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El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, aseguró hoy que su país espera con tranquilidad el fallo sobre el contencioso con Bolivia en La Haya y pidió a su vecino mantener la calma. En una declaración de prensa, en la que no aceptó preguntas, el canciller recalcó que las fronteras terrestres y marítimas con Bolivia están claramente delimitadas desde el Tratado de 1904 y así seguirán invariablemente. Ampuero criticó al presidente de Bolivia, Evo Morales, por hablar en ciertos momentos de cooperación y nueva etapa en las relaciones bilaterales, y luego emitir mensajes como: el mar es nuestra casa (…) estamos camino a volver a casa». El próximo 1 de octubre será la lectura del veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, en torno a la demanda marítima boliviana contra Chile. Los jueces de ese tribunal se pronunciarán sobre el caso «Obligación de Negociar un Acceso al Océano Pacífico», proceso que se inició el 2013 y que pasó por exposiciones, réplicas y contrarréplicas en cinco años. Según el jefe de la diplomacia de Chile, el presidente Morales ha cambiado de posturas y llama a fórmulas de entendimiento y paz, pero volverá a subrayar la solicitud ante la Asamblea General de la ONU la próxima semana. Hace unos días, el mandatario boliviano llamó a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, «a encontrar formas de entendimiento» entre los dos países vecinos que desde 1978 mantiene relaciones a nivel consular. De un lado, Morales se manifestó conciliador y con la esperanza de hallar caminos hacia las negociaciones directas, pero, al mismo tiempo, reiteró su optimismo en torno al dictamen de los jueces de La Haya. Bolivia confía en que la CIJ sugerirá la obligación de Chile a sentarse a conversar sobre una salida soberana de Bolivia al océano Pacífico. Piñera respondió con dos mensajes en su cuenta de Twitter: «Presidente Morales: los países honorables honran los tratados que firman. En 1904, más de 20 años después de finalizadas las hostilidades, Chile y Bolivia, en forma libre y voluntaria, firmaron un tratado hoy plenamente vigente que fijó en forma clara los límites entre ambos países». Pero para no dejar dudas ni ambigüedades, Piñera completó sus  comentarios dirigiéndose a los chilenos, en plenas celebraciones de las Fiestas Patrias. El Gobierno cumplirá y hará cumplir el tratado de 1904 y sabrá defender ‘su territorio, su mar y su soberanía, recalcó. Una audiencia pública el lunes 1 de octubre servirá para conocer el resultado de las extensas deliberaciones de los jueces de La Haya. La Guerra del Pacífico enfrentó a los dos países, además de Perú a principios del siglo XX. Bolivia perdió unos 400 kilómetros de litoral y miles de kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales, ubicados en el norte de Chile. Santiago de Chile, 20 de septiembre 2018 Crónica Digital /PL

Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, indicó que tras el reconocimiento de la responsabilidad de esta empresa en la filtración de datos personales de clientes de la banca “es deber de la empresa transparentar a la brevedad las medidas de seguridad que implementará para que esto no vuelva a ocurrir”. “El foco de la preocupación del Consejo para la Transparencia tras el reconocimiento de la responsabilidad de Correos de Chile en la filtración de información personal de chilenos y chilenas, está en las acciones que se tomarán de ahora en adelante”. Con estas palabras, el presidente del CPLT, Marcelo Drago, emplazó a la empresa autónoma estatal, tras el reconocimiento de ésta de la existencia de una “alta probabilidad” de que la filtración de datos de tarjetas de crédito se haya producido a partir de un servicio de casilla virtual en Miami, abastecido por un proveedor internacional. «El resguardo de los datos personales que la entidad maneja de sus clientes se encuentran bajo su responsabilidad, lo que incluye los datos sensibles. Es decir, Correos tiene que hacerse responsable de adoptar las medidas de seguridad suficientes para que esos datos no sean extraídos, hackeados y no lleguen a manos de terceros, que no están autorizados a utilizarlos. Es deber de la empresa transparentar a la brevedad las medidas de seguridad que implementará para que esto no vuelva a ocurrir”, enfatizó Drago. El presidente del CPLT, órgano que estará a cargo de la protección de datos personales en Chile a partir de la nueva ley, explicó además que este hecho permite ejemplificar la complejidad de las situaciones que se generan ante una realidad que en nuestro país “no se encuentra regulada”. “A partir del cumplimiento de estándares internacionales de segunda generación, ya vigentes en otros países, tenemos que actualizar con urgencia un marco normativo que nos tiene en la era del hielo en esta materia y cuya modernización no puede seguir esperando”, explicó. Respecto del marco internacional ejemplificó que en Europa esta materia estaba siendo regulada desde mayo de este año por el Reglamento General de Protección de Datos y que en el caso del sector privado, “ya se les impone por contrato a ciertas empresas a ponerse al nivel internacional, por lo que ya están preparándose”. Asimismo, el titular de Transparencia apuntó a la necesidad de que este ejemplo sea replicado por organizaciones estatales, comentando que “el sector público debe trabajar desde ahora en la protección de datos, porque la realidad está mostrando que es de suma urgencia asumir este tema como prioritario, y que no hay que esperar a que se promulgue la ley para tomar medidas, porque los problemas están ocurriendo hoy”. Marcelo Drago agregó que actualmente Chile no cuenta con sanciones ante lo ocurrido en Correos y que con la futura normativa de protección de datos personales, “hay obligaciones que deben ser cumplidas por los tratadores de los datos, a los que podremos fiscalizarlos y sancionarlos en caso de incumplimiento”. El Presidente del Consejo subrayó que las empresas […]

El parlamentario manifestó que “creí que nada podría impresionarme, pues fueron incluso sobre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; a quien los dueños de las máquinas tuvieron como imputado”. “Y hoy, pese a que absolutamente todos los organismos públicos y privados concuerdan en el daño que estas máquinas provocan, el gobierno está evaluando legalizarlas”, señaló. Para Navarro, “es simplemente impresionante la capacidad de los dueños de las máquinas comemonedas para influir en la política nacional”.             “No me parece prudente querer regular máquinas ilegales, cuando todos los organismos han señalado los flagelos que provocan en la población. Y es muy preocupante esta intervención cuando hay políticos siendo investigados por la justicia”, manifestó el senador Alejandro Navarro, tras la idea del gobierno de regular el funcionamiento de las polémicas máquinas tragamonedas.             Para el parlamentario, “sería un error fatal querer regular en vez de prohibir las máquinas comemonedas, pues aquí estamos frente a un problema grave. El propio Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, ha dicho que hay una estrecha relación entre comunas muy pobres, donde hay muchos delitos de alta connotación pública y donde coincidentemente, está el mayor número de máquinas populares de azar”.             “Por lo que la iniciativa del Ministerio de Hacienda, de ir por el camino de legalizarlas, tal como erróneamente se votó en el Senado, va en contraposición de lo que ha dicho no solo el Ministerio de Desarrollo Social, sino que el Director Nacional de Aduanas, Carabineros, la PDI, el Fiscal Nacional Jorge Abbott y diversas agrupaciones sociales y ciudadanas, que ven en esta explosión de máquinas ilegales un flagelo que daña a la población”, aseveró.             Navarro recordó que, “por ello es que hemos ido denunciando en cada fiscalía regional del país, a fin de que el Ministerio Público investigue 4 delitos asociados: “Juego ilegal, ya que estas máquinas no cuentan con autorización, porque son de azar”, dijo. “Segundo”, continuó, “defraudación tributaria, pues no pagan impuestos. Tercero, lavado de activos, ya que claramente el dinero que por allí circula no se refleja en contabilidad ni en los ingresos de ninguna cuenta. Y en cuarto lugar, crimen organizado, pues para ingresar estas máquinas al país, que lo hicieron por partes, se hizo de forma ilegal, tal como lo ha señalado el Director de Aduana. Navarro recordó que “incluso en el Reino Unido se bajó la máxima apuesta de 100 libras por jugada a solo 1, pues también tienen claro el flagelo que provocan estas máquinas en la población de menores recursos”.  “Por ello el gobierno comete un gran error si pretende regular; aquí tenemos un problema social y económico gravísimo; se debe proteger a la población evitando la ludopatía, no fomentándola”, señaló. “El Ministerio de Hacienda se equivoca al pretender legalizar juegos ilegales que claramente deben ser prohibidos y lo que es peor, levanta sospechas del por qué de esta intervención, justo en momentos en que diversos políticos están siendo investigados por la justicia”. Respecto a la investigación que vincula a políticos al negocio, Navarro fue enfático: “aquí la justicia debe actuar caiga quien caiga, no es posible que estas […]

La expulsión de un sacerdote de la congregación Hermanos Maristas acentuó la crisis de credibilidad de la Iglesia católica en Chile, mientras siguen las investigaciones por la Fiscalía Nacional. Hace unos días, el fiscal encargado de las pesquisas a la Iglesia católica de Chile sobre abusos sexuales, Emiliano Arias, ordenó registros a los obispados de Valparaíso, Osorno, Chillán y Concepción. En las últimas horas el Vaticano, por orden del papa Francisco, decretó de forma inapelable ‘la dimisión del estado clerical’, así como la ‘dispensa de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación’ del padre Cristián Precht. A partir del 12 de septiembre de este año se hizo efectiva la medida, según detalló la oficina del Arzobispado de Santiago en un comunicado. Anteriormente, el Arzobispado de esta capital  indicó en agosto que había remitido a la Santa Sede los resultados de la investigación previa realizada a Precht por antecedentes de abusos contra menores en el expediente de los maristas. Precht ya había cumplido en diciembre una sentencia canónica de cinco años apartado de sus labores clericales por abusos sexuales a 20 víctimas de entre 15 y 33 años. «No será cárcel pero que se lo expulse de cura a Precht para mí es algo de justicia. Sus abusos provocaron al menos un suicidio y mucho sufrimiento. Una familia que quiero mucho quedó sin papá, sin hijo, marido», comentó Juan Andrés Murillo. Murillo, una de las víctimas más notorias del escándalo del defenestrado cura Fernando Karadima, fue uno de los testigos recibido en Roma por el papa Francisco a mediados de este año. Isaac Givovich, uno de los denunciantes del caso maristas, opinó que el papa Francisco había impuesto un nuevo estándar de sanción para pederastas, la expulsión, y pidió que se adopten castigos similares para los maristas hallados culpables. El Ministerio Público profundiza investigaciones con la idea es acopiar documentos que permitan avanzar en los episodios de abusos contra menores por parte de miembros de la Iglesia católica, de un total de 119 expedientes abiertos. La labor del fiscal Arias tiene el espaldarazo del propio Vaticano. Los encargados de seguir los expedientes investigan también probables casos de violación, prostitución infantil, almacenamiento o difusión de material pornográfico infantil. El destape de los procesos contra la Iglesia católica tuvo su origen en el fuerte rechazo que tuvo la presencia del entonces obispo de Osorno, Juan Barros, durante la visita del papa Francisco a Chile en enero pasado. Luego de un mea culpa de Su Santidad, el Vaticano ordenó investigaciones encabezadas por el obispo de Malta, monseñor Charles Scicluna, que derivaron en conclusiones aparentemente de gran alcance. Francisco aceptó la renuncia de Barros y a seguido las dimisiones y escándalos alrededor de la fe católica escalaron. Santiago de Chile, 17 de septiembre 2018 Crónica Digital /PL

Relajados y optimistas dentro del espíritu de las cercanas Fiestas Patrias, políticos en Chile de distintas tendencias cerraron filas acerca del futuro fallo de La Haya en el contencioso con Bolivia. El anuncio de la moción de los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tendrá lugar en la ciudad holandesa el próximo 1 de octubre, un acontecimiento con lecturas diametralmente opuestas en La Paz y Santiago. Desde Asia, donde realiza una gira, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, afirmó a medios locales que espera con tranquilidad el dictamen de la CIJ sobre la demanda de Bolivia de obligar al país austral a negociar una salida al mar. El ex canciller y actual presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, sostuvo que «esperamos con serenidad el fallo, porque la Corte fue muy clara en la objeción preliminar». Explicó que «estableció en primer lugar que este caso no es sobre un supuesto derecho de acceso soberano al mar por parte de Bolivia, dijo que este caso era si existe o no una obligación de negociar un acceso soberano al mar de buena fe». Muñoz detalló que la CIJ estableció que no está en juego el Tratado de de 1904 que fijó las fronteras entre Chile y Bolivia de manera perpetua, por lo tanto, no está en peligro la  soberanía nacional. La sentencia será en el expediente radicado en 2013 por el Gobierno de Evo Morales acerca de la ‘Obligación de Negociar un Acceso al Océano Pacífico’. Una audiencia pública el lunes 1 de octubre servirá para conocer el resultado de las extensas deliberaciones de los jueces de La Haya. Bolivia desea que Chile negocie de buena fe una salida al mar que perdió en la denominada Guerra del Pacífico. También se pronunciaron de forma similar los parlamentarios Ricardo Lagos Weber (PPD), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y su similar de la Cámara de Diputados, Pablo Vidal (Revolución Democrática). Además, el socialista José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, entre otros. La Guerra del Pacífico enfrentó a los dos países, además de Perú a principios del siglo XX. Bolivia perdió unos 400 kilómetros de litoral y miles de kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales, ubicados en el norte de Chile. Después de complejos entuertos en la madeja jurídica y diplomática, la estrategia de Chile de ganar tiempo al objetar la competencia de la CIJ, que pertenece a Naciones Unidas, no tuvo éxito. El 24 de septiembre de 2015 La Haya se declaró competente en el caso y pidió que el proceso continuase con la presentación de alegatos escritos por parte del demandado. Luego vinieron las réplicas y contrarréplicas en marzo pasado. Santiago de Chile, 14 de septiembre 2018 Crónica Digital /PL

Cuestionados por supuestamente traspasar la delgada línea de la independencia jurídica, los diputados de Chile analizaban esta madrugada la remoción de tres magistrados por liberar a criminales de lesa humanidad. Hace poco más de un mes, la Corte Suprema de Chile otorgó libertad condicional a siete exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes cumplían sentencias por delitos de lesa humanidad. En la práctica, cinco de ellos gozan actualmente de ese privilegio, porque los otros dos debieron permanecer en la cárcel ante nuevos procesos en marcha en su contra, del mismo tipo. Fuerzas de la centroizquierda hicieron la petición en el Congreso Nacional de inhabilitar a los jueces Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, de la Corte Suprema. El asunto ha pasado por debates extremadamente complejos y airados dentro del Parlamento. En la primera votación para determinar si había antecedentes para abordar el asunto hubo un empate a 69 sufragios. Al no existir  mayoría simple, se consideró que faltó un voto, por lo cual debieron seguir en las deliberaciones en la madrugada de este viernes. El Gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera rechaza la destitución. Al respecto, sus ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Justicia, Hernán Larraín, calificaron la iniciativa de «hecho grave desde la perspectiva institucional y democrática». La abogada Carmen Hertz, parlamentaria comunista y una de las más fervientes impulsoras de la medida, argumentó que los jueces han vulnerado el derecho internacional y no han cumplido con el Estatuto de Roma. Se trata de un mecanismo creado por la Corte Penal Internacional, el cual señala que entre los requisitos para liberar condicionalmente a criminales de lesa humanidad es necesario que hayan cumplido al menos la mitad de la condena. Además, que muestren buen comportamiento en la cárcel, arrepentimiento y colaboración eficaz para encontrar a los desaparecidos políticos. Ninguno de ellos dio señales de arrepentimiento ni tampoco colaboró con la justicia, según agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. El legislador socialista Jaime Naranjo destacó la postura firme de muchos parlamentarios de al menos ventilar el asunto. «Es un triunfo de la dignidad del Parlamento que no renunció a usar sus facultades», recalcó. La Cámara de Diputados deberá en cualquier caso concluir si es admisible la propuesta, mientras que corresponderá al Senado decidir si debe o no inhabilitar a los magistrados. Santiago de Chile, 14 de septiembre 2018 Crónica Digital /PL

En una votación considerada histórica, la acusación constitucional presentada contra los 3 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, pasó el escollo de la cuestión previa, confirmando de esta manera el cumplimiento de forma del libelo. Para los acusadores, este paso es un triunfo, pues logró demostrar la justeza de la acción, pese al intenso lobby generado contra su presentación. En medio de gritos de júbilo de las agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura que se encontraban en las galerías de la Cámara de Diputados, los y las parlamentarias lograron rechazar la cuestión previa presentada por la defensa de los 3 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema. Un paso histórico para el movimiento en defensa de los derechos humanos, que ha logrado cerrarle el paso a las formas de impunidad que se estaban consagrando a través del otorgamiento de libertades condicionales. Para la diputada de la bancada PC-Progresistas, Carmen Hertz, el haber rechazado la cuestión previa “sin duda es satisfactorio y es un triunfo”. La parlamentaria explicó que “la situación de la lucha contra la impunidad ha sido un largo proceso, no es un tema de una resultado circunstancial. Es un largo  proceso en el cual hemos tenido, gota a gota, que ir obteniendo mínimos resultados, pero que en definitiva la lucha contra la impunidad sigue vigente. Hoy me parece positivísimo que se haya rechazado la cuestión previa y que este parlamento no haya tejido un eslabón más en la cadena de la impunidad que tiene una larga historia”. La diputada Hertz agregó que “creo que hay un antes y un después de esta votación y como integrante histórica del movimiento de derechos humanos, creo que sí es histórico, porque en este parlamento no había ocurrido. Fuimos capaces de poner en el centro del debate y a la agenda nacional, las formas de la impunidad que hoy se están consagrando”. Por su parte, el jefe de la bancada PC-Progresistas, diputado Daniel Núñez, fue enfático en señalar que el haber rechazado la cuestión previa da cuenta de los necesario que era interponer la acusación constitucional en contra de los magistrados. “Haber presentado esta acusación fue un paso fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad. Independiente de lo que pase finalmente con la acusación, donde espero que toda la oposición debe unirse en aprobar esta destitución por el notable abandono de deberes de los ministros de la suprema, hay un hecho indudable: hoy en Chile hay más conciencia para hacer justicia en delitos de lesa humanidad”, sostuvo. “Los últimos días la Corte Suprema cambió sus criterios sobre libertades condicionales, ellos tendrán que explicar porqué, pero sus suspendieron varias de la libertades condicionales por la presión social y ciudadana. Logramos además que una comisión mixta, que estaba hace dos años entraba, que estaba congelada en el Congreso, saliera por fin una opinión clara respecto de que no se iba a entregar como se han entregado hasta hoy, libertades condicionales a criminales de lesa […]