Por Carmen Esquivel (*) En el ocaso de su mandato, Sebastián Piñera enfrenta una acusación constitucional por el escándalo de los Papeles de Pandora que -de prosperar- lo convertiría en el primer presidente chileno en ser destituido mediante un juicio político.   Piñera, de 71 años, es señalado de faltar al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación, luego de que documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación lo vincularan a él y su familia con la realización de parte de la venta de uno de los proyectos mineros más importantes del país en un paraíso fiscal. Según los Papeles de Pandora, la transacción en Islas Vírgenes Británicas se hizo por 152 millones de dólares pagados en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se cumpliera el reclamo de defensores de la naturaleza de declarar la zona como de protección ambiental. El gobierno de Piñera no protegió la zona, por lo que el tercer pago se efectuó, de acuerdo con investigaciones. El proyecto Dominga comprende dos minas a cielo abierto de hierro y cobre en el desierto de Atacama y la construcción de un puerto para la carga de minerales cerca de un archipiélago donde viven varias especies protegidas. La explotación del yacimiento fue rechazada en 2017 por el gobierno anterior, sin embargo, en agosto pasado una comisión ambiental, nombrada en su mayoría por el ejecutivo, dio luz verde a la iniciativa, lo cual provocó un amplio rechazo y generó protestas en Santiago, Valparaíso, La Serena y Coquimbo. Tras las sospechas de conflicto de intereses y evasión de impuestos por parte del mandatario, las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados presentaron una acusación constitucional en su contra. Este procedimiento se aplica a las autoridades señaladas de incurrir en alguna infracción que justifique su remoción o inhabilitación para el ejercicio del cargo o cualquier otra función pública. El presidente usó su puesto para negocios personales, declaró el diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, al comenzar el proceso de destitución, que esperan definir antes de las elecciones presidenciales y legislativas del 21 de noviembre. UNA COMISIÓN INVESTIGA El trámite en la Cámara Baja comenzó con la instalación de una comisión investigadora, integrada por cinco miembros, la cual preparará un informe que será analizado y sometido a votación por el plenario, donde la oposición tiene mayoría holgada al contar con 83 de los 155 escaños. Para la politóloga Pamela Figueroa existen bastantes posibilidades de que el proceso pase la valla en esa instancia, y advirtió que cualquier tipo de situación como esta, donde se afectan la probidad y la honra, horada aún más la legitimidad y la confianza hacia las instituciones. En el Senado, en tanto, la situación es más complicada porque se necesitan 29 sufragios de 43 y la oposición cuenta con 24. En Chile se intentó dar curso a procesos de destitución de mandatarios en ejercicio en dos ocasiones anteriores: la primera contra Carlos Ibáñez, en 1956, […]

“Aquí no hay fines  electorales, lo que hay acá es la reivindicación de la probidad que deben tener las personas que ostentan cargos públicos y todavía más el Presidente de la República”. Así se refirió el parlamentario y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, luego del ingreso formal de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera.   El libelo se sustenta en el denominado caso Pandora Papers, investigación internacional que reveló detalles de la compra venta de la mina Dominga en un paraíso fiscal, negocio realizado entre la familia del Presidente y Carlos Alberto Délano. En este sentido, el parlamentario expresó que “el Presidente ha omitido que él tiene un conflicto de interés entre su cargo y la defensa de sus intereses personales”. El timonel comunista también se refirió a las declaraciones de Sebastián Piñera luego de ser expuesta la investigación. “Él dice que no conoce lo que se está haciendo con su plata, pero es un Presidente que durante pandemia ha elevado su fortuna, lo dice la revista Forbes. ¿Él no sabe que es cada día más rico y que con su plata hace negocios para enriquecerse? y además no firmó un protocolo para preservar el archipiélago de Humboldt, donde se instalará la mina Dominga, que es justamente lo que está en cuestión”. Finalmente, el dirigente reflexionó sobre la importancia de esta presentación. “A mí me parece de toda justicia que se haga esta acusación constitucional; dignifica al país, dignifica a la política y creo que va a ser un símbolo en la lucha contra la corrupción ya sea institucionalmente o por omisión de las autoridades gubernamentales”. Santiago de Chile, 13 de octubre 2021 Crónica Digital

Diputados opositores presentaron hoy una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, por vínculos con la venta de un proyecto minero en un paraíso fiscal, revelada por los Papeles de Pandora. El documento ingresado en la Cámara de Diputados consta de dos partes e imputa al Mandatario por infringir abiertamente la constitución en relación con el principio de probidad y comprometer el honor de la nación. Según los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en 2010, cuando Piñera ejercía su primer mandato, él y su familia vendieron a un amigo acciones de la minera Dominga por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se negociaron en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se cumpliera el reclamo de defensores de la naturaleza de declarar la zona como de protección ambiental. ‘La corrupción de Piñera desestabiliza y le hace daño a la democracia. Hay que terminar con la impunidad de quien tiene el poder político y económico’, escribió en su cuenta de Twitter el legislador del Partido Comunista Daniel Núñez, uno de los firmantes de la moción. Mientras, Tomas Hirsch, de Acción Humanista, aseguró que cuentan con los votos de las bancadas de la oposición para aprobar la acusación y esperan que las del oficialismo la apoyen, cuando estudien con seriedad y responsabilidad los antecedentes. Este procedimiento se aplica a las autoridades señaladas de incurrir en alguna infracción que justifique su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo o cualquier otra función pública, y necesita 78 votos en la cámara baja y dos tercios en el Senado para su adopción. Los legisladores esperan que pueda ser analizada antes del 21 de noviembre, cuando tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Además de la posibilidad de un juicio político, Piñera fue imputado por la Fiscalía por los delitos tributarios y de cohecho en la compraventa de la minera. Santiago de Chile, 13 de octubre 2021 Crónica Digital/PL

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) solicitó cambio y designación de Fiscal con dedicación exclusiva para investigación de causas de delitos de lesa humanidad que involucran al Presidente Sebastián Piñera La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), solicitó hoy al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, el cambio de Fiscal y designación de uno con exclusividad, para investigar las causas de delitos de lesa Humanidad que involucran al Presidente Sebastián Piñera en las querellas interpuestas por la Institución, desde noviembre de 2019. Así lo informó el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta Trincado, quien junto a los abogados de la institución, Carolina Cubillos de la Fuente, Pablo Corvalán Alvarado y Yuri Vásquez Santander, solicitaron al Fiscal Nacional a través de un escrito, el «cambio de la Fiscal Regional asignada a la causa y la designación de un nuevo Fiscal Regional, para que asuma la dirección de la investigación por los Crímenes de Lesa Humanidad y la responsabilidad que en ellos le cabe al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique y demás imputados y querellados». Como es de conocimiento público, desde noviembre de 2019, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ha interpuesto distintas querellas por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, tipificados y sancionados en la Ley 20.357, contra Sebastián Piñera Echenique, Andrés Chadwick Piñera, Mario Alberto Rozas Córdova, Ricardo Yáñez Reveco, Gonzalo Blumel Mac-Iver, entre otras personas, por su responsabilidad en dichos crímenes. Dichas querellas se acumularon a la investigación RIT: 18930-2019, RUC: 1910055637-8 y la investigación la entregó en calidad de Fiscal Regional Especial a la Fiscala Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos. No obstante, el pasado 8 de octubre 2021 la misma Fiscala fue designada , para investigar los presuntos delitos de cohecho, soborno y otros en la compraventa de Minera Dominga, que involucrarían a Sebastián Piñera Echenique y al empresario Carlos Alberto Délano, lo que a juicio de la CChDH, constituye un obstáculo para la investigación de los graves hechos descritos en las   querellas interpuestas por delitos de Lesa Humanidad, las que «deben requerir una atención y dedicación por sobre el estándar, y dicha obligación sólo puede cumplirse, por un Fiscal sin la sobrecarga de llevar una causa con las dificultades asociadas a la investigación de crímenes económicos y de carácter internacional, cometidos por el Presidente de la República, y además, que la especialidad se cumple de mejor forma mediante la dedicación exclusiva”. La solicitud va en consonancia con lo señalado por el propio Fiscal Nacional en cuanto a que “estas investigaciones las hemos asumido con prioridad; se trata de causas complejas, que presentan diversas dificultades para su esclarecimiento y en las que tenemos la voluntad irreductible de avanzar.” Y las instrucciones otorgadas acerca de incorporar las principales obligaciones internacionales en materia de investigación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. El Estado chileno tiene el deber de investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los delitos […]

El parlamentario de la Región de O’Higgins, calificó de “suma gravedad” la investigación por posibles delitos de cohecho y soborno que inició la Fiscalía contra el Presidente Sebastián Piñera por los hechos que se dieron a conocer en la investigación internacional denominada “Pandora Papers”. “La decisión de la Fiscalía de investigar al presidente de la República es de suma gravedad porque esto de la una dimensión insospechada, aquí se está investigando un delito de cohecho, de una negociación incompatible, de una condición inaceptable que solo gracias a una investigación periodística se pudo revelar”, sostuvo el diputado de la Región de O’Higgins, Dr. Juan Luis Castro. Sus declaraciones se dan tras el anuncio realizado por la Fiscalía este viernes, señalando que el fiscal nacional, Jorge Abbot decidió iniciar una investigación penal de oficio contra el Presidente Sebastián Piñera por posibles delitos de cohecho y sobornos, por los hechos conocidos en el investigación internacional denominada “Pandora Papers”. “Ir a evadir impuestos a un paraíso fiscal, firmar una cláusula la cual la tercera cuota solo se pagaba si es que no se protegía ambientalmente la Minera Dominga, la verdad es que es solo el beneficio de un individuo, en este caso Sebastián Piñera, a cambio del beneficio del país, esto es lo más grave”, declaró Castro. El parlamentario socialista subrayó lo inédita de esta situación en la historia republicana del país, señalando que, “es primera vez que un presidente en ejercicio está siendo, con apertura de causa, investigado por un delito cometido en su primer mandato que puede tener consecuencias insospechadas”. Finalmente, el diputado Juan Luis Castro, apuntó a lo que significa el inició de la investigación de la Fiscalía, asegurando que, “esto fortalece la acusación constitucional que se va a presentar la próxima semana”. “Y de aprobarse a fin de mes puede quedar suspendido de su cargo el Presidente de la República lo cual jamás habíamos visto en la historia republicana de nuestro país”, cerró.

El abogado constitucionalista y académico de la U. de Santiago, Francisco Zambrano, indicó que los hechos que se indican a partir de la investigación internacional “son sumamente graves” y que podría, eventualmente, “llevar hacia una acusación constitucional y la destitución del presidente de la república, eso es una posibilidad”. Esta semana y ante el impacto de la investigación internacional llamada “Pandora Papers” que involucra al presidente de la República, Sebastián Piñera, en la venta de la minera Dominga realizada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, ha llevado a que se impulse, por parte de diputados de la Oposición, una acusación constitucional por infringir el principio de probidad. Para el abogado experto en derecho constitucional y académico de la Facultad de Derecho Usach, Francisco Zambrano, los hechos son “sumamente graves desde el punto de vista del principio de probidad”. Explicando que este principio está establecido en la Constitución desde el año 2005 y exige a todos los que están en la función pública “una especie de doble exigencia”, deben observar estrictamente el principio de probidad, y además en todas sus actuaciones, “es decir, en una exigencia sumamente alta”, explicó. “Dentro de la definición del principio de probidad hay tres elementos, y el tercero es la primacía del interés general por sobre el particular, siempre que se deponga un interés privado, un interés particular por sobre el interés común o el interés general y el interés público. Para estos efectos es lo mismo, vamos a estar en presencia de una infracción en la constitución y una infracción al principio de probidad constitucional”, indicó. Apuntando que no solamente está la idea de tener patrimonio en islas de tributación baja o islas paraíso, “lo cual en sí mismo no es un delito o no es reprochable”, el académico enfatizó en que, si es grave la cláusula que se habría pactado para efectos de obtener un pago para el evento en que, en un determinado periodo de tiempo, no se estableciera una protección ambiental en un predeterminado terreno, y ese pago impacte en el patrimonio del mandatario. “Más allá de que pueda haber responsabilidad penal o responsabilidad tributaria, donde el SII también ha anunciado que está recopilando antecedentes, lo cierto es que también nos podemos encontrar con la responsabilidad constitucional, lo que normalmente escuchamos como la acusación constitucional”, sostuvo el abogado. Finalmente, Zambrano explicó que lo que viene en el proceso es que la Cámara de Diputados vote si la acusación es admisible o no para que luego el Senado, por las dos terceras partes, vote si la acusación es justificada o no. “Me parece naturalmente que estamos en presencia de un conflicto importante con el principio de probidad administrativa que puede eventualmente llevar hacia una acusación constitucional y la destitución del presidente de la república, eso es una posibilidad”.

Por Marcel Garcés Muñoz A veces el que explica, se  complica. Y ello  queda en evidencia cuando el presidente Sebastián  Piñera,  debe recurrir a una cadena nacional para intentar eludir una responsabilidad  moral, frente a un acto, que asegura,  se ajustó a la ley vigente, y fue aprobado y ratificado por determinadas instancias,  demasiado cercanas al poder. Porque aquí no se trata, en realidad, de leyes vigentes,  hechas para defender negociados, el modelo neoliberal,  la colusión, las trampas jurídicas en practica, a la medida de los poderosos, sino de hechos incompatibles con la  moral,  la justicia, la democracia, los intereses nacionales. Entonces, se complica. Y el discurso se distorsiona en alegatos de que todo se hizo conforme a la ley,  en apelaciones plañideras a su inocencia, en  que todo lo que se pudiera haber hecho en relación a la venta de  Dominga,  la violación del deber de defender desde el gobierno y el cargo que ostentaba, un santuario de la naturaleza, pero sobre todo de encubrir un acto deleznable, como el que un interés privado, una empresa, con la cual esta estuvo vinculado como propietario y luego como  asociado a una operación  que la dejó en manos de un amigo y asociado. Entonces no es  casualidad, ni una conspiración, que  su nombre este en el debate público mundial,  en el banquillo de los acusados y que su rostro acapare las portadas de la prensa internacional, como ejemplo, de  oblicuas operaciones en que se mezclan influencias políticas, ganancias ilícitas, y  deleznables operaciones mafiosas. No es casual tampoco que  un grupo  económico “amigo”,  exigiera  en un documento, un acto de gobierno para evitar  cualquier acción jurídica, de soberanía nacional, y de compromiso  exigido por la legislación internacional, en defensa de la naturaleza,  la ecología, el medio ambiente. El tema de fondo es que  el empresario Sebastián Piñera,  acordó con su amigo  y socio, Carlos Alberto Délano, una operación  comercial, que en la perspectiva de las ambiciones presidenciales del primero, le permitiera, conforme a la legislación vigente, claro, “traspasar, deshacerse”  de sus intereses en la empresa minera Dominga,  recurriendo,  antes de asumir su primera presidencia, en marzo de 2009, al subterfugio o mecanismo  financiero empresarial,  denominado  “fideicomiso ciego” para la administración de todos sus activos financieros,  dejarlos en manos seguras, un recurso ideado para eludir los  intereses a pagar por la generación de empresas en los “paraísos fiscales”, y evitar pagar los que corresponden al país de origen de los capitales en  operación. Y en definitiva mantener a buen recaudo, en manos  confiables, los capitales y negocios, que es lo que en realidad  les importa. Este mecanismo  destinado a eludir el pago país de impuestos e intereses, y ocultar operaciones financieras ilegales, puede definirse claramente como un tráfico de dinero, blanqueo de capitales y evasión de impuestos y es ampliamente utilizado por las redes internacionales delictuales.. El propio presidente Sebastián Piñera señaló en un foro en Ecuador en 2016, como lo recordó este martes 5 de octubre el Mercurio, bajo el título “Las implicancias de […]

El Jefe de la Bancada de Diputadas y Diputados del PPD, Raúl Soto, afirmó que “como Bancada hemos acordado sumarnos decididamente a la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, a su estudio, presentación y firma, porque los antecedentes que se han conocido respecto a Pandora Papers son de extrema gravedad, y no podemos simplemente tolerar ese tipo de actos de autoridades de nuestro país, menos del Presidente de la República”. Respecto a que la Fiscalía abriría causa penal contra el Mandatario, pues contrato original de compraventa de Dominga no estuvo incluido en investigación del 2017, el diputado Soto señaló que “esto debe ser investigado y que se persigan todas las responsabilidades, no solo las penales, sino que también las políticas”. Por su parte, la diputada Andrea Parra, sostuvo que “tener a un presidente con una eventual causa penal abierta, que es portada en todo el mundo por un hecho de corrupción, y al cual nadie le cree, es un golpe bajo a la República y a la Democracia. Por eso apoyo e impulso la acusación constitucional contra el Presidente Piñera. Chile debe ponerle coto a su sinvergüenzura”. En tanto, la diputada Cristina Girardi manifestó que “me parece que los hechos son absolutamente graves, una infamia, y esto ocurre en el gobierno actual de Pïñera. El proyecto Dominga, si bien había sido rechazado por el gobierno de Bachelet, este fue reflotado y aprobado finalmente en el consejo regional por los votos de los seremis de esta administración. Por lo tanto, a mi me parece que hay una responsabilidad absolutamente clara de este gobierno para terminar de concretar lo que se estableció en ese contrato hace varios años atrás”. «Lo otro relevante es que el Consejo de Ministros durante el gobierno de Bachelet acordó crear un área marina costera protegida en la zona, y este gobierno no tramitó los decretos necesarios, no se avanzó con esa decisión. Lo que ocurrió en el primer gobierno de Piñera y lo que ocurre hoy día está absolutamente ligado. Se traspasaron todos los límites de la ética, puede ser que no de la legalidad, pero los de la ética están absolutamente traspasados”, indicó la diputada Girardi. Finalmente, el diputado y Presidente de la Comisión de Medioambiente, Ricardo Celis, insistió en que “debe responderse políticamente por estos graves hechos que afectan la fe pública y el medioambiente en medio de la urgencia climática del planeta”.

El parlamentario aseguró que por “dignidad y el futuro de Chile” se debe aclarar lo que revelaron los Papeles de Pandora, incluso con acciones judiciales, además del juicio político que puede llevar la Cámara de Diputadas y Diputados. “Tenemos un Presidente que no ahora, sino que en numerosas oportunidades ha demostrado que siempre privilegia su interés particular sobre el interés de la sociedad, el de todos los chilenos a través de distintos escándalos de información privilegiada, de cohecho, corrupción y en este caso, de negociaciones incompatibles a propósito del proyecto Dominga”, afirmó el diputado PS Leonardo Soto anunciando su respaldo a la Acusación Constitucional en contra del mandatario. “Creemos que todos los parlamentarios debiéramos tomar un lápiz y decir dónde firmó una acusación constitucional para que se haga responsable la primera autoridad del país de todo el daño que está causando a nuestras instituciones democráticas con el mal ejemplo que le da a todos los chilenos”, aseguró el parlamentario. Luego de conocerse los antecedentes que involucran a la familia presidencial en la compraventa del proyecto Dominga, a juicio del legislador, “el golpe que le está dando Sebastián Piñera a todas nuestras instituciones democráticas es devastador a la credibilidad pública y a la confianza de todos los chilenos”. “Hoy día por dignidad, por el futuro de Chile, tenemos que terminar con este modelo de progreso de los grupos económicos y tenemos que hacerlo a través de una Comisión Investigadora, de una acusación constitucional y también a través de acciones judiciales que comprueben a ciencia cierta todos los aspectos que hoy día se conocen”, detalló Soto, quien sostuvo que “los hechos son reconocidos por el Presidente, no los discute, dice que no los conocía, que es distinto, pero dice que la opinión pública los conocía, son hechos reales”. Por lo tanto, agregó el diputado, “lo que cabe es que nuestro sistema democrático tome todas las acciones necesarias para castigar de manera ejemplar el mal ejemplo que le da Sebastián Piñera a todos los chilenos y chilenas”. —

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