Senador Juan Pablo Letelier y Diputado Ricardo Rincón, sostuvieron una importante cita para analizar los avances del proyecto “Rancagua Express” con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y el Presidente de EFE.  El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, junto al Presidente del Grupo EFE, Jorge Inostroza, recibieron durante esta mañana al Senador PS, Juan Pablo Letelier y al Diputado DC Ricardo Rincón.   El encuentro tuvo por objeto analizar los plazos y recursos comprometidos para llevar adelante la puesta en marcha del ansiado proyecto “Rancagua Express” (proyecto que pretende unir a las regiones Metropolitana y O´Higgins en solo 50 minutos) y que al parecer no comenzará su puesta en funcionamiento durante el 2015.   Los Parlamentarios manifestaron durante el encuentro su preocupación respecto de los plazos comprometidos anteriormente, los cuales señalaban que en el último trimestre del 2015 se comenzaría con los primeros viajes entre ambas regiones, sin embargo debido al mal diseño del proyecto durante la administración anterior, esto no será posible.   Ante este escenario, Juan Pablo Letelier señaló que “si bien en un inicio se habló de finales del 2015 para poner en marcha el proyecto “Rancagua Express”, debemos considerar que debido a los altos niveles de endeudamiento de EFE producto del pésimo diseño heredado del Gobierno de Sebastián Piñera, el proyecto se verá atrasado en algunos meses, pese a que la nueva administración ha puesto todo de su parte para que los plazos sean lo más acotado posible”.   Así mismo el Senador manifestó que “es necesario garantizar la calidad de las obras de mitigación que acompañaran al proyecto, como por ejemplo los pasos sobre nivel de San Francisco de Mostazal y Graneros. Estas obras deben responder a un estándar de primer nivel, y por ello es que se nos ha dicho el inicio del funcionamiento será en Abril o Mayo del próximo año”.   El Diputado Ricardo Rincón por su parte recordó que la inversión necesaria para sacar adelante esta obra no es menor, ya que se necesitan cerca de 540 millones de dólares, “esto significa el doble de lo que se había presupuestado en un inicio, no estando acreditado además para qué es el aumento de obras, así como tampoco está claro que efectivamente se va a comenzar el 2016como se dice hoy, pero debido al alto impacto social que el proyecto genera es necesario llevarlo adelante y de buena manera”.   Las autoridades coincidieron en que se ha realizado “un gran trabajo coordinado, no solo para que el proyecto se ejecute, sino que además para que las comunas que atraviesa se vean beneficiadas”.   Finalmente se indicó que durante las próximas semanas las autoridades continuarán esta etapa de coordinación, sosteniendo reuniones con los alcaldes en cada uno de los tramos de modo de ir afinando acciones, las que serán tanto en Santiago como en las comunas involucradas. Santiago de Chile, 9 de junio 2015 Crónica Digital  

Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de 2015. La cifra representa un aumento de 94,13% respecto de igual período de 2014, cuando los sujetos obligados enviaron 392 ROS al servicio. De acuerdo a las Estadísticas divulgadas por el organismo, de los 761 ROS recibidos entre enero y marzo de este año, 248 fueron enviados por las AFP, 162 por los bancos, 150 por las empresas de transferencia de dinero, 48 por las emisoras de tarjetas de crédito y 37 por los corredores de bolsa de valores. Más atrás se ubicaron los casinos de juego (con 34 ROS), las casas de cambio (23), las cooperativas de ahorro y crédito (17) y los notarios (12). “Con la discusión, publicación y difusión de las modificaciones introducidas este año a la Ley N°19.913, creemos que los sujetos obligados han relevado la importancia de reportar operaciones sospechosas. Y es que con la recepción de ROS, la UAF puede realizar inteligencia financiera y detectar señales indiciarias de LA/FT, que posteriormente son informadas a la Fiscalía”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino. Agregó que “con el debido conocimiento de las señales de alerta y la implementación de sistemas preventivos, los sujetos obligados nos ayudarán a detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y, con ello, elevar la probidad y transparencia en las transacciones que realicen los sectores público y privado”. Cabe destacar que, en los primeros tres meses de este año, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 31 ROS: 13 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 12 por los corredores de bolsa de valores, 4 por los casinos de juego, 1 por una administradora general de fondos y 1 por una empresa de transporte de valores. En el período, la UAF ha recibido 5 consultas de la Fiscalía, que involucran a 61 personas. ENTIDADES SUPERVISADAS Al 31 de marzo de 2015, se encuentran inscritas en el Registro de la UAF 5.640 personas naturales y jurídicas. Dos de ellas son instituciones públicas, conforme lo establece el nuevo inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913, que entró en vigencia el 18 de febrero pasado, que obliga a “las superintendencias y demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases General de la Administración del Estado, a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones”. En marzo de 2014, las entidades supervisadas por la UAF llegaban a 5.021. De los 5.640 sujetos obligados a reportar, 2.371 son usuarios de zonas francas, 1.037 corredores de propiedades, 478 empresas de gestión inmobiliaria, 346 notarios, 280 agentes de aduana, 262 casas de cambio y 243 casas de remate y martillo. Por regiones, la Metropolitana concentra el 38,53% del total de sujetos obligados (con 2.173 personas naturales o […]

“Me parece insostenible que la Presidenta diga  que no sabía o que no estaba al tanto. Lo que corresponde, es asumir el conjunto de prácticas irregulares que fueron parte de los modos de hacer tradicional de la política chilena,  durante las dos primeras décadas de nuestra democracia post dictadura”, reflexiona Marcelo Mella. Hace algunos días, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, afirmó que no estaba al tanto de los contactos que el ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, mantenía con Giorgio Martelli, en el marco del financiamiento de su pre candidatura. Asimismo, respecto a que se compruebe que dineros de SQM la financiaron, aquello “sería doloroso”, declaró. Para el analista político de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella P., los actos personales, como el de Bachelet, son valiosos pero no atacan el fondo del problema. “La autocrítica moral está bien pero no construye un país distinto”, sentencia. «Me parece insostenible que la Presidenta diga  que no sabía o que no estaba al tanto. Lo que corresponde, es asumir el conjunto de prácticas  irregulares que fueron parte de los modos de hacer tradicional de la política chilena, durante las dos primeras décadas de nuestra democracia pos dictadura”, reflexiona Marcelo Mella. Según el cientista político, hasta el momento, no se ha realizado un debate que se enfoque en los puntos relevantes del tema, sino más bien actos de arrepentimiento, que no van hacia el fondo del asunto: la probidad en la actividad política. “Cuando nos damos cuenta de que el  tema de las precampañas y el financiamiento irregular de la actividad política, es  un asunto que afecta a todos los partidos políticos, bien vale la pena enfrentar el problema de fondo”, enfatiza el decano. Por eso, Marcelo Mella cree lamentable que la Presidenta Michelle Bachelet, durante el discurso del 21 de mayo, no haya propuesto a la nación, medidas en la materia, que fijen una posición y políticas que ayuden al país a salir de la situación de incertidumbre en que se encuentra. En ese sentido  “el comportamiento del Gobierno ha sido excesivamente reactivo  frente a este tema. Ha pasado demasiado tiempo, y no ha tenido una política clara respecto de regulaciones, servicio electoral y del financiamiento público de la actividad política”, señala Mella. “De lo que estamos hablando es, por una parte, de establecer un marco regulatorio que se corresponda con nuestra expectativa de lo que es el funcionamiento democrático con ciertos niveles mínimos de transparencia; y por otra, de definir qué es lo que corresponde a buenas y malas prácticas”. Porque pese a que la pre campaña no es un delito- expone Mella- esto “no significa que debamos ser tolerantes a la mala forma de financiar campañas como ha ocurrido en los últimos 20 años, en nuestro país”. La solución Cree Mella, que el Ejecutivo debería establecer marcos regulatorios más estrictos, que “eliminen al máximo los niveles de informalidad en el financiamiento de las campañas”. En ese sentido, el académico y decano de la Facultad de Humanidades de la U. de […]