La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recepcionado la primera denuncia en contra del Estado de Chile por el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la que fue interpuesta por el abogado José Eduardo González, según se informó en un encuentro con representantes de los partidos Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Progresista y la Coordinadora NO + AFP.
La acción tiene su origen en la decisión de la Corte Suprema de revocar una sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Talca favorable a que un trabajador jubilado, José González, pudiera hacer el retiro total de sus fondos acumulados en su cuenta de ahorro previsional.
Según explicó el abogado, quien representó en esta acción judicial a su padre, el máximo tribunal del país no escuchó a las partes en la causa, incumpliendo los principios del legítimo contradictor reconocido ampliamente por el Derecho Internacional. Explicó que el fallo de la Corte Suprema ha desahuciado de facto un conjunto de pactos y tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile, “además de un gran número de sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El fundamento de la denuncia, indicó, se vincula con el hecho de que “el Estado chileno no garantiza la seguridad social”. En este sentido, preciso que la aspiración es “terminar con este sistema abusivo, que no cumple con el requisito de entregar pensiones dignas que, se supone, es para lo que debiera existir”.
En respaldo a la presentación internacional, el encargado de relaciones políticas del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, “respaldamos absolutamente esta acción y consideramos que tiene una enorme trascendencia, comparable con la situación que se vivió en los 90, cuando el abogado Andrés Aylwin y otros juristas defensores de los derechos humanos, ante la denegación de justicia por parte del Estado de Chile, recurrieron a la Comisión y la Corte Interamericana por casos de detenidos desaparecidos, lo que fue acogido”.
En este caso, explicó, “existe una situación similar: hay una denegación de justicia por el Estado chileno, por lo que desde el punto de vista del Derecho Internacional corresponde un proceso de investigación, que tiene que ver, nada más y nada menos, que con el negocio de las AFP y la denegación de un derecho fundamental a millones de personas en el país”. Por otro lado, dijo, “creemos que es muy importante y significativo que en la nueva Carta Fundamental la seguridad social no sólo quede establecida como un derecho, sino que la forma en que se concretará”.
“Los comunistas somos categóricos en decir: ‘No + AFP’, no pueden seguir metiendo sus garras en las pensiones los bancos y las transnacionales. Debe existir un sistema solidario, en que se asegure efectivamente la pensión digna, a diferencia del actual sistema en que el privado busca un gran negocio. Eso tiene que terminar”, concluyó.
Por su parte, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, criticó al gobierno, señaló que “la reforma al sistema de previsión que promueve el Gobierno de Piñera en el Senado es una reforma que consolida el sistema de AFP. Nosotros no estamos dispuestos a apoyarla. Fuimos de los pocos que no la apoyamos cuando pasó por la Cámara de Diputados”.
“Nosotros, los que promovimos el primer retiro del 10 por ciento, así como José González y la Coordinadora No + AFP, lo que perseguimos es cambiar el sistema previsional, terminar con el sistema de AFP, y mutar hacia un sistema verdadero de seguridad social, público, intergeneracional, de reparto, con una pensión básica universal garantizada”, puntualizó.
Jaime Mulet solicitó a la comunidad en su conjunto apoyar con toda su fuerza el proyecto que su colectividad postula para un tercer retiro del 10 %, pese al obstáculo de sectores que se dicen de oposición para que la iniciativa sea conocida en la Comisión de Constitución. “Se va a aprobar si entra a trámite”, precisó.
El vocero de la Coordinadora NO + AFP, Luis Mesina, manifestó que este requerimiento es consistente con la estrategia definida por la Coordinadora, en el sentido de “requerir a las Cortes de Apelaciones, a través de recursos de protección, la posibilidad de que aquellos pensionados que se encuentren en situaciones de absoluta orfandad de parte del Estado, pudieran hacer uso de sus ahorros escuálidos. Las Cortes de Apelaciones acogieron estas presentaciones –en casos como Punta Arenas, Antofagasta y Talca–, pero la Corte Suprema, sin mayores argumentos de carácter jurídico, terminó echando abajo todos estos fallos favorables”. Ello justifica, dijo, la presentación ante la Comisión Interamericana, por la falta de garantías por parte del Estado chileno.
“Estamos frente a un Estado absolutamente fallido, que es incapaz de garantizar derechos a las personas, razón más que suficiente para seguir adelante con esta tremenda batalla”, sentenció.
Por último, señaló que “Piñera, al igual que Pinochet, al final de su mandato pretende dejar leyes de amarre y ha presentado una reforma previsional que deja intactas a las AFP, y para ello cuenta con la complicidad de una parte importante del Congreso”.
Para el ex Ministro Víctor Osorio, vicepresidente del Partido Progresista y director ejecutivo de la Fundación Progresa, esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “tiene una envergadura histórica”, porque “abre la oportunidad de que se logre acreditar en el sistema interamericano que el sistema de AFP está en contradicción con los compromisos internacionales que el Estado chileno ha suscrito, y está obligado a cumplir, en materia de derechos económicos y sociales”.
En ese sentido, detalló que la Convención Americana de Derechos Humanos “establece, en forma expresa, que los Estados deben adoptar providencias a nivel interno para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, la que señala, explícitamente, que la justicia y la seguridad social son las bases de una paz duradera y que los Estados deben dedicar lo que llama ‘sus máximos esfuerzos’ a lograr, por ejemplo, el desarrollo de una política eficiente de seguridad social”. En ese sentido, puntualizó: “A estas alturas, ¿quién podría tener dudas sobre la comprobada incapacidad del sistema de AFP para garantizar pensiones dignas?”.
Respecto de la propuesta en materia previsional que ha presentado el Gobierno, comentó: “No alcanza siquiera para considerarla una ‘reformita cosmética’. No solamente no modifica el sistema de AFP, sino que lo fortalece”.
Por Iván Gutiérrez Lozano. El autor es periodista.
Santiago, 16 de marzo 2021.
Crónica Digital.
