El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, designó hoy a los 35 ministros que integrarán su eecutivo a partir de la primera quincena de marzo. El futuro mandatario, líder de la coalición Chile Vamos, hizo un llamado a la unidad y a promover calores como «la libertad, el progreso y la justicia». El también empresario dio un voto de confianza a la experiencia y cercanía política de los integrantes de su gabinete, y sobre de los que fueron miembros del Consejo de Ministros durante su primer gobierno (2010-2014). De los 35 nombres anunciados, la mayoría son militantes de esa entidad política que agrupa a partidos de centro, centroderecha y derecha, y más de la mitad trabajó en el primer gobierno del exjefe de Estado. Entre los ministros destacan algunas figuras con cargos de responsabilidad en los partidos que respaldan a Piñera, como Pablo Terrazas, secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que será el subsecretario de Minería. En el Ministerio de Defensa el ministro nombrado fue Cristian de la Maza, un vicealmirante retirado de la Armada; y la cartera de Hacienda la dirigirá el abogado Francisco Moreno, que en el anterior gobierno de Piñera fungió como coordinador legislativo de ese mismo ministerio. Sebastian Piñera resultó elegido como presidente de la nación austral con el 54,58 por ciento de los votos válidamente emitidos en la segunda vuelta presidencial el 17 de diciembre de 2017, para convertirse en el octavo jefe de Estado chileno en ser elegido por segunda vez. Santiago de Chile, 22  de febrero 2018 Crónica Digital /PL

Cuatro meses llevaría viviendo sobre sus heces y orinas en una celda de aislamiento del Penal Colina II el interno D.A.B.B. que padecería un extendido episodio psiquiátrico de paranoia y respecto de quien el Instituto Nacional de Derechos Humanos –INDH- presentó un recurso de amparo para proteger su seguridad individual. Según consta en el escrito del INDH fueron los propios internos del penal quienes alertaron sobre el estado de D.A.B.B. a los observadores/as del Instituto, cuando estos realizaban una visita ordinaria para constatar las condiciones del penal. D.A.B.B. requeriría internación y tratamiento siquiátrico, no obstante por la falta de camas que experimenta el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, esto no  ha podido llevarse cabo. Sin embargo Gendarmería tampoco habría dispuesto las medidas necesarias para otorgarle un tratamiento médico que permita enfrentar la paranoia que padece. El interno pasaría la totalidad del día en la oscuridad, debido a que además de estar en aislamiento, la celda que habita no tiene electricidad. Cabe señalar que quienes ocupan este tipo de celdas permanecen alrededor de 23 horas diarias encerrados, sin ventanas y sólo con un pequeño orificio en la puerta que los comunica con el exterior. Indulto presidencial Un enfrentamiento entre internos del penal de Alto Hospicio ocurrido en octubre de 2017 dejó a uno de ellos de iniciales J.D.B.A. herido en su corazón por un arma corto punzante, lo que le produjo múltiples paros cardiorrespiratorios que finalmente lo dejaron en un  estado vegetativo irreversible. A raíz de lo anterior, la sede Regional del INDH de Tarapacá inició las tramitaciones pertinentes para que el interno J.D.B.A. fuese beneficiario de un indulto presidencial respecto de su condena, gestión que culminó con éxito dado que la Presidenta Michelle Bachelet le otorgó dicho beneficio el pasado lunes 19 de febrero. El estado de salud del interno y la gestión realizada por el INDH ante a la Comisión Medica Preventiva de Invalidez (COMPIN) fueron fundamentales para acreditar la discapacidad del interno, quien ya fue retirado del penal por su familia. Santiago de Chile, 22 de febrero 2018 Crónica Digital

A partir de la próxima semana, el Consejo para la Transparencia comenzará a despachar un documento que recalca los deberes que en materia de probidad, lobby, declaración de intereses y fideicomiso ciego deben cumplir quienes se integren al nuevo Gobierno.   A pocas semanas del cambio de Gobierno y considerando los sucesivos nombramientos que por estos días está concretando el presidente electo, Sebastián Piñera, el Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció que a partir de la próxima semana comenzará a despacharle una “cartilla” a las autoridades entrantes para recalcar sus obligaciones en materia de probidad y transparencia. La idea es que a través de este documento, quienes ocuparán un cargo público tengan presente las obligaciones —así como las multas y sanciones asociadas— que deben cumplir en relación a lobby, fideicomiso ciego y declaraciones de intereses, entre otras normas. “Las autoridades recién nombradas deben cumplir una serie de obligaciones en materia de transparencia y probidad apenas asuman sus cargos (…) son elementos complejos que requieren mucha carga y por eso es importante que las tengan claras apenas lleguen a cumplir sus funciones“, explicó en entrevista con 24 Horas el presidente del CPLT, Marcelo Drago, detallando que más que los deberes consignados en el documento, las autoridades también deben apegarse de manera irrestricta a la ética y los principios de probidad administrativa. Por ejemplo, en materia de transparencia, la cartilla especifica que las autoridades deben dar respuesta a las solicitudes de información en un plazo máximo de 20 días hábiles, arriesgando sino, la suspensión de su cargo por un tiempo limitado. En relación al lobby, el documento enfatiza la obligación de crear y mantener los registros de su agenda pública —es decir viajes, reuniones y donativos recibidos— actualizados y publicados en Internet para la ciudadanía. Lo mismo corre con las declaraciones de intereses y patrimonio, ya que las autoridades especificadas por la ley, deberán realizar una declaración dentro de los 30 días siguientes al haber asumido sus cargos y según sea el caso, tendrán que constituir un fideicomiso ciego o enajenar o renunciar a su participación en ciertas sociedades. “Afortunadamente nuestro sistema de declaraciones de intereses y patrimonio es de alto estándar. Es bueno que las autoridades se preparen, porque esas declaraciones serán públicas y estarán a disposición de todos los ciudadanos en nuestro sitio InfoProbidad.cl. Con ello, las personas podrán comprobar si un patrimonio determinado proviene de fuentes legítimas o fue fruto de un abuso de poder”, agregó Drago. El documento de catorce páginas ya fue remitido a los 23 nuevos ministros nombrados por Piñera y será enviado también, a los 35 nuevos subsecretarios, intendentes, gobernadores y seremis. Regulación de Protección de Datos Considerando la popularización de aplicaciones que recopilan información privada en Facebook, el Presidente del CPLT también realizó un llamado para avanzar en materia de protección de datos personales, ya que la legislación vigente en nuestro país data de 1999, mucho antes de la masificación de las redes sociales y otras aplicaciones tecnológicas. “Chile está en la era del hielo en […]

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El parlamentario Rodrigo González, señala que la carta de René Alinco a la Presidenta Michelle Bachelet es un llamado de atención para que el Gobierno no termine dejando sin solución ni medidas la crisis en el Alto Mando de Carabineros. Por lo mismo, «es imperativa la salida de Villalobos y urge una limpieza en el Alto mando de Carabineros», preciso el Diputado González.  El presidente de la Comisión de Educación, señala que debe realizarse una limpieza de fondo que no deje en la impunidad el defalco de más de 26000 millones y la falta de credibilidad que se ha extendido a la institución por la indolencia y tal vez complicidad en la falta de medidas de su alta Dirección. Carabineros es una noble institución ,valorada por la ciudadanía, donde sus efectivos se exponen día a día frente a la delincuencia y en la protección de los más débiles en barrios y comunas. No se merece la Dirección que ha tenido y el daño infringido a la confianza pública por la red de corrupción que se instaló en sus niveles directivos. Por lo mismo, es imprescindible actuar ahora. Por las razones expuestas, el Presidente del PPD como nuestra Bancada deben tener un pronunciamiento y acoger el valiente llamado de el diputado electo René Alinco. CARTA DE ALINCO Señora Presidenta de Chile Michelle Bachelet Jería Presente Por todas y todos es sabido el bochornoso año que ha tenido la institucionalidad de Carabineros de Chile; primero, por el gigantesco fraude de más de 26 mil millones de pesos al Estado, dineros que fueron sustraídos de las arcas fiscales por delincuentes infiltrados en el alto mando; segundo, por el escándalo de la implantación de pruebas en el marco de la «Operación Huracán» y; tercero, porque en medio de todo este revuelo, el Director General de la institución, el general Bruno Villalobos, se va de vacaciones a EEUU, dejando claro a la ciudadanía –incluyéndola a usted- que en estas condiciones, el alto mando de Carabineros hace lo que quiere. Por cierto, Presidenta, el pueblo chileno sabe que la autonomía mal entendida de Carabineros se arrastra desde los tiempos de la dictadura; sin embargo, usted es la mayor autoridad política del país para terminar con la indisciplina y saqueo institucional. Está en sus manos cortar el tema de raíz. No deben existir funcionarios públicos de primera y segunda clase, ni menos debe el Gobierno amparar la existencia de funcionarios intocables en instituciones uniformadas. Independiente del rol que cumplen las instituciones encargadas de investigar, usted está dando una lamentable señal política. El fuero, silencio y privilegios del alto mando de Carabineros es insostenible, antidemocrático e injusto para las y los ciudadanos. Mi respeto a todos los carabineros honrados que denuncian los intentos de soborno, que arriesgan sus vidas en desastres naturales y están en la calle en el día a día haciendo la pega, muchos de ellos lejos de sus familias. Presidenta, la ciudadanía no se confunde, la corrupción no ha chorreado a toda la institución, sino que […]

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizará su visita oficial número 22, la última de su mandato de cuatro años que expira el 11 de marzo, cuando entregará el poder a Sebastián Piñera. Será Japón el destino de la mandataria hacia donde partió Bachelet esta madrugada en el avión especial de la Fuerza Aérea de Chile, con una escala técnica en Estados Unidos. Uno de los momentos más relevantes de la estancia de la dignataria en la Tierra del Sol Naciente será el traslado el sábado a la ciudad de Nagasaki, en la isla de Kyushu, donde visitará el Memorial de la Paz y de la Bomba Atómica. Será la ocasión para que la jefa de Estado pronuncie un discurso consagrado al desarme nuclear y la posición de Chile respecto a este tema, todavía en discusión en foros internacionales. Una cierta carga de simbolismo rodeará a la visita al Palacio Imperial del Tokio, donde será recibida el lunes próximo por el emperador Akihito, quien abdicará al trono el 30 de abril de 2019, según anunció oficialmente. El pasado año, los príncipes Akishino y su esposa Kiko realizaron una visita de 10 días a Chile para celebrar el 120 aniversario de los nexos diplomáticos. Son dos países con estrechos lazos de colaboración, incluida la preparación y seguridad ante desastres naturales, en particular terremotos y tsunamis, dos fenómenos que tienen bastante incidencia en Chile y Japón. Pero antes, Bachelet sostendrá reuniones con las autoridades de la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros de Japón, para luego dialogar con el primer ministro, Shinzo Abe el viernes 23 de febrero. Chile será escenario el 8 de marzo venidero de la ceremonia de adopción del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), bautizado como TPP-11 después de la salida de Estados Unidos. Precisamente el TPP será asunto prioritario en las pláticas entre Bachelet y Abe, por la coincidencia de que fue Tokio la urbe donde finalmente los 11 países convinieron suscribir el convenio. Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú y Singapur son los involucrados en el nuevo tratado. La gobernante tiene además previstas otra actividades, entre ellas un desayuno con empresarios japoneses con inversiones en Chile y que pertenecen a los sectores agrícola, minero y tecnológico. Los lazos bilaterales son amplios y abarcan exención de visados para los ciudadanos de los dos países, y un programa denominado Working Holiday, que permite a personas entre 18 y 30 años acceder a trabajos y conocer los respectivos territorios. Con 120 años de relaciones diplomáticas, Chile y Japón negociaron un Acuerdo de Asociación Económica Estratégica (AAE) que entró en vigor en septiembre de 2007. El intercambio comercial con Tokio durante el año 2016 sumó siete mil 138 millones de dólares, con una balanza favorable a Chile. Por Fausto Triana Santiago de Chile, 21 de febrero 2018 Crónica Digital /PL

 Entrevistado por el programa Sin Tacos ni Corbata de Radio U. de Santiago, el experto en transporte urbano Rodrigo Martin, sostiene que el aumento en el valor del pasaje del Transantiago que entró en vigencia ayer, responde a un esquema de cálculo del precio del servicio donde se pondera, exclusivamente, la rentabilidad económica de las empresas privadas que operan el transporte capitalino. ·         “Debiera subsidiarse a los sectores más necesitados, lo que podría generar señales de equidad para ir en contra de esta medida que por lo pareja, resulta injusta”, precisó. Este lunes se efectuó un alza de $20 en el precio del pasaje del Transantiago, lo que sigue  generando diversas muestras  de rechazo a la  medida por parte de los usuarios. De esta manera, el costo de los buses aumentó hasta los $660, mientras que el Metro llegará hasta los $760 en horario punta. Aunque la decisión fue informada este viernes, la determinación ya había sido tomada en diciembre del año pasado, según consta en las actas de las reuniones del Panel de Expertos, instancia que calcula estos valores. Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Rodrigo Martin, esta alza es “natural” en un sistema concesionado de licitación operada por privados, donde lo primordial es asegurar la rentabilidad del negocio para las empresas involucradas, sin tomar en cuenta el beneficio para los usuarios. “Los avances que podríamos tener requieren una visión más cuidadosa y con una filosofía de base diferente respecto a lo que es el derecho al transporte en la ciudad”, sostuvo en conversación con el programa Sin Tacos ni Corbata de Radio U. de Santiago. Según explica el  también subdirector del “Smart City Lab Santiago” del plantel estatal, el Panel de Expertos calcula el valor del pasaje solo en base a criterios como los costos de operación –es decir, los insumos que requieren las máquinas- o los niveles de evasión que alcanza el sistema en un determinado momento, pero no en caso que los buses se ajusten a las necesidades de las personas o, incluso, si todos pueden pagarlo. “El 10% más pobre de Santiago gasta un porcentaje cercano al 20% de su ingreso familiar en transporte”, ejemplifica.   Principio de equidad “Uno de los objetivos deseables, si nos comparamos con otros países”, continúa el especialista, “es que el decil más pobre gaste en el rango del 10% de su ingreso en transporte. Ese podría ser un objetivo de definición de precios, un valor razonable para los grupos socioeconómicos más desposeídos, pero lo estamos haciendo al revés. Estamos asegurando que el negocio de una empresa privada funcione y lo que paga la gente es una consecuencia, no un objetivo”. Por eso, plantea que el sistema debiera considerar la intervención estatal para que la definición de precios contemple un principio de equidad, ya que no todos los grupos socioeconómicos se ven igualmente presionados frente a un mismo valor. “Hay que avanzar hacia líneas controladas por el Estado, subsidiadas en lugares específicos. No digo que se subsidie […]

En el caso de una falda gris, talla 42-44, de similar composición textil, el precio mínimo fue de $3.990 en la multitienda Dijon, mientras que el valor máximo ascendió a $18.990 en tiendas Hites y Ripley. El análisis detecto, además, diferencias de 260,5% en un pantalón gris, con presillas, talla 12, similar composición textil, cuyo valor mínimo se encontró en supermercado Lider a $4.990, mientras que su valor más alto fue en la multitienda Ripley a $17.990. En relación a los útiles escolares, los productos que registraron las mayores diferencias fueron: los marcadores, punta redonda, de 12 colores surtidos y marca Artel con un 156,8% y el cuaderno college, matemáticas 5mm, 80 hojas, diseño más económico y marca Proarte con un 148,1%. En la lista de útiles completa, los cuadernos representan el 26,7% del precio total. Con el propósito de orientar e informar a los padres y apoderados en la compra de los uniformes y útiles escolares, el SERNAC realizó estudio de precios de este tipo de productos en diversos locales comerciales, que consideró los precios al contado de uniformes escolares en 15 establecimientos: 9 multitiendas y 6 supermercados, distribuidos en los 5 sectores del área Metropolitana. En el caso de los útiles escolares, se analizaron los precios de 39 establecimientos, entre supermercados, librerías e importadoras. El Director Nacional (S) del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que este estudio detectó –como en años anteriores– importantes diferencias de precios tanto en uniformes como en útiles escolares. Por ello la autoridad realizó un llamado a cotizar antes de comprar y a adquirir los productos en el comercio establecido pues, sólo de esta manera, los consumidores podrán exigir sus derechos y no arriesgar a sus hijas e hijos con productos inseguros. “Guarde su boleta para ejercer su derecho a garantía legal por si el producto sale malo. Si es así, recuerde que puede cambiarlo, repararlo o recuperar lo pagado dentro de los 3 primeros meses desde la compra”. Santiago de Chile, 20 de febrero 2018 Crónica Digital / SERNAC.CL

Entrevistado por  el programa Sin Pretexto de Radio U. de  Santiago, el abogado Luis Bobadilla, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, remarcó que “tiene que haber una cirugía mucho más profunda en Carabineros, pues es necesario que los servicios de inteligencia de la Institución se replanteen por completo”. Cuatro funcionarios de Carabineros fueron desvinculados de la Institución la semana pasada por su eventual responsabilidad en los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y filtraciones; así como violación de secreto y sabotaje informático, en el marco de las pesquisas realizadas durante la llamada ‘Operación Huracán’. Sin embargo, para el secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, abogado Luis Bobadilla, estas desvinculaciones “no sirven”. Entrevistado por el programa de análisis de coyuntura Sin Pretexto de  Radio U. de Santiago, el jurista fundamentó su postura ya que, a su juicio, “tiene que haber una cirugía mucho más profunda, pues es necesario que los servicios de inteligencia de la Institución se replanteen por completo, y que se revise cómo funciona su relación o comunicación con el Ministerio Público”. En la misma línea, el abogado Bobadilla estima que la investigación que debe llevar adelante el Juzgado de Garantía de Temuco, es una oportunidad para acotar las funciones que cumple la Institución policial, dejando la tarea investigativa en manos de la Policía de Investigaciones, fundamentalmente. “No es posible que una institución destinada a la prevención del delito termine abarcando todo el espectro del trabajo policial”, advirtió. Sistema Procesal Penal  Para el académico de la Facultad de Derecho de la  estatal U. de Santiago, otra de las lecciones que deja el caso es que el Ministerio Público no puede seguir descansando solo en la confianza generada por las pruebas que aporta Carabineros. En este sentido, sugiere que se modifiquen algunos protocolos contemplados en el Sistema Procesal Penal. “El Ministerio Público está dependiendo fuertemente de lo que las policías aportan, de manera que el sistema empieza a tambalear cuando hay problemas con la entrega informativa. No hay que olvidar que es un sistema que se construye en base a las confianzas y si falla un eslabón, el sistema en su conjunto se viene abajo”, enfatizó. Replantear la ANI  Finalmente, el abogado Bobadilla señala que también se debe replantear la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para que se constituya en un órgano que, efectivamente, coordine la labor de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Su visión crítica de  esta  instancia  va  más allá y concluye: “La ANI me parece una institución sumamente poco seria. Cuenta con un equipo muy reducido, no tiene agentes de campo ni informantes y se nutre, básicamente, de lo que las policías le aportan”. Santiago de Chile, 20 de febrero 2018 Crónica Digital / usach.cl

Entrevista con el dirigente del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Gas, Patricio Tapia Patricio Tapia Gómez, dirigente del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Gas, fue uno de quienes condujeron los 21 días de la huelga del Sindicato de Trabajadores de Gasco GLP (Gas Licuado del Petróleo), desde el 19 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018. Huelga histórica porque fue la primera realizada en los 161 años de existencia que tiene la empresa. El movimiento fue gatillado porque la compañía únicamente les ofreció el reajuste del Índice de Precios al Consumidor, IPC, o inflación, que siempre es un reajuste retrasado, no actualizado y menos proyectado. En concreto, el reajuste del IPC para los asalariados ya viene devaluado. En consecuencia, la votación a favor de la huelga fue prácticamente unánime. Por si fuera poco, la huelga estuvo enmarcada por la contingencia de las elecciones presidenciales donde, más allá de la abstención superior porcentualmente en comparación con las personas habilitadas para sufragar, ganó la denominada “derecha dura” en la figura de Sebastián Piñera. Al respecto, el dueño de Gasco, Matías Pérez, fue uno de los empresarios que aportó pecuniariamente a la candidatura presidencial del aliado ultraderechista de Piñera, José Antonio Kast Rist, de origen y educación alemana, pangermánico y pinochetista declarado. Pero eso no es todo. El asesor legal de la compañía fue el ex Subsecretario del Trabajo de la dictadura cívico-militar durante los años 1983-84, el abogado Ricardo Canales Undurraga; y el gerente de Recursos Humanos, Carlos Wulf Le May, fue funcionario de confianza del primer gobierno de Piñera. Es una redundancia imaginar el sentimiento de superioridad e impunidad de la empresa frente a los trabajadores y al propio Estado y sus instituciones. Es fácil en Chile ver cómo madura “el huevo de la serpiente” a través de su transparente cascarón. “Con la huelga no sólo mantuvimos las conquistas adquiridas, sino que las incrementamos” Con la movilización, “Subimos beneficios sociales que la empresa quería borrar del anterior contrato colectivo, como por ejemplo, la indemnización a todo evento (en Chile cuando se despide a un trabajador, como tope legal, se le cancelan sólo 11 sueldos, uno por año, aunque haya laborado 20 años); el descuento del seguro de cesantía; gratificaciones; y lo más grave, buscó bajar el piso de la negociación. Pero con la huelga no sólo mantuvimos las conquistas adquiridas, sino que las incrementamos. Aumentamos los sueldos base, colacion y movilización, bonos anuales, etc.”, señaló Patricio Tapia, y añadió que, “La huelga que realizamos en Gasco GLP fue muy dura. Allí votamos la huelga porque, entre otras cosas, la firma nos ofreció la mitad de lo que les ofreció a los representantes de los sindicatos que aceptaron mansamente negociar de manera no reglada. Estoy hablando de los dirigentes de los sindicatos pro empresa. A los trabajadores asociados a esos sindicatos, les quitaron derechos. Fue lamentable.”. El viejo conflicto entre lo público y lo privado -En el país, menos del 15 % de la fuerza de trabajo […]

La Subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, suscribió esta mañana convenios de colaboración con los rectores de los nuevos Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales de las regiones de Coquimbo y Los Lagos, Manuel Farías y Carlos Silva, respectivamente. Dichos acuerdos tienen dos objetivos centrales, donde el primero es establecer el marco para el trabajo conjunto entre dichas instituciones, con el fin de apoyar, en la educación técnica de nivel superior, la instalación de aprendizajes sobre seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. El segundo objetivo es el desarrollar iniciativas colaborativas de extensión y vinculación con el medio, orientadas a la comunidad y que permitan socializar la temática de la previsión social en cuanto a deberes y derechos.  “Para nosotros es importante que quienes se formen técnicamente tengan una base sólida de conocimientos relativos a la seguridad social y a la seguridad y salud en el trabajo, además de las redes de protección que los van a cubrir en determinadas contingencias”, dijo la Subsecretaria Jara. Con ello aludió, por ejemplo, al seguro de cesantía, pensiones, licencias, permisos y subsidios por incapacidad laboral ante enfermedades o accidentes. “Estas materias van a ser incorporadas dentro de las mallas curriculares para que, en el proceso de formación, los estudiantes de los CFT adquieran estas competencias. Y todo desarrollado según la lógica de entender la seguridad social como un derecho humano”, enfatizó. Los CFT públicos fueron establecidos por la Ley 20.910 que, en el marco de la reforma educacional impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, crea quince casas de estudio técnicas y de carácter público. Entre otros objetivos, estas entidades tienen la tarea de formar técnicos de nivel superior, con énfasis en calidad de la educación y en mejorar la empleabilidad de los educandos a través de la alta calificación, así como contribuir al desarrollo material y social sostenido, sustentable y equitativo de sus respectivas regiones. Carlos Silva, rector del CFT Estatal de Los Lagos, valoró el acuerdo indicando que, como instituciones del Estado, les asiste el deber de ser vehículos de la política pública. “Eso significa que no sólo estamos formando para el presente; además, para el futuro. El futuro es algo que todos construimos y para ello debemos estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo sucede esto? Cuando las instituciones del Estado, como esta Subsecretaría y nuestra institución, se ponen de acuerdo en la forma en que se consigue que las personas adopten las mejores prácticas en previsión social y seguridad y salud laboral”, sostuvo. Por su lado, Manuel Farías, director del CFT Estatal de Coquimbo, manifestó que “este convenio nos permite incorporar el trabajo que ha venido haciendo la Subsecretaría de Previsión Social y sus equipos técnicos para poder ir modelando contenidos esenciales en este ámbito. Estos contenidos han sido, además, discutidos con los mundos empresarial y laboral, de manera que son producto del diálogo social. Eso robustece la formación y la oferta educativa que queremos hacer”. Con todo, mediante los convenios la Subsecretaría se comprometió a colaborar […]

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