Una “Hermosa Constitución” se denomina una Página de Facebook recientemente creada con el propósito de recopilar “citas constitucionales internacionales para servir inspiración a la nueva Constitución”. Sin duda, contribución de enorme envergadura, para el desafío que enfrenta el país en el “momento constituyente” hoy en desarrollo, cuyo desenlace definirá los destinos colectivos de la sociedad chilena en las próximas décadas. Revisemos ejemplos significativos que propone “Hermosa Constitución”. Tras señalar que “las Constituciones definen el tipo de poder político que organiza a un país”, consigna que “Chile es una República democrática, Alemania además es Federal y Social. El poder de Alemania emana del pueblo, en Chile emana de la Nación”, para hacer una comparación de “los fundamentos de orden estatal” de Alemania y Chile. En efecto, el Artículo 20 de la Ley Fundamental de Alemania señala: (1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social. (2) Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo a través de elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial (…) (4) Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso. La Constitución de Chile señala en sus Artículos 4 y 5: “Chile es una república democrática. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”. Por cierto, no hay mención alguna al derecho a la resistencia. La página “Hermosa Constitución” consigna asimismo que “para crear o modificar una ley orgánica, en España se necesita la aprobación del 50+1 (o mayoría absoluta), mientras que en Chile se necesita 4/7 partes a favor”. La Constitución de España dice –en su Título III, Capítulo II, Artículo 2– que “la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto”. En efecto, la Constitución de Chile dice hoy, en su Capítulo V Artículo 66, que “las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio”. Otro caso destacable es la Constitución Federal de la Confederación Suiza, que garantiza la igualdad de derechos entre mujeres y hombres” con rigurosidad. En su Título 2, respecto a “Derechos Fundamentales, Ciudadanía y Objetivos Sociales”, señala en el Artículo 8.3. lo siguiente: “Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. La legislación vela por la igualdad de derecho y de hecho, en particular en lo relativo a la familia, la formación y el trabajo. El hombre y la mujer tienen derecho a salario igual por un trabajo equivalente”. En la Constitución de Chile solamente encontramos lo siguiente: “Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias […]
DD.HH.
Por su evidente importancia, Crónica Digital reproduce en forma integra el texto del reporte de Human Rights Watch sobre las “graves violaciones de derechos humanos” en Chile, “que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención”. Chile: Llamado urgente a una reforma policial tras las protestas Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes; graves abusos en detención Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas, señaló hoy Human Rights Watch. Human Rights Watch se reunió con el Presidente Sebastián Piñera el 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión. Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad. “Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”. Las protestas comenzaron como una reacción frente al aumento en las tarifas del transporte público y han continuado durante más de un mes, reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica. El 18 de octubre, el Presidente Piñera declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, desplegando a los militares para asegurar su cumplimiento. El estado de emergencia, que incluyó un toque de queda y restringió la libertad de circulación, fue levantado el 28 de octubre. Si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarias con piedras y bombas Molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados. El 21 de noviembre, la Dirección General de Carabineros indicó que 1.896 agentes resultaron heridos entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre, y que 127 de estos presentaban lesiones graves. Human Rights Watch entrevistó a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso en noviembre. Algunas víctimas fueron heridas por perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lacrimógenos disparados con […]
Ante la Comisión de DD.HH. del Senado, el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, explicó que existe un conflicto legal que hace que el Estado chileno infrinja de manera permanente el derecho de los chilenos y chilenas de manifestarse de manera pacífica, sin permiso previo y sin armas, aun cuando este precepto está garantizado en nuestra Constitución. En su exposición, el magistrado aclaró que su presencia era a título personal y no como representante del Poder Judicial. En ese contexto, afirmó que desde 1983 a la fecha se encuentra vigente el Decreto Ley 1086, el cual le ordena a Carabineros a disolver cualquier manifestación, lo que a su juicio es uno de los primeros y más graves problemas que tiene el Estado chileno. “Ese decreto no cumple ningún estándar de derechos humanos y no podía cumplirlo, porque evidentemente la dictadura no trabajaba con los derechos humanos, sino al revés (…) Es importante, porque en algunos recursos de protección a los que me puedo referir, porque yo no veo ese tipo de materias, el ministerio del Interior ha señalado que prácticamente Carabineros se manda solo por la existencia del Decreto Ley 1086”, resaltó. Junto con vulnerar las propias normas constitucionales, Urrutia también reparó que contraviene la Convención Americana de DD.HH. y los pactos de derechos y deberes políticos suscritos por Chile. “Esa estructura es pre democrática (…) Esto permite que exista una permanente violación a los derechos humanos. Es decir, hay un estado inconstitucional de cosas, porque no se cumple con la Constitución en aquella parte donde dice que yo me puedo manifestar sin que sea disuelta mi manifestación”, sostuvo. El magistrado explicó que “la solución del sistema de DD.HH. es básicamente decir que razonablemente y prudentemente (la protesta) va a molestar a otras personas, como cortar la calle durante el tiempo que permita desarrollar el contenido de la protesta y, después de ese momento, se autoriza a disolver con medios proporcionales, pero no antes”. El otro problema detectado por Urrutia es que la estructura actual del Poder Judicial atenta contra la independencia de jueces y juezas, ya que son sus superiores los que deben calificar su desempeño. “Las Cortes, la Corte de Apelaciones de Santiago en forma específica, ha abierto sumario en contra de jueces que defienden los derechos humanos y eso lo ha hecho desde hace varios años. Eso es importante, porque la apertura de sumarios en contra de jueces y juezas que defienden los derechos humanos justamente inhibe a otros a realizar acciones en defensa de los derechos humanos”, destacó. Pese a esto, el magistrado dijo que en la actualidad se han dado situaciones dispares, pero que en general los tribunales han acogido los recursos de amparo presentados a favor de las víctimas, a diferencia de la época dictatorial. “Los jueces y juezas se han constituido en las Comisarías y han podido, a mi juicio, evitar una mayor posibilidad de continuación de violación a los dd.hh., ya que han hecho controles de detención de manera […]
“Hubiésemos preferido 3/5 (de quórum). Pero 2/3 se ha utilizado en Derecho comparado (…) Y esta Constitución no puede ser ni de izquierdas ni derechas”. Aquellos fueron los argumentos que esgrimió el diputado Gabriel Boric, en entrevista a “El Mercurio”, para intentar justificar el enorme quórum, para los acuerdos del futuro órgano constituyente, que estuvo dispuesto a concordar con la derecha en el llamado “Acuerdo por la Paz y por una Nueva Constitución”. El razonamiento de Boric es que, considerando la naturaleza de la Carta Fundamental, la nueva Constitución Política de la República de Chile deberá ser el resultado de “grandes consensos”, más que reflejo de concepciones de “izquierda” o “derecha”. Ahora bien, ¿qué significa, en términos precisos, una “Constitución de izquierda” o una “Constitución de derecha”? No hay duda que es necesario ser rigurosamente precisos en esta materia, abandonar la práctica de recitar cuñas a escala de los paladares mercuriales, pues estamos hablando de la Carta Fundamental para Chile, del marco determinante de regulación de la convivencia social en las próximas décadas. El problema con estas aseveraciones de Boric, en efecto, es que no precisa que se debiera entender por una Constitución de “izquierda” o “derecha”, o más bien qué, en términos de la realidad política concreta y no de las abstracciones, la derecha chilena entiende por una definición de “izquierda”. Ello no es irrelevante, porque la derecha ha sostenido en Chile, en forma homogénea, una concepción radical y extrema del capitalismo, la que está en profundo conflicto con las tendencias internacionales en materia de las definiciones constitucionales de derechos sociales. En otras palabras, lo que en Grecia o Portugal bien pudiera ser suscrito por la derecha de estos países en materia de derecho a la salud, a la vivienda, la seguridad social, a la huelga, en Chile la derecha lo descalificaría como “estatista”, “populista” o de “izquierda”. Hagamos, siguiendo las recomendaciones de Boric, un ejercicio de Derecho comparado, en torno sólo a un puñado de tópicos: el Derecho a la Salud, los Derechos de la Tercera Edad, el Derecho a la Seguridad Social, el Derecho a la Vivienda y los Derechos de los Trabajadores, a partir de lo establecido en las Constituciones de Portugal, España, Grecia, Finlandia, Suiza y Argentina. EL DERECHO A LA SALUD La Constitución de Portugal señala, en su Título III, Capítulo II, lo siguiente: Artículo 64 1. Todos tienen derecho a la protección de la salud y el deber de defenderla y promoverla. 2. El derecho a la protección de la salud se realiza: a) A través de un servicio nacional de salud universal y general que, teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos, sea tendente a la gratuidad; b) Por la creación de las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales que garanticen, especialmente, la protección de la infancia, de la juventud y de la vejez, y por la mejora sistemática de las condiciones de vida y de trabajo, así como por la promoción de la cultura física y deportiva, escolar […]
Amnistía Internacional es uno de los organismos de derechos humanos de mayor prestigio que existe en el mundo. El rigor y la neutralidad con la que realizan sus investigaciones y denuncias han sido generalmente reconocidos. Sin embargo, su reciente reporte sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile sacaron de sus casillas a Piñera, provocando que los defensores de su Gobierno se atropellaran para salir a atacar al organismo, desde las Fuerzas Armadas hasta Mario Desbordes, transformado recientemente en ídolo de los demócratas adictos a la cocina política. Por ello, consideramos importante reproducir en forma amplia el contundente reporte de Amnistía Internacional. Chile: Política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad de mando Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera –principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional)– están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país. “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves. Las manifestaciones en Chile dieron inicio a mediados de octubre tras el aumento en la tarifa del transporte público y se extendieron para exigir una sociedad más justa donde el Estado garantice derechos como la salud, el agua, la educación de calidad y la seguridad social, en un país sumamente desigual. Amnistía Internacional […]
Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país. “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves. Las manifestaciones en Chile dieron inicio a mediados de octubre tras el aumento en la tarifa del transporte público y se extendieron para exigir una sociedad más justa donde el Estado garantice derechos como la salud, el agua, la educación de calidad y la seguridad social, en un país sumamente desigual. Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial. La decisión del presidente Piñera de […]
Este martes 19 de noviembre, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue reconocido con tres galardones en los Premios Chile Diseño 2019, instancia que reconoce los mejores proyectos de diseño a nivel nacional. Los reconocimientos fueron por las campañas Sintoniza con la Memoria y El libro interminable, ambas de gran alcance e impacto social y que fueron trabajadas junto a la Agencia Wolf BCPP. En una ceremonia desarrollada en el Centro Cultural CorpArtes se dieron a conocer los ganadores de los premios Chile Diseño 2019, en los que el Museo de la Memoria tuvo especial protagonismo, ganando en tres de las cinco categorías en las que se encontraba nominado. El libro interminable, acción comunicacional realizada para conmemorar los 46 años del golpe de Estado en Chile, se llevó el primer lugar en la categoría Objeto y en la categoría Impacto social, siendo la primera vez que se premia el impacto del diseño en la sociedad, reconociendo a aquellos proyectos que hayan logrado un cambio significativo y positivo que aborde un desafío social acuciante. Por su parte, la campaña Sintoniza con la Memoria, que transmitió el minuto a minuto del golpe de Estado en Chile, se quedó con el primer lugar de la categoría Diseño online y Apps, que reconoce a las mejores campañas digitales a nivel nacional. Esta acción ya había sido acreedora de otros premios, como el Cannes Lions del Festival Cannes Lions 2019, uno de los mayores festivales de creatividad a nivel mundial. Ambas campañas han permitido al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos vincularse de otra manera con sus públicos, ofreciéndoles nuevas experiencias para vincularse con los contenidos que aborda el Museo, a través de la utilización de nuevos lenguajes y formas de comunicar, donde la emoción ha sido uno de los elementos claves para el desarrollo de estas experiencias. El libro Interminable, para que nunca perdamos la memoria, fue una campaña que consistió en la creación de un libro objeto que busca hacer frente a aquellos discursos que proponen dar vuelta la página respecto a los hechos históricos vividos durante la dictadura chilena, ya que por su forma cilíndrica, cada vez que se da vuelta la página, te enfrenta a la misma historia. La publicación recorre los 17 años de dictadura en 28 capítulos que hablan sobre la quema de libros, el exilio, la censura en la prensa, la resistencia de los movimientos de mujeres, la artesanía carcelaria y tantos otros tópicos de nuestra historia reciente. Por su parte, la campaña Sintoniza con la Memoria, transmitió el minuto a minuto del golpe de Estado en Chile, a través de archivos radiales que son parte de las colecciones del Museo. La campaña, lanzada por primera vez en septiembre de 2018, logró llegar a cerca de 4 millones de personas en el marco de los 45 años del golpe de Estado en Chile, recibiendo importantes galardones, entre los que destacan el León de bronce del Festival Internacional Cannes Lion 2019, en la categoría Innovación en Radio y Audio; y Grand Prix y Oro en categoría Radio, Media, Branded Content y […]
«La intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día». Esta es la conclusión a la que ha llegado Amnistía Internacional tras un riguroso proceso de documentación con entrevistas a víctimas, reuniones con organizaciones de Derechos Humanos, autoridades, visitas a centros asistenciales y la verificación de piezas audiovisuales y fotográficas por un equipo de la organización expertos en verificación digital y uso de armas y municiones. «La escandalosa respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas sociales que comenzaron el 18 de octubre, han dejado ya un saldo de cinco personas muertas a manos de agentes del Estado, más de 2300 lesionadas, 220 con trauma ocular severo. Sumado a esto, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes además de, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes de seguridad», señala el organismo. En este contexto, Amnistía Internacional formuló un llamado a las autoridades a: 1.- «Cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para restringir el uso de la fuerza en línea con los estándares internacionales que rigen la materia». 2.- «Los órganos de justicia deben investigar las responsabilidades de mando en las violaciones y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis a manos del ejército y carabineros». 3.- «Se hace urgente una re formulación profunda y seria de la institución de Carabineros de Chile con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos en cada una de sus intervenciones». Asimismo, solicita a las autoridades «que aseguren que las demandas de la población sean atendidas al tiempo que se generan reformas de orden legislativo y de política pública». Exige a las autoridades «el cese definitivo de la represión, además de asegurar la investigación de las responsabilidades respecto de las graves violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de las manifestaciones». Fuente: Amnistía Internacional. Santiago, 21 de noviembre 2019. Crónica Digital.
La represión y los delitos cometidos por las fuerzas de carabineros contra las manifestaciones pacíficas fueron calificadas por el Colegio Médico de Chile como una catástrofe desde el punto de vista de los derechos humanos. Así lo expusieron la víspera los doctores Izkia Siches, presidenta de ese gremio, y Jaime morales, presidente de su departamento de derechos humanos, al intervenir en una sesión de la cámara de diputados que analiza una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Morales expuso testimonios de personas afectadas por la represión policial y el daño provocado por balines, golpizas, el impacto directo de bombas lacrimógenas y violencia sexual y psicológica contra los manifestantes. Esto -dijo- es una catástrofe «desde el punto de vista de los derechos humanos porque quienes han utilizado estas armas son agentes del Estado» y recordó que el 15 de noviembre la Sociedad Chilena de Oftalmología informó en carta al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de 267 pacientes con trauma ocular severo hasta ese momento. Por su parte, Izkia Siches dijo esperar que la Cámara avance en esclarecer las responsabilidades políticas por no haber considerado los efectos lesivos para la ciudadanía del accionar de la fuerza pública. Precisamente, la acusación contra el exministro Chadwick se fundamenta en el exceso de la fuerza por parte de Carabineros en las manifestaciones sociales. En la instancia Siches manifestó que como Colegio Médico, «reiteramos y pedimos a los parlamentarios, colaborar con el retiro del uso de perdigones y balines», y consideró que el Ministerio del Interior ha sido negligente, a pesar del aviso del Ministerio de Salud, del Colegio Médico y de la Sociedad Chilena de Oftalmología». Asimismo advirtió que no sólo se debe responsabilizar a los carabineros, «sino que justamente a las responsabilidades políticas del ministro del Interior pasado y el actual» y aseguró que «los datos registrados revisten una gravedad que creemos que el ministro del Interior subestimó». La acusación constitucional contra Chadwick fue presentada la pasada semana por parlamentarios de oposición con un amplio respaldo de organizaciones sociales y de derechos humanos, por su responsabilidad política por la violencia desatada contra las manifestaciones mayoritariamente pacíficas por las fuerzas policiales. Por semejantes causas, la víspera fue presentada también por 11 diputados de diferentes fuerzas políticas una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Santiago de Chile, 21 de noviembre 2019 Crónica Digital/PL
La mujer estaba tocando su trompeta en una manifestación, cuando fue detenida. Los vejámenes se habrían iniciado al instante de ingresarla al vehículo policial y continuado en la comisaría. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de su Sede Regional de O’Higgins, presentó una querella por torturas sexuales perpetradas por funcionarios de Carabineros de Chile de la 1ª Comisaría de Rancagua, en contra de una joven, el pasado viernes tras una manifestación. La mujer estaba tocando su trompeta cuando fue detenida. Los vejámenes se habrían iniciado al instante de ingresarla al vehículo policial y continuado en la comisaría. El INDH tomó temprano conocimiento del caso, entrevistándose con la mujer para tomar su testimonio y para preparar la acción judicial que permitirá iniciar la investigación para esclarecer la verdad y determinar las responsabilidades que le cabría al personal policial. Según el jefe regional del INDH de O´Higgins, David Bahamondes, ya ha presentado 12 querellas, en la mayoría por las graves heridas causadas por el uso de perdigones en el control del orden público, donde se ha afectado la integridad de “mujeres y niños”. Hasta la fecha y desde el inicio de las protestas por demandas sociales, el INDH ha presentado 66 querellas por torturas sexuales: 59 contra carabineros; 6 contra militares y una contra personal de la Policía de Investigaciones. Santiago de Chile, 19 de noviembre 2019 Crónica Digital
