El engendro constitucional pergeñado por un Parlamento amedrentado ha nacido muerto. El ganador por paliza de la elección del 7 de mayo de 2023 (7-M) fue el único partido que no firmó el acuerdo parlamentario que le dio origen. Los votos nulos aumentaron diez veces, los blancos más de cinco veces y en conjunto alcanzaron la proporción sin precedentes de más de un quinto de los votantes, los que cayeron en medio millón, respecto del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 (4-S). La coalición que entonces votó Apruebo mantuvo su porcentaje y sigue siendo la fuerza principal, pero sin lograr el mínimo requerido para imponer una mínima sensatez en la redacción de la constitución en la recién elegida comisión. Nada bueno va a salir de ahí. Sólo cabe rechazar cualquier cosa que resulte de este engendro.
Al igual que el 4-S, los resultados del 7-M agudizan la crisis política nacional que el país vive desde el 18-O. El total descrédito del sistema político democrático que éste puso en evidencia se ha agudizado con los resultados de las últimas dos elecciones. El inusitado crecimiento del partido ganador de la última se explica principalmente porque, creando un clima de terror a la delincuencia e inmigración, fue capaz de movilizar a la minoría más conservadora del pueblo que lo percibe acertadamente como enemigo acérrimo del sistema democrático.
Ello es peligroso y para frenarlo la tarea principal de las fuerzas democráticas consiste precisamente en resolver la crisis nacional en curso, lo que significa legitimar nuevamente a la autoridad política democrática.
El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que abrió paso al plebiscito de 2020, que aprobó redactar una nueva constitución mediante una convención constitucional íntegramente elegida, la elección de ésta y el proyecto que elaboró, y la elección del Presidente Gabriel Boric por abrumadora mayoría, fueron pasos importantes que abrían un camino de relegitimación del sistema político democrático.
Por el contrario, la causa principal de la reanudada y acelerada deslegitimación de la autoridad en el curso de 2022 ha sido el error estratégico garrafal del gobierno del Presidente Boric. No ha comprendido hasta ahora que su elección, impensada y espectacular que maravilló al mundo, fue un mandato perentorio para enfrentar a los poderosos y hacer las reformas necesarias para terminar con medio siglo de abusos.
El error del gobierno del Presidente Boric y su coalición es haber olvidado los dos hallazgos principales de la ciencia política clásica. El primero, formulado por su fundador Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe, es que la legitimidad de este se sostiene esencialmente en su capacidad de enfrentarse a los nobles para evitar que abusen del pueblo. De ahí su deber de realizar las reformas necesarias para ponerles coto.
El segundo es considerar debida y acertadamente la forma de movimiento de la tensión secular entre el pueblo trabajador y los de arriba, que se manifiesta en periódicas irrupciones masivas de aquel en el espacio político para resolver las constantes pugnas entre fracciones de estos, en favor de los partidarios de realizar las reformas en cada momento necesarias para el continuado progreso de la sociedad.
Dicha forma de movimiento sigue un curso cíclico pesado, similar a la de grandes masas en la naturaleza, la que sólo se puede influenciar muy lenta y levemente en la medida que una fuerza política sostenga con firmeza el timón en la dirección adecuada a cada momento de ese ciclo. Ciertamente no se puede seguir en un momento de irrupción masiva del pueblo en política, la misma estrategia política que resulta adecuada a períodos de calma chicha de su actividad. Al revés, recomienda pasar oportunamente a la defensiva cuando, una vez realizadas las reformas necesarias, la actividad política del pueblo necesariamente se retrae.
Es evidente que a partir del 18-O el pueblo trabajador de Chile viene desplegando uno de los períodos más intensos de actividad política en su historia. Del nivel que se vivió durante la Revolución Chilena desde mediados de los años 60 y hasta 1973, y posteriormente en la Rebelión Popular contra la dictadura, entre 1983 y 1990. Continuará en sucesivos ires y venires hasta que se realicen las reformas necesarias para acabar con los abusos de los poderosos que le dieron origen en primer lugar. Que nadie se equivoque a este respecto.
El 18-O, la multitudinaria e impresionante lucha callejera entusiasmó al mundo, junto a la menos conocida creación inmediata de cabildos en cada vecindario y su coordinación local regional y nacional, junto a un estado mayor de organizaciones sociales y sindicales dirigida por estas últimas, además de las organizaciones de barricadas.
Desde entonces, y en medio de una pandemia sin precedentes, el pueblo ha participado masiva y disciplinadamente como acostumbra, en nada menos que 18 elecciones nacionales, incluida la recién efectuada. Cómo ha demostrado el SERVEL, sus resultados diversos y a veces sorprendentemente contradictorios se explican en parte por los cambios en las preferencias de los votantes, pero principalmente por quienes se movilizan a votar en cada una de ellas.
En medio de este vendaval popular, el gobierno del Presidente Boric se propuso en cambio andar con pies de plomo, siguiendo una estrategia que denominó “paso a paso”. Durante su primer año de gobierno no enfrentó ninguno de los grandes abusos que generaron el 18-O. No inició ninguna de las reformas necesarias, aquellas cuya postergación conduce sin excepción a los países a la hecatombe, en palabras del Presidente Arturo Alessandri Palma que presidió tiempos parecidos hace exactamente un siglo.
A tres años y medio del 18-O, un año y medio después de su elección, poco y nada ha cambiado para el pueblo en ese respecto. Los grandes abusos siguen igual y peor.
Supuestamente se proponía realizarlas después de la aprobación de una nueva constitución. Al revés, su inacción o manifiesta intención de no realizarlas fue probablemente la causa principal del rechazo el 4-S. Es sabido, por ejemplo, que el boicot del gobierno al denominado quinto retiro AFP —que desnuda a los verdaderos beneficiarios de este abuso— fue el momento preciso en que según las encuestas el Rechazo superó al Apruebo camino al 4-S.
El gobierno del Presidente Boric confundió la necesaria y positiva ampliación de su base de apoyo político, con el abandono, deslavado o postergación para las calendas griegas, de las reformas, la esperanza de cuya realización lo catapultó a ganar la elección en primer lugar.
Impactado por la victoria relativa de la ultraderecha en la primera vuelta presidencial y el éxito logrado por la derecha al lograr elegir la mitad del parlamento en esa coyuntura, pensó equivocadamente que la situación política era similar a la que motivó la política de acuerdos con la derecha en los años 1990. Error profundo, puesto que en ese momento el pueblo de Chile estaba agotado tras siete años de las más dura, compleja y heroica lucha de su historia, y además había logrado el objetivo principal de la misma, el fin de la dictadura de Pinochet.
Mucho peor, la continuada ofensiva derechista logró forzar al gobierno a desdecirse una tras otra de todas sus posturas políticas previas, hasta acabar literalmente de rodillas frente a sus adversarios que se refocilaron en ello. En materia constitucional aceptaron el inaceptable engendro que se acaba de hundir.
El resultado de esta elección es un hecho político mayor, que puede persuadir al gobierno de la imperiosa necesidad de modificar drásticamente la estrategia seguida hasta el momento. El camino para hacerlo parece bastante claro.
En primer lugar ampliar la base política del gobierno incorporando a toda la Coalición del Apruebo, pero bajo el renovado compromiso de realizar las reformas necesarias, con la determinación del Presidente Salvador Allende.
La percepción popular de esa determinación puede haber influido de alguna manera en el buen resultado electoral del Partido Comunista, que logró igualar la votación de su candidato en la reciente primaria presidencial, ser el tercer partido más votado y el mayor en la coalición gobernante.
Al mismo tiempo y considerando que el Parlamento actual es un camino sin destino, ejercer plenamente y con determinación las poderosas atribuciones del gobierno para realizar en los hechos reformas necesarias como recuperar el litio, condonar el CAE y acabar en los hechos con las ISAPRE, todo lo cual cae dentro de la competencia exclusiva del gobierno.
Por otra parte, modificar radicalmente el proyecto previsional entrampado en el Parlamento, de modo de acabar con el ahorro forzoso, recuperar cotizaciones para pagar pensiones lo que permite duplicarlas ahorrando los actuales subsidios. Y restituir íntegramente el fondo AFP, la medida de ese abuso, a quienes lo formaron, afiliados activos y jubilados, y el fisco. Puesto de esa manera para el pueblo queda clara la postura del gobierno y es difícil que el Parlamento lo rechace así como así.
El pueblo lo ha vuelto a exigir en esta elección. El gobierno del Presidente Boric tiene la palabra.
Por Manuel Riesco
Miembro consejo editorial
Crónica Digital
Santiago de Chile, 8 de mayo de 2023
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