La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy una propuesta de los partidos opositores al gobierno de interpelar a la ministra del Interior Carolina Toha por la supuesta incapacidad para frenar la inseguridad en el país. El proyecto fue introducido por la coalición de derecha Chile Vamos y está fundado en 12 puntos, donde se incluye una presunta falta de apoyo al Cuerpo de Carabineros y la ausencia reiterada a las sesiones de la Comisión de Seguridad del Congreso. También le reprochan a la titular el incremento de los delitos de homicidio, violación y robo con violencia que, según estadísticas de Carabineros, se incrementaron en 2022 respecto a años recientes. El texto incluye un «ineficiente destino de recursos públicos en materia de seguridad», no obstante el incremento al presupuesto en este rubro de 4,4 por ciento para 2023 algo no hecho a lo largo del gobierno anterior. Asimismo le critican una eventual «reacción tardía e insuficiente ante incendios forestales»; falta de auxilio a las municipalidades; un retraso en la implementación de la Ley de Armas y el «nulo avance en la reforma a Carabineros». La propuesta de interpelación se aprobó con 55 votos a favor, 41 en contra y seis abstenciones y el acto tendrá lugar el 16 de mayo próximo. Santiago de Chile, 26 de abril 2023 Crónica Digital/PL
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El Congreso chileno aprobó en la semana que concluye hoy varias normativas contra la inseguridad, aunque algunos expertos advirtieron que el flagelo es más profundo y no se resuelve solo con leyes exprés. La noche del miércoles un carabinero fue ultimado a balazos, justo cuando la Cámara de Diputados y el Senado adoptaron una iniciativa que otorgaba más facultades a las fuerzas del orden para utilizar las armas y solo faltaba su promulgación por el presidente. El homicidio del agente conmovió a la sociedad y llevó al mandatario Gabriel Boric a acelerar la puesta en vigor de la controvertida ley Naín-Retamar, bautizada aquí como del gatillo fácil, aunque en su trámite por el organismo legislativo se le hicieron algunas modificaciones. La normativa fue rechazada por defensores humanitarios y víctimas de la violencia, y algunos parlamentarios pretendían recurrir al Tribunal Constitucional, lo cual fue descartado tras la muerte del carabinero Daniel Palma, el tercero que pierde la vida en las últimas semanas. Además de la aprobación de esta y otras leyes, el Gobierno anunció la transferencia de mil 500 millones de dólares para fortalecer el rubro de seguridad y el equipamiento de la policía. También serán intervenidas 30 comunas en todo el país, donde se concentran los delitos más violentos, con el fin de enfrentar la ola de criminalidad. Para la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, es necesario legislar en otras materias que van más allá del uso de la fuerza. “Las leyes efectistas no desvían las balas”, dijo Pérez, y planteó la necesidad de invertir en equipamiento, capacitaciones y procedimientos actualizados para combatir las nuevas formas de delincuencia. Por su parte, la senadora Claudia Pascual lamentó el aprovechamiento político de la derecha de una situación compleja que vive el país y que no parte con los asesinatos de los carabineros Daniel Palma y Rita Olivares. En febrero pasado, la oposición decidió abandonar el diálogo sobre seguridad con el Gobierno, sin embargo, ahora promovió el trámite de leyes de forma exprés y demandó medidas extremas como decretar el estado de excepción en la región Metropolitana. “Responder a situaciones complejas del país pidiendo que todo el mundo termine encerrado en sus casas, no resuelve el problema de fondo”, afirmó la senadora. Para los expertos, poner fin a la inseguridad implica el combate al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y la corrupción; así como la modernización de la policía. Pasa también por un trabajo conjunto con los demás países de la región, según lo declaró esta semana el presidente Boric durante la visita oficial a Chile de su par argentino, Alberto Fernández. “Hoy día las bandas del crimen organizado no respetan fronteras y por lo tanto, es tremendamente relevante que los Estados las combatan, las enfrenten y encarcelen, y eso es lo que estamos haciendo de conjunto con nuestros hermanos argentinos”, dijo el mandatario. Santiago de Chile, 8 de abril 2023 Crónica Digital/PL
El Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense durante la administración de Donald Trump investigó las comunicaciones de al menos dos congresistas federales como parte de una pesquisa sobre asuntos de seguridad nacional, revelaron hoy medios de prensa. De acuerdo con versiones de la agencia Associated Press (AP) y el diario The New York Times, los legisladores afectados eran miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y resultaron sospechosos ante funcionarios federales sobre el caso de filtraciones relacionadas con la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y otros temas. Según dijeron a la AP bajo condición del anonimato un funcionario de dicho panel y dos personas familiarizadas con la indagación, los fiscales del DOJ de Trump solicitaron en 2018 los datos a la compañía Apple. De acuerdo con el Times, finalmente, se compartieron los registros de al menos 12 personas conectadas al panel de inteligencia, incluido el presidente Adam Schiff, que entonces era el principal demócrata en ese grupo y algunos familiares de los legisladores. El representante de California Eric Swalwell fue el segundo miembro en ser espiado por Trump, según la portavoz Natalie Edelstein, pero también se incautaron los registros de ayudantes, exasistentes y familiares, incluido uno que era menor de edad, dijo un funcionario del comité. Una tercera persona dijo que Apple cumplió con la citación, proporcionó los datos al DOJ y no notificó de inmediato a los miembros del Congreso o al comité sobre la divulgación. Si bien las autoridades federales llevan a cabo de forma rutinaria investigaciones de la información filtrada, incluida la inteligencia clasificada, la apertura de una pesquisa de este tipo a miembros del Congreso es extraordinariamente rara, valoró AP. El intento de la administración Trump de obtener acceso en secreto a los datos de miembros individuales del Congreso y otras personas relacionadas con el panel se produjo cuando el mandatario estaba furioso por las investigaciones en el Congreso del entonces fiscal especial Robert Mueller, sobre Rusia, que el exmandatario calificó como una caza de brujas. Mientras las investigaciones giraban a su alrededor, Trump exigió lealtad de un Departamento de Justicia que a menudo consideraba su bufete de abogados personal, acota AP. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, expresó en un comunicado que ‘estas acciones parecen ser otro asalto atroz a nuestra democracia’ por parte del expresidente, pues las noticias sobre la politización del DOJ son desgarradoras. La revelación tiene lugar después de que dicha agencia federal reveló a principios de junio que durante la administración del presidente Trump obtuvo en secreto los registros telefónicos de cuatro reporteros del New York Times. Washington, 11 junio 2021 Crónica Digital/PL
En una expresión más de las protestas que persisten en Chile, miembros de la Mesa de la Unidad Social instalaron un campamento en el centro de esta capital para reclamar avances en el proceso constituyente. El campamento, con decenas de carpas, fue enclavado con carácter indefinido en la Plaza Montt-Varas, entre las sedes del Palacio de Justicia y del antiguo Congreso, y los participantes han convocado a todo el que quiera acercarse hasta allí para expresar sus ideas sobre el establecimiento de una nueva constitución para Chile. Según expresó Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, una de las más de 200 organizaciones que integran la Mesa de Unidad Social, la idea es establecer un punto de deliberación, de debate, de reflexión y de encuentro. Explicó además que habrá un programa de actividades, con invitación a especialistas de distintos temas para que puedan hablar e informar sobre el proceso constituyente. Por su parte, el vocero de la Coordinadora Nacional No más AFP, Luis Mesina, señaló que tras 53 días de manifestaciones la sordera del gobierno obliga a mantener las movilizaciones y todas las formas para que los reclamos sociales sean escuchados. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa; señaló que el gobierno debe dar señales claras y contundentes de que habrá cambios efectivos, pero hasta ahora las medidas anunciadas no responden a eso y la llamada agenda social no se han hecho cargo de las demandas de la ciudadanía. En tanto, Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima), sostuvo que llegarán «hasta las últimas consecuencias para derrotar este modelo de despojo, y ponerlo al servicio del pueblo». Santiago de Chile, 10 de diciembre 2019 Crónica Digital /PL
