Tres años después del estallido social en Chile, muchas de las demandas de la ciudadanía siguen hoy sin respuesta, entre ellas el avance hacia una Constitución que sustituya a la vigente desde la época de la dictadura. El 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital un movimiento, impulsado por estudiantes, contra el alza de la tarifa del metro, que posteriormente se extendió por todo el país y demostró el descontento de la población con el modelo neoliberal. Las revueltas de octubre fueron violentamente reprimidas por los Carabineros y fuerzas militares, con saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas. Un informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales señala que de ocho mil 593 causas ingresadas contra agentes del Estado hasta abril de este año, solo 75 fueron formalizadas. Entre estas últimas se encuentran 35 por el delito de apremios ilegítimos, cinco por lesiones graves, 18 por vejaciones injustas y seis por torturas. Las protestas, consideradas las más grandes desde el fin de la dictadura en 1990, abrieron el camino para iniciar un proceso constituyente, pero una propuesta de carta magna elaborada por convencionales electos fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre. El Congreso Nacional dirige en estos momentos las conversaciones con los principales partidos políticos para avanzar hacia un itinerario que conduzca a una nueva carta magna. Hasta ahora parece haber consenso en cuanto a la definición del Estado como unitario y descentralizado, la existencia de tres poderes separados e independientes, el reconocimiento a los pueblos indígenas, el cuidado del medioambiente y el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones. Pero existen diferencias en temas sustanciales como la composición del órgano encargado de redactar la propuesta, el papel de los expertos, los escaños reservados y los plazos del proceso. De hecho, la derecha se negó a sellar un pacto este mes de octubre cuando se cumplen los tres años del estallido. Al recordar el aniversario de aquellos sucesos, el presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que el malestar expresado por el pueblo sigue vigente y afirmó que su Gobierno trabaja para dar soluciones a problemas urgentes como la salud, las pensiones, la seguridad y el costo de la vida. En la presente jornada están convocadas manifestaciones en la bautizada como Plaza de la Dignidad y en otras partes de Santiago, para lo cual las autoridades desplegarán un fuerte dispositivo de seguridad. Esta es la primera conmemoración de estallido bajo el gobierno de Boric, un exlíder estudiantil que participó en la firma del Acuerdo por la Paz Social que dio inicio al proceso constituyente. Santiago de Chile, 18 de octubre 2022 Crónica Digital/PL
Estallido social
En vísperas del tercer aniversario del estallido social, las autoridades chilenas llamaron a la población a conmemorar la fecha de manera pacífica y adoptaron una serie de medidas para garantizar la seguridad durante las manifestaciones. La ministra del Interior, Carolina Tohá, exhortó a quienes prevén realizar protestas el 18 a «no tolerar que se ocupe un derecho legítimo con un fin delictivo». Mientras, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, llamó a no dañar los espacios públicos durante las marchas. Creo que Chile requiere que podamos manifestar nuestras miradas de una manera que no afecte la integridad de otras personas o de nuestros espacios públicos, dijo. El 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital un movimiento, impulsado por estudiantes, contra el alza de la tarifa del metro, que posteriormente se extendió por todo el país y demostró el descontento de la población con las desigualdades sociales y el neoliberalismo. Las protestas de octubre fueron violentamente reprimidas por los Carabineros y fuerzas militares, con saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas. Durante el estallido social se registraron también saqueos a comercios, incendios de establecimientos y ataques a estaciones de metro, entre otros hechos vandálicos. «Es sin dudas una fecha importante para los chilenos, son fechas que se conmemoran, y la tarea del Gobierno es garantizar la tranquilidad y seguridad para las personas, pero también para la actividad económica», señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El funcionario anunció el despliegue de cerca de 25 mil carabineros en distintos lugares del país para -según dijo- de manera preventiva evitar alteraciones del orden público y hechos de violencia. Por otra parte, alcaldes pidieron a los colegios, universidades y al comercio privado facilitar la salida lo más temprano posible a los trabajadores a fin de evitar el colapso del transporte público en horas de la tarde del martes. Santiago de Chile, 18 de octubre 2022 Crónica Digital/PL
La diputada del PC respaldó la labor que realiza la Convención Constitucional. En el marco de una nueva conmemoración delos dos años de la revuelta popular, la diputada comunista Karol Cariola hizo un llamado exigiendo la aprobación de la Ley de Indulto General y la libertad inmediata de las y los presos políticos. Mediante un video compartido por sus redes sociales, la parlamentaria expresó su más férreo apoyo a la labor de la Convención Constitucional, e invita a mantener la esperanza en un Chile digno para todas y todos. «A pesar del constante asedio e intento de boicot contra la Convención Constitucional que algunos sectores han impulsado, vamos a defender la voluntad del pueblo, vamos a defender la conquista popular desde las calles y también desde el Parlamento, necesitamos un Congreso que resguarde la labor de la Convención Constitucional, para que logremos tener una nueva constitución que haga de Chile un país mejor, un país justo e igualitario», manifiesta la parlamentaria representante del Distrito 9 de la Región Metropolitana. Y finaliza señalando que «en este día histórico para el país, te invitamos a creer, a seguir organizándonos con la esperanza intacta, porque la dignidad es ahora».
“Es muy difícil que nos vayamos a la casa y que no hagamos nada», comentó la experta respecto a las pocas garantías que posee la ciudadanía en medio de una pandemia y posterior a una rebelión social. La destacada feminista chilena Kemy Oyarzún, quien es académica de la Universidad de Chile, fundadora del programa feminista de la misma casa de estudios y miembro del comité central del Partido Comunista de Chile, en conversación con Crónica Digital en el espacio “Conversando un café con: nuestra América Morena”, realizó un análisis exhaustivo de la situación que vive el país, en el contexto de la crisis social y posterior crisis pandémica que llegó para acentuar las diferencias de clase y también de género. “Yo creo que es bien importante entender que el Covid-19 en Chile, viene después de dos importantes hechos sociales y políticos: uno es en mayo de 2018, que fue un movimiento feminista que sacudió el país de norte a sur. El otro, que ya lo han sabido, es un estallido, una revuelta o como algunos lo llaman “una revolución”, de octubre del año pasado (2019)”. Comenzó diciendo, refiriéndose en primer lugar, a un revuelo que partió en las universidades pero que desencadenó en manifestaciones de mujeres en forma transversal. Al que posteriormente, se le sumaría un movimiento nacional. Según Oyarzún, algo que para “entonces, el país venía muy conmocionado por los derechos, muy perturbado por la disposición en la que está el Estado, un Estado neoliberal que no garantiza derechos de ningún tipo ni siquiera durante el estallido, los Derechos Humanos, porque fueron violados con las personas que participaban en estas manifestaciones”. El nulo compromiso con los DDHH desde La Moneda y el escenario devastador en el que quedó el país luego de que el presidente considerara que “estamos en guerra”, incluso en un contexto legítimo de protesta, se le agregó una pandemia pocos meses más tarde y que entró al país para acentuar todas las diferencias sociales que se estaban reclamando desde octubre de 2019: “Hoy día estamos muchas, muchos, pero no todos, en cuarentena. Hay una cantidad de quienes que no pueden permitirse quedarse en casa. Las personas tienen que salir a trabajar de alguna manera sino, no comen. De hecho el hambre es gigantesco ya, el hambre ha hecho que hayan masivas protestas desde hace algunas semanas y, por supuesto, nuevamente personas encarceladas”. Bajo el contexto en el que estaba el país y las circunstancias que se han ido dando con la profundización de la crisis sanitaria, la académica cree que “es muy difícil que nos vayamos a la casa y que no hagamos nada (…) entonces el drama es cómo convertimos esta situación negativa, en una situación de transformación que nos ayude a continuar desde el estallido, hacia un Estado que se haga cargo de los derechos sociales, de los Derechos Humanos, de los derechos sexuales y reproductivos. De un pueblo, de una “puebla” digo yo a veces, que esté a la altura y que se […]
El periodista y ex Ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio, en entrevista con Crónica Digital, dio a conocer su análisis crítico en torno a la modo en que el Gobierno ha enfrentado la pandemia del COVID-19, desde su concepción neoliberal asumida como un “dogma religioso”. El también director ejecutivo de la Fundación Progresa sostiene que la pandemia que azota a Chile y el mundo entero ha sobrepasado al Gobierno de Sebastián Piñera, como lo muestra una seguidilla de decisiones que han resultado en la escasa contención de la propagación del virus y la frágil puesta en marcha de acciones para enfrentar sus impactos sociales. “Me parece que esta crisis pandémica ha sido enfrentada por el Gobierno de Sebastián Piñera y la derecha, de la forma más desastrosa que eran capaces de hacerlo. En circunstancias que desde hace por lo menos dos meses, desde la sociedad civil y desde el mundo progresista de izquierda, se venía demandando por adoptar medidas drásticas de prevención y enfrentamiento de la pandemia con una cuarentena total, recién ahora se vino a adoptar una medida que se acerca a ese propósito, en el caso de la capital del país, cuando ya tenemos un cuadro que es absolutamente preocupante en materia de cifras de contagios y decesos”, analizó el periodista. “Entonces, eso es un primer hecho: la tardanza en haber adoptado una medida drástica y fundamentalmente necesaria, que se posterga a un período en que, además, los especialistas señalan que hay mejores condiciones ambientales para que se propague el virus”, añadió. Además de lo señalado, la ausencia de autocrítica por parte de las autoridades gubernamentales se hace evidente: “También parece insólito que el Gobierno culpe a la ciudadanía de no haber colaborado con las medidas de prevención y que ahí está la causa de la propagación del COVID-19. Ello, en circunstancias que todos escuchamos al Gobierno señalar que tenía bajo control el virus y que éramos los mejores del mundo”, indicó. Asimismo, “todos pudimos también constatar cómo se hicieron llamados a que los funcionarios públicos regresaran a sus puestos de trabajo en forma presencial, se habló de una nueva normalidad, que había que restablecer las clases presenciales en el sistema escolar. A ello que también se sumó que un connotado alcalde del oficialismo reabría un mall en medio de aplausos, en una situación que va a pasar a la historia de los acontecimientos patéticos”, condenó Osorio. Los resultados de los llamados a la «normalidad» eran previsibles, indica, y se contrastan con las recientes estadísticas: “Después de que las autoridades señalaron que la situación estaba completamente bajo control e invitaban a restablecer la normalidad de las actividades, era absolutamente concebible que la ciudadanía iba a tender a pensar de que era así y se iban a comportar como que estuviéramos regresando a la normalidad. Ello, con las consecuencias funestas que estamos teniendo”, dijo. CRISIS SANITARIA Y CRISIS SOCIAL Ante una crisis que resulta transversal en diferentes aspectos del tejido colectivo, Osorio evaluó esta situación: “Frente a esta escasamente prolija administración […]
