Este martes 22 de mayo, el senador Felipe Harboe Bascuñán sostuvo una reunión con la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, para solicitar la inclusión de la región de Ñuble en el proceso de licitación de redes 5G y fibra óptica, situación que será estudiada por la Subsecretaria, quien se comprometió a entregar una respuesta en el mediano plazo. “Queremos que Ñuble sea una región modelo e incorporar a las 21 comunas de la región en la próxima licitación de redes 5G”, manifestó el parlamentario. “Esto permitiría tener cobertura en todas las comunas de la región, una mejor infraestructura de redes para poder usar aplicaciones y, adicionalmente, buscar la posibilidad de facilitar la llegada de empresas para instalar fibra óptica en las capitales provinciales”, indicó el senador. De esta forma, se permitirá ubicar a Ñuble “como la región más tecnológica del centro-sur de Chile”, agregó Harboe, destacando que se trata de la primera región que solicita formalmente la incorporación en la licitación entrante. La semana pasada, la Subsecretaria Gidi dio a conocer a la Comisión de Transportes del Senado la hoja de ruta del Gobierno para implementar la nueva tecnología de redes 5G para internet móvil, proyectando tener definiciones claras al respecto este 2019. Con ello, se espera participar del debut mundial que tendrá dicha tecnología, que tiene como fecha de lanzamiento el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Santiago de Chile, 22 de mayo 2018 Crónica Digital
Nacional
Así concuerdan el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, el decano de Medicina y Ciencia de la U. San Sebastián, Manuel Inostroza y el gerente general de Consalud, en seminario de la U. San Sebastián. Los intentos por modificar el sistema isapres vienen desde hace prácticamente 10 años y no ha sido posible avanzar porque no se logrado el consenso político. Ello pese al trabajo técnico realizado a través de diferentes comisiones presidenciales y que se han traducido en propuestas que no han fructificado. “Han pasado dos gobiernos. Uno con un proyecto que no tuvo viabilidad en el Congreso y otro que no tuvo voluntad política dentro del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Y llegamos al punto en que estamos hoy. Por tanto, yo creo que hoy día es el tiempo de avanzar”, comentó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro. No obstante, para los expertos que participaron en el coloquio “Reforma al Sistema Isapres”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián, la reforma que hay que hacer no sólo involucra al sistema asegurador privado, sino también al público, Fonasa, y eso no se puede hacer de una sola vez, sino por etapas. “Esta reforma debiera hacerse en tres etapas y en tres gobiernos distintos. En la primera etapa partir con la reforma a la Ley de Isapre y, en paralelo, iniciar una reforma paulatina de Fonasa a fin de mejorar su competitividad. Todo esto el segundo semestre de este año. Respecto a los demás cambios de integración, de un fondo de compensación entre Fonasa e isapres quedarán para una segunda o tercera etapa, porque es imposible hacer esa reforma hoy día con la cantidad de desafíos que tenemos como país”, puntualizó Inostroza. Las piedras de tope Por su parte, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic indicó que “existe consenso social, político y técnico para resolver la cautividad, las preexistencias y los problemas de transparencia y los instrumentos para resolverlos también están más o menos claros: mecanismo de compensación de riesgo, en torno a un plan único, pero ahí surgen las diferencias. Yo soy partidario de aumentar la cotización individual en la medida que esto vaya asociado a relevar la carga financiera a las familias. Por ejemplo, entregarle a los seguros la responsabilidad de financiar los medicamentos a sus beneficiarios”. Sobre este mismo punto, el gerente general de Isapre Consalud, Marcelo Dutilh, afirmó que el tema se entrampó porque en la discusión “se dejó de poner el foco en el problema de salud de los 17 millones de chilenos y la mirada se enfrascó en si tener un sistema único de salud o uno con multiseguros, y yo creo que ese no es el problema de fondo”. Santiago de Chile, 22 de mayo 2018 Crónica Digital
Un completo informe sobre los aspectos positivosque es clave aprobaren la actual reforma al Código de Aguas expuso la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, ante la Comisión de Agricultura del Senado. La dirigenta ambientalista hizo un contrapuntoa los planteamientos expresados por la Confederación de Canalistas de Chile y el propio gobierno,que insisten en mantener intocable la propiedad privada perpetua del agua, a pesar de la crisis hídrica, la situación de desabastecimiento de la población rural y el cambio climático. Larraín recordó que el proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados hace 8 años, habiendo sido aprobado ya por dicha corporación en primer trámite constitucional y por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta en segundo. Aclaró que el corazón de la reforma se sustenta en establecerelreconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento; prioridades de uso y protección de las fuentes de agua; y terminar con el acaparamiento y la especulación, todo lo cual debe ser garantizado por el Estado. Estos planteamientos son resistidos por el nuevo gobiernoy el gran empresariado, que demandan la mantención de la propiedad privada a perpetuidad. Al día de hoy la iniciativa establece que los nuevos derechos serían concesiones temporales, a 30 añosprorrogables. Sin embargo, para los ya constituidos la titularidad permanecería para siempre. La iniciativa incorpora dos figuras nuevas: las causales de extinción y decaducidad de los derechos de agua. La primera se aplicará si el titular no hace un uso efectivo del recurso en el plazo de 5 años en el caso de los derechos consuntivos (riego, industria) o de 10 años en el de los no consuntivos (hidroeléctricas). La segunda causal corresponderá a los derechos otorgados que no se inscriban en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, pues esta práctica se ha utilizado como medio para especular con el agua y evadir el pago de patente por no uso. Dentro de los principales aspectos que relevó Sara Larraín en su presentación estuvo que los servicios sanitarios rurales (ex Comités de APRs) podrán acceder a aguas subterráneas desde pozos cavados en terrenos de la organización, de algún integrante de ella o del Estado, e incluso extraer hasta 12 litros por segundo mientras tramitan el permiso definitivo. En términos de priorización del uso de las aguas indicó que el texto hasta ahora aprobado establece que “la autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas”. De esta forma podrá el Estado constituir reservas con las aguas disponibles, superficiales o subterráneas, con el fin de asegurar estas funciones sociales y ambientales. Enfatizó que la reforma avanza también en el establecimiento de una discriminación positiva para sectores que proveen agua para consumo humano de subsistencia,comunidades agrícolas e indígenas,y pequeños campesinos. Todos ellos estarán exentos de la aplicación del caudal ecológico y del pago de patentes por no uso, además de las causales de caducidad por no inscripción de los derechos de agua otorgados. También se establece este último régimen de protección para los recursos hídricos con fines de conservación enáreas […]
Todos los obispos de Chile pusieron a disposición del papa Francisco sus respectivos cargos, pero el asunto de los abusos sexuales tiene muchas aristas y se mantiene hoy como tema de actualidad. Las primeras repercusiones de los tres días de reuniones esta semana de Su Santidad con los jerarcas de la Iglesia Católica son de satisfacción y expectativa, en particular de víctimas de actos de pederastia y abusos en Chile. Representantes de personas que sufrieron desmanes de ministros de la iglesia en la congregación Hermanos Maristas valoraron el pronunciamiento, aunque algunos exigieron que «se haga una total transformación» de la Conferencia Episcopal. Por su parte, Juan Carlos Cruz, periodista residente en Estados Unidos y quien estuvo en Roma invitado por Francisco, dijo que los obispos chilenos nunca prestaron atención debida a las denuncias de abusos sexuales de sacerdotes. «Los que más han hecho daño y los que más nos han hecho sufrir y fregarnos la vida han sido ellos (los obispos)», opinó Cruz, quien junto a James Hamilton y José Andrés Murillo estuvo en el Vaticano hace 10 días. En un mea culpa no muy bien recibido por la comunidad de personas directamente afectadas, el arzobispo de Santiago, el cardenal italiano Ricardo Ezzati, aseguró a la prensa que no sabía de la destrucción de documentos eclesiales. Se refería así a la denuncia de Francisco subrayada en el documento que trascendió en los medios y que el papa les entregó el martes en la capital italiana. «Con su cercanía y claridad (de Jorge Bergoglio), nos ha hablado y nos ha invitado a discernir sobre los acontecimientos que la Iglesia de Chile ha vivido a lo largo de los últimos 45 a 50 años», apuntó Ezzati. Reconoció asimismo que los abusos cometidos son un tema que «nos aflige y avergüenza, que lamentablemente tiene como protagonistas a algunos ministros de la Iglesia en el ámbito del abuso de poder, de conciencia y en el abuso sexual». En cualquier caso, la herida abierta se antoja ahora más profunda de lo que incluso las víctimas más visibles calcularon. El diario La Tercera tituló hoy, en un exhaustivo análisis del problema, «La Iglesia católica de Chile en shock» y comentó que la semana fue compleja. «El papa criticaba. Los obispos escuchaban. Y el mundo miraba inquisidor», anotó el cotidiano. En otra revelación sin precedentes, un sacerdote de Rancagua, en el centro de Chile, admitió haber tenido conductas sexuales impropias al enviar a una mujer de su parroquia fotografías en las que aparecía desnudo. La denuncia corrió a cargo de Elisa Fernández, una feligresa de la parroquia de la localidad de Paredones, quien denunció al cura Luis Rubio por remitirle fotografías sin ropa a través de las redes sociales en septiembre. Todos estos hechos explotaron a raíz de la visita en enero a Chile del papa Francisco, quien en un principio defendió al obispo Juan Barros, acusado de encubrir los abusos del ahora defenestrado párroco Fernando Karadima y hasta haberlos contemplado. La reacción de los chilenos tuvo tal alcance, que el pontífice cambió de criterio y envió […]
Diputadas de la Bancada del PPD-PRO, encabezadas por Cristina Girardi -con el respaldo de parlamentarias del PC, PS y del Frente Amplio- anunciaron la realización de una Sesión Especial para “tratar la grave problemática que ha salido a la luz pública a partir de las recientes manifestaciones protagonizadas por estudiantes y organizaciones de mujeres para terminar con los tratos vejatorios, acosos y abusos, y analizar la falta de protocolos que aborden los casos de abuso y acoso en universidades. Así como la discriminación hacia las mujeres para que puedan acceder a altos cargos en las empresas y en las instituciones de educación superior”. Para ello, se citará al Ministro de Educación, Gerardo Varela, y a la Ministra de la Mujer, Isabel Plá. Además, se solicitará el acuerdo de los Comités Parlamentarios para autorizar el ingreso, durante dicha sesión a la Sala de Sesiones, del señor Presidente del CRUCH y del Presidente y Vocero de la CONFECH. “Vamos a convocar a una Sesión Especial para discutir en este hemiciclo este tema del acoso, porque incluso el ministro es prisionero del machismo como muchos otros en este país cuando habla de “las pequeñas humillaciones”, y claramente nosotros tenemos que empezar, de verdad, ponerle límites a este tema”, indicó la diputada Girardi. La parlamentaria, además anunció que las comisiones de educación del Senado y de la Cámara van a unirse para hacer una gran sesión de audiencia pública, “para escuchar a las mujeres que son acosadas y escuchar a las instituciones que de verdad quieren hacer algo respecto a este tema, y también a aquellas que no saben cómo hacerlo”. Por su parte, la diputada Carolina Marzán, señaló que una Sesión Especial “me parece que es necesaria, urgente, porque le otorga la importancia real y concreta que todos sabemos tiene este tema. Basta de abusos, basta de acoso, y basta que las personas que son víctimas de este tipo de vejámenes se estén escondiendo, porque en pleno siglo XXI se sigue apuntando con el dedo a las víctimas, cuando lo que tenemos que hacer es un cambio cultural, educacional, y que esta acción que es tan naturalizada se erradique”. Finalmente, la diputada Andrea Parra sostuvo que “es muy importante para nosotros como la bancada con el mayor porcentaje de mujeres de la Cámara tener esta Sesión Especial que nos permita tratar a fondo los temas del acoso, creo que más allá de los protocolos, más allá de la protesta que hoy día vemos en la ciudadanía, nosotros tenemos que hacer carne esto y por eso la importancia de tratar estos temas con seriedad, con profundidad y darle cuerpo a esta demanda ciudadana que compartimos tan profundamente las mujeres parlamentarias”. Santiago de Chile, 19 de mayo 2018 Crónica Digital
El Gobierno de Chile expresó en un comunicado sus condolencias a Cuba por el trágico accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, que provocó la muerte de más de un centenar de personas. En una nota emitida por la Cancillería, la administración de Sebastián Piñera indicó que se dieron instrucciones a la Cónsul de Chile en La Habana para recoger información de lo ocurrido en la terminal aérea. «Este triste hecho significó la pérdida de más de un centenar de vidas, entre pasajeros y tripulación», apuntó. «El Gobierno de Chile desea expresar, tanto al Gobierno cubano como a las familias y amigos de las víctimas y heridos, sus más sinceras condolencias», precisó. Cuba cumple a partir de hoy duelo oficial tras el trágico accidente aéreo ocurrido la víspera en La Habana, cuando un Boeing 737 arrendado por Cubana de Aviación se precipitó a tierra en el momento del despegue. En el vuelo nacional DMJ 0972, que hacía el recorrido de La Habana a Holguín, viajaban 104 pasajeros, de los cuales cinco eran ciudadanos extranjeros, además de los seis mexicanos integrantes de la tripulación. El resto eran cubanos. Santiago de Chile, 19 de mayo 2018 Crónica Digital /PL
El parlamentario señaló que, “si Biodiversa, empresa filial de Essbío, sigue adelante con su proyecto y amplía su planta de lodos que hoy existe en Cabrero, existe un grave riesgo para las exportaciones de nuestro país”. “Pues en la misma comuna se inauguró hace solo un par de años un multimillonario Centro de Inspección de Fruta, desde el cual esta se envía directamente a Estados Unidos, sin pasar por la aduana”, dijo. “Por lo que si allí llegase a entrar una mosca”, agregó, “podría generar una reacción en cadena, contaminándose miles de toneladas de frutas, lo que sería catastrófico para los exportadores”. “El propio Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, es parte de la Inspección Fitosanitaria del Centro de Inspección de Fruta de Cabrero”, recordó el senador Alejandro Navarro, ante el proyecto de extensión de la planta de encalado de lodos que la empresa Biodiversa, filial de Essbío, posee en la comuna de Cabrero, en el sector de Membrillar, a solo 6.5 kms de la Planta Exportadora. De acuerdo al parlamentario, “en Chile hay siete Sitios de Inspección Fitosanitaria Conjunta, que incluyen al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (Asoex), y al equivalente al SAG de EEUU (USDA-APHIS), perteneciente al Ministerio de Agricultura de dicho país”. “Y estas plantas certificadoras de frutas, permiten enviar sin necesidad de pasar por la aduana, la cosecha de más de 6.000 productores chilenos, representando el 90% de las exportaciones de fruta fresca de nuestro país”, dijo. “Es decir”, continuó, “cada uno de estos Sitios de Inspección es muy relevante para la economía de las regiones, incluso del país. Por ello es que el Presidente de ASOEX, Ronald Bown, se mostró muy preocupado respecto a la ampliación de la polémica planta de lodos en Cabrero, pues significaría un grave riesgo para la Certificadora de Frutas que la Asociación de Exportadores tiene en la comuna, encontrándose a solo 6.5 kilómetros de allí”. “Además, Chile fue declarado libre de la mosca de la fruta el año 1995, siendo el único país del continente americano que ostenta dicha categoría, lo que le permite exportar frutas por US$5.200 millones y a más de 130 naciones anualmente, cada cierto tiempo el Servicio Agrícola y Ganadero activa sus alarmas si aparece un brote del insecto”, recordó. “Y es claro que con una planta que procesaría 127 toneladas de excrementos (que podrían llegar a 150, no estando claro donde se irán a botar, lo que abre otro problema), muy cercana a lugares habitados y al centro certificador de frutas de Cabrero, los riesgos son enormes”, aseguró. Según el senador por la Región del Biobío, “es por ello que junto a los vecinos y el alcalde de Cabrero, Mario Gierke, hemos estado trabajando en soluciones a esta complicada situación, reuniéndonos por ejemplo con el Seremi de Medio Ambiente del Biobío, Mario Delannays, quien se comprometió a estudiar el tema”. “Pues si bien durante este tiempo del año, por las lluvias y el frío el problema parece estar escondido, es en los días calmos y sobretodo cuando empieza el calor, que cientos […]
El diputado René Alinco destacó la aprobación en general -por 99 votos- del proyecto de ley que regula la forma en la cual se pesca la jibia, prohibiendo el sistema de arrastre que predomina en el sector industrial. La propuesta volvió a la Comisión de Pesca para un segundo informe, dado la presentación de indicaciones. “Recuerdo que hace 6 u 8 años atrás, junto al diputado Gabriel Ascencio y otros, presentamos en dos oportunidades un proyecto en contra de la pesca de arrastre, y en ambas perdimos la votación. Pero eran otros tiempos. Afortunadamente la ciencia y los hechos han demostrado que la pesca de arrastre es destructiva y sobreexplota las riquezas de nuestro mar”, afirmó el diputado Alinco. El parlamentario sostuvo que “yo lamento que algunos diputados de gobierno hayan planteado que si este proyecto se aprobaba íbamos a condenar a miles de trabajadores y trabajadoras a la cesantía. Eso es falso y les voy a recordar que cuando discutimos la ley de pesca, esa ley corrupta más conocida como la ley Longueira, los diputados de derecha plantearon en ese momento que si no se aprobaba iban a ir miles de trabajadores a la cesantía. Se aprobó esa ley en diciembre y en enero, con la ley ya aprobada, miles de trabajadores de la industria pesquera en Chile perdieron sus empleos”. “Si se aprueba esta ley que regula la captura de la jibia, vamos a conservar nuestras riquezas naturales y los trabajadores van a seguir teniendo trabajo. La cesantía se va a producir cuando nuestras riquezas no existan en el mar chileno por la pesca de arrastre”, afirmó René Alinco. El legislador sostuvo que “hay que ser autocríticos y reconocer que fue un error que el gobierno anterior no le cambiara ni una coma a la ley Longueira. Creo que tenemos que retomar ese compromiso y acoger el llamado de todos los chilenos a anular esta ley y tener una nueva ley de pesca”. Finalmente, el parlamentario llamó a la unidad a “los trabajadores del mar”. “Si los trabajadores del mar están divididos, los únicos que ganan son las siete familias que tienen el mar en su poder por 40 años. La aprobación de esta iniciativa en la Sala es el inicio para terminar de una vez por todas con la pesca de arrastre en nuestro país, e insisto una vez más, Chile debe decirle que no a la pesca de arrastre y tenemos que decirle que si a la creación del Ministerio del Mar”. Santiago de Chile, 19 de mayo 2018 Crónica Digital
Mauro Tamayo entregó un requerimiento a la Dirección del Trabajo a raíz del dictamen que impediría celebrar los convenios celebrados en beneficio de los funcionarios del área de la salud de su comuna. Acompañado por dirigentes, vecinos del sector y el Director de la Corporación Municipal, el alcalde de la Municipalidad de Cerro Navia, Mauro Tamayo, llegó a la Dirección del Trabajo solicitando respuestas al dictamen emitido en marzo de este año que declara ilegal las suscripciones de protocolos de acuerdo con los dirigentes de la salud. Dicho dictamen nace en respuesta a la solicitud del alcalde de Conchalí, René de la Vega, y sus efectos se hacen extensivos a todas las corporaciones municipales, motivo que dejaría sin efecto la posibilidad de continuar las negociaciones con los funcionarios de la salud municipal. El alcalde Tamayo explicó que actualmente “hay una movilización importante en nuestra comuna que impide la buena atención de nuestros vecinos, por lo que esta acción tiene por finalidad poder mantener los beneficios de nuestros trabajadores”. “No obstante, si hay un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, no nos vamos a quedar en silencio. Queremos respuestas, pero bajo la ley”, añadió el jefe comunal. Sobre el oficio, la Dirección del Trabajo informó que “no resulta procedente jurídicamente la suscripción de protocolos de acuerdo entre el Secretario General de una Corporación Municipal de derecho privado y las asociaciones de funcionarios respecto del otorgamiento de beneficios no contemplados por la Ley N° 19.378”. Santiago de Chile, 19 de mayo 2018 Crónica Digital
El especialista en seguridad y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, señala que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), que arrojó la victimización más alta en los últimos cuatro años, también da cuenta que más de un 60% de las víctimas no efectúan la denuncia porque creen que el sistema de justicia criminal no logrará solucionar su problema. “Si uno analiza las causas de que no se realice la denuncia, se debe a que muchas personas ya tuvieron la experiencia de haber sido víctimas en otra oportunidad, hicieron la denuncia y nunca se aclararon los hechos”, afirma. La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2017 (Enusc) reveló que la victimización en el país creció 0,7% en comparación a 2016, llegando a 28%. Se trata del mayor porcentaje desde 2013, cuando el índice alcanzó un 24,8%. Según el sondeo, los hogares que fueron víctimas de la delincuencia fueron 236.316 más que en 2013, por lo que delitos de mayor connotación social anotaron un aumento de 1.019.895. Para el especialista en seguridad pública y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, esta alza contrasta con el bajo número de denuncias que se realizan y revela que las personas, pese a ser víctimas de un delito, no acuden al sistema de justicia criminal –fiscalía, tribunales y policías- porque no tienen confianza en que vaya a solucionarles su problema. “De toda la gente que ha sido víctima de un delito, solo un 38,5% declara haber hecho efectiva la denuncia en 2017, un punto porcentual menos que en 2016”, afirma. “Si uno analiza las causas de que no se realice la denuncia, se debe a que muchas personas ya tuvieron la experiencia de haber sido víctimas en otra oportunidad, hicieron la denuncia y nunca se aclararon los hechos”, sostiene. Además, el especialista también apunta al fraude en Carabineros, que habría impactado en la valoración de la ciudadanía hacia la institución policial. “En la principal policía del país se han descubierto desfalcos, apropiación indebida de dineros públicos… Eso hace que las personas pierdan confianza en la institución policial y desistan de hacer la denuncia”, considera. Por otra parte, el académico critica que el presupuesto en materia de prevención del delito se haya reducido significativamente desde 2014, en que se contaba con alrededor de $50 mil millones para estas labores, a los $23 mil millones actuales. Complementar STOP con la Enusc Finalmente, señala que los datos de la Enusc son valiosos para comprender el panorama de la delincuencia en el país. Sin embargo, plantea que sería deseable contar con un sondeo similar, pero realizado de manera trimestral y por comunas, a fin de contrastar estas cifras con las denuncias que transparente el nuevo Sistema Táctico de Operación Policial (STOP). La nueva plataforma propiciará reuniones cada 30 días para evaluar el trabajo de Carabineros, por lo que el experto considera necesario complementar dicha evaluación, ya que solo una fracción de las personas que son víctima de […]
