La parlamentaria, pidió en sala un informe a la mesa de la Cámara de Diputados con el detalle de lo entregado y solicitado por Segpres para la instalación de la Convención Constituyente, así como denunció que el Parlamento ofreció apoyo técnico al gobierno respecto al trabajo telemático, que la máxima autoridad desestimó. La diputada y jefa de Bancada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda lamentó el “vergonzoso espectáculo que hemos visto dada la ineficiencia del gobierno para la instalación como corresponde de la Convención Constitucional”, denunciando el desinterés de la autoridad para considerar los aportes de la Cámara de Diputados en cuanto a trabajo telemático e instalación técnica, e hizo un llamado al ministro de la Segpres, Juan José Ossa, a renunciar “por dignidad”. Al respecto, la parlamentaria señaló que “nos causa una tremenda desazón y malestar la fallida instalación de la Convención Constitucional, debido a los muchos problemas en la implementación que hemos visto, por lo que hemos pedido un informe a la mesa Cámara para transparentar todo el proceso, haciendo valer nuestra función fiscalizadora. Desde chequear en qué condiciones se entregó la parte del edificio que nos correspondió, la implementación de los computadores o del sistema que en ese minuto estaban funcionando y posteriormente esto no ocurre. Así como se informe por escrito las negativas del gobierno a aceptar los apoyos técnicos y sobre todo en temas de trabajo telemático que se ofrecieron”. “Recordar que tras la aprobación de la reforma constitucional que permitió hacer realidad esta Convención Constitucional, le entregamos todas las facultades al Presidente de la República, es él el responsable que ésta funcione o no funcione desde el punto de vista no del contenido, pero sí de la implementación. Es él el principal responsable y quien entrega esto a la Secretaría General de la Presidencia. Pero, además, queremos dejar en claro que nosotros como Cámara de Diputados hemos entregado toda la disposición técnica y la expertice que hoy día se tiene en el trabajo telemático, tras estar más de una año y medio en pandemia, con 150 diputados y diputadas en donde podríamos, sin duda, haber entregado toda experiencia en la implementación de esta Convención Constitucional. Pero lamentablemente, el gobierno no quiso que este Congreso fuera cooperador, el gobierno excluyó la experiencia del Congreso para poder llevar a cabo en forma rápida y expedita la implementación”. Sepúlveda agregó, “esperamos un informe completo de parte de la Mesa de la Cámara de Diputados, pero también esperamos un informe completo de parte del ministro Ossa, en relación a esta implementación que  por ley, por la Constitución, la primera responsabilidad la tiene el Presidente de la República y después, por su defecto, el Ministro”. Finalmente, consultada por las voces que ya se levantan en tonor a una Acusación Constitucional en contra del ministro Ossa, la parlamentaria fue enfática en recalcar que “ojalá el ministro no nos haga perder el tiempo en acusaciones constitucionales, y por dignidad renuncie ahora ya”, concluyó. Santiago de Chile, 6 de julio 2021 Crónica Digital

Al menos dos muertos, varios heridos, autos incendiados y decenas de afectados por gases lacrimógenos lanzados por la policía, es el saldo hoy de la represión durante la semana contra las movilizaciones populares en Colombia.   A pesar de que el Comité Nacional de Paro decidió interrumpir las actividades periódicas iniciadas el 28 de abril ante la negativa del gobierno de Iván Duque de aprobar un preacuerdo para garantizar las manifestaciones pacíficas, diferentes sectores mantienen en las calles, caminos rurales y espacios públicos la protesta social. Con la consigna ‘El Paro no Para’, Cali sigue siendo el epicentro de las manifestaciones y esta semana miles volvieron a las calles, pese a la decisión de este colectivo, impulsor del paro. El Comité, no obstante, anunció un nuevo plan, el cual establece la elaboración de proyectos de Ley sobre asuntos contenidos en el pliego de peticiones que entregará al Congreso y así continuar la lucha emprendida en octubre de 2019, y retomada este 28 de abril contra las políticas neoliberales del gobierno de Duque. Más de 40 días ininterrumpidos de movilizaciones y represión policial, puso a Colombia en la mira de colectivos de derechos humanos en el mundo. Denuncian prácticas policiales contra jóvenes en ciudad de Colombia La organización no gubernamental Temblores registró entre el 28 de abril y el 16 de junio, cuatro mil 285 casos de violencia policial, 43 homicidios, 70 víctimas de agresión a sus ojos, 215 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía, y 28 víctimas de violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos. Este viernes, la Corte Constitucional de Colombia ordenó enviar el caso contra el capitán Manuel Cubillos por el asesinato de Dilan Cruz a la justicia ordinaria, por lo cual no será juzgado por un tribunal militar. Dilan Cruz Medina fue un estudiante de bachillerato de 18 años que el 23 de noviembre de 2019, mientras protestaba por acceso a la educación, fue alcanzado por un proyectil disparado por Cubillos, capitán del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El joven convaleció durante dos días y luego murió en el hospital San Ignacio de esta capital, tras entrar en estado crítico. LOGROS DEL PARO NACIONAL De acuerdo con el senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social Feliciano valencia, en 47 días el paro nacional logró frenar la reforma tributaria y la reforma de Salud, y propició la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de la canciller Claudia Blum y del comandante de la Policía de Cali, Juan Carlos Rodríguez. Asimismo, permitió impedir la compra de 24 aviones de guerra por una millonaria suma y acabar con las alocuciones diarias del programa Prevención y Acción, en el cual el presidente del país, Iván Duque, aparecía cada día para tratar temas relacionados con la Covid-19. Valencia añadió que se logró la matrícula gratuita del segundo semestre de este año para los estudiantes de educación superior pública de los estratos más bajos. Logró posicionar la necesidad de una reforma estructural en la Policía […]

El comportamiento de los alcaldes y alcaldesas, ha sido tema por estos días para la periodista de la Pontificia Universidad Católica (PUC) Alejandra Matus: desde valorar los esfuerzos de las autoridades locales, hasta momentos de tensión y crítica en vivo por televisión. La comunicadora ha dado mucho tema para la palestra durante la crisis pandémica. Ello desde que, mediante datos que solicitó a través de la Ley de Transparencia al Registro Civil, acusó al Ministerio de Salud de la existencia de un subregistro de muertes causadas por Covid-19. A partir de entonces, ha sido solicitada en distintos medios de comunicación para profundizar y conversar de dicho asunto. En ese contexto, Matus vivió un momento controvertido en el matinal de Canal 13 “Bienvenidos”, emitido el lunes 13 de junio. Ello, al criticar el lenguaje despectivo de la edil de Providencia Evelyn Matthei.  La alcaldesa utilizó la palabra “flaite” para tildar el comportamiento de un grupo de personas que golpeaba a otra. En el acto, Matus entregó su visión como comunicadora y representante del mundo periodístico diciendo que “la semántica es muy importante, han habido muchos estudios de cómo la TV ayuda a estigmatizar ciertos sectores de la población, precisamente con apelativos como ‘flaite’”, argumentó.  La exsenadora acusó de censura, sin embargo la crítica de la periodista se fundó en la relevancia del uso del lenguaje en los medios de comunicación.  Sin embargo, el comportamiento de Matthei no ha sido el único reproche de la escritora. En una conversación con Crónica Digital, Matus sostuvo que: “También he visto algunos alcaldes que, de una manera, de modo irresponsable me parece, han usado la pandemia para ganar minutos en pantalla y hacer cosas que yo creo que ofenden a la dignidad de los chilenos, de las personas que realmente lo están pasando mal”.  En ese sentido, Alejandra Matus ejemplificó: “como el acto de Joaquín Lavín, de ir a encerrarse a una residencia sanitaria, cuando estos recursos están para personas que realmente no tienen condiciones en su casa para hacer aislamiento”. Algo que efectivamente ocurrió el pasado 9 de junio cuando el alcalde de Las Condes se grabó, por un lado contando su situación de aislamiento y, por otro, exhibiendo la residencia donde decidió hacer cuarentena preventiva. Esto último, a través del matinal “Bienvenidos” de Canal 13. No obstante, no todo es negativo para la investigadora pues reconoce que “los alcaldes, las autoridades locales, han jugado un rol muy importante de contrapeso de la autoridad. Lamentablemente en Chile, en un sistema presidencialista como como el que tenemos, la labor de los alcaldes está limitada, no tienen facultades para, por ejemplo, decretar cuarentena contra la voluntad del presidente o del ejecutivo. Es limitado lo que pueden hacer y me parece que han hecho bien en levantar la voz”. Además, comentó: “Yo creo que la honestidad de las autoridades es lo que la gente valora”. Finalmente, la periodista concluyó que “hay de todo, pero en general, me parece que los alcaldes han sido una voz positiva”. Dichos […]

“Es muy difícil que nos vayamos a la casa y que no hagamos nada», comentó la experta respecto a las pocas garantías que posee la ciudadanía en medio de una pandemia y posterior a una rebelión social. La destacada feminista chilena Kemy Oyarzún, quien es académica de la Universidad de Chile, fundadora del programa feminista de la misma casa de estudios y miembro del comité central del Partido Comunista de Chile, en conversación con Crónica Digital en el espacio “Conversando un café con: nuestra América Morena”, realizó un análisis exhaustivo de la situación que vive el país, en el contexto de la crisis social y posterior crisis pandémica que llegó para acentuar las diferencias de clase y también de género.  “Yo creo que es bien importante entender que el Covid-19 en Chile, viene después de dos importantes hechos sociales y políticos: uno es en mayo de 2018, que fue un movimiento feminista que sacudió el país de norte a sur. El otro, que ya lo han sabido, es un estallido, una revuelta o como algunos lo llaman “una revolución”, de octubre del año pasado (2019)”. Comenzó diciendo, refiriéndose en primer lugar, a un revuelo que partió en las universidades pero que desencadenó en manifestaciones de mujeres en forma transversal. Al que posteriormente, se le sumaría un movimiento nacional. Según Oyarzún, algo que para “entonces, el país venía muy conmocionado por los derechos, muy perturbado por la disposición en la que está el Estado, un Estado neoliberal que no garantiza derechos de ningún tipo ni siquiera durante el estallido, los Derechos Humanos, porque fueron violados con las personas que participaban en estas manifestaciones”.  El nulo compromiso con los DDHH desde La Moneda y el escenario devastador en el que quedó el país luego de que el presidente considerara que “estamos en guerra”, incluso en un contexto legítimo de protesta, se le agregó una pandemia pocos meses más tarde y que entró al país para acentuar todas las diferencias sociales que se estaban reclamando desde octubre de 2019: “Hoy día estamos muchas, muchos, pero no todos, en cuarentena. Hay una cantidad de quienes que no pueden permitirse quedarse en casa. Las personas tienen que salir a trabajar de alguna manera sino, no comen. De hecho el hambre es gigantesco ya, el hambre ha hecho que hayan masivas protestas desde hace algunas semanas y, por supuesto, nuevamente personas encarceladas”.  Bajo el contexto en el que estaba el país y las circunstancias que se han ido dando con la profundización de la crisis sanitaria, la académica cree que “es muy difícil que nos vayamos a la casa y que no hagamos nada (…) entonces el drama es cómo convertimos esta situación negativa, en una situación de transformación que nos ayude a continuar desde el estallido, hacia un Estado que se haga cargo de los derechos sociales, de los Derechos Humanos, de los derechos sexuales y reproductivos. De un pueblo, de una “puebla” digo yo a veces, que esté a la altura y que se […]

El infectólogo y académico de la Usach, Ignacio Silva, enfatizó que las medidas de distanciamiento social deben ser más estrictas de lo que han sido hasta ahora. “Mensajes de tranquilidad o normalidad pueden hacer que los 1.197 casos nuevos reportados este lunes se conviertan en 2 mil”, criticó. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de este lunes, el número de contagios totales de coronavirus llegó a 30.063, lo que implica que se duplicó en 12 días, ya que el pasado 29 de abril se registraban 15.135. A pesar de esta cifra, el infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, consideró que no es posible asegurar que se ha llegado al peak de la pandemia en Chile.  “Si algo aprendimos con la ‘meseta’ es que todo puede cambiar si se aflojan las medidas de contención. Definir si estamos en el peak dependerá de lo estrictas que sean las medidas de distanciamiento social en adelante”, afirmó. Con ‘meseta’, el médico aludió al término utilizado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien lo utilizó el 27 de abril para asegurar que la cifra de contagios nuevos había llegado a una cierta estabilidad. “Mensajes de tranquilidad o normalidad pueden hacer que los 1.197 casos nuevos reportados este lunes se conviertan en 2 mil y que cada día veamos un aumento más significativo”, criticó. En ese sentido, enfatizó que “considerando que más del 80% de los casos se concentran en la Región Metropolitana, yo hubiese apostado por la cuarentena total en la región completa”.  Las cuarentenas totales para 12 comunas de la capital recién comenzaron a regir a las 22.00 horas del viernes pasado. Además, de acuerdo a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, un 89% de las camas UCI de la RM se encuentran ocupadas. “Desde el punto de vista epidemiológico, una cuarentena masiva en la Región Metropolitana sería una buena alternativa, pero eso debe acompañarse con intervenciones de alcaldes y autoridades del Gobierno central”, sostuvo. El especialista indicó que no se trata solo de decretar cuarentenas, sino de acompañarlas con apoyo económico y educativo a las municipalidades, ya que  muchas familias padecen de hacinamiento, escasez de recursos y/o desempleo. Finalmente, advirtió que “levantar cuarentenas no debe ser un llamado a retornar todas las actividades, como si no hubiera pasado nada”.   13 de mayo de 2020 Crónica Digital/ Usach

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