La expulsión de un sacerdote de la congregación Hermanos Maristas acentuó la crisis de credibilidad de la Iglesia católica en Chile, mientras siguen las investigaciones por la Fiscalía Nacional. Hace unos días, el fiscal encargado de las pesquisas a la Iglesia católica de Chile sobre abusos sexuales, Emiliano Arias, ordenó registros a los obispados de Valparaíso, Osorno, Chillán y Concepción. En las últimas horas el Vaticano, por orden del papa Francisco, decretó de forma inapelable ‘la dimisión del estado clerical’, así como la ‘dispensa de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación’ del padre Cristián Precht. A partir del 12 de septiembre de este año se hizo efectiva la medida, según detalló la oficina del Arzobispado de Santiago en un comunicado. Anteriormente, el Arzobispado de esta capital indicó en agosto que había remitido a la Santa Sede los resultados de la investigación previa realizada a Precht por antecedentes de abusos contra menores en el expediente de los maristas. Precht ya había cumplido en diciembre una sentencia canónica de cinco años apartado de sus labores clericales por abusos sexuales a 20 víctimas de entre 15 y 33 años. «No será cárcel pero que se lo expulse de cura a Precht para mí es algo de justicia. Sus abusos provocaron al menos un suicidio y mucho sufrimiento. Una familia que quiero mucho quedó sin papá, sin hijo, marido», comentó Juan Andrés Murillo. Murillo, una de las víctimas más notorias del escándalo del defenestrado cura Fernando Karadima, fue uno de los testigos recibido en Roma por el papa Francisco a mediados de este año. Isaac Givovich, uno de los denunciantes del caso maristas, opinó que el papa Francisco había impuesto un nuevo estándar de sanción para pederastas, la expulsión, y pidió que se adopten castigos similares para los maristas hallados culpables. El Ministerio Público profundiza investigaciones con la idea es acopiar documentos que permitan avanzar en los episodios de abusos contra menores por parte de miembros de la Iglesia católica, de un total de 119 expedientes abiertos. La labor del fiscal Arias tiene el espaldarazo del propio Vaticano. Los encargados de seguir los expedientes investigan también probables casos de violación, prostitución infantil, almacenamiento o difusión de material pornográfico infantil. El destape de los procesos contra la Iglesia católica tuvo su origen en el fuerte rechazo que tuvo la presencia del entonces obispo de Osorno, Juan Barros, durante la visita del papa Francisco a Chile en enero pasado. Luego de un mea culpa de Su Santidad, el Vaticano ordenó investigaciones encabezadas por el obispo de Malta, monseñor Charles Scicluna, que derivaron en conclusiones aparentemente de gran alcance. Francisco aceptó la renuncia de Barros y a seguido las dimisiones y escándalos alrededor de la fe católica escalaron. Santiago de Chile, 17 de septiembre 2018 Crónica Digital /PL
Nacional
La Diputada del PPD, Cristina Girardi, junto a integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara y del Frente por el Hambre y la Mal Nutrición, presentó un proyecto de ley que modifica la JUNAEB para entregar una alimentación saludable y que considere a los niños con problemas alimentarios. La presidenta de la Comisión de Educación comentó “que tenemos datos de obesidad que son brutales, casi un 74% de la población en Chile no tiene el peso correcto y el problema que hoy estamos teniendo es que la JUNAEB, atiende a un millón ochocientos mil niños en Chile. Si bien es cierto, la alimentación que está entregando hoy día ha mejorado con respecto a años anteriores, sigue siendo una alimentación de muy baja calidad y con mucha participación de comida artificial, de alimentos procesados, cargado a los carbohidratos, falta de comidas verdes y alimentos frescos”. Es por esta razón, que la parlamentaria explicó que “la ley de la JUNAEB tiene varias funciones y lo que pretendemos es modificar algunas, lo primero es que dice alimentación a secas y nosotros decimos que tiene que ser alimentación saludable. Lo segundo, es muy importante que esta institución tiene que considerar la salud de los niños; no es lo mismo un niño celiaco, con alergia alimentaria, con resistencia a la insulina o un niño que tiene trastorno de déficit atencional, todos requieren un tipo de alimentación que esté de acuerdo a esa condición y los programas deben apoyar a fortalecer la salud de los menores y no a perjudicarlas”. “Algo muy importante también, es que los alimentos deben ser frescos y que eso de alguna manera venga de la agricultura campesina y de la pesca artesanal. Además que se difunda los buenos actos alimenticios. Así como también estamos promoviendo en esta iniciativa los huertos escolares”, señaló la Diputada Girardi. La legisladora comentó que “otro punto que propone este proyecto es que ningún proveedor de la JUNAEB pueda entregar alimentos procesados, que tengan sellos altos en sodio y altos en grasa. Hoy en las cocinas que entregan alimentación a infantes de bajos recursos que está lleno de productos artificiales y eso no es posible”. Santiago de Chile, 16 de septiembre 2018 Crónica Digital
Relajados y optimistas dentro del espíritu de las cercanas Fiestas Patrias, políticos en Chile de distintas tendencias cerraron filas acerca del futuro fallo de La Haya en el contencioso con Bolivia. El anuncio de la moción de los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tendrá lugar en la ciudad holandesa el próximo 1 de octubre, un acontecimiento con lecturas diametralmente opuestas en La Paz y Santiago. Desde Asia, donde realiza una gira, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, afirmó a medios locales que espera con tranquilidad el dictamen de la CIJ sobre la demanda de Bolivia de obligar al país austral a negociar una salida al mar. El ex canciller y actual presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, sostuvo que «esperamos con serenidad el fallo, porque la Corte fue muy clara en la objeción preliminar». Explicó que «estableció en primer lugar que este caso no es sobre un supuesto derecho de acceso soberano al mar por parte de Bolivia, dijo que este caso era si existe o no una obligación de negociar un acceso soberano al mar de buena fe». Muñoz detalló que la CIJ estableció que no está en juego el Tratado de de 1904 que fijó las fronteras entre Chile y Bolivia de manera perpetua, por lo tanto, no está en peligro la soberanía nacional. La sentencia será en el expediente radicado en 2013 por el Gobierno de Evo Morales acerca de la ‘Obligación de Negociar un Acceso al Océano Pacífico’. Una audiencia pública el lunes 1 de octubre servirá para conocer el resultado de las extensas deliberaciones de los jueces de La Haya. Bolivia desea que Chile negocie de buena fe una salida al mar que perdió en la denominada Guerra del Pacífico. También se pronunciaron de forma similar los parlamentarios Ricardo Lagos Weber (PPD), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y su similar de la Cámara de Diputados, Pablo Vidal (Revolución Democrática). Además, el socialista José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, entre otros. La Guerra del Pacífico enfrentó a los dos países, además de Perú a principios del siglo XX. Bolivia perdió unos 400 kilómetros de litoral y miles de kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales, ubicados en el norte de Chile. Después de complejos entuertos en la madeja jurídica y diplomática, la estrategia de Chile de ganar tiempo al objetar la competencia de la CIJ, que pertenece a Naciones Unidas, no tuvo éxito. El 24 de septiembre de 2015 La Haya se declaró competente en el caso y pidió que el proceso continuase con la presentación de alegatos escritos por parte del demandado. Luego vinieron las réplicas y contrarréplicas en marzo pasado. Santiago de Chile, 14 de septiembre 2018 Crónica Digital /PL
Cuestionados por supuestamente traspasar la delgada línea de la independencia jurídica, los diputados de Chile analizaban esta madrugada la remoción de tres magistrados por liberar a criminales de lesa humanidad. Hace poco más de un mes, la Corte Suprema de Chile otorgó libertad condicional a siete exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes cumplían sentencias por delitos de lesa humanidad. En la práctica, cinco de ellos gozan actualmente de ese privilegio, porque los otros dos debieron permanecer en la cárcel ante nuevos procesos en marcha en su contra, del mismo tipo. Fuerzas de la centroizquierda hicieron la petición en el Congreso Nacional de inhabilitar a los jueces Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, de la Corte Suprema. El asunto ha pasado por debates extremadamente complejos y airados dentro del Parlamento. En la primera votación para determinar si había antecedentes para abordar el asunto hubo un empate a 69 sufragios. Al no existir mayoría simple, se consideró que faltó un voto, por lo cual debieron seguir en las deliberaciones en la madrugada de este viernes. El Gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera rechaza la destitución. Al respecto, sus ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Justicia, Hernán Larraín, calificaron la iniciativa de «hecho grave desde la perspectiva institucional y democrática». La abogada Carmen Hertz, parlamentaria comunista y una de las más fervientes impulsoras de la medida, argumentó que los jueces han vulnerado el derecho internacional y no han cumplido con el Estatuto de Roma. Se trata de un mecanismo creado por la Corte Penal Internacional, el cual señala que entre los requisitos para liberar condicionalmente a criminales de lesa humanidad es necesario que hayan cumplido al menos la mitad de la condena. Además, que muestren buen comportamiento en la cárcel, arrepentimiento y colaboración eficaz para encontrar a los desaparecidos políticos. Ninguno de ellos dio señales de arrepentimiento ni tampoco colaboró con la justicia, según agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. El legislador socialista Jaime Naranjo destacó la postura firme de muchos parlamentarios de al menos ventilar el asunto. «Es un triunfo de la dignidad del Parlamento que no renunció a usar sus facultades», recalcó. La Cámara de Diputados deberá en cualquier caso concluir si es admisible la propuesta, mientras que corresponderá al Senado decidir si debe o no inhabilitar a los magistrados. Santiago de Chile, 14 de septiembre 2018 Crónica Digital /PL
En una votación considerada histórica, la acusación constitucional presentada contra los 3 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, pasó el escollo de la cuestión previa, confirmando de esta manera el cumplimiento de forma del libelo. Para los acusadores, este paso es un triunfo, pues logró demostrar la justeza de la acción, pese al intenso lobby generado contra su presentación. En medio de gritos de júbilo de las agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura que se encontraban en las galerías de la Cámara de Diputados, los y las parlamentarias lograron rechazar la cuestión previa presentada por la defensa de los 3 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema. Un paso histórico para el movimiento en defensa de los derechos humanos, que ha logrado cerrarle el paso a las formas de impunidad que se estaban consagrando a través del otorgamiento de libertades condicionales. Para la diputada de la bancada PC-Progresistas, Carmen Hertz, el haber rechazado la cuestión previa “sin duda es satisfactorio y es un triunfo”. La parlamentaria explicó que “la situación de la lucha contra la impunidad ha sido un largo proceso, no es un tema de una resultado circunstancial. Es un largo proceso en el cual hemos tenido, gota a gota, que ir obteniendo mínimos resultados, pero que en definitiva la lucha contra la impunidad sigue vigente. Hoy me parece positivísimo que se haya rechazado la cuestión previa y que este parlamento no haya tejido un eslabón más en la cadena de la impunidad que tiene una larga historia”. La diputada Hertz agregó que “creo que hay un antes y un después de esta votación y como integrante histórica del movimiento de derechos humanos, creo que sí es histórico, porque en este parlamento no había ocurrido. Fuimos capaces de poner en el centro del debate y a la agenda nacional, las formas de la impunidad que hoy se están consagrando”. Por su parte, el jefe de la bancada PC-Progresistas, diputado Daniel Núñez, fue enfático en señalar que el haber rechazado la cuestión previa da cuenta de los necesario que era interponer la acusación constitucional en contra de los magistrados. “Haber presentado esta acusación fue un paso fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad. Independiente de lo que pase finalmente con la acusación, donde espero que toda la oposición debe unirse en aprobar esta destitución por el notable abandono de deberes de los ministros de la suprema, hay un hecho indudable: hoy en Chile hay más conciencia para hacer justicia en delitos de lesa humanidad”, sostuvo. “Los últimos días la Corte Suprema cambió sus criterios sobre libertades condicionales, ellos tendrán que explicar porqué, pero sus suspendieron varias de la libertades condicionales por la presión social y ciudadana. Logramos además que una comisión mixta, que estaba hace dos años entraba, que estaba congelada en el Congreso, saliera por fin una opinión clara respecto de que no se iba a entregar como se han entregado hasta hoy, libertades condicionales a criminales de lesa […]
Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional que afecta a tres ministros de la Corte Suprema, a quienes se les imputa por «notable abandono de deberes» por dar libertad condicional a reos de Punta Peuco, aprobó recomendar a la Sala su aprobación. Los cinco miembros de la Comisión se reunieron este jueves, a partir de las 10:30 horas, para entregar su postura en relación a dicha procedencia, fundamentar y argumentar el voto, informó el sitio web de la Cámara Diputados. Los diputados Leonardo Soto (PS), Carolina Marzán (PPD), Natalia Castillo (RD) y Esteban Velásquez (FRVS) acordaron aprobar la admisibilidad de la acusación, mientras que el diputado Renzo Trisotti(UDI) optó por rechazarla. La sesión, que se inició con la intervención de la diputada Marzán, se centró en escuchar las consideraciones a favor y en contra de cada uno de los miembros de la instancia, las que fueron incluidas en el informe que será analizado por la Sala de la Cámara este jueves 13 de septiembre, a partir de las 14:30 horas. El libelo acusatorio, en sus argumentos jurídicos, está dividido en dos considerandos fundamentales: Capítulo I: “La responsabilidad constitucional que le cabe a los ministros acusados por haber faltado de manera grave o notable al deber de realizar un control de convencionalidad al momento de resolver un conjunto de recursos de amparo que fueron interpuestos por condenados por delitos de lesa humanidad, dejando a estos en libertad condicional”. Capítulo II: “La responsabilidad constitucional que cabe a los ministros acusados por haber faltado de manera grave o notable a sus deberes, al haber facilitado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad”. Cabe mencionar que las acusaciones constitucionales tienen su base normativa en la Constitución Política (artículo 52), en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Título IV) y en el Reglamento de la Cámara de Diputados (Título VI). Santiago de Chile, 13 de septiembre 2018 Crónica Digital /camara.cl
El fiscal encargado en las investigaciones a la Iglesia católica de Chile sobre abusos sexuales, Emiliano Arias, ordenó hoy registros a los obispados de Valparaíso, Osorno, Chillán y Concepción. La idea es acopiar documentos que permitan avanzar en las investigaciones de casos de abusos contra menores por parte de miembros de la Iglesia católica, de un total de 119 expedientes abiertos. De acuerdo con el espacio noticioso 24 horas de TVN, el allanamiento ordenado por el fiscal Arias fue en simultáneo y si bien se esperaban más pesquisas dentro del proceso, la presencia de policías y funcionarios causó cierto estupor. Los encargados de seguir los expedientes investigan también probables casos de violación, prostitución infantil, almacenamiento o difusión de material pornográfico infantil. El destape de los procesos contra la Iglesia católica tuvo su origen en el fuerte rechazo que tuvo la presencia del entonces obispo de Osorno, Juan Barros, durante la visita del papa Francisco a Chile en enero pasado. Luego de un mea culpa de su santidad, el Vaticano ordenó investigaciones encabezadas por el obispo de Malta, monseñor Charles Scicluna, que derivaron en conclusiones aparentemente de gran alcance. Francisco aceptó la renuncia de Barros y a seguido las dimisiones y escándalos alrededor de la fe católica escalaron, al punto de que el propio obispo de Roma alentó la participación civil en las indagaciones. Anteriormente se incautaron documentos e información en el obispado de Rancagua y en el arzobispado de Santiago, así como en la Oficina Pastoral de Denuncias y en el obispado Castrense. En una reciente actualización en los expedientes bajo investigación, el Ministerio Público reveló que existen 119 causas, con 167 imputados. Estos corresponden a siete obispos, 96 sacerdotes, cuatro diáconos, 30 religiosos (no sacerdotes), 10 laicos y 20 personas sin información. Dentro del total de las víctimas, 79 de ellas eran menores en el momento en el que ocurrieron los hechos, 15 adultos y acerca de las 84 restantes no hay precisiones. La Conferencia Episcopal de Chile publicó un listado en el sitio web con los nombres de 43 sacerdotes y un diácono condenados, por la Justicia civil o la canónica, por abusos sexuales de menores a inicios del mes en curso. Santiago de Chile, 13 de septiembre 2018 Crónica Digital /PL
El especialista en educación y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Jaime Retamal, afirma que el documento, que concluye que los estudiantes de básica de Chileson los que más tiempo pasan en las escuelas, motiva una discusión inmediata en el Congreso sobre los resultados de la JEC. De acuerdo a la prueba PISA, los connacionales están por debajo de la media de países desarrollados y con una brecha de aprendizajes de tres años en comparación a Singapur. “Llegó la hora de evaluar la Jornada Escolar Completa y, en general, repensar el uso del tiempo escolar”, sostiene. Los escolares chilenos de primero a sexto básico pasan dos meses más en clases que sus pares de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así lo concluye el informe ‘Education at a Glance 2018’, que evalúa la inversión realizada a nivel preescolar. Para el experto en educación y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Jaime Retamal, el dato que entrega el organismo internacional revela que tanto chilenos como daneses son los que más tiempo pasan en el aula, lo que hace urgente una discusión en el Congreso sobre el uso del tiempo escolar en los establecimientos de educación primaria del país. “Llegó la hora de evaluar la Jornada Escolar Completa (JEC) y, en general, repensar el uso del tiempo escolar”, afirma el doctor en ciencias de la educación. “Debiera discutirse y evaluarse en el Congreso, teniendo a la mano indicadores para medir el verdadero impacto de esta y reformularla, así como la normativa que regula las seis horas de libre disposición y la ley de aseguramiento de la calidad, a fin de pensar sistémicamente el uso del tiempo escolar”, insiste. De acuerdo al informe de la OCDE, los estudiantes chilenos están 1.039 horas en clases al año y 6.233 horas en seis, en contraste con el promedio anual de la OCDE, de 799 y en un sexenio, de 4.620. Es decir, los connacionales están 67 días más que sus pares en el colegio, en circunstancias que en la última PISA se situaron por debajo de la media de las naciones desarrolladas y con una brecha de aprendizajes de tres años en comparación a Singapur. “Los escolares que pasan menos tiempo en los establecimientos escolares de toda la OCDE son de Finlandia. Es sumamente interesante hacer esa comparación, porque descubrimos de inmediato que el problema del tiempo escolar nunca ha sido pensado”, afirma el académico del Departamento de Educación del plantel estatal, en alusión a los buenos indicadores que ostenta el país europeo en materia educativa. “El problema es cómo usamos el tiempo para favorecer los aprendizajes de los estudiantes y cómo hacemos para que el tiempo escolar sea efectivamente significativo para ellos”, subraya el experto en gestión de la calidad educativa. “La JEC no ha dado los resultados que se esperaban y padres, directores, profesores y estudiantes reclaman constantemente que el tiempo lo usan para prepararse para pruebas estandarizadas. Eso es muy negativo, porque nos dice […]
Se trata de 200 mil kilos de salmón descompuesto y casi 70 mil litros de petróleo. Ni las empresas ni las autoridades saben qué hacer con él. Por la eventual vulneración de los derechos a un medioambiente libre de contaminación, a la vida, y a la integridad física de los habitantes de la provincia de LLanquihue, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) –a través de su Sede de Los Lagos-presentó un recurso de protección en contra de la Intendencia Regional y de la Capitanía de la Armada de Chile, por las responsabilidades que les cabría en el desastre del barco salmonero “Seikongen”. Este se hundió en octubre de 2017 en Chonchi, Chiloé, con 200 mil kilos de salmones muertos y 67 mil litros de petróleo en su interior. La acción legal fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por el peligro que presenta para toda la región, que ha sabido anteriormente de catástrofes, como el escape permanente de salmones desde granjas de cultivo, la crisis del Virus ISA que en 2007 produjo un desastre socioambiental, y también el episodio de marea roja que en 2016 puso en jaque a la zona, especialmente a las comunidades indígenas lafkenche de Chiloé. Es por esto que el INDH solicitó a la justicia se declare la ilegalidad de la acción u omisión de la Intendencia y de La Armada dada la amenaza que pesa sobre la población de Los Lagos. Asimismo que se declaren vulnerados los derechos a la vida, a la integridad física, y a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Solicita el Instituto también que se ordene el zarpe inmediato del barco desde Puerto Montt, que se prohíba la descarga de sus contaminantes en la Región de Los Lagos, y que se informe a la población respecto de la situación sanitaria en que se encuentran, porque hasta el momento existiría desinformación sobre el hundimiento de la embarcación. El INDH pide también que se tomen todas las medidas necesarias para restablecer los derechos vulnerados, entre otras acciones. Los hechos “Seikogen” es propiedad de CPT Empresas Marítimas. Su naufragio se produjo por un forado en su casco, mientras finalizaba diversas faenas de embarque de salmones desde el centro de cultivo “Pilpilehue” de Salmonera Camanchaca, en la comuna de Chonchi, Chiloé. El día 1 de agosto del presente año, luego de 10 meses desde el hundimiento de la embarcación, la autoridad marítima de Chiloé informó que la empresa holandesa Ardent efectuó el reflotamiento exitoso del Seikongen, con el objetivo de ser remolcado hacia el puerto de Talcahuano, lo que no se realizó debido a acciones legales presentadas que impidieron el traslado. A estas iniciativas legales se han sumado otras en la misma línea desde Ancud, Florida y Calbuco. Por problemas evidenciados durante el remolque de la embarcación, el jueves 10 de agosto esta nave tuvo que recalar en Ancud. Posteriormente, el 14 de Agosto la embarcación zarpó desde Ancud. En la actualidad Seikongen está fondeado al sur de la isla Tenglo, […]
Por Fausto Triana El más largo paréntesis del año llega a Chile con las Fiestas Patrias, que en esta ocasión abarcará cinco días llenos de música, bailes, comidas típicas y mucho alcohol. La Fonda de Santiago, con la participación del presidente de la República, Sebastián Piñera, dará el pistoletazo de arrancada en la noche de este jueves, un anticipo que hace pensar en la poca efectividad laboral del viernes en el país austral. Las Fiestas Patrias arrancan prácticamente desde los inicios de septiembre de cada año, cuando los edificios son adornados con banderas y motivos tradicionales de Chile, junto con banderas nacionales. Una tradición que se inició en el siglo XIX marcada oficialmente 18 y 19 de septiembre pero con un alcance mayor de hasta cuatro días. De hecho este año, el lunes 17 es también feriado hasta el próximo miércoles. Las canciones del folclor chileno, empanadas, bebidas de chicha, piscolas (piscos y colas), asados y festividades por doquier se desarrollan paralelamente a un grupo de actividades oficiales, en las que no falta el baile nacional, la cueca. Baile Nacional de Chile desde 1979, la cueca forma igualmente parte del folclore de Perú, Colombia, Argentina y Bolivia, aunque con estilos diferentes. Alto en el camino luego de pasar la página de las conmemoraciones solemnes por el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, que de todas formas ocupan un lugar importante durante todo el mes. El desborde y el entusiasmo se apoderan del país sudamericano de poco más de 17 millones de habitantes y el Dieciocho, el nombre popular de las festividades, es tema favorito. Sombreros típicos de huasos (los que usan jinetes y amazonas de los rodeos), ponchos, faldas negras entalladas y trajes completos de huasos, son las prendas más populares en estos días en Chile. Las celebraciones, oficialmente desde 1811, conmemoran la formación como un Estado Nación independiente de la Corona Española, si bien en realidad, fue el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia. La bebida terremoto es toda una curiosidad. Se inventó a fines del siglo XX y se compone básicamente de vino blanco, helado de piña, licor amargo y granadina, aunque en algunos lugares se añade ron o cognac. Junto con la cueca, rodeos, torneos de rayuela o tejo, palo ensebado y otras diversiones, aparecen programadas actividades oficiales encabezadas por la jefa de Estado. Una ceremonia religiosa (Te Deum), una Gala Cultural en el Teatro Municipal y el desfile militar en el propio Parque O´Higgins completan las actividades oficiales del Dieciocho. Santiago de Chile, 13 septiembre 2018 Crónica Digital /PL
