A partir de hoy lunes 12 de noviembre se inició la huelga del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Sede INACAP Osorno, al no llegar a acuerdo con las autoridades del plantel universitario, en el proceso de negociación colectiva y posterior mediación ante la Inspección del Trabajo. El colectivo se encuentra integrado por 120 socios entre administrativos y docentes, y aspiran a tener las mismas condiciones contractuales de otras sedes de INACAP, las cuales reúnen idénticas características de la sede Osorno, en cuanto a cantidad de alumnos, carreras e infraestructura. Según el presidente del sindicato Jaime Fuentes, «hoy existen diferencias significativas de remuneraciones tanto en administrativos como docentes en comparación con otras sedes, estas diferencias son inferiores entre un 20% a un 30%, no obstante desarrollan las mismas labores, por lo que buscamos sin otro afán, corregir esta desigualdad histórica». «Durante 18 años las remuneraciones, en la mayoría de los trabajadores no han sido reajustadas por el IPC», denunció el dirigente sindical lo que consideró «inaceptable el actuar de INACAP, por tratarse de una institución solvente, la cual presenta todos los años, Estados de Resultados positivos, superando a todas las instituciones de educación superior chilenas; lamentando que dicho éxito y solvencia no se traspase en parte, a los que generan estos resultados positivos y a los que día a día contribuyen para que INACAP sea la institución que es hoy, sus trabajadores y trabajadoras administrativos y docentes» Por su parte el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, Sergio Abazola, junto con apoyar el movimiento para sensibilizar a las autoridades, lamentó la situación del sindicato Osorno por la precarización de sus remuneraciones y a la nula respuesta de la institución. También denunció la «intransigencia de INACAP en los últimos procesos de negociación colectiva con sus sindicatos, en donde la política es imponer y no negociar. El crecimiento de la institución obedece al esfuerzo y dedicación de todos sus trabajadores, situación que no está siendo reconocida». Por último reveló, que el 31 de octubre recibimos comunicado de rectoría en donde se nos informa que la acreditación de 2 años que tenía la universidad, se renovó por 2 años, situación que «nos preocupa, ya que las expectativas eran aumentar a 4 años». «Esperaremos el informe que la Comisión Nacional de Acreditación CNA, está por entregar, para seguir haciendo aportes, los que tenemos la esperanza que esta vez, sí tengan eco en las autoridades de INACAP», finalizó. Santiago de Chile, 12 de noviembre 2018 Crónica Digital
Nacional
En menos de una semana pero con diferencias conceptuales, 94 venezolanos y 176 haitianos abandonaron Chile, en un proceso inédito de repatriación hacia sus respectivos países. El caso de los venezolanos se corresponde con el plan de retorno establecido por el presidente Nicolás Maduro, denominado «Vuelta a la patria», el cual no tiene costo ni exige requisitos, ni tampoco un plazo de inscripción. Los primeros 94 ciudadanos que prefirieron dejar Chile para reintegrarse a Venezuela tomaron en las últimas horas un avión charter de la aerolínea estatal venezolana Conviasa que partió desde Santiago rumbo a Caracas. Según el embajador de la vecina nación, Arévalo Méndez, cerca de 200 personas mostraron interés en el programa que les permitirá volver a sus respectivas regiones y formar parte de un plan social para búsqueda de empleo y reinserción. La fuente indicó que la iniciativa se replica en otros países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a quienes deseen regresar a Venezuela, tras el éxodo que trajo a Chile a unas 177 mil personas. Otra cara de la moneda son los 176 ciudadanos haitianos fueron repatriados dentro del programa de retorno voluntario del Gobierno. Se trata de una iniciativa del Ministerio del Interior para facilitar el regreso a su patria de ciudadanos haitianos que fracasaron en sus intentos de una vida mejor en Chile, por falta de trabajo, problemas con el idioma y el clima. En ciertos casos carecían de visas de trabajo, otros se sintieron sobrexplotados y en líneas generales fracasaron en el intento de una vida mejor en la nación sudamericana. Un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) fue facilitado por la administración de Sebastián Piñera para el regreso del primer grupo de haitianos. En el Plan de Retorno Humanitario se inscribieron hasta el momento 1,087 haitianos. Muchos de ellos afrontaron dificultades para legalizar sus papeles en Chile, un tema que toca a otras comunidades de inmigrantes, indicó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Santiago de Chile, 12 de noviembre 2018
Con una población cercana a los ocho mil habitantes, Isla de Pascua-Rapa Nui batalla hoy por la defensa de su lengua autóctona, declarada por la Unesco como Tesoro Humano Vivo. En realidad son muchas las cruzadas que emprende el enclave insular perteneciente a Chile, a tres mil 700 kilómetros de la plataforma continental sudamericana. Está la preservación del medio ambiente, recuperación de los Moai y control territorial. Un reportaje publicado por el diario La Tercera relató los esfuerzos que hacen los habitantes de la ahora llamada Isla de Pascua-Rapa Nui por revitalizar la lengua de sus ancestros. En la amplia nota, la periodista mencionó el caso de la cocina de Vicky Haoa, donde hay un letrero que advierte «Aquí se habla rapa nui». «Una forma clara y explícita de recordar a quién visite su casa que ella es una isleña preocupada por revitalizar la lengua de sus ancestros», indicó. Se trata de una tecnóloga médica de profesión, miembro de la Academia de la Lengua de Isla de Pascua, quien explicó que lamentablemente la mayoría de los adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes de la isla no hablan rapa nui. Como en la zona se mezclan habitantes que no son de origen pascuense, se estima que apenas unas dos mil personas se desenvuelven bien el rapa nui. «El problema viene desde hace mucho años pero ahora se ha hecho más latente. Cuando se nos prohibió hablar el idioma, se comenzó a hablar menos. Hoy, los abuelos son los que manejan la lengua!», declaró Haoa a La Tercera. Un encuesta sociolingüística este año efectuada por la Unesco y el Ministerio de Educación de Chilese hizo en rapa nui y mostró que más del 70 por ciento de las personas rapa nui de mayor edad (65 años o más) tiene un nivel alto de competencia lingüística. No así entre los niños de 8 a 12 años, de los cuales solo el 16,7 por ciento alcanzó un nivel alto. A fines del pasado año, indicó la fuente, el Concejo Municipal de Isla de Pascua aprobó por unanimidad una nueva ordenanza en la que se declara la lengua rapa nui como idioma oficial. Entre otras iniciativas se creó el HoÅ‹aâ€Öa Reâ€Öo Rapa Nui, un jardín infantil que significa «nido», donde los niños más chicos tienen dos años, lo más grandes, cuatro. «La idea es que el jardín vaya creciendo con ellos y seamos un colegio que solo hable rapa nui. El próximo año, si nos aprueban los dineros, vamos a tener 10 cupos más», detalló Haoa. Un acuerdo del pasado Gobierno fue puesto en marcha por la actual administración de Chile. Desde mediados de este año, Isla de Pascua-Rapa Nui es un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), de 720 kilómetros cuadrados. Santiago de Chile, 10 de noviembre 2018 Crónica Digital / PL
Aunque la sentencia fue apenas de tres años y un día de libertad vigilada al exjefe del Ejército de Chile, general en retiro Juan Emilio Cheyre, el hecho tuvo hoy notable repercusión aquí. Cheyre fue condenado por la muerte de 18 opositores tras el golpe de estado militar del 11 de septiembre de 1973, y era uno de los sucesores de la dictadura de Augusto Pinochet, quien fue comandante en jefe hasta marzo de 1998. Pero además, la pena tiene un simbolismo importante porque hasta hace dos años se paseaba por las calles de esta capital ostentando el cargo de director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Mientras sobrevivientes y testigos de excepción señalaban a Cheyre como parte de la represión de la dictadura, éste negó enfáticamente ser encubridor de la comitiva militar que asesinó a varias personas en el inicio de la represión de Pinochet. Sin embargo, el juez Mario Carroza argumentó al dictar la sentencia que Cheyre encubrió los homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte, la misión militar que recorrió el país a instancias de Pinochet. En específico se trata de 18 ejecuciones que tuvieron lugar en el regimiento Arica de La Serena, 470 kilómetros al norte de Santiago, donde se desempeñaba el exmilitar era asistente del comandante Ariosto Lapostol. «Ha sido una investigación extensa, compleja, más que nada porque la colaboración no ha sido explícita de parte de quienes intervinieron (…) esto dice de relación con que hablamos de una justicia igualitaria, que no hace diferencias, ni distinciones», apostilló Carroza. Dentro de su permanente ambiguedad, Cheyre, a cargo del Ejército de 2002 a 2006, exhortó de forma reiterada a terminar con el dolor de los familiares de las víctimas, entregar información sobre los restos desaparecidos. También se pronunció por el Nunca Más y fue criticado por altos oficiales y algunos políticos de derecha. Cheyre asimismo fue uno de los dirigentes del del Servicio Electoral de Chile, al que renunció al comenzar la investigación judicial. Santiago de Chile, 10 de noviembre 2018 Crónica Digital /PL
La diputada del PPD y miembro de la Comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra, se refirió al Plan de Retorno Humanitario que impulsa el Ministerio del Interior y que en el día de ayer envió de regreso a 176 haitianos a su país. «La verdad es que considero excesivo el plazo de 9 años de impedimento para que aquellos que han decidido volver a su país, de manera voluntaria, puedan poder volver a Chile», señaló la diputada Parra. La parlamentaria sostuvo que «este plazo se asimila al castigo que nosotros le entregamos a quienes cometen delitos en el país, y que son expulsados. Eso no nos parece racional». «Tampoco nos parece racional que en un inicio esta iniciativa haya sido dirigida solamente a los haitianos y haitianas. Huele a discriminación y eso no nos parece correcto», afirmó la legisladora. Santiago de Chile,9 de noviembre 2018 Crónica Digital
El diputado jefe de la bancada PC/PRO, Daniel Núñez, valoró que el Gobierno incluyera un artículo en la Ley de Presupuesto 2019 que resguardara de mejor manera los gastos reservados de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El giro del Ejecutivo se produjo luego que la bancada Comunista/Progresista presentara una indicación en que rebajaba a mil pesos dicho ítem, dado los casos de corrupción registrados por funcionarios del alto mando del Ejército y Carabineros. “Al calor del debate logramos darnos cuenta que una norma que permite un control civil del ministro respectivo sobre los gastos reservados había sido omitida en este proyecto para el 2019. Hemos discutido con el gobierno y hemos logrado que se reponga esta norma. Permite al ministro del Interior o de Defensa tener control de los gastos reservados”, explicó Núñez. De esta forma, el Gobierno ingresó en la noche de este miércoles 7 de noviembre, un artículo en la Ley de Presupuestos que mejorará el control de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Dicho texto legal establece que los ministerios de Defensa e Interior identificarán mediante resolución fundada las unidades operativas que usen gastos reservados. Además, los jefes de las ramas deberán rendir cuenta de la utilización de dichos recursos al Ministerio respectivo. “Nosotros queremos tener la certeza como diputados que los gastos reservados vana a ser ocupados en las tareas estratégicas que se definen y que ningún peso vaya a ser defraudado. Es todo un avance, aun cuando esperamos que haya una normativa mucho más clara. Entendemos que al calor del proyecto de ley que aborda la Ley reservada del cobre también se puede integrar el tema de los gastos reservadas para que todos los chilenos tengan la certeza que esos recursos públicos van a ser bien utilizados y no vamos a tener otros casos escandalosos”, remarcó Núñez. Santiago de Chile, 9 de noviembre 2018 Crónica Digital
“Con esto nos hacemos cargo del peso en el bolsillo de las familias chilenas”, afirmó el diputado Renato Garín al ingresar la iniciativa en el Congreso. La bancada de Revolución Democrática presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca generar un marco regulatorio para el acceso a textos escolares. Entre otras materias, el texto legal impide impidiendo, que los colegios recomienden libros cuyo precio supere diez veces el valor de los textos que adquiere el Ministerio de Educación por compras públicas. La iniciativa está firmada por las diputadas Maite Orsini y Catalina Pérez, y por los diputados Jorge Brito, Pablo Vidal y Renato Garín, además de otros cinco parlamentarios de oposición a quienes se invitó a suscribir. “Las familias chilenas tienen muchos gastos por el aumento en el costo de bienes de primera necesidad. Sin tener consideración, hay colegios que insten en pedir libros que cuestan 30 mil o 40 mil pesos, y que a veces son muy similares a los que el Ministerio de Educación compra en licitación pública a un precio unitario de mil pesos. Esto es un verdadero escándalo, por eso con este proyecto nos estamos haciendo cargo del peso en el bolsillo de las familias”, afirmó el diputado Renato Garín. El parlamentario señaló que el proyecto distinguirá entre los textos obligatorios y complementarios. Solo serán considerados obligatorios aquellos que proporciona el Ministerio de Educación. Y serán considerados complementarios aquellos que recomiendan los establecimientos en razón de su proyecto educativo. También se obliga a los sostenedores a a promover, dentro de su comunidad educativa, una cultura de reciclaje y reutilización de textos y materiales. Los parlamentarios pidieron que el Ejecutivo patrocine este proyecto que busca “apoyar la economía familiar” y solicitarán también el apoyo de otros sectores políticos. Santiago de Chile, 9 de noviembre 2018 Crónica Digital
Ante las medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera en materia migratoria, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, junto con diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas convoca a marchar contra el racismo, la xenofobia y la política antimigrante. En la rueda de prensa convocada, el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Héctor Pujols, planteó el nulo espacio de participación de las organizaciones de migrantes en la política migratoria del gobierno y la necesidad de marchar para ser escuchados. En este sentido, Paola Palacios de la Secretaría de las Mujeres Inmigrantes, señaló el carácter racista y antimigrante de este gobierno, denunciando también la persecución y acoso a la que han estado sometidas diferentes personas del movimiento por los derechos de la población migrante. Irací Hassler, concejala de Santiago, mostró su solidaridad e hizo un llamado a todas las organizaciones de migrantes y chilenas a marchar contra el racismo estructural que vive la población migrante. Por su parte, Emilia Solis del Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de Casa Particular y de la Secretaría de Migrantes de la CUT llamó a la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras para enfrentar el racismo y la xenofobia. Por último, Jean Clebert Eloius de Mundo Haití recordó la imposibilidad de poder ejercer el derecho al trabajo de aquellas personas inscritas en el proceso de regularización migratoria, lo que lleva a una situación de alta precariedad y abusos contra la población migrante. Según señaló, esta situación es aprovechada por el gobierno, utilizando además a supuestos dirigentes haitianos para validar su política antimigrante y su Plan de Retorno Humanitario. La marcha, que se desarrollará el domingo 18 de noviembre a las 11 horas y que partirá desde Catedral con Bandera en Santiago, nace entre otros motivos a raíz del inicio del polémico Plan Retorno Humanitario para la población de Haití, el cual las organizaciones de migrantes catalogaron como un plan de expulsión encubierta. Santiago de Chile,9 de noviembre 2018 Crónica Digital
En suspenso dejó el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, la sentencia a las reclamaciones presentadas por la Compañía Minera Nevada SPA, titular de Pascua Lama, propiedad de Barrick Gold, en contra de la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que decretó en enero de este año la clausura definitiva de las faenas del proyecto. En la audiencia realizada este martes, la empresa buscaba dejar sin efecto el cierre del proyecto -aprobada por el mismo tribunal en octubre pasado-, y frente a todas las pruebas presentadas negó todos los cargos que se le imputan. La SMA reiteró su convicción de que la clausura total y definitiva es la sanción más adecuada y proporcional en este caso. Así lo expuso el abogado de la Superintendencia, Emanuel Ibarra, quien aseveró que Pascua Lama es el primer proyecto que en su etapa de construcción ha sido objeto de cinco sancionatorios ambientales, y en dos de ellos se determinó daño ambiental en el ecosistema andino, afectando la flora y fauna, la calidad de las aguas, y puesto en riesgo la salud de la comunidad. «¿Qué estamos esperando, nuevos daños ambientales? Para esta Superintendencia es claro que frente a esta situación, donde la contumacia y displicencia de una empresa ha demostrado que este proyecto, en las condiciones que está, no es capaz de convivir con el medio ambiente y la comunidad y por lo tanto la única respuesta sancionatoria es la clausura total y definitiva», afirmó Ibarra. El asesor jurídico del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), abogado Álvaro Toro, representante de las comunidades de Alto del Carmen y de Chollay-una de las zonas más afectadas por los impactos socioambientales de la empresa-, informó que en la audiencia se expusieron las cinco sanciones de la SMA en contra de Barrick, de un total de 33 cargos, de suficiente gravedad para decretar un cierre definitivo, pero recordó que solo una infracción fue acogida por el Tribunal Ambiental en octubre pasado, referidaal incumplimiento del compromiso de monitorear los glaciares y glaciaretes emplazados en el área de influencia del proyecto.“Tenemos la esperanza que el Tribunal va a ratificar esa sanción y modificar su criterio respecto de las otras cuatro que no consideró en su momento”, precisó el jurista. En concordancia con lo planteado por la SMA, Álvaro Toro señaló que “logramos demostrar que el accionar de la empresa desde el 2007 ha sido muy premeditada para incumplir sus obligaciones ambientales. Con todos los antecedentes que se entregaron en la audiencia, el Tribunal debería ratificar la clausura definitiva del proyecto”. La decisión de clausura definitiva de la faena minera se sustenta en la intervención de vegas altoandinas, la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa (entre ellas, algunas protegidas por categorías de conservación), el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes, la descarga de aguas ácidas al río Estrecho sin cumplir con las normas de calidad del agua, entre otros. Esta sanción toma en cuenta la importancia del daño causado, como también la criticidad, extensión […]
La Cámara de Diputados de Chile dio luz verde al Acuerdo Comercial con Argentina, que pasará ahora al nivel del Senado, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El nuevo convenio apuntala las disposiciones ya presentes en el Acuerdo de Complementación Económica 35 entre Chile y el Mercosur, cuya vigencia data de 1996. «Es una muy buena noticia para Chile. Esto es una política exterior con resultados concretos». Destacó el canciller del país austral, Roberto Ampuero. El diplomático precisó que se trata de un nuevo arreglo que abre más oportunidades de crecimiento, desarrollo, empleo, e integración, «con un país con el que compartimos la frontera más larga del mundo». Argentina y Chile se proponen ampliar y profundizar los instrumentos jurídicos que actualmente rigen en materia comercial, con disposiciones en áreas como inversiones, servicios, compras públicas, telecomunicaciones y comercio electrónico. Además, el Acuerdo perfecciona y complementa las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, así como los procedimientos aduaneros existentes. También se incorporan capítulos novedosos en temas como Medio Ambiente, Trabajo, Género, Pymes, Cooperación y Política de Competencia. Argentina es el segundo socio comercial en la región y el sexto a nivel mundial. El intercambio comercial creció 21 por ciento al 2017, alcanzando cuatro mil millones de dólares. Santiago de Chile, 9 de noviembre 2018 Crónica Digital /PL
