El estudio distingue cinco situaciones: adopciones irregulares con destino al exterior, adopciones dentro de Chile, hechos relacionados con Colonia Dignidad, víctimas menores de desaparición forzada y embarazadas víctimas de desaparición forzada. • El capítulo detalla que no hay condena en ninguna de las causas que instruye el ministro Jaime Balmaceda, ante quien el INDH interpuso 31 querellas. En nueve de éstas existe sobreseimiento temporal. • Se revela que, si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación estableció los casos de nueve embarazadas víctimas de desaparición forzada, existe un décimo caso: una persona detenida en Argentina. El capítulo 6 del Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aborda el derecho a la identidad y la convivencia familiar ante los secuestros y adopciones irregularidades de niños y niñas en Chile. Se dice que el Estado aún no reconoce como víctimas a los adoptados ilegalmente entre las décadas de 1960 y de 1990, en Chile y el extranjero. Es más, refiere que se está lejos de contribuir a establecer la verdad o lograr reencuentros. En el texto se recuerda que los casos comenzaron a conocerse en 2014 por un reportaje del medio de investigación CIPER. Se formaron organizaciones civiles para la búsqueda de verdad, justicia y reunificación familiar. Y desde 2019 el INDH se querelló por desaparición forzada de niñas y niños ocurridas en hospitales públicos. A partir de fuentes primarias y secundarias, el informe indica cinco contextos y circunstancias de sustracciones: recién nacidos, niños y niñas dados en adopción irregularmente en el extranjero; dados en adopción irregular dentro de Chile; apropiados por jerarcas de Colonia Dignidad; menores víctimas de desaparición forzada en dictadura; y embarazadas víctimas de desaparición forzada en dictadura. Adopciones en el extranjero En lo que toca a los recién nacidos enviados al extranjero la situación puede distinguirse con tres elementos: recintos donde ocurrieron los hechos, profesionales que captaban o elegían a mujeres víctimas; y recursos burocráticos usados para concretar la adopción irregular. A partir de estos factores hay tres vías para la sustracción: desde establecimientos de salud y maternidades; desde hogares de protección a cargo del Estado; y desde los domicilios particulares con fuerza policial e informes sociales desfavorables. La salida al extranjero fue principalmente con dos métodos: entrega de tutela del menor a un tercero por parte del tribunal de menores para que pudiera viajar y así la adopción se hacía bajo las leyes del país adoptante. Y la inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del menor supuestamente fallecido, para que luego los padres adoptivos lo inscribieran como propio en el Estado adoptante, o en su defecto, inscribieran directamente a los padres adoptivos con un certificado de parto falsificado o declaración de dos testigos falsos como padres biológicos. Esto no se habría concretado sin contrapartes en el extranjero que consumara la adopción o la presencia en Chile de agentes de los centros de adopción de otros países, coludidos con agentes del Estado de Chile y particulares para concretar la salida a Suecia, EE.UU., Italia, Bélgica, Perú, Alemania, Holanda, […]
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Declaración Pública Hemos tomado conocimiento de los resultados del Barómetro de la Política CERC – MORI 1987 – 2023, donde se indica que 36% de las personas que fueron consultadas afirma que las Fuerzas Armadas “tenían razón para dar el golpe de Estado”. Es decir, más de un tercio encuentra justificación para el quiebre institucional ocurrido en septiembre de 1973. Contemplamos con preocupación esta respuesta, más aún porque este año se cumplen 50 años de la interrupción de la democracia. Para quienes nacieron después de 1990, nuestro actual sistema republicano puede parecerles uno de tantos con la capacidad de mejorar los índices de bienestar o, peor aún, se les puede presentar como un obstáculo para sus anhelos. Sin embargo, la democracia es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y no existe razón que valide su interrupción. La independencia de los poderes del Estado y el respeto de los derechos humanos encarnan sus pilares fundamentales. No hay otro sistema de gobierno en que las garantías de todas las personas se encuentren mejor resguardadas. Esta cifra que nos entrega el estudio de opinión debe ser tomada por nosotros como una lección. Nos hace presente que podemos estar fallando en transmitir el mensaje adecuado a quienes residen en el país, muy en especial a aquellos que no vivieron cotidianamente la violencia y las vulneraciones que se convirtieron en elementos habituales de la dictadura. Los derechos de las personas enfrentan en el mundo contemporáneo una serie de amenazas. Su protección requiere de condiciones de seguridad, que sólo se pueden consolidar en democracia. No hay razón que justifique apartarse de un camino en el que ya hemos alcanzado logros tan relevantes para el bienestar de todos quienes viven en Chile. Santiago de Chile, 31 de mayo 2023 Crónica Digital/PL
Una rama de la organización delictual se dedicaba a ingresar mujeres y las llevaba al sur de Chile donde les cambiaba sus condiciones de trabajo. El INDH actúa como querellante en esta causa. La Fiscalía de Puerto Montt pedirá la reformalización de Y.A.S.L., H.J.A.R., H.J.A.O., J.C.U.M. y M.J.P.J., todos ciudadanos extranjeros involucrados en una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Actualmente se encuentran en prisión preventiva, luego de ser formalizados a fines de marzo, como parte de un grupo que pertenecería al Tren de Aragua y que se dedicaba a ingresar a mujeres por pasos no habilitados al país, trasladarlas al sur y ahí obligarlas a ejercer la prostitución. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante en esta causa y pedirá al Juzgado de Garantía de Puerto Montt la ampliación de su querella para incluir a las nuevas víctimas que incorporará la Fiscalía en su reformalización. Las nuevas víctimas —entre seis y ocho mujeres— se sumarán así a las ya consideradas en la querella del INDH, que menciona a seis personas (de 18 a 25 años de edad), que entre septiembre y noviembre de 2021 fueron obligadas a prostituirse bajo las condiciones impuestas por la red. El jefe regional de Los Lagos del INDH, Mauricio Maya, señaló que “consideramos que la trata de personas es un delito muy grave que atenta contra la integridad física y síquica, y la dignidad de las personas. Es lo más cercano a una forma de esclavitud moderna y debe ser erradicada, para eso actuamos como Instituto”, dijo. De acuerdo con la indagación del Ministerio Público, desde agosto del 2021 hasta marzo pasado, cuando se registraron las detenciones, los integrantes de la red cumplían roles para perpetrar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Así obtuvieron importantes ganancias desde su centro de operaciones ubicado en Puerto Montt. El modus operandi de la organización consiste en captar jóvenes venezolanas dentro de Chile, Colombia y/o Venezuela, ofreciéndoles acogida en el país, para luego cobrarles por ingresarlas clandestinamente y explotarlas sexualmente, restringiendo su libertad de diversas formas. Santiago de Chile, 29 de julio 2022 Crónica Digital
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado , Gastón Saavedra, afirmó que «la renuncia de Sergio Micco era previsible, debido a la pérdida de confianza por parte de los consejeros del Instituto» y llamó al organismo a «definir con urgencia un nuevo director». Según dijo el senador PS, «Lo importante hoy es nombrar luego un reemplazante para seguir cautelando los DD.HH. en Chile. Aquí hay que salvaguardar la institución». «Lógicamente que un organismo tan importante debe tener un mínimo de cohesión y si sus consejeros no creen en su director este debe dar un paso al costado. No podemos tener a una de las principales instituciones dedicadas a defender los derechos de las personas, con vaivenes y disputas internas», dijo Saavedra. Sobre este punto el Presidente de la Comisión del Senado anunció que pedirá al INDH que «informe sobre los hechos que llevaron a la renuncia del Señor Micco y cuando podrían tener un nuevo director», concluyó Gastón Saavedra. Santiago de Chile, 13 de julio 2022 Crónica Digital
Estudiantes ocuparon hoy la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en esta capital, exigiendo la libertad de los presos de la revuelta popular que estalló en octubre de 2019. Los jóvenes, integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), también reclamaron la liberación de detenidos del pueblo mapuche. Voceros de esa organización declararon a medios de prensa que ocuparon las dependencias del INDH porque esa entidad no se han pronunciado con suficiente fuerza sobre las violaciones de los derechos humanos en el país. Los estudiantes colocaron carteles y telas en la reja exterior del edificio, en los cuales reclamaron justicia para las personas que se mantienen en prisión preventiva y sin un debido proceso, muchas de las cuales llevan más de un año en esa condición. La AES planteó en un comunicado que esa situación «es una realidad que el Gobierno y las instituciones ocultan, pero que ellos mismos ocasionaron y perpetuaron creando leyes que tenían por objetivo criminalizar la protesta social». Añadió que esas leyes «hoy mantienen a cientos de luchadores sociales encarcelados incluso por más un año y medio sin juicio ni pruebas concluyentes más que los testimonios de carabineros y la PDI (Policía de Investigaciones)». Asimismo los estudiantes secundarios llamaron a «mantenernos en alerta y disposición de movilizarnos», hasta conquistar en las calles los derechos y la libertad de los presos políticos que se manifestaron contra el sistema durante el estallido social. Precisamente, este jueves los integrantes de la Convención que redactará la nueva Constitución de Chile, debaten en su sede en el exCongreso Nacional, una declaración sobre el tema. Igualmente, en comisiones del Senado avanza en medio de fuerte controversia una propuesta de indulto a esos presos. El Gobierno mantiene una negativa total a abordar este asunto alegando que se trata de personas que cometieron actos delictivos y que han sido sancionadas por los tribunales. Santiago de Chile, 8 de julio 2021 Crónica Digital/PL
Una carta abierta a la Convención Constitucional, solicitando que junto con crear el Defensor del Pueblo se otorgue rango constitucional al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), modifique su actual estatuto legal que regula la composición y forma de integración de su Consejo, puesto que en su condición de órgano máximo de la Institución “ha facilitado el incumplimiento de su mandato legal instituido en la Ley 20.405, particularmente en el marco de la revuelta social, período en el que se han violado en forma grave, masiva y sistemática los derechos humanos en nuestro país”. En la misiva, a la que también suscribe una treintena de organizaciones de derechos humanos y sociales, se explica que el actual proceso que vive Chile, gracias a las multitudinarias movilizaciones sociales ocurridas a partir de Octubre de 2019, “constituyen una oportunidad propicia para que la Nueva Constitución tenga como marco referencial obligatorio a los derechos humanos que se encuentran consagrados en los distintos tratados internacionales sobre la materia que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado por lo que tienen un carácter vinculante”. “Al mismo tiempo, corresponderá reformular la actual institucionalidad de derechos humanos que contemple organismos dotados de la suficiente autonomía y legitimidad, que le permitan proteger debidamente a los habitantes de nuestro país frente a eventuales vulneraciones de sus derechos humanos por parte de los diversos órganos y Poderes del Estado”. La carta agrega que el incumplimiento del mandato legal del INDH por parte de su Consejo, se ha expresado a través de la relativización de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos producidas por agentes del Estado que realizó a través de su Director, Sergio Micco, al afirmar en entrevista en programa Mesa Central de Canal 13, el día 3 de noviembre de 2019 que «No hay violación sistemática de los DDHH» en Chile” (…) “quien diga acá que se coordinaron Carabineros, el ejército, el ministro del interior, la presidencia de la república, el ministerio de justicia, para violar sistemáticamente los derechos humanos, esa es una afirmación gravísima que se tiene que probar”. “Esas afirmaciones las hacía a pesar que a esa fecha, el INDH ya había presentado 166 querellas, de las cuales 142, eran por torturas”, indica la misiva”, precisa el texto. El incumplimiento de su mandato se expresa además en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha hecho abandono de sus funciones, toda vez que no ha accionado judicialmente en todas las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos y lo que es más grave aún, no considerando su propia legislación, atribuciones y mandato. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público de Chile, en el informe de fecha 28 de enero de 2021, en el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 al 31de marzo de 2020, el INDH sólo se querelló por un total de 2.864 de dichos casos, o lo que es lo mismo, se corrobora que el INDH, no accionó judicialmente en 3.704 causas por violaciones a los […]
El diputado Boris Barrera expresó su preocupación por el conflicto que enfrentan 50 funcionarios/as del INDH que desde el 7 de junio se mantienen en paro indefinido en demanda del término de la discrecionalidad administrativa, el maltrato laboral y el reforzamiento de los equipos para cumplir con las labores que les exige la ley. La situación ha escalado a otro nivel luego que el organismo cerrara las puertas a las negociaciones con las y los dirigentes de la Asociación Nacional ,(ANDEDH) desde que se conoció la decisión del director del INDH, Sergio Micco, de cambiar los criterios sobre las cifras de las víctimas de trauma ocular. El legislador se reunió este viernes con los representantes de los trabajadores/as, Luis Guerrero, presidente de la Asociación, Mauricio Carrasco, secretario y Selene Aguilera, tesorera, con quienes analizó el complejo escenario que viven los/as trabajadores/as y el organismo desde que asumió Micco. Barrera indicó que la gestión del personero ha llevado al fin de la independencia y autonomía del INDH, tomando en cuenta que el mandato del organismo es cautelar los actos de violaciones a los DDHH que cometen los agentes del Estado, situación que no está cumpliendo. El legislador instó a retomar el diálogo con las y los funcionarios y abordar las demandas y las preocupaciones de estos, como el alto grado de desconfianza con los equipos institucionales, la llegada de personas externas sin ser sometidas a un proceso de selección y la superación de los límites presupuestarios contemplados por ley, concretamente relacionado con los gastos en el gabinete. Durante la semana, el diputado Barrera pidió a la Comisión de DDHH de la cámara que cite a Micco para que exponga sobre los criterios que ha impuesto en el organismo y espera que también los trabajadores/as, puedan entregar su visión sobre el conflicto. Santiago de Chile, 19 de junio 2021 Crónica Digital
La falta de ayudas del gobierno de Chile a víctimas de la represión durante la revuelta popular de octubre de 2019 fue criticada por Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Micco valoró un reciente anuncio del presidente Sebastián Piñera de crear una fiscalía especializada en derechos humanos, pero advirtió que esa medida es a mediano y largo plazo mientras que las víctimas necesitan ayuda inmediata. En entrevista al diario digital El Mostrador, puntualizó que esa entidad pidió financiamiento para abogados, psicólogos y trabajadores sociales que trabajen con las víctimas. Al respecto subrayó que la propuesta de la fiscalía de derechos humanos «son anuncios, y nosotros no hemos recibido lo que son las propuestas concretas». En relación con el reiterado tema sobre el número de víctimas de la represión, señaló que el INDH no cuenta con una cifra clara de las personas privadas de libertad por acusaciones o delitos cometidos durante la crisis social». Pero denunció que «un tercio de la población penal está bajo la custodia del Estado en condiciones deplorables y no se ha emitido sentencia sobre sus casos». Recordó que el INDH presentó dos mil 917 querellas por violaciones a los derechos humanos, pero hasta el momento solo una tuvo sentencia, y aseguró que el problema es más grave porque «más del 60 por ciento de esas personas jamás han prestado declaración». Para Micco resultan necesarias medidas de corto plazo para dar respuesta a todas esas denuncias pendientes, incluyendo el reforzamiento de la labor de los fiscales de dedicación exclusiva, para que lleguen a las víctimas que todavía no han podido declarar. Añadió que lo mismo ocurre con la labor del Servicio Médico Legal, pues a esa entidad corresponde dar los resultados de 645 querellas presentadas por el INDH, que siguen sin respuesta debido a que han priorizado las muertes ocasionadas por la pandemia de Covid-19. Santiago de Chile, 5 de junio 2021 Crónica Digital/PL
En 2016 un 75% de las marchas observadas por el Instituto Nacional de Derechos (INDH) culminó con acciones represivas por parte de Carabineros de Chile; mismo año que se registró una disminución del uso de gases lacrimógenos de un 88 % en 2015 a un 62,5 % en 2016; también se vieron denuncias de golpes con resultado de lesiones y desnudamientos a personas detenidas; y el uso de armas no letales y letales en el contexto del conflicto del Estado y el pueblo mapuche. Todo lo anterior, forma parte del Informe Programa de Derechos Humanos, Función Policial y Orden Público 2016, realizado por el INDH y que en su quinta edición da cuenta del seguimiento al actuar de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en el marco de manifestaciones sociales, de personas bajo custodia policial, de desalojos forzosos y de grupos vulnerables. Además de la respuesta estatal ante posibles casos de violaciones de derechos. Respecto de este último punto el Instituto determinó las responsabilidades políticas del Estado en el actuar policial, concluyendo que faltan respuestas por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de algunas situaciones, por ejemplo un incumplimiento en la actualización de las cifras de controles preventivos de identidad efectuados trimestralmente (Ley Corta Antidelincuencia). En la misma línea, se detectó una falta de sistematización de los datos entregados por parte de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, e incongruencias en informaciones solicitadas al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensoría Penal Pública. Informe Es así como el INDH constató que en las manifestaciones públicas hay una falta de focalización en el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Especiales, repercutiendo su actuación en algunas ocasiones en más del 50% de las personas asistentes. Asimismo, se observó que el 43% de las manifestaciones culminan con heridos. Respecto de personas que se encuentran bajo la custodia policial se reveló una ausencia de constatación de lesiones de quienes son detenidos, privaciones de libertad arbitrarias, y malos tratos físicos y psicológicos. Este mismo informe también da cuenta de la función policial y de su relación con grupos vulnerables, por ejemplo con el pueblo mapuche. En este ámbito informa sobre la existencia de numerosos casos de violencia cometidos en el contexto del conflicto del Estado con el pueblo mapuche que han afectado a comuneros/as y también a personal de Carabineros de Chile, y el uso de armas no letales y letales que ocasionaron daños en la integridad física y psíquica de las personas. En relación con esto último, según el INDH, existe una ausencia de control interno en el uso de este armamento y en el cumplimiento de estándares internacionales que regulan esta materia. En términos del trabajo de carabineros en el contexto de desalojo de personas, en algunos casos, como campamentos, se constató que sus protocolos resultan insuficientes para delimitar su accionar. En los prácticos el INDH dice que el uso de la fuerza aplicado no ha respetado los principios de necesidad y […]
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pide terminar con la discriminación que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Al jubilar, las chilenas culminan toda una vida de discriminaciones y sesgos en el trabajo asalariado y doméstico, en la salud, la política y la cultura. Es la amarga guinda de una torta en cuya elaboración no participaron y que las discrimina de comienzo a fin. La pensión de vejez promedio de una mujer es de 100 mil pesos (menos que el salario mínimo), mientras que la de un hombre es de 157 mil pesos, según datos de la Superintendencia de Previsión Social de 2016. Esto da un 37% de diferencia, brecha que ha ido escalando sin pausa cada año, y que significa que, aunque ambos tengan ingresos por debajo del salario mínimo, las mujeres sean mucho más perjudicadas. El 59% de ellas tiene pensiones bajo la línea de la pobreza, mientras en los hombres es el 26%. La preocupación por las graves consecuencias de esta discriminación que afecta los derechos humanos de las mujeres está presente en el Informe Anual 2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que llama tanto al Estado como a los legisladores a terminar con las brechas salariales y previsionales entre mujeres y hombres. Tablas arbitrarias Las mujeres tienen menos cotizaciones previsionales por dedicarse a labores domésticas y de cuidado no remuneradas, empleos precarios y vidas laborales interrumpidas. Pero, además, para calcular las pensiones, el sistema usa tablas de mortalidad construidas en base a la expectativa de vida a la edad de jubilar, lo que nuevamente las desfavorece. Aunque existen diversos factores que alteran la esperanza de vida entre una persona y otra (lugar de residencia, ocupación, nivel socioeconómico), estas tablas de las AFP, aprobadas por la Superintendencia de Pensiones, omiten estas diferencias, utilizándolas como un factor único basado en promedios, considerando únicamente el sexo del afiliado, dice el informe del INDH. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Los sistemas de pensiones no son neutros a otras desigualdades entre hombres y mujeres en Chile, como la brecha salarial. Durante 2016, las mujeres recibieron un 31,7% menos de ingresos de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “Las brechas salariales entre hombres y mujeres se producen indistintamente de la actividad económica en que se desempeñen las mujeres, la categoría ocupacional donde se insertan, o los cargos y empleos a los que acceden”, dice Marcia Tijero, de la Unidad de Estudios del INDH. “Los hombres ganan más que las mujeres para cualquier nivel de educación, en cualquier tipo de empleo y tanto en firmas grandes como pequeñas”, agrega. En efecto, las mujeres con estudios de postgrado reciben en promedio un 36,8% menos de ingreso que los hombres con el mismo nivel educativo, brecha que ha ido en aumento desde 2011. Este punto es relevante, pues implica que frente a elementos objetivos que tenderían a mejorar las condiciones laborales de una persona, el factor discriminación es capaz de imponerse por sobre cualquier otra consideración. Y todo esto ocurre pesar […]
