El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile acogerá hoy el lanzamiento de una campaña de búsqueda internacional de hijos robados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Según estimados, en ese período más de 20 mil niños fueron arrebatados a sus familias y vendidos en Europa y Estados Unidos a través de adopciones y tráfico. Durante 50 años ningún gobierno se ha preocupado por hallarlos, señaló un comunicado de la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS) y la agencia Cheil Chile, auspiciadoras de la iniciativa. De acuerdo con ambas entidades, la mayoría de los menores robados, que hoy son adultos, no cuentan con fotografías porque fueron secuestrados y comercializados cuando estaban recién nacidos, por lo que su búsqueda ha sido más difícil para sus familiares. Por esta razón la fundación HMS y Cheil Chile crearon desde cero la imagen de cómo serían estos niños en la actualidad, utilizando la genética digital y la inteligencia artificial, dándoles vida virtual para localizarlos en el país donde posiblemente los vendieron. Al lanzamiento de la campaña asistirán víctimas de estas violaciones de los derechos humanos, adoptados chilenos en Suecia, autoridades del Gobierno, de la Cámara de Diputados y el Senado y representantes de la sociedad civil. Santiago de Chile, 1 de marzo 2024 Crónica Digital/PL
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La Corte Suprema de Justicia de Chile condenó a prisión a seis militares y policías por el secuestro y la desaparición de dos militantes del Partido Comunista durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Las víctimas son Raúl Gilberto Montoya, dirigente sindical, detenido el 21 de julio de 1976, y Nicomedes Toro Bravo, obrero de la construcción, arrestado el 28 de julio de ese mismo año, quienes aún se encuentran desaparecidos. Por este crimen la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, en fallo unánime, dictó sentencia condenatoria contra seis agentes del Comando Conjunto, una organización clandestina de inteligencia del régimen pinochetista que persiguió y ejecutó a opositores entre 1975 y 1976. Los sancionados a 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado reiterado son Juan Francisco Saavedra y Raúl González, de la Fuerza Aérea; Daniel Guimpert y Juan Atilio Aravena, de la Marina; y Manuel Muñoz y Ernesto Lobos, de la policía de carabineros. También fue condenado a 10 años de cárcel el exagente Otto Trujillo por los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado, y Viviana Ugarte, a siete años de presidio, en calidad de cómplice. Para el abogado Nelson Caucoto, querellante y representante de los familiares de Nicomedes Toro Bravo, «este fallo constituye un nuevo ladrillo en la construcción del edificio del Nunca Más al que todos aspiramos como sociedad». Lo importante es vencer la impunidad y traer un grado de consuelo para los familiares que han esperado por tantos años que los tribunales de justicia esclarezcan estos hechos tan dramáticos, dijo Caucoto a la prensa. Durante el régimen de Pinochet se registraron en el país más de 40 mil casos de delitos de lesa humanidad, entre ellos tres mil 200 asesinatos y desapariciones. Santiago de Chile, 28 de febrero 2023 Crónica Digital/PL
Además, cerraron los tres principales canales de televisión que emitían en lengua rusa y aumentan las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos por el régimen ucraniano. El gobierno de Ucrania liderado por Volodimir Zelenski anunció este fin de semana la suspensión de la actividad de 11 partidos de la oposición al régimen mientras dure la ley marcial. Esto los inhabilita de participar en el parlamento nacional y las legislaturas regionales. Los únicos partidos que les está permitido mantener su actividad política son el del propio Zelenski, Servidor del Pueblo, y los partidos de derecha y extrema derecha del país. La arremetida contra la oposición afecta a la socialdemocracia, a la izquierda y partidos autonomistas, esto sin considerar que el año 2014 fue ilegalizado durante el régimen de Petró Poroshenko el Partido Comunista de Ucrania, que contaba con 32 diputados y cerca del 14% de los votos. En concreto, los partidos cuya actividad ha sido ilegalizada son Plataforma de Oposición – Por la Vida, el segundo partido más votado en Ucrania -con 43 representantes en la Rada Suprema. El líder de esta colectividad Víktor Mevdevchuk fue detenido en 2021 y puesto bajo arresto domiciliario acusado de «traición». También fueron suspendidos el Partido Sharia, Nuestro, Bloque de Oposición, Oposición de Izquierda, Unión de Fuerzas de Izquierda, Estado, Partido Socialista Progresista de Ucrania, Partido Socialista de Ucrania, Socialistas y Bloque de Vladimir Saldo. «El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ha decidido, dada la guerra a gran escala y los vínculos de algunas estructuras políticas con Rusia, suspender cualquier actividad de una serie de partidos políticos durante el período de la ley marcial», ha señalado Zelenski en un vídeo difundido de madrugada en los canales oficiales del régimen ucraniano. La represión contra políticos opositores ha sido denunciada en diversas ocasiones, sin embargo, a la Unión Europea ni a los gobiernos que apoyan a Zelenski parece importarles. Crónica Digital 21 de marzo de 2022
Este sábado 11 de septiembre se cumplen 48 años del golpe de Estado en Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos conmemorará la fecha con una programación especial. A 48 años del Golpe de Estado y en homenaje a las víctimas, el Museo de la Memoria realizará una serie de actividades online para invitar al público a reflexionar en torno a la memoria, y a asumir un rol más activo en la defensa y promoción de los derechos humanos en el presente. El sábado inicia con Sintoniza con la Memoria, una galería auditiva en tiempo real, que transmite el golpe de estado en Chile minuto a minuto, a través de archivos radiales históricos que son parte de las colecciones del Museo. Este proyecto cuenta con reconocimientos dentro y fuera del país, como el León de Bronce en el Festival Cannes Lion 2019. Sintoniza con la Memoria, que este año se realiza en su cuarta versión, utiliza archivos sonoros que incluyen transmisiones de radio, bandos militares, los últimos discursos de Allende y fragmentos de diálogos radiales entre militares golpistas, que permiten reconstruir los acontecimientos más relevantes de esa jornada. La transmisión se realizará desde las 8.00 hasta las 18.00h a través de la web Sintoniza con la memoria, por las distintas plataformas digitales del museo, y se transmitirá también en la explanada del Museo. A partir de las 19.00h, realizaremos el lanzamiento de Epistolaria de la Memoria, proyecto que reúne las cartas de familiares de mujeres detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas durante la dictadura, escritas en la actualidad. Este año los textos fueron leídos por mujeres de la Red de Actrices de Chile, en un registro que quedará disponible desde el mismo sábado 11 en la plataforma virtual epistolariodelamemoria.cl. En el cierre de la jornada, a través del homenaje Ausencia y Memoria, el Museo realizará el tradicional homenaje a las víctimas de la Dictadura, recordando los rostros de los hombres y mujeres detenidos desaparecidos y ejecutados, que esta vez se realizará en formato virtual a través del Facebook Live y Youtube del Museo, a partir de las 20.30h. Durante la jornada, el Museo estará abierto en su horario habitual, con las limitaciones de aforo que impone la situación de pandemia.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, sometió a proceso al empresario Patricio Altamirano Ortúzar, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los dirigentes sindicales Augusto Andino Alcayaga Aldunate, José Rosa Devia Devia, José Maldonado Fuentes, Miguel Alberto Fernández Cuevas, Juan Dagoberto Fernández y Francisco Flores Flores. Los ilícitos fueron perpetrados en septiembre de 1973, en la comuna de Ñuñoa. En la resolución, el ministro en visita dispuso que se despache orden de aprehensión del procesado, la que deberá ser ejecutada por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Asimismo, debido a la avanzada edad de Altamirano, se ordenó que cumpla la medida cautelar de arresto domiciliario total. En la etapa de investigación de la causa, el ministro De la Barra logró establecer: “El 17 de septiembre de 1973, aproximadamente a las 10:00 horas, en las dependencias de la empresa ‘Elecmetal’, ubicada en Avenida Vicuña Mackenna N°1550, comuna de Ñuñoa, la cual se encontraba en el llamado ‘Cordón Industrial Vicuña Mackenna’, arriban al lugar por un llamado de los ejecutivos de la empresa, personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros, al mando del entonces capitán Fernando Valenzuela Romero, siendo recibidos por quien en ese momento representaba a los dueños de la empresa, el cual los lleva al interior de ésta en busca de seis trabajadores, quienes habían sido dirigentes sindicales y que además tuvieron un rol activo en la toma e intervención de la fábrica ocurrida en octubre de 1972”. Puntualiza: “Los funcionarios proceden a detener a Augusto Andino Alcayaga Aldunate, contador general de la empresa y quien a su vez había ejercido el cargo de presidente del sindicato de empleados, junto a José Rosa Devia Devia, José Maldonado Fuentes, Miguel Alberto Fernández Cuevas, Juan Dagoberto Fernández y Francisco Flores Flores, todos ellos dirigentes del sindicato de obreros, los cuales fueron sacados desde el interior de la empresa –Augusto Alcayaga Aldunate y Juan Fernández Cuevas estaban en las oficinas de la gerencia a las que momentos antes habían sido citados– y subidos a un vehículo policial y a otro que facilitó la misma empresa. Son trasladados a la mencionada Comisaría, para luego entre los días 17 y 18 de septiembre de 1973, ser hallados sus cuerpos en la vía pública (Avenida Macul) con múltiples impactos de bala, algunos de ellos con sus extremidades mutiladas y presentando signos de haber sido torturados, siendo identificados en el Servicio Médico Legal”. La resolución agrega que “los hechos descritos se subsumen en el tipo penal de secuestro calificado cometido” contra las personas indicadas, perpetrado entre los días 17 y 18 de septiembre de 1973. Prosigue: “Si bien por resolución del 31 de mayo último, se sometió a proceso al ex capitán de Carabineros, Fernando Valenzuela Romero, como autor del delito de homicidio calificado de los seis trabajadores aludidos, por ahora no existen antecedentes suficientes que permitan inferir […]
El polémico fallo aprobado la víspera por la Corte Suprema argentina, que declara aplicable una ley para reducir el cómputo de prisión a personas con delitos de lesa humanidad, beneficiaría a unos 750 represores. La medida, que genera hoy el rechazo unánime de varias organizaciones políticas y de derechos humanos, podría posibilitar que esa cantidad de genocidas puedan acogerse a la medida y reclamar su liberación, reflejó el portal Infonews. Muchos de los que cometieron este tipo de crímenes aún no tienen condena firme sobre las causas llevadas adelante en el marco de la búsqueda de memoria, verdad y justicia. La ley, 24.390, conocida como 2×1, podría reducirles la pena y hasta dejar en libertad a partícipes secundarios ‘y no tanto’ de la última dictadura cívico militar (1976-1983), añadió la fuente. La normativa podría beneficiar a quienes recibieron penas menores a 25 años, debido al tiempo que pasaron en la cárcel sin condena firme. Una ola de disgusto e indignación provocó aquí el fallo de la Corte sobre la ley, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y que fue votada por los jueces Elena Highton, Horacio Rosenkrantz y Carlos Rosatti y rechazada por los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La sentencia fue dictada en la causa de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de cárcel por ser ‘coautor del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos’ en cinco casos. ‘Estamos en un país de trastornados’, expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tras calificar la medida como una ‘estafa a la moral social’, una de las tantas voces que se han levantado para expresar su repudio a la aplicación de esta ley. Buenos Aires, 4 de mayo 2017 Crónica Digital /PL
