencia esta excarcelación con otras que podrían amnistiar a quienes cometieron criminenes de lesa humanidad en la dictadura”, señaló Verdugo quien también agradeció a instituciones que se plegaron a esta causa desde un comienzo y han visibilizado el valor de los testimonios que le restan estigmatización a una causa que desde el poder se ha criminalizado en todo momento, agrega.
Por su parte, Claudio Nash planteó cómo un instrumento penal como la prisión se ha utilizado para castigar a quienes incurren en conductas catalogadas como delitos como una herramienta política en diversos estados. “El uso de la ley penal no es una autorización para el uso arbitrario de esa fuerza”, aclara el abogado. “Cuando un gobierno trabaja al margen de parámetros legales ingresa a un plano de deslegitimidad que el filósofo inglés Thomas Hobbes denominaba “un regreso al estado de naturaleza”, explica. Complementó con un llamado al mismo Estado que es quien debe corregir estas desviaciones y poner en valor la democracia a través de soluciones justas y políticas.
5 claves sobre la prisión política
El rector de la Universidad convocante analizó el proceso que han vivido los detenidos del estallido social y cómo esto significa un grave atentado al Estado de derecho. También planteó cuáles son los 5 criterios internacionales que definen a un preso político, es decir: aquellos cuya detención se ha producido respecto de su reunión y asociación; cuando la detención tiene razones ideológicas y no las de un delito tipificado, manifiesta una desproporción en la duración de su encarcelamiento; cuando esta privación de libertad es discriminatoria respecto a otras personas y, finalmente, cuando este procedimiento es altamente injusto y se relaciona con criterios funcionales al poder. “La prisión política siempre ha sido considerada un asunto delicado toda vez que cualquier Estado se niega a reconocer la realidad de tener presos políticos y personas detenidas producto de sus ideas políticas”, advirtió en la charla.
Sobre el tema, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, dijo sentirse sorprendido -retóricamente- de que el presidente haya amenazado con vetar este proyecto de Ley de Indulto desde su primera mención, incluso desde mucho antes de que realizara la primera reunión de los interesados. “El presidente ha indultado, durante ambos gobiernos, a criminales de lesa humanidad y otros a quienes se les imputan legítimamente delitos iguales o más graves que los que se imputan a los detenidos del estallido social. Sin embargo, no ha manifestado voluntad política de liberar a los presos políticos de la manifestación social que es algo que su gobierno podría impulsar”, dijo.
Aclaró también que una Ley de Indulto requiere un tiempo considerable para su trámite, pero también la unidad de un bloque opositor que, desgraciadamente, se ha caracterizado por tener voces disidentes en su interior. Sin embargo, recomienda seguir visibilizando testimonios y las cifras de esta aplicación arbitraria del derecho como herramienta útil para ir restando el estigma criminal a casos como el de jóvenes a quienes se les han aplicado leyes draconianas por quemar un banco de plaza o rayar una pared.
Cabe señalar que el pasado martes, la comisión que preside Latorre inició el debate del proyecto de Ley de Indulto General para presos del estallido social. Iniciativa ingresada a la Cámara Alta el pasado 9 de diciembre con las firmas de Adriana Muñoz, Isabel Allende, Yasna Provoste, Alejandro Navarro y el mismo Latorre.
Santiago de Chile, 26 de diciembre 2020
Crónica Digital
