Joan Alsina era un sacerdote catalán de 31 años cuando fue fusilado por una patrulla del Ejército en el Puente Bulnes de Santiago. Era la noche del 19 de septiembre de 1973. Ese mismo día lo habían detenido en el Hospital San Juan de Dios, en el que trabajaba en la administración de personal, en coherencia con su vocación de “cura obrero”, inserto en el mundo de los trabajadores. Más tarde, el soldado de 18 años que lo asesinó, Nelson Bañados Pinto, relató: “Me bajé, saqué a Joan del furgón y fui a vendarle los ojos, pero me dijo: ‘Por favor no me pongas la venda, mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón’. Fue muy rápido. Recuerdo que levantó su mirada al cielo, hizo un gesto con las manos, las puso sobre su corazón y movió los labios como si estuviera rezando y dijo: ‘Padre, perdónalos’… Yo le disparé la ráfaga y cayó al tiro (…) Lo hice con la metralleta para que fuera más rápido. El impacto fue tan fuerte que volteó su cuerpo y prácticamente cayó solo al Mapocho. Tuve que darle un empujoncito no más”. “De este fusilamiento no me voy a olvidar nunca jamás”, agregó. Había llegado a Chile el martes 30 de enero de 1968 como misionero poco después de su ordenación sacerdotal en Gerona, su región de origen en España. Estudió en el Seminario que la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano–Americana (OCSHA) tenía para preparar a sacerdotes que vendrían a América a realizar tareas pastorales. Era su sueño. Contó a sus cercanos: “Siento que Dios me llama para ir a misiones y quiero prepárame bien”. Su viaje a Chile era un compromiso de trabajo en el país por diez años. Se instaló inicialmente en San Bernardo, donde vivían otros sacerdotes catalanes llegados como misioneros al país, como Miguel Jordá, quien luego del asesinato de Joan optó por ocupar parte importante de su propia vida en la restitución de la memoria y del gesto martirial de su amigo y compañero Alsina. Más tarde Alsina inició su servicio pastoral en la Parroquia de San Antonio. Con el espíritu del Concilio Vaticano II y de la conferencia del CELAM en Medellín era un firme convencido de la opción por los pobres y por la transformación radical de la sociedad. Como otros cristianos, le había convocado el testimonio del cura revolucionario Camilo Torres, caído en combate en la guerrilla colombiana en 1966; le impactó la toma de la Catedral de Santiago y la creación del Movimiento Iglesia Joven ese mismo año 1968; conoció las reflexiones que al interior del mundo cristiano iban prefigurando la Teología de la Liberación. Por cierto, también conoció además los conflictos sociales y políticos que remecían la sociedad chilena y que antes de tres años desencadenarían la conquista del gobierno por la Izquierda. Alsina tomó la decisión de compartir la vida de los trabajadores, combinando sus tareas sacerdotales con la condición de empleado del Hospital del puerto y después del Hospital […]
DD.HH.
La Corte Suprema ordenó a la empresa COPESA rectificar una noticia falsa publicada en el diario “La Tercera” luego del golpe de Estado de 1973, cuando “informó” que Jorge Oyarzún Escobar y Juan Escobar Camus eran “terroristas” que fueron ejecutados luego de atacar con disparos una población militar. En realidad ambos fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. En diciembre de 2016, el ministro Hernán Crisosto estableció que fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad, resolución que fue ratificada por la Corte Suprema el 3 de octubre de 2018. Ante la falta de respuesta por parte del medio de comunicación para rectificar la información, Paola Oyarzún Escobar, hija y sobrina de las víctimas, presentó un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones el pasado 12 de abril, fallo que fue ratificado por el máximo tribunal del país. En su sentencia, la Corte Suprema ordenó que “La Tercera” publique en sus páginas una rectificación, la cual “deberá practicarse en los mismos términos en que fue realizada la publicación original, habrá de abarcar no menos de la mitad de una de las páginas de la edición en que la misma se concrete y deberá informar acerca de los citados hechos en la forma que quedó establecida en la sentencia”. “Cabe destacar que un Tribunal de la República, una vez concluida la investigación pertinente y mediante una sentencia definitiva firme, estableció cuál es la verdad de los hechos que desembocaron en el fallecimiento de los familiares de la actora, don Jorge Oyarzún Escobar y don Juan Escobar Camus, asentando, con certeza de cosa juzgada, que sus muertes fueron consecuencia de un homicidio calificado, delito que, además, fue calificado de lesa humanidad, descartando que los fallecidos hayan ejecutado las acciones delictivas que la autoridad de la época les imputó”, indica el fallo del máximo tribunal. La “noticia” publicada por “La Tercera” el 2 de octubre de 1973 tenía un titular que señalaba: “Fusilados 9 extremistas”. En el cuerpo de la noticia indicaba: “Por otro lado, fuerzas militares ejecutaron a los siguientes ciudadanos, quienes a las 22:15 horas del domingo dispararon desde un auto Simca sobre la Población Militar de la calle Bío Bío: Jorge Eduardo Cristián Oyarzún, José Sergio Muñoz Escobar y Juan Escobar Camus. Luego de los disparos, se lanzaron a la fuga dirigiendo su vehículo contra uno de los centinelas militares. Fueron alcanzados en la calle Nataniel con Arauco, donde el vehículo chocó. En ese mismo lugar fueron ejecutados en conformidad al bando N 24”. La investigación judicial estableció, conforme a la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2016, que los hechos fueron “homicidios calificados, delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas (…) las víctimas fueron objeto de un tratamiento cruel e inhumano, al ser fusiladas por el solo hecho de ser sorprendidas luego del Toque de Queda dispuesto, en medio de violaciones de múltiples y continuadas de numerosos derechos, que […]
Stefano Delle Chiaie fue un extremista neofascista de nacionalidad italiana, que alcanzó notoriedad al participar en las operaciones Gladio y Cóndor. Las investigaciones llevadas adelante por el juez Baltazar Garzón documentaron que asesoró y trabajó para la DINA de Augusto Pinochet en Chile, la Triple A de Juan Domingo Perón en Argentina y la dictadura de Hugo Banzer Suárez en Bolivia. Fue uno de los “fantasmas negros” de los años oscuros de la “estrategia de tensión” en Italia, estando vinculado a las principales masacres que ensangrentaron Italia en la década de 1970. En 1982 recibió una orden de arresto por la masacre de Piazza Fontana en 1969 pero, inexplicablemente, fue liberado. En Italia Delle Chiaie empezó como miembro del Movimiento Social Italiano (MSI). Ayudó al militar Junio Valerio Borghese en su fracasado golpe de 1970 (por lo que fue ejecutado), y participó en la estrategia de la tensión que Gladio estaba implementando con la ayuda de la Logia Propaganda Dos del agente Licio Gelli y los servicios secretos italianos. Su historial de ataques incluye el atentado de Piazza Fontana en Milán (1969) que dejó 17 muertos, la masacre de Ezeiza en Buenos Aires (1973) que causó 13 víctimas fatales y la masacre de Bolonia con 85 muertos (1980). Después del golpe fallido, huyó a la España franquista. Allí continuará organizando su grupo neofascista Avanguardia Nazionale, y conoció a Léon Degrelle, unpolítico belga que fue oficial nazi de las Waffen SS, que terminó su vida en España. Tras asistir en Madrid al funeral de Francisco Franco, en el año 1975, según documentos desclasificados de la CIA, Delle Chiaie se encontró con el agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Michael Townley y con el cubano Virgilio Paz Romero, para preparar el atentado en contra de Bernardo Leighton en Roma. Delle Chiaie desde entonces pasó la mayor parte de su tiempo de trabajo en América Latina. En el mundo del terrorismo fascista Stefano era conocido como Alfredo y Townley, como Andrés Wilson. Delle Chiaie colaboró con la DINA en diferentes operaciones realizadas en Chile y en el extranjero, recibiendo a cambio incluso un departamento para ejercer sus funciones, aunque todo bajo la fachada de una agencia de noticias. Actuó con total impunidad junto con otros miembros de la extrema derecha internacional como la Triple A argentina y la OAS). Delle Chiaie fue descrito por la CIA como el terrorista más buscado en 1983. Fue finalmente arrestado en 1989 en Caracas, después de haber sido monitoreado por años en diferentes países de Sudamérica, por la División de Contrainteligencia de DISIP, el organismo de inteligencia del Estado Venezolano, y deportado a Italia para ser juzgado por su papel en el atentado de Piazza Fontana de diciembre de 1969. Pero fue absuelto. Nunca pisó una prisión, beneficiándose del cambio de leyes o de contextos políticos, por lo que los últimos años vivió en Roma gracias a la cooperación de grupos de ultraderecha, haciendo apariciones públicas a través de blogs o foros de internet. Fuente: […]
El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Brasil reveló que solicitará la anulación del proceso contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de confirmarse violaciones de garantías constitucionales y derechos humanos cuando resultó arrestado. El CNDH escuchó al exdirigente obrero en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde Lula cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018. Después de la visita, los consejeros declararon a la prensa que el caso se debatirá en el plenario y, si se confirma la trasgresión, el Consejo solicitará la supresión del proceso contra el fundador del Partido de los Trabajadores. Estuvieron en la audiencia los consejeros Leandro Scalabrin, Leonardo Pinho e Ismael José Cesar. Comunicaron de igual manera que deberán escuchar al periodista Glenn Greenwald, editor jefe del sitio digital Intercept, así como al exjuez y ministro de Justicia, Sergio Moro, y al fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la operación Lava Jato. Indicaron asimismo que deben emitir un informe sobre esta investigación antes de fin de año y luego debatirlo en el plenario del Consejo, soberano para decidir sobre el caso. Confirmaron que la CNDH no solo puede solicitar la anulación del proceso contra el exsindicalista, sino también llevarlo a juicio ante organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Entre los argumentos planteados por la defensa del expresidente en la querella figuran la conducta coercitiva por la que Lula tuvo que pasar en el momento en que estaba siendo investigado, la imposibilidad de ejercer sus derechos políticos, de votar en las últimas elecciones y postularse a la presidencia, así como el habeas corpus emitido por la Justicia que no se cumplió. La denuncia llegó al Consejo hace cuatro meses, motivada por el informe “Mensajes secretos de Lava Jato”, publicado el 9 de junio por Intercept, que puso al desnudo la parcialidad de Moro, cuando ejercía como magistrado federal, la confabulación y falta de ética de los fiscales de la operación anticorrupción para increpar y condenar a Lula sin ninguna prueba. Brasilia, 18 de septiembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Como un caso de “violencia obstétrica” y de “discriminación” fueron calificadas por el tribunal, la vulneración de derechos a una mujer en la cárcel de Concepción. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una interna de la sección femenina de la cárcel de Concepción, a quien funcionarios del Hospital Guillermo Grant Benavente – a modo de castigo y luego de haber tenido un embarazo complejo-, no le administraron anestesia al momento del parto, sin justificación alguna y tras haber sido solicitada en diversas oportunidades por la paciente. El tribunal calificó la situación como un caso de “violencia obstétrica”, ya que la afectada además de no recibir las atenciones de rigor, fue dada de alta tempranamente. Tampoco fue considerado su trastorno bipolar agresivo al momento del procedimiento. “Tales actuaciones arbitrarias han afectado la integridad física y psíquica de V.C.D., garantizadas en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, desde que experimentó un dolor y sufrimiento innecesario por no recibir la anestesia solicitada –evidenciando un supuesto típico de la denominada «violencia obstétrica– y porque, además, se vio expuesta a no contar con las atenciones post parto de rigor en virtud de un alta médica precipitada y caprichosa», establece el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción. El caso fue calificado también por la justicia como discriminatorio, dado que una medida disciplinaria como la relatada sólo se le aplicó por estar privada de libertad. Agrega el dictamen que “a juicio de estos sentenciadores el hecho de dar de alta a la afectada ‘como medida disciplinaria’ a escasas horas de haber dado a luz, constituye una arbitrariedad manifiesta que carece de todo sustento, aun cuando ello se deba a las agresiones verbales atribuidas a Valentina Córdova, pues la salud de las personas está por sobre cualquier medida correctiva o sancionatoria”. Por estos motivos el hospital deberá ajustar todos sus protocolos a la normativa internacional suscrita por Chile, en materia de atención a mujeres privadas de libertad, embarazadas y/o con hijos lactantes, y tuvo que iniciar un sumario para establecer las responsabilidades del caso. Sobre el dictamen la jefa regional del INDH, Carolina Chang, sostuvo que “hemos denunciado la deshumanización del sistema carcelario, que impacta, en este caso, a una mujer embarazada. Por otro lado, tal como en la situación vivida Lorenza Cayuhan (engrillada al momento del parto), las condiciones del parto permiten revisar un tema escasamente discutido en Chile, como es la violencia hacia las mujeres que, en el marco del embarazo, el parto y el puerperio, ejercen los agentes de salud», señaló. Santiago de Chile, 17 de septiembre 2019 Crónica Digital
En lo que es considerado aquí un fallo histórico, un tribunal de esta capital condenó a dos exsuboficiales de Carabineros a fuertes penas de cárcel por torturas y falsificación de documentos. El principal imputado, Francisco Arzola, ya retirado, pertenecía a una comisaría de la minicipalidad santiaguina de Estación Central y era conocido por los vendedores ambulantes del barrio comercial Meiggs como «El Nazi», por su violencia reiterada contra detenidos entre octubre de 2016 y diciembre de 2018. Los hechos ocurrieron todos al interior de un ómnibus de Carabineros empleado para trasladar a detenidos por controles de identidad y comercio ambulante ilegal, los cuales eran brutalmente golpeados a patadas y piñazos, estrangulamiento, insultos y otras humillaciones, que configuraron los delitos de apremios ilegítimos y torturas. En el caso de «El Nazi», recibió una pena de 17 años de prisión por apremios y torturas reiterados, y otros cinco por falsificaciones reiteradas de instrumento público, las cuales deberá cumplir sucesivamente, comenzando por la más larga. En tanto, el cabo segundo Rodrigo Muñoz Cid fue condenado por el delito de tortura a ocho ocho años de presidio y ambos imputados no serán beneficiados con ninguna medida alternativa a la privación de libertad. En declaraciones a la prensa, la fiscal Tania Sironvalle consideró la condena histórica y emblemática, porque se condena a 30 años en total a dos funcionarios que mientras ejercían sus funciones como Carabineros ejecutaron torturas y apremios ilegítimos. Santiago de Chile, 15 de septiembre 2019 Crónica Digital /PL
A pesar del silencio oficial, miles de chilenos recordaron hoy el 46 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y al Presidente Salvador Allende, como paradigma de ética política. Durante toda las mañana el monumento al Presidente mártir, a un costado del palacio de La Moneda fue cubriéndose de ofrendas florales llevadas hasta allí por sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, de familiares de víctimas de la dictadura, de partidos políticos y de la Cámara de Diputados y el Senado. Invariablemente, las peregrinaciones se repitieron primero hasta la puerta de la calle Morandé 80, por donde cada día Allende accedía a sus oficinas en el palacio de Gobierno, para finalizar ante el monumento en la plaza de la Constitución. Con flores, banderas y fotos de los muchos desaparecidos por la dictadura cuyo destino todavía se desconoce, el desfile ante el monolito transcurrió durante horas. Por primera vez también acudieron hijos y familiares de represores de la dictadura, que unidos en la organización Historias Desobedientes, han optado por la justicia, porque como expresaba un cartel enarbolado por uno de ellos, ‘La culpa no se hereda, yo escojo mi vereda’. En declaraciones a Prensa Latina, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aseguro que “Chile se encuentra en un momento decisivo de su historia, en el cual avanzamos hacia la justicia y la verdad o se materializa la impunidad”. Este Gobierno, dijo, “es el más fiel reflejo de la dictadura cívico-militar, porque no hay verdad, no hay justicia, y la pregunta dónde están los desaparecidos sigue sin respuestas, se gobierna bajo la misma Constitución establecida por Augusto Pinochet y continúa la represión, ese es el Chile que se ha construido desde 1990”. Por su parte, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, señaló a Prensa Latina que es necesario recoger el legado de Allende, que se simboliza muy bien cuando en su último mensaje radial convocó a abrir las anchas alamedas y construir un país libre y para todos. Consideró que “el golpe fue no solo para derrocar el gobierno más profundamente democrático que ha tenido Chile, sino para instaurar el capitalismo más extremo, neoliberal, en un contubernio perfecto con el imperialismo estadounidense”. “Desde entonces han pasado muchas jornadas de lucha, desde la resistencia y a la rebelión popular en los 17 años de dictadura, y luego con la larga transición que no ha sido capaz de poner en el centro el cambio del modelo de desarrollo”, puntualizó. Expreso que es un tiempo de homenaje a Allende y a todos los que cayeron, pero también de compromiso para retomar aquel proyecto porque la vida ha demostrado que el modelo impuesto por la dictadura a sangre y fuego no es la solución para las mayorías sino que pone todo a favor de los privilegiados. Mientras, en la Cámara de Diputados se rindió un minuto de silencio en recordación de la fecha, con decenas de parlamentario enarbolando fotos de Allende y de otros caídos […]
Con la expulsión de 66 personas de nacionalidad dominicana, suman más de mil 300 los extranjeros devueltos a sus respectivos países este año por las autoridades migratorias de Chile. La Jefatura Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI) informaron que esos ciudadanos partieron rumbo a Santo Domingo a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), 60 de ellos por haber ingresado ilegalmente al país. Los otros seis casos corresponden a personas que cumplían penas de cárcel por diferentes delitos y se les conmutaron por la expulsión y la prohibición de retornar a Chile por 10 años. Mijail Bonito, asesor de política migratoria del Ministerio del Interior, señaló que es primera vez que se expulsa a tantas personas por ingreso clandestino, pero ello obedece a que no clasificaron en el proceso de regularización de inmigrantes llevado a cabo por el gobierno desde el pasado año. Añadió que hace pocos días también fueron devueltos a sus países una cantidad similar de colombianos con antecedentes penales, y venezolanos que presentaron irregularidades en sus documentos de permanencia o ingresaron al país por pasos no habilitados. La policía civil informó que en lo que va de año se han decretado mil 372 expulsiones, la mayoría por la comisión de delitos, que se suman a poco más de dos mil durante 2018. Según cifras de la PDI, entre enero y agosto mil 242 personas fueron expulsadas, de ellas 198 por ingreso clandestino, 114 por infracción a la ley de Extranjería, 817 por tráfico de drogas, 38 por robo con intimidación, 14 por robo con violencia y 10 por receptación. Por nacionalidades, hay 611 bolivianos, 246 colombianos, 137 peruanos, 110 dominicanos, 67 cubanos y 36 venezolanos y el resto corresponden a otros países. Santiago, 9 de septiembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
El movimiento La Francia Insumisa (LFI) convocó a aunar esfuerzos a escala global para combatir la manipulación de la justicia como arma de los poderosos para marginar de la política a quienes se oponen a la dominación. “Hemos llegado a un punto en el que prácticamente todo el mundo es escenario de la llamada Lawfare (guerra jurídica), con la que intentan destruir a los que rechazan las nefastas políticas neoliberales, responsables de tanta hambre, pobreza, desempleo y desigualdad”, denunció en una declaración. Para la organización, una de las más importantes del panorama político francés, no hay tiempo que perder ante el objetivo de silenciar las luchas contra el brutal saqueo de los recursos de los pueblos y el atropello de sus derechos sociales, económicos y políticos. “No podemos aceptar la imposición del imperio de la amenaza como forma de seguir ahogando a nuestros pueblos”, sentenció. El integrante del equipo internacional de LFI, Christian Rodríguez, comentó a Prensa Latina que la persecución judicial de la que son blanco fuerzas revolucionarias y progresistas fue abordada por el líder del movimiento, Jean-Luc Mélenchon en su reciente recorrido por países de América del Sur. Mélenchon se reunió con los expresidentes José Mujica (Uruguay), Cristina Fernández (Argentina) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), este último encarcelado tras un proceso denunciado como una clara muestra de la Lawfare. El dirigente francés, a quien Rodríguez acompañó en su periplo, visitó a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde abordaron la judicialización de la política, la misma que llevó a prisión al líder brasileño bajo cargos de corrupción que nadie ha probado ante una Corte, pero que consiguieron abrirle las puertas del poder al representante de la extrema derecha Jair Bolsonaro. Después del encuentro, Mélenchon advirtió que también es víctima de la repudiable táctica, al enfrentar una citación este mes por “intimidación contra la autoridad judicial, rebelión y provocación”, tras el allanamiento en octubre pasado de su casa y la sede de LFI. Por Waldo Mendiluza París, 8 de septiembre 2019. Crónica Digital / Prensa Latina
Cuando detuvieron a María del Rosario Ávalos Castañeda, su hijo de dos años y medio se aferró con fuerza a su pecho. Los uniformados tuvieron que hacer un gran esfuerzo para separarlos. El cuerpo de la madre fue ocultado en la Quebrada de Gualliguaica, en el Valle del Elqui, junto a su esposo Bernardo Mario Lejderman Konujowska. Era el sábado 8 de diciembre de 1973. La imagen impactó, profunda y notoriamente a los concurrentes a un diálogo con el ciudadano argentino Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos sobre la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, a partir de su propio testimonio de vida, sobre la desaparición de sus padres, argentino y mexicana. El encuentro se realizó en la Sala Amanda Labarca en la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en el marco de la puesta en marcha del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Casa de Estudios y con la colaboración del área de Extensión Universitaria. La actividad estuvo encabezada por el Rector de la UTEM, Luis Pinto Faverio; Marisol Durán, Vicerrectora Académica; Mario Torres, Vicerrector de Transferencia Tecnológica y Extensión; y Gustavo Anabalón, Vicerrector de Administración y Finanzas. En sus palabras, el Rector destacó que la iniciativa, así como la puesta en marcha de un Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía, desde el 1 de agosto, “es coherente con lo establecido por la Ley de Universidades del Estado, que establece que como tales, debemos contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad”. Al mismo tiempo, reflexionó que “se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero pareciera que pocos quieren oír hablar de obligaciones, responsabilidades y deberes. Pero existe una estrecha e indisoluble relación entre derechos y deberes: todo derecho implica un deber”, enfatizando que “no se puede concebir un derecho sin la correspondiente obligación”. En este sentido, indicó que “la fuerza reguladora de los derechos se manifiesta en la correlación o mutua implicación que se da entre derecho y deber. Los derechos esenciales obligan a respetarlos, como a castigar las violaciones de los mismos”. La presentación del testimonio de Ernesto se desarrolló a través de una conversación con el director del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía, Víctor Osorio, y con la numerosa asistencia. A partir de allí fluyeron dramáticos capítulos de su historia de vida, luego del asesinato de sus padres por una patrulla militar del Regimiento Arica de La Serena. Así por ejemplo, contó que sus abuelos paternos le dijeron que sus padres habían muerto en un accidente de ferrocarril, que se enteró de la verdad por un hecho fortuito y que no pudo hablarlo con nadie por un largo tiempo. “Todo ello, ciertamente, afectó mi desarrollo normal de adolescente y joven”, relató. Reflexionó también que “aunque mi padre era argentino y yo he vivido en Buenos Aires casi la totalidad de mi vida, nací en Chile y hubiera deseado que se pudiera cumplir el sueño de mis padres cuando llegaron a estas […]
