Por Marcel Garcés Muñoz Más allá de la frivolidad imperante en la pantalla de la televisión chilena subordinada, de la altanería del ministro  Jaime Máñalich, y el desatino o provocación deliberada a la ciudadanía del propio Presidente, lo que aparece en el horizonte del Chile pos  Covid-19 en la perspectiva nacional es la amenaza de las trágicas consecuencias sociales y económicas que sobrevendrán a la pandemia y afectará a las grandes mayorías nacionales tras la crisis sanitaria. El episodio del presidente sacándose fotos en las gradas del monumento al General Manuel Baquedano, en la plaza simbólica de las protestas ciudadanas del año pasado, y que sin duda pasó los límites de lo grotesco, un acto “estúpido”, según lo caracterizó  Carlos Peña, en su artículo de opinión en el cuerpo de  Reportajes de El Mercurio ( 05 abril), no puede ocultar las secuelas que oscurecen el futuro escenario político y social que amenaza al país, y sobre todo a los sectores más carenciados, a los trabajadores, a pobladores, la juventud, las mujeres, los pequeños y medianos empresarios ( las Pymes, y sectores de la economía informal), los desempleados, los pensionados, la clase media, los profesionales, los pequeños y medianos comerciantes. Pero el presidente Sebastián Piñera se dio “el gustito” altanero de fotografiarse  en las gradas del monumento al General Baquedano, en un acto agraviante a la memoria de hechos sin duda históricos, que dejaron además más de una veintena de muertos, de muchachas violadas, y centenares de estudiantes y manifestantes mutilados, que perdieron sus ojos, reprimidos,  detenidos, torturados y mantenidos aún en prisión. No hay ningún testimonio gráfico de que se haya bajado de su “cápsula de seguridad” para saludar a personal del Ejercito o Carabineros, como pretendió argumentar, a través de un twitter, en una apresurada justificación de su torpeza política y violación de las normas de seguridad sanitaria que se argumentan desde La Moneda al justificar la cuarentena, y el Estado de Catástrofe. Editorialmente El Mercurio no pudo restarse a la crítica al Mandatario, señalando “delicadamente” pero con clara intención de llamarle la atención, que “gestos como la fotografía presidencial en la Plaza Italia, parecen impropios, sl introducir  ruido en un ambiente algo más abierto al acuerdo”, que parecería, según el periódico empresarial,  superar las “lógicas confrontacionales” de 2019. Carlos Peña, apuntó que “ni siquiera la mente más tonta, más despegada de la realidad, más desaprensiva de la actitud ajena, habría imaginado”, un acto  “de provocación y desprecio”, “una burla inconsciente”, a la ciudadanía y un agravio a quienes  a partir del 18 de octubre cambiaron la agenda política, de La Moneda, y del país con su movilización social. Con su gesto irreflexivo, dejó en claro el significado y objetivo  de sus invocaciones a la unidad nacional, y dejó en claro su verdadera estrategia de subordinación y chantaje a la oposición. Es decir, más allá de buscar en los vericuetos de un diagnóstico de los supuestos o reales problemas sicológicos que explican las conductas erráticas del mandatario, lo que […]

Por Omar Cid*  La pandemia del COVID-19, ha generado un golpe de incalculables consecuencias al proceso de mundialización. Es curiosa la antípoda de un arma biológica aparentemente creada en algún laboratorio[1],capaz de una fuerza expansiva global; cuyas secuelas pueden arrasar con el modelo inspirado en la Escuela de Chicago, a partir del Consenso de Washington en los sombríos años 90. Antes del Coronavirus, La Comunidad Económica Europea comenzaba a desangrarse con la salida del Reino Unido. La llegada abrumadora del virus a Italia y España, ha generado roces de tal magnitud que la convivencia política y financiera en los términos que se venía dando, se ve dificultosa[2]. De hecho, diversos sectores políticos italianos[3] se plantean poner en tela de juicio la alianza, terminada la crisis sanitaria. Mientras las elites políticas de la vieja Europa, muestran su peor cara[4], la del egoísmo y sálvese quien pueda, el esfuerzo de los integrantes de los sistemas públicos y privados de salud, los anónimos que día tras día enfrentan la epidemia; son capaces de la solidaridad que sus gobernantes[5] no poseen. La ayuda deseada, para los países más golpeados del veterano continente, provino de donde menos los esperaban: China[6], Rusia y la pequeña Cuba. Medios occidentales, han calificado el hecho como propagandístico, una especie de lavado de imagen y disputa geopolítica[7]con EE.UU. Un hecho es innegable. Los pueblos golpeados con la muerte, agradecen la ayuda venga de donde provenga, cuando se tienen más de quince mil muertos como en Italia; difícilmente alguien se puede preguntar de dónde proceden los insumos necesarios, los médicos, los especialistas en combatir tan letal enfermedad. Solo la actitud mezquina de algunos, tiene el tiempo y el espacio para preocuparse de temas de menor relevancia. El escenario actual acentúa las dudas sobre el porvenir. La inseguridad está instalada. No estamos frente a la crisis del año 2008, las respuestas no pueden ser las mismas, reducidas al salvataje de la banca a costa de los pueblos. El fenómeno, ha tocado los fundamentos de la economía de servicio, provocando un daño en la cadena de suministros. Hoy, los avances tecnológicos existentes, permiten bajar costos en provisiones, tan necesarias y escasas, bajo las condiciones que se viven. Europa lo sabe. El presidente francés Emmanuel Macron, lo ha expresado de manera categórica. “Nuestra prioridad es producir más en Francia y en Europa. Esta crisis nos enseña que se impone una soberanía europea sobre ciertos bienes, productos y materiales”, ha declarado Macron tras visitar, este martes, una fábrica de máscaras en Saint-Barthélemy-d’Anjou, en las afueras de Angers, a 300 kilómetros al sureste de París. Hay que “contratar, impulsar nuestra capacidad de producción. Debemos reconstruir nuestra soberanía nacional y europea”[8]. Quien desarrolle las mejores respuestas a la crisis sanitaria, se erigirá no solo como el gran ganador en la tragedia galopante. Aquí, está en juego el nuevo orden mundial. La pervivencia o muerte de antiguas alianzas. El triunfo o fracaso de un espíritu de época, de una mirada civilizatoria. Occidente, tiene plena consciencia del hecho. China […]

El país está enfrentado a quizás la más grave crisis sanitaria de su historia. Cabe por lo tanto un esfuerzo nacional, que defienda a su población, en particular, la que presenta el mayor nivel de riesgo- los adultos mayores y enfermos crónicos-, así como a la población que presenta los mayores niveles de carencias económicas, de atención médica, seguridad social y miseria. Las consecuencias fatales y perjuicios sociales y económicas que representa la pandemia de Coronavirus- Covid-19 se van a concentrar en la población de los niveles más carenciados de la población, sobre todo por las consecuencias sociales y económicas que conlleva, tanto por el modelo que representa la ideología del gobierno de la Derecha y sus orientaciones políticas de gestión, e incluso de las respuestas a la presente emergencia. No es casual que los alcaldes de Las Condes, Vitacura y La Reina, intenten dramatizar la situación de sus acomodados habitantes demandando poco menos que una frontera respecto de las comunas del poniente de la Región Metropolitanas. Sin duda se hacen urgentes medidas de protección efectiva a la población de todo el país, para evitar la propagación de la pandemia, una de las cuales puede –o debería ser- la cuarentena total y el mejoramiento sustancial del sistema nacional de prevención sanitaria y de eficiencia de los servicios de salud nacionales, incluyendo las obligaciones exigibles al maligno sistema de salud privada. La discusión no es sobre la oportunidad y conveniencia de una medida de esas proporciones, sino sobre el sesgo clasista de la petición de los municipios “cuicos”, que buscan poner un muro para evitar que los pobladores de las comunas más pobres,  para que no contaminen  “las casitas del barrio alto”, incluyendo el alejamiento parcial y momentáneo del personal de servicio. Lo más importante es, sobre todo, cómo el Gobierno protege los intereses de las grandes empresas, y deja caer el efecto perverso de las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la epidemia sobre los sectores medios y pobres de la población. El gobierno, sin embargo, sigue impertérrito – en particular el “superministro“ Jaime Mañalich,  asegurando que La Moneda lo ha hecho todo bien, y permitiéndose criticar a España e Italia, donde, afirmó, con autosuficiencia y altanería, las medidas sanitarias y de diagnóstico  “se tomaron tardíamente respecto de lo que ya se veía venir de esta enfermedad”, o “no se tomaron en serio esto”. En cambio en Chile, argumenta el ministro, criticado por el Colegio Médico nacional, destacados epidemiólogos, académicos, Municipios y trabajadores del sector salud,  todo se ha hecho bien, se aprobaron planes y se resolvió un plan de acción, que la ciudadanía no conoce, pero que ellos-La Moneda- se ufanan de estar cumpliendo rigurosamente. Lo que no dice el ministro es que la planificación gubernamental, su llamada “estrategia”, contempla o parte, en su base doctrinal, de implantar- o amenazar- con el uso de la fuerza militar, considerando que ellas deben imponer el “orden público”, como lo dijo el Presidente Piñera, al justificar el “estado de catástrofe”. El gobierno deja de lado que la […]

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El embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid, no puede ocultar su malestar y decepción de no poder ayudar a los chilenos,  en general a quienes están amenazados, y en particular a quienes están afectados  por la pandemia de   Covid-19 (Coronavious),  con un medicamento antiviral – Interferon  Alfa 2B Humano Recombinante-,  desarrollado en Cuba, y que actualmente es utilizado en China,  Italia y España, y esta siendo requerido por otros 15 países del mundo, afectados por el flagelo.                Para el representante cubano, según señaló a Cronicadigital, la posición de las autoridades sanitarias chilenos  resulta incomprensible al tratarse de un antiviral por excelencia, que. está probado científicamente  y es parte del exitoso tratamiento de la enfermedad en China, donde los registros de afectación han bajado ostensiblemente.   Marta Ayala Ávila, vicedirectora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), precisó al respecto, en declaraciones a los medios cubanos, que Cuba ha estado suministrando el medicamento, que  con tecnología cubana se produce en la empresa mixta ChangchunHeber  Biological Technology, (ChangHeber) ubicada en  la provincia nororiental de Jilin, China. El medicamento se  utiliza en los enfermos de Covid-19 en forma de nebulización, pues es una vía rápida para llegar a los pulmones y actuar en las etapas tempranas de la infección, resaltó​. De acuerdo a la ejecutiva, “ el medicamento terapéutico, con acción antiviral, y los interferones son moléculas que produce el propio organismo ante los ataques virales, por lo que son la primera respuesta orgánica del sistema inmune para combatir la enfermedad”, En los brotes anteriores del coronavirus- el SRAS en 2002 y el MERS, en el 2012, el producto demostró su potencial médico, para la atención y el tratamiento de las personas infectadas.. Estudios publicados posteriormente demostraron que estos virus, en lugar de inducir la creación de interferón en el organismo, disminuyen la producción de estas moléculas, de ahí, la efectividad que ha tenido el medicamento en el tratamiento de la Covid-19, puntualizó.   En Chile sin embargo algunos medios de información se hacen eco de la actitud reticente de los círculos oficiales, indicó el embajador en declaraciones  a “cronicadigital” y ”se habla en términos peyorativos del “remedio cubano”, se pone en duda su valor y beneficios médicos, se tiende a disminuir su capacidad  en los tratamientos, y en el fondo se menosprecia”.   En el fondo, enfatiza  Jorge Lamadrid esa campaña “busca desconocer  la calidad de la medicina cubana,   en sus avances  reconocidos por las organizaciones de salud mundiales y muchos paìses, los logros y desarrollos logrados por sus científicos, y sobre todo  el carácter social de su ejercicio a favor de la población cubana”.   Al coro de los desacreditadores – en un tono netamente anticubano, se unió este miércoles 18 de marzo, el propio presidente  Sebastián Piñera, que en medio de su habitual incontinencia verbal y primitivo anticomunismo, declaró al canal Mega y  a propósito de la intención del alcalde de Recoleta , Daniel Jadue, de traer al país al Interferon  Alfa2B, que , “he visto un alcalde […]

Por Omar Cid* Llegó marzo Poco a poco ocuparon las calles. Plaza de la dignidad fue cobrando vida con mujeres que aparecían desde los cuatro puntos cardinales. La Cisterna, Recoleta, Maipú, Pudahuel, La Florida, Puente Alto, Ñuñoa, Providencia. Entre los carteles que recuerdo. Estudiantes, profesionales, pobladoras, adolescentes, abuelas; en un juego multicolor de pañoletas verdes, lilas y rojas, copando las arterias con la intensidad de las hojas en otoño. El grito transmitido como mantra, hacía referencia al Presidente Sebastián Piñera -y doy como pista- que no hay estadio, festival y lugar de encuentro masivo: «donde, no se escuche su coro». El segundo cántico repetido, apuntaba a la fuerza pública y la forma en que han ejercido su rol; las féminas dicen preferir la profesión más antigua del mundo a ser parte de ese organismo. La irrupción de un actor social ya conocido. Antiguo. Curtido en mil batallas. Con la historia de cuerpos cargados de cicatrices. Ahora, aplicando ese largo aprendizaje en su capacidad de organización, con intensidad mística, explorando la diversidad estética, sin renunciar a símbolos identitarios, despertando admiración y curiosidad. Eso, en el marco de un proceso de explosión generalizada mucho más profunda. Donde, la conducción del movimiento sigue estando sobre la mesa. En ese contexto, la masividad indiscutible de la jornada del domingo, ubica al movimiento 8M, un peldaño sobre otras organizaciones sociales y actores políticos. Rostros femeninos conduciendo, abarcando una multiplicidad de temáticas, ligadas al salario, ecología, modelo económico, pensiones. En síntesis, las mujeres como un actor político en potencia. Antes de la muestra contundente de fuerza, El Congreso aprobó pese a las disputas internas de los sectores conservadores, la paridad de género en el órgano constituyente[i], siendo una señal esperada, de sentido común y realismo. Algo así se esperaba desde la esfera gubernamental. Tomando en consideración la molestia que generó entre las convocantes de la marcha del 8M y en las organizaciones de Derechos Humanos; las declaraciones emitidas por la Ministra de La Mujer y Equidad de Género Isabel Pla, ante la interpelación hecha a su gestión en La Cámara de Diputados el día 3 de marzo. Allí, incurrió en graves contradicciones, al reconocer y condenar los casos de violencia sexual, contra mujeres y al mismo tiempo excluirlos de la clasificación de terror político, aplicado por órganos del Estado: “el gobierno del presidente Piñera no ha cometido ninguna violación a los Derechos Humanos, al contrario, las ha condenado persistentemente y ha convocado a organismos internacionales para que sean observadores”[ii]. No obstante, el segundo piso en La Moneda. Los encargados de imagen del primer mandatario, viven su peor pesadilla. La estrategia de minimizar la marcha feminista, usando un informe que profundiza el descrédito de carabineros[iii]: resultó fatal. Porque las imágenes hablan por sí mismas. La debacle es de tal magnitud que las medidas propuestas por la administración y difundidas por Piñera[iv], se pierden ante la envergadura de las demandas formuladas por el movimiento femenino y la sociedad chilena en general. El calvario recién comienza. No hay pulso… […]

Por Marcel Garcés Muñoz* Tras su regreso a La Moneda, luego de  su periodo de vacaciones de verano 2020, el presidente  Sebastián Piñera  notificó  al país el 24 de febrero  que incrementará su determinación de enfrentar la voluntad democrática del pueblo chileno, intensificando su estrategia de “guerra interna”. Y pretende que lo acompañen en esta riesgosa ofensiva no solo su bloque gobernante, la derechista Alianza por Chile, sino que incluso algunos titubeantes opositores,  junto a las instituciones  militares y policiales, los gremios empresariales y los medios de comunicación  subordinados. El escenario de su vuelta al trabajo  el lunes  24 de febrero fue elegido para anunciar una “nueva” iniciativa política, presentado con el nombre de fantasía mediática, como “Acuerdo por la Democracia, contra la violencia y por la Paz”. En realidad no fue, en su contenido, objetivo y forma, nada nuevo. La iniciativa que se presentó en  La Moneda no solo tenía como estrategia  intensificar la represión, militarizar el país, y lanzar unas cuantas frases demagógicas sobre la democracia y la “reformas sociales”,  sino que el objetivo inmediato de dividir a la oposición, atrincherarse comprometiendo al empresariado en su plan político de mantenerse en el poder,  protegerse con la acción represiva de las Fuerzas Armadas y las policías y  criminalizar a la izquierda política (PC y FA), chantajear y amenazar  a sectores  de los restantes partidos de la ex Nueva Mayoría. El anuncio  presidencial fue seguido, ciertamente no por mera coincidencia por una declaración pública de 231 personeros  autocalificados   de “independientes progresistas, exponentes  de la centroizquierda democrática”, y titulado “Es tiempo  de un Acuerdo Nacional” , firmando entre otros,  Soledad Alvear, José Miguel Insulza, Pepe Auth, Felipe Harboe, Oscar Guillermo Garretón, Viviane Blanlot, Sergio Bitar, Fulvio Rossi, Ignacio Walker. Piñera acogió con beneplácito el documento, aunque durante el  Consejo de Gabinete donde  “relanzó” su estrategia violentista, en realidad presentada ya en noviembre del año pasado con el título de  Acuerdo por la Paz y por la Democracia , el lenguaje fue  más duro, apremiante, brutal. El primer proyecto de “acuerdo”, donde presentó su programa de militarización de la represión durante manifestaciones sociales (noviembre de 2019) asignaba a las Fuerzas Armadas la protección de las “infraestructuras críticas” y les prometía eximirlas de  responsabilidad en las consecuencias por sus actuaciones contra  “conflictos internos”, alteración del “orden público”,  y “alteraciones de la paz social”. El nuevo reglamento, publicado en el Diario Oficial autoriza el uso de las armas, contenido en el  RUF (Reglas del Uso de Fuerza) para “preservar el Estado de Derecho y el Orden Público”, (lo que introduce a las Fuerzas Armadas y sus tropas armada en definiciones de claro carácter político y le otorga carácter de poder judicial, según precisó en declaraciones a Las Ultimas Noticias (26 de febrero), el almirante en retiro de la Armada y miembro de la Comisión de Defensa del Senado, Kenneth Pough. De acuerdo a la versión del diario “La Tercera”,  en La Moneda,  el Mandatario junto con insistir que una de las prioridades del año […]

Por Rafael Calcines Armas Ante la falta de soluciones de fondo del gobierno a los profundos cambios que reclama la calle, la revitalización de las protestas populares en Chile se da como un hecho en lo que ya se denomina el Súper Marzo. El tercer mes del año se iniciará con las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, para lo cual la potente Coordinadora Feminista 8M lanzó la convocatoria a numerosos actos desde el 2 de marzo con demostraciones en esta capital y otras ciudades. El punto máximo será una marcha convocada para el 8 de marzo partiendo desde la emblemática Plaza de la Dignidad (Baquedano) en esta capital, y que se replicará en otras 32 ciudades, y una huelga general feminista para el día siguiente, que ya cuentan con respaldo de sindicatos, partidos y otras organizaciones. Asimismo, el inicio del mes marca el retorno a las aulas en todos los niveles de enseñanza, lo que implica una reorganización del movimiento estudiantil, que han tenido un papel protagónico en las protestas que estallaron a mediados de octubre. Igualmente el vasto movimiento social ha convocado a manifestarse el 11 de marzo, cuando se cumple otro año del gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien mantiene un nivel de respaldo que no sobrepasa el 13 por ciento según las encuestas que le son más favorables. Estas son solo algunas de las demostraciones ya anunciadas, para las cuales el gobierno, en vez de atender las demandas sociales, a las que ha respondido hasta ahora con medidas calificadas de insuficientes, parece más inclinado a priorizar el reforzamiento de las fuerzas policiales exigiendo al Congreso que atienda con urgencia la aprobación de varios proyectos de ley en esa dirección. La divulgación por la prensa de la compra por las instituciones armadas de nuevo equipamiento  «disuasivo» e incluso el reforzamiento de la seguridad en sus instalaciones, evidencia en alguna medida que la represión contra los manifestantes puede ser aun mayor que hasta el presente. En tanto, desde partidos de la coalición de gobierno Chile Vamos, algunas voces insisten en promover una campaña de temor sobre la posibilidad de que en marzo se desate de nuevo la extrema violencia que anteriormente condujo a la quema de estaciones de metro y centros comerciales y se paralice el país. Incluso, ante la real posibilidad de que en el plebiscito de abril triunfe la opción de una nueva constitución, no faltan quienes desde la derecha advierten que la consulta popular estaría deslegitimada si se realiza en medio de tensiones sociales. Precisamente, las acciones de los partidos políticos y fuerzas sociales estarán marcadas por la campaña de propaganda por el Apruebo o el Rechazo a una nueva Constitución, que se iniciará de lleno el 27 de marzo. Tampoco es descartable que la extrema derecha, que en las últimas semanas ha realizado acciones en rechazo a una nueva carta magna, vandalizando monumentos a víctimas de la dictadura y las tumbas de la dirigente comunista Gladys Marín y del cantautor Víctor Jara, e incluso exigiendo al […]

Por Rafael Calcines Armas Mientras Sebastián Piñera sigue perdiendo apoyo en lo que parece un camino sin retorno, los señalamientos a dos de sus ministros pusieron a su gobierno en una situación aún más incómoda. Esta vez la encuesta Plaza Pública -siempre benévola con La Moneda- señaló en sus cálculos la caída del mandatario hasta su nivel más bajo, con solo nueve por ciento de aprobación en la primera semana de febrero. En la pesquisa Piñera perdió tres puntos en comparación con la semana precedente, mientras que el rechazo a su gestión alcanzó el índice más alto, con 84 por ciento. El sondeo indicó además que la desaprobación a su gabinete está en 79 por ciento, mientras que la aprobación no mostró cambios en comparación con la última semana de enero y se mantuvo en 14 por ciento. Precisamente, esta semana dos de sus ministros ocuparon primeras planas, por  situaciones cuando menos embarazosas para el desempeño de sus funciones. Uno de ellos, Hernán Larraín, titular de Justicia, fue considerado responsable por una televisora alemana de la lentitud en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Colonia Dignidad durante la dictadura de Augusto Pinochet. Colonia Dignidad fue un asentamiento fundado en Chile en 1961 por el exmilitar nazi Paul SchÃñfer, en una apartada zona del sur del país, y se hizo famosa como centro de detención y torturas tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Ante esa denuncia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, informó que citará al ministro Larraín a declarar en marzo, cuando el Congreso Nacional reinicie sus sesiones, para que Larraín explique que ha hecho el Gobierno para aclarar las violaciones denunciadas. En tanto, el ministro de Economía, Lucas Palacios, salió a relucir en un caso de corrupción en el ministerio de Obras Públicas (MOP) en la región de La Araucanía, investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad. El nombre de Palacios, que en el momento de los hechos era funcionario del MOP, aparece en un audio en el que se habla de hacer favores a un contratista a cambio de dinero, y aunque el ahora ministro negó tajantemente cualquier participación en los delitos denunciados, la Fiscalía lo llamará a declarar como testigo en el caso. Por si fuera poco, este viernes fue presentada una nueva acusación contra el criticado intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, en esta ocasión por su responsabilidad en la muerte del manifestante Mauricio Fredes, el 27 de diciembre pasado. Un Juzgado de Garantía de esta capital declaró admisible la querella, también dirigida contra el director del Cuerpo de  Carabineros, general Mario Rozas, por el mismo motivo. La querella fue presentada por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo, por los delitos de homicidio, de abusos contra particulares y denegación de servicios, y también apunta contra miembros de las Fuerzas Especiales de Carabineros. La muerte de Fredes fue consecuencia de la estrategia de copar con fuerzas policiales la plaza […]

Cuando aún no comienza la campaña oficial para el plebiscito constituyente del 26 de abril próximo, los partidarios de la opción “Rechazo” al cambio de la Carta Fundamental, situados en el campo de la derecha, han comenzado a mostrar su batería de fundamentos. La coyuntura podría haber permitido un debate riguroso sobre el problema constitucional, pero lamentablemente los conservadores han resuelto tomar, como en otras coyunturas históricas, el camino de la fabricación de mitos, falacias y falsedades. I. La “hoja en blanco” es equivalente a incertidumbre, señalan los partidarios del rechazo. Es un salto al vacío. Por ello, dice la derecha, asegura estabilidad el camino de “rechazar para reformar”. Se trata de un “razonamiento” especialmente sorprendente, porque la reforma al Capítulo XV de la actual Carta Fundamental (Reforma de la Constitución y del Procedimiento para Elaborar una Nueva Constitución de la República), incluye lo siguiente en su Artículo 135: Disposiciones Especiales: “El texto de la Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Es decir, el proceso de elaboración de una Nueva Constitución no es un salto al vacío, sino que ha sido predeterminado con un marco de referencia, que son los pactos y tratados internacionales que ha suscrito el Estado de Chile: –Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. –Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. –Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. –Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. –Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. –Convención sobre los Derechos del Niño. –Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. –Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. –Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es menester agregar que la Constitución Política de 1980, en el Capítulo I de Bases de la Institucionalidad, en el Artículo 5º, ya disponía: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Es necesario anotar que, con muy escasísimas excepciones, los parlamentarios de la derecha que ahora promueven el “Rechazo” aprobaron el texto de reforma en la sesión de la Cámara de Diputados del 18 de diciembre. Si pensaban que ello contemplaba un “salto al vacío” o arriesgaba la estabilidad del país, ¿por qué entonces aprobaron la iniciativa? (Sesión 127ª, Ordinaria). II. El cambio de la Constitución, dice la derecha evangélica, pone en riesgo las libertades de creencia, conciencia y expresión, garantizados por la Constitución de 1980. En primer término, es básico señalar que la Constitución Política de […]

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La formulación de cuestionamientos críticos a los límites y las restricciones existentes en el proceso constituyente que se desarrolla en Chile, no es contradictoria con la necesidad de promover la victoria de las opciones “apruebo” y “convención constitucional” en abril próximo. Al contrario, el reconocimiento de esas limitaciones es una condición para constatar los obstáculos que será necesario enfrentar en el camino a una Constitución que garantice la democratización y el establecimiento de un Estado de Derechos Sociales. Por cierto, es también expresión del ejercicio de la libertad de opinión y el pluralismo. Es el caso de la crítica a la imposición de un quórum de dos tercios para las resoluciones del futuro órgano constituyente, aspecto clave que provocó que no firmaran el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” las colectividades de Unidad por el Cambio y parte de los partidos del Frente Amplio, las cuales lo consideran un candado instalado por la derecha. Sin embargo, hay quienes tienen un punto de vista diferente. Es el caso de una reciente columna de Alejandro Basulto titulada “Mitos sobre el proceso constituyente”, en la que sostiene que es un “mito” que el 2/3 de quórum pudiera hacer “menos democrática” la Convención Constitucional. Señala que en la experiencia mundial han existido asambleas constituyentes “que exigieron consensos y/o tuvieron quórum” y menciona los casos de Sudáfrica, Islandia y Bolivia, “y no es que sean menos democráticas”, “sino que, de hecho, son producto de un consenso mayor y más inclusivo de los sectores representados por sus respectivos delegados, permitiendo de esa forma que una mayor duración de esa nueva constitución, esté más asegurada. De esta manera, con los ⅔ se puede tener constitución que garantice principios, derechos e instituciones que sean de un mínimo de sentido común para todas y todos”. Nos interesa revisar la experiencia internacional a que se alude, sin perjuicio de que cabe dejar anotada la pregunta: ¿por qué si lo que se pretendía era un “consenso mayor y más inclusivo” no se optó por un quórum de tres quintos, como –por ejemplo– lo indicaba el proyecto constitucional de la Presidenta Michelle Bachelet para el cambio de la Carta Fundamental, fundamentado en la “eliminación de los quórum supra–mayoritarios”? ¿O bien por qué no se consideró la existencia de diferentes tipos de quórum, como incluso lo contemplaba la Constitución de 1980 o, mejor aún, no se contempló la consulta ciudadana como mecanismo dirimente de las diferencias en el órgano constituyente? EL CASO DE SUDAFRICA Como se sabe, el proceso constituyente en Sudáfrica se desarrolló entre 1994 y 1996, y fue el resultado de la necesidad de la necesidad de superación del régimen del Apartheid, que consagraba el dominio de la población blanca, luego de un proceso de huelga general y creciente movilización social conducido por el Congreso Nacional Africano encabezado por Nelson Mandela, prisionero político hasta 1990. Es cierto que el proceso constituyente en Sudáfrica considero la existencia de un quórum de dos tercios, pero en las materias que no existía […]

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Un café en una plaza con historia....

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