Con el respaldo de 63 firmas, los diputados de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Alejandra Sepúlveda, Estaban Velásquez y Pedro Velásquez, junto al diputado PC, Daniel Núñez, presentaron hoy el documento para solicitar a la Cámara de Diputados, una Comisión Investigadora encargada de fiscalizar el cumplimiento del acuerdo entre CORFO – SQM consistente en la explotación del litio en el Salar de Atacama y determinar las responsabilidades del Gobierno en la ejecución de éste, especialmente, respecto del rol que tiene Julio Ponce Lerou en la empresa. Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, señaló que “frente a todo lo que ha ocurrido no sólo en este última semana en relación a SQM, sino a lo que ha ocurrido durante todo este año con esta empresa que es corrupta, hemos presentado la solicitud para hacer una comisión investigadora, porque aquí Chile completo tiene que saber qué es lo que está ocurriendo con este nuevo contrato que ‘era brillante’ y que finalmente todo el país ha visto como el Gobierno anterior fue un iluso al entender que Ponce Lerou iba a quedar fuera de este contrato”. “Vamos a investigar todo lo que ocurrió en el contrato, cuál fue el proceso de negociación, las implicancias y lo que Bitrán y el ministro Grossi vino a decir aquí, que este contrato iba a eliminar todo lo que tenía que ver con Ponce Lerou como sujeto permanente dentro de los últimos 30 años de este contrato, pero que hemos visto como no sólo Ponce Lerou vuelve a SQM sino que también su hermano y sus hijos. Y, al mismo tiempo hoy estamos haciendo todo un sistema de legislatura comparada de cómo se gana a través del Royalty y a través de concesiones, cuántos recursos efectivamente van a generarse para el país por concepto del litio, porque eso tampoco está claro y creemos que aquí hay dudas sustanciales para creer que es mucho más lo que el Estado de Chile pueda recuperar”, explicó la diputada. Por su parte, para el Jefe de la Bancada de Diputados Comunistas, Daniel Núñez, la comisión investigadora es una poderosa señal para dejar atrás la corrupción de Julio Ponce Lerou y Soquimich. “Es una demostración de la voluntad que hay en la Cámara de Diputados de investigar al delincuente más grande de la historia de Chile, pero también al más poderoso y, por lo tanto, al más poderoso de atrincar y de llevar a la justicia”, enfatizó. A juicio de Núñez, “se vulneró la buena fe, se vulneró el espíritu y la esencia del contrato al volver a poner a Julio Ponce Lerou en la práctica bajo el control de esta empresa. Por lo tanto, este contrato debería invalidarse, pero por supuesto hay que buscar los mecanismos legales y administrativos para invalidar un contrato de esta envergadura es algo que va a requerir tiempo y yo creo que es la mayor utilidad que puede prestar esta comisión investigadora, porque no podemos dejar que alguien que tiene este tipo de comportamiento siga apropiándose del litio chileno […]
Nacional
Ayer se realizó la interpelación al ministro Hernán Larraín por el retiro intempestivo del proyecto de ley que otorgaba un aporte reparatorio a los ex presos políticos. La jornada estuvo marcada por las pocas respuestas concretas de parte del ministro a las preguntas formuladas por la diputada Carmen Hertz y por el lamentable episodio cuando un grupo de personas que acompañaba al ministro Larraín en la galerías, vitoreó el nombre del dictador. Pasadas las 11.00 horas de este miércoles 6 de junio se dio inicio a la interpelación llevada adelante por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputada Carmen Hertz, en contra del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el retiro del proyecto de reparación a las víctimas de prisión y tortura durante la dictadura. Fueron más de 3 horas donde la diputada Hertz expuso algunos de los casos que se relatan en los informes Valech I y II y consultó los alcances de que miles de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sigan sin tener verdad, justicia ni reparación. La interpelación se dio por finalizada sin grandes respuestas por parte del ministro Larraín, quien se escudó en la falta de recursos para no cumplir con normas internacionales que obligan al Estado de Chile. “Por supuesto que no quedamos satisfechos, porque el ministro no respondió nunca en concreto los motivos por los cuales retiró este aporte –miserable y tardío- a los presos políticos. No se pronunció respecto de la obligación imperativa que tiene el Estado de Chile de reparar en forma íntegra, satisfactoria y oportuna, porque así lo señalan las normas internacionales a quienes fueron víctimas de prisión y tortura, que sabemos fue uno de los crímenes más repugnantes para la comunidad internacional organizada”, sostuvo la diputada Hertz. Un punto lamentable durante la jornada, fue la presencia de grupos pinochetistas en las galerías, que junto con aplaudir las intervenciones del ministro Larraín, fueron expulsados de la Sala tras los gritos recordando al dictador. La diputada Carmen Hertz consideró dicha situación como “particularmente grave, porque esos sujetos sólo pueden llegar hasta las tribunas a través de invitaciones de alguna bancada, que supongo, será alguna de las bancadas que forman parte del Gobierno que retiró este aporte a los ex presos políticos. Es una vergüenza intolerable que esto tipos estuvieran ahí. Sería muy importante saber quién los invitó y quien se hace responsable de admiradores de asesinos”. En cuánto a las respuestas del ministro, quien insistió en la falta de recursos para la reparación, la diputada fue clara en señalar que “este era un proyecto complementario de la ley 20.874. Se adjuntó un informe financiero donde se imputaba a la partida de Tesoro Público, porque de esa forma se hace cuando se trata de financiamientos comprometidos (…) Me parece intolerable que el Gobierno pretenda, lo que es una obligación respecto ni más ni menos que a las víctimas de prisión y tortura que los agentes del Estado maltrataron, humillaron y agraviaron, sea un tema presupuestario o […]
Representantes del Machi Celestino Córdova junto con parlamentarios de la oposición y la diputada Emilia Nuyado se reunieron en la Cámara de Diputados y concordaron rechazar, «la falta de voluntad política del gobierno» para que la autoridad espiritual pueda visitar y renovar su Rewe. En este contexto la diputada mapuche – Huilliche, Emilia Nuyado advirtió que “la situación del machi se está complicando nuevamente. Lamentamos que todos las conversaciones que sostuvimos anteriormente con el gobierno no hayan servido de nada”. “Se pidió bajar la huelga para buscar alternativas para que el Machi fuera a su Rewe y nos encontramos con la intransigencia del ministro Chadwick, el Ministro Hernán Larraín y del propio Sebastián Piñera. Con esto queda demostrado que el gobierno nunca tuvo ganas de dialogar y esta sometido a las presiones del empresariado de la Araucanía de Chile”, dijo. En este marco, la diputada Nuyado agregó que “por eso hoy hemos votado un proyecto de acuerdo pidiendo que el Machi pueda ir a su Rewe, para que el gobierno tenga claro que esto es una petición formal de la Cámara de Diputados”. “Nosotros responsabilizamos directamente al Estado de Chile de que cualquier cosa que pueda ocurrir ahora, porque simplemente se han roto las confianzas”, concluyó. VER VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=VRoZFmNINq8 Santiago de Chile, 7 de junio 2018 Crónica Digital
Las diputadas del PPD, Cristina Girardi y Andrea Parra, junto a parlamentarias del Frente Amplio, criticaron la decisión del ex ministro del Interior, Jorge Burgos, y del ex subsecretario de esa cartera, Jorge Correa Sutil, de asumir la defensa del ministro de Salud, Emilio Santelices, ante la acusación constitucional impulsada por el Frente Amplio. La diputada Cristina Girardi, quien es una de las firmantes del libelo, indicó que “lo que cuenta acá es que esto no es un tema profesional como se ha dicho, no es un tema donde aquí son abogados que tienen el derecho a ejercer su profesión. Esto no es un Tribunal donde efectivamente se podría dar esa situación. Esto es una Cámara Política y por lo tanto no es un tema profesional, es una decisión política”. La parlamentaria indicó que “aquí claramente lo que se está haciendo es apoyar a un ministro que desde nuestra perspectiva vulneró la ley. Esta acusación constitucional tiene su raigambre en eso, en una vulneración grave que afecta un derecho obtenido por las mujeres de Chile en esta Cámara de Diputados. Es grave que un ex Ministro y un ex subsecretario de lo que era la antigua concertación y la nueva mayoría, apoyen de alguna manera un ministro que efectivamente no solo está tomando una decisión política respecto de lo que es el aborto y el derecho que tiene las mujeres, sino que además vulnerando la ley, porque eso ya es ley en Chile, que tiene que aplicarse”. Por su parte, la diputada Andrea Parra sostuvo que “como militante del PPD, como mujer, esta noticia, este hecho político, nos vulnera, nos violenta. Esperamos que la Democracia Cristiana nos pueda explicar que es lo que ha ocurrido aquí, porque ciertamente hay sorpresa, hay indignación y hay dolor entre las mujeres parlamentarias que apoyamos esta acusación”. “Francamente es impresentable lo que ha ocurrido con los ex ministros Burgos y Correa Sutil, insisto, para ser prudente esperaremos las explicaciones de la Democracia Cristiana”, concluyó la diputada Parra. Santiago de Chile, 7 de junio 2018 Crónica Digital
Por indicación del senador Felipe Harboe, este miércoles 6 de junio la Comisión de Economía del Senado citó al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Mario Farren, para que entregara explicaciones respecto al problema informático sufrido por el Banco de Chile hace unas semanas, dejando en evidencia la poca capacidad que tiene la institución para auditar ataques informáticos. «La Superintendencia se transformó en un vocero del Banco de Chile», señaló el senador Harboe frente la explicación difundida por el ente regulador, que se limitó a replicar la información entregada por el banco, con lo que a juicio del parlamentario se confirma “que no existe una capacidad real de la Superintendencia para poder entender y saber, a ciencia cierta y con información propia, lo ocurrido con el Banco de Chile”. En este sentido, el legislador PPD indicó que resulta evidente que la SBIF requiere mejorar su capacidad técnica. «No es aceptable que el regulador sólo se guíe por la información que le entrega el afectado, el banco en este caso”. Por otro lado, la Comisión de Economía del Senado solicitó a Farren transparentar las inversiones que están llevando los bancos en materia de seguridad e informática, puesto que resulta evidente que hay una carencia al respecto, acordando una próxima citación en la comisión. “Lo más importante acá es asegurarnos que en este proceso de bancarización y digitalización de la economía, los bancos han tomado las medidas para resguardar la seguridad informática para evitar lo ocurrido con el Banco de Chile. Este no es un caso puntual, tenemos una serie de faltas de inversión en esta materia”, señaló Harboe. Santiago de Chile, 7 de junio 2018 Crónica Digital
La tónica de las marchas feministas en Chile mantuvo su línea ascendente en reclamo de derechos para la mujer, con foco crítico en prácticas sexistas en la educación, inequidades y temas de género. Este miércoles fueron decenas de miles las personas que se manifestaron en todo el país austral, pero los actos y desfiles por las calles de Chile cobraron fuerza incluidas tomas a centros universitarios y escuelas. El 1 de junio, durante la Cuenta Pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, un grupo de representantes del movimiento realizó una marcha en Valparaíso, sede del Congreso Nacional. Pero entonces hubo enfrentamientos con la policía de Carabineros y detenidos. Lo contrario en líneas generales de lo ocurrido este miércoles, con cerca de 80 mil personas en tránsito pacífico por la Alameda Bernardo O´Higgins (15 mil según la Intendencia) en un trayecto de alrededor de cuatro kilómetros. Sin embargo, los encapuchados que siempre surgen a la cola de la manifestación intentaron cometer desmanes en bienes públicos y terminaron enfrentados con Carabineros. Una asociación de reciente formación, la Coordinadora Feminista Universitaria (Cofeu), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y organizaciones de estudiantes secundarios fueron las promotoras de la marcha. Otro asunto que ganó fuerza en las protestas se refiere al denominado acoso machista, que deplora además los dichos callejeros, los abusos sexuales y transformaciones que exigen al gobierno en el concepto de género. La administración de Piñera ya hizo la propuesta de una nueva legislación que comprenda casi todos los elementos demandados por las estudiantes, aunque al parecer no satisface totalmente las expectativas. «El Gobierno, con su agenda mujer, no le habla a las mujeres, no le habla a Chile«, aseguraron dirigentes de las entidades convocantes. No nos satisface, pues no se hace cargo de lo que se requiere, dijo a la prensa Francisca Ochoa, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). Según Ochoa, las iniciativas del gobierno resultan insuficientes, porque solo se preocupa «de enseñarnos a las mujeres a denunciar y no a los hombres a no violentar». Santiago de Chile, 7 de junio 2018 Crónica Digital /PL
El diputado del PPD y miembro de la Comisión de DD.HH, Tucapel Jiménez, pidió al gobierno “no seguir mintiéndole a la ciudadanía”, tras la interpelación al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, realizada por la diputada comunista Carmen Hertz, por el retiro del proyecto de ley que entregaba un bono reparatorio a víctimas de violaciones a los derechos humanos. “En la cuenta pública el Presidente dijo claramente que hay que avanzar en verdad, justicia, reparación y reconciliación, y lo primero que hace al asumir su gobierno es retirar un proyecto de reparación. Entonces la verdad es que no hay que seguir mintiéndole a la ciudadanía, yo creo que ellos tienen otras prioridades”, señaló el diputado Jiménez. El parlamentario sostuvo que “por otro lado, ellos dicen que retiraron el proyecto de ley porque no tenía informe financiero, pero es cosa de meterse a la web de la dirección de presupuestos para encontrar ese informe financiero”. “Además, lo que más me llama la atención de todo lo que se dijo, es que el ministro siga insistiendo en algo que dijo la Presidenta de su partido, que las pensiones de los violadores de DD.HH se la han ganado. Debo recordarle a los chilenos que las pensiones de ellos, el 95%, se las paga el Estado, no es una cotización individual como la hacen el resto de los chilenos, y si el trabajo que han hecho ha sido asesinar, torturar, la verdad es que nos debe dar vergüenza como país. Además, hay muchos recibiendo el 50% anexo por la pensión de utilidad de segunda clase, es decir, haciendo un fraude al Estado de Chile”, indicó el legislador. Tucapel Jiménez afirmó que “el gobierno perdió la oportunidad de haber repuesto el proyecto, no lo hizo, y yo creo que en esta materia quedamos en fojas cero nuevamente”. Santiago de Chile, 7 de junio 2018 Crónica Digital
El foco de atención sobre Chile a partir de abusos sexuales cometidos por ministros de la Iglesia católica mantiene su pulso, con la confirmación del retorno de investigadores del Vaticano la próxima semana. Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta y considerado fiscal de la Santa Sede, y el cura español Jordi Bertomeu, regresan después de sus pesquisas aquí en febrero pasado y la elaboración de un informe entregado al papa Francisco. La visita «se realizará en colaboración con la Nunciatura Apostólica en el país entre los días 12 y 19 de junio próximos», indicó en un escueto comunicado el Arzobispado de Santiago. Con el fin de avanzar en el proceso de reparación y sanación de las víctimas de abusos, según ha expresado el Vaticano, la misión se concentra a priori en los trasgresiones sexuales y de poder ejercidas por el defenestrado cura Fernando Karadima. Precisamente, monseñor Scicluna y Bertomeu visitarán la sureña diócesis de Osorno del 14 al 17 de junio, de la cual es aún obispo Juan Barros, denunciado por numerosos testigos como cómplice y encubridor de Karadima en su tiempo. El médico James Hamilton, el periodista Juan Carlos Cruz y el filósofo José Andrés Murillo, víctimas de Karadima, fueron invitados especiales de Su Santidad en mayo pasado, quien los recibió y conversó por separado con cada uno de ellos. Los tres, además de la Asociación Laicos de Osorno, han solicitado insistentemente la salida de Barros de su cargo de obispo. No se conocen detalles del plan que adelantarán en Chile los enviados de Jorge Mario Bergoglio, aunque se espera que vengan con instrucciones precisas y probablemente impulsen la salida de algunos miembros del clero muy cuestionados. La existencia de un plan del papa Francisco con medidas de corto, mediano y largo plazo para «sanear la Iglesia católica» de Chile, agudiza un tenso compás de espera. El presbítero Eduardo de la Fuente, vocero del grupo de sacerdotes chilenos que viajó a Roma invitado por el papa Francisco la semana anterior, se mostró esperanzado en la estrategia que asumirá el Vaticano respecto a los sucesos aquí. De La Fuente, otros cuatro prelados y cuatro laicos, que sufrieron a Karadima, se reunieron con el obispo de Roma el fin de semana en un nuevo intercambio que reflejó el interés que han despertado los escándalos sexuales en Chile. Santiago de Chile, 7 de junio 2018 Crónica Digital /PL
Preocupación generó en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados las denuncias de violencia extrema en contra de estudiantes, durante los desalojos de “tomas” realizados las últimas jornadas. “Más que la palabra o la retórica de los protocolos, lo que importa es la conducta policial en los hechos”, sostuvo la presidenta de la instancia, diputada Carmen Hertz. La sesión de este lunes 4 de junio, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios tuvo como tema central la revisión del violento actuar de las Fuerzas Especiales de Carabineros, tras el desalojo de las tomas que se realizaban en distintos colegios de la región Metropolitana, donde se evidenció el uso excesivo de la violencia, especialmente en el caso del Instituto Nacional y el Liceo Confederación Suiza. En la sesión expusieron el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, la comunidad del Liceo Confederación Suiza, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el general encargado de Orden Público de Carabineros, Eric Garjardo. “Es grave la denuncia que hizo el INDH y el Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y el director del Liceo Confederación Suiza, acerca del ingreso con un uso excesivo de la violencia al interior del IN, considerando que era una comunidad que estaba desarrollándose clase de educación física y lo que hemos visto todos que fue arrastrar y prácticamente desvestir a un muchacho menor de edad”, sostuvo la diputada Hertz. A esto se suma el caso del Liceo Confederación Suiza, donde un menor que se encontraba enyesado fue envuelto por el cuello con un lienzo, lo que provocó que incluso perdiera el conocimiento. “Llega en un estado que los médicos de la ex Posta Central califican de grave. El informe médico califica esas lesiones como graves. El INDH se querelló en este caso y a nosotros nos preocupa el uso de un procedimiento de estas características que francamente se puede calificar como un tormento y un trato cruel”, subrayó la diputada. “Más allá de esta situación actual, hay una denuncia permanente de la actuación policial en el caso de intentar mantener el orden público cuando hay manifestación. Carabineros tendrá que revisar sus protocolos y más que la palabra o la retórica de los protocolos, lo que importa es la conducta policial en los hechos, en el campo como se dice, ahí en el territorio, Carabineros tiene que cambiar su actuar, porque los manifestantes no son enemigos, los manifestantes en nuestra democracia, son justamente eso, manifestantes”, concluyó la presidenta de la Comisión de DD.HH. diputada Carmen Hertz. Santiago de Chile, 5 de junio 2018 Crónica Digital
Ante la contratación de los hermanos Ponce Lerou como asesores del directorio de Soquimich, el jefe de bancada del Partido Comunista, diputado Daniel Núñez, anunció que solicitará la creación de una comisión investigadora que analice el incumplimiento del contrato entre Corfo y la minera no metálica. La semana pasada, el directorio de Soquimich acordó de manera unánime fichar a ambos ex ejecutivos -Julio y Eugenio Ponce Lerou- para que los orienten estratégicamente y compartan oficinas en el mismo edificio corporativo donde funciona la alta gerencia. “Es una vergüenza y una burla que los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou reaparezcan como asesores del directorio de Soquimich. A través de esta artimaña seguirán manteniendo el control de la empresa. Pediremos la creación de una comisión investigadora para que analice el rol de los organismos públicos ante la violación del contrato entre Corfo y Soquimich”, anunció Núñez. El parlamentario explicó que se debe investigar cómo el nuevo contrato entre el organismo público y Soquimich atenta contra los intereses del Estado fijados en la Política Nacional del Litio. Además, agregó, se debe pesquisar de qué manera se está vulnerando el objetivo de que los Ponce Lerou perdieran el control de la minera hasta el año 2030. “Por la vía de los hechos, los hermanos Ponce Lerou se las arreglaron, primero, para designar un directorio de su exclusiva confianza y, segundo, ser en la práctica quienes dicten la política de la empresa. El directorio de Soquimich son puros títeres de los Ponce Lerou, quienes vuelven a la primera línea de la empresa y se burlan de todo Chile y de quienes afirmaban que habían quedado fuera de las decisiones de la firma”, enfatizó el jefe de los diputados comunistas. Según Núñez, Soquimich sigue operando con total impunidad, pese a ser el principal agente corruptor de la política chilena. “El Estado jamás debió haber llegado a acuerdo con una empresa corrupta. Se debió haber terminado con el antiguo contrato y haber abierto el espacio para que el Estado asumiera un rol preponderante en la explotación y comercialización de litio extraído desde el Salar de Atacama. Soquimich sigue operando con total impunidad. Usaremos todas las herramientas disponibles para terminar con el contrato de la vergüenza y recuperar el litio para Chile”, puntualizó Núñez. Santiago de Chile, 5 de junio 2018 Crónica Digital
