Durante las últimas 3 semanas del gobierno de Piñera se gastaron un poco más de 28 millones de pesos en actividades de balances de gestión. Sobre tarima acrílica retroiluminada con colores azules y blancos que combinaban perfectamente con la vestimenta azul de la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se realizó el 7 de marzo, a cuatro días del cambio de mando, el balance de gestión de la cartera “Juntos lo hicimos: Cuenta Pública 2018-2022” en la Plaza de la Constitución. Esta puesta en escena fue una de las 11 realizadas por la titular del ministerio para hacer el balance de esta repartición. Políticamente la más importante, frente a la sede de gobierno y económicamente la más cara. La realización de este acto, de unas cuatro horas de duración, fue de 6.197.195 pesos pagados por el erario público. La actividad realizada por Desarrollo Social y Familia incluyó en su infraestructura dos pantallas led, iluminación para el escenario, amplificación, entre otros elementos. Al acto, según informó el mismo ministerio, asistieron “más de 250 personas”. Algunos de los presentes señalaron que “la ministra se lució en su acto final” y según consigna en la web de la repartición pública entre las 250 personas presentes se encontraban “autoridades de la cartera, dirigentes sociales, ministros de Estado, destacados comunicadores y beneficiarios de distintos programas sociales”. En las fotos de la actividad se ve sentado a Christian Pino, pareja de Rubilar, quien en octubre pasado fue noticia por una denuncia contra la entonces ministra por solicitar a funcionarios del ministerio apoyo a la campaña de Pino a diputado por el distrito 8. La Contraloría determinó que Karla Rubilar vulneró el principio de prescindencia política al ayudar a su pareja en campaña electoral. Este pomposo acto, que se extendió hasta las 23 horas del 7 de marzo frente al Palacio de La Moneda, tuvo un costo en infraestructura de 3.059.431 pesos. Esta información fue obtenida mediante solicitud de transparencia que hizo Crónica Digital a la cartera. De ese total, 1,2 millones de pesos fueron para pagar las dos pantallas led modulares con las que contaba el acto. Pantallas que fueron usadas para dar a conocer el trabajo del ministerio y los saludos grabados del entonces Presidente Piñera y de los extitulares de Desarrollo Social del gobierno anterior: Alfredo Moreno, Cristián Monckeberg y Sebastián Sichel. Adicionalmente a los gastos en infraestructura, la secretaría de Estado tuvo que pagar los viajes de los secretarios regionales ministeriales de Desarrollo Social que participaron en la actividad realizada en la capital. Según la plataforma de Lobby, un total de once seremis viajaron a Santiago para participar en el acto. Para esto se costearon con fondos públicos pasajes, combustibles, peajes, estacionamientos y viáticos, según corresponda la forma de traslado. En total el ministerio, liderado hasta el 10 de marzo por la exdiputada e exintendenta metropolitana, desembolsó $3.137.764.- por conceptos de viajes de las autoridades regionales a Santiago. Siendo el viaje del exseremi Manuel Obando, de Los Lagos, el de mayor costo llegando […]
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El parlamentario manifestó que, “dicha huelga se transformó en una bacanal; queremos saber si el Ejecutivo también les financió las fiestas, los asados, el alcohol”. “El tongo de Piñera y los Camioneros. Le pidió a Pdte de Camioneros (CNTC) Sergio Pérez extorsionar y presionar al Congreso ejecutando un Paro Nacional. Fiscal Nacional Jorge Abbott debe investigar esta conspiración contra la Seguridad Interior del Estado”, manifestó el senador Alejandro Navarro en su Twitter. El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado recordó que, “el dirigente de los camioneros Juan Araya, denunció que fue el gobierno de Sebastián Piñera quien pidió y propició el paro de transportistas durante el año 2020, a fin de presionar por la aprobación de la Ley Juan Barrios y la Ley de Control de Armas”. “Este paro”, continuó, “creó un clima artificial de inseguridad y desabastecimiento de productos de consumo de la población, en el contexto de la tramitación de iniciativas legislativas, relacionadas con la seguridad en las carreteras y el control de armas”. “Y partió con Sergio Pérez, líder de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, cuando el 27 de agosto de aquel año afirmó que iban a estrangular las carreteras, y que solo una semana después, tuvo al camionero Wilton Santelices atropellado en Curicó durante la movilización, provocando su fallecimiento”, rememoró. Navarro agregó que, “este paro que desabasteció a Chile, terminó con camioneros haciendo fiestas, asados, alcohol y personas semidesnudas en medio de la carretera, mientras los trabajadores de la salud seguían sin descanso combatiendo la pandemia”. “Esta paralización, que detuvo al país sin ninguna medida por parte del Gobierno, fue tan grave que el Ministro Víctor Pérez tuvo que renunciar tras la Acusación Constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas”, afirmó. “Por ello es que hemos presentado esta denuncia en contra de quienes resulten responsables por las acciones relacionadas con un presunto acuerdo entre dirigentes del transporte terrestre, en este caso camioneros y el actual gobierno, sobre el cual el mismo Fiscal Nacional Jorge Abbott ha señalado que podría haber delito”, manifestó. “El Artículo 126 del Código Penal”, prosiguió, “tipifica el delito contra la Seguridad Interior del Estado en relación a quienes profieren expresiones o ejecutan acciones…de arrancarles resoluciones por medio de la fuerza o de ejercer actos de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad…sufrirán la pena de reclusión menor o bien la de confinamiento menor”. “De esta forma, esperamos que el Fiscal Abbott ordene investigar los hechos a fin de determinar la existencia del eventual delito en contra de la Seguridad Interior del Estado, formalizando y enjuiciando a los responsables por estos hechos, que tuvieron a un país en vilo y desabastecido en medio de la pandemia, mientras ellos participaban en bacanales, todo con el fin de aprobar leyes afines al gobierno de Piñera”, recalcó Navarro.
A pesar del rechazo generalizado a la licitación el gobierno de Sebastián Piñera informó que licitó a BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. la producción del litio. Fisco recibirá 121 millones de dólares. Mediante un comunicado, el Ministerio de Minería informó la adjudicación del proceso de licitación para impulsar la producción de litio en el país, optando por entregar dos de las cinco cuotas que se ofrecían, a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. Cada una se adjudicó una cuota de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), por las cuales BYD Chile SpA presentó una oferta por US$ 61 millones y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. ofertó US$ 60 millones, respectivamente. Según lo informado por la cartera, ambas ofertas, “sustancialmente más altas que el resto de las ofertas recibidas, son las que mejor responden al interés del Estado de aumentar la competencia en este mercado y obtener la recaudación por cuota más satisfactoria. El Estado recibirá, sin considerar los pagos futuros por producción, US$ 121 millones por estas dos cuotas”. La convocatoria nacional e internacional buscaba elevar la producción de este mineral en Chile, atendiendo así la creciente demanda mundial generada por el desarrollo, entre otros, de la electromovilidad. Esta convocatoria, a semanas del fin del gobierno de la derecha en el país, ha generado amplio rechazo en diversos sectores. Asimismo, el Gobierno trabajará con las compañías adjudicatarias, en el contexto de este proceso de licitación, la incorporación de fórmulas que permitan destinar una porción de los pagos que éstas deberán realizar, a aportes a las comunidades locales y a inversiones en I + D. En tanto, el Gobierno reafirma su disposición a conformar una Mesa Nacional del Litio para elaborar una estrategia de desarrollo de esta industria, con una mirada de Estado y de largo plazo.
El legislador también se sumó a la solicitud del colectivo Socialista de la Convención Constituyente, quien pidió la renuncia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa. El diputado Socialista Marcos Ilabaca responsabilizó al Presidente Sebastián Piñera, de la fallida sesión de este lunes, de la Convención Constituyente, no descartando la posibilidad de que los diputados estudien una acusación constitucional en su contra. El legislador, que preside la Comisión de Constitución de la Cámara, comentó que «el artículo 133 de la Constitución, indica que el que estará a cargo del desarrollo y del funcionamiento, entrega de apoyo técnico y de infraestructura, de la convención, es el Presidente de la República. De manera que aquí el responsable del bochorno y la vergüenza nacional, que significó que no pudiera funcionar la Convención Constituyente la tiene el Presidente Sebastián Piñera». El diputado Ilabaca también advierte que «fue el Presidente de la República, quien mandató al ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien no quiso escuchar ni tomar la experiencia que tiene este Parlamento, para llevar adelante las sesiones como corresponde, en pleno período de pandemia, porque este Congreso es lo más parecido a como debería estar funcionando la constituyente, pero no quiso escuchar nada». Ante lo anterior, el legislador PS señala que «es por ello que creemos que el principal responsable del tremendo error y fracaso, tiene nombre y apellido, el ministro Juan José Ossa. Y tal como lo solicitó el colectivo Socialista de la Convención Constituyente, debería presentar su renuncia, porque hoy lo que Chile merece es que los constituyentes estén funcionando como corresponde». Finalmente, el diputado Ilabaca insistió en que por el grado de responsabilidad que le corresponde, dijo que «no me cierro a que efectivamente pueda existir alguna acusación constitucional en contra del Presidente de la República, por notable abandono de deberes, porque uno pudiera pensar que existe un error o existe negligencia o un boicot, y cada una de esas hipótesis es de una gravedad absoluta, pensando en el futuro de Chile que se está construyendo a partir de la nueva redacción de la Carta Fundamental. Es por ello que creemos que el Presidente Piñera debiera responder». Santiago de Chile, 6 de julio 2021 Crónica Digital
Durante el estallido social fueron quedando en evidencia, día tras día, manifestación tras manifestación, casos de violaciones los Derechos Humanos por parte del gobierno y sus policías, hacia la ciudadanía en medio de legítimas protestas que se desataron desde el 18 de octubre de 2019. El acceso a internet, teléfonos con cámara y las redes sociales, facilitó la visibilización de tales lamentables sucesos y, fue tal el ruido que causó, que el mismo presidente Sebastián Piñera se vio en la incapacidad de negarlo. Ello, en el contexto del día internacional de los Derechos Humanos, cuando el ejecutivo ante una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, el día 10 de diciembre con motivo de dicha conmemoración, señaló que hubo “atropellos a los Derechos Humanos”. Tal reconocimiento ocurrió luego de una fase de negación por parte de la autoridad e incluyó un “plan integral de recuperación ocular”, algo que suena muy decoroso para lo que fue la mutilación sistemática de manifestantes, con distinto armamento y tipos de proyectiles en manos de Carabineros y las FFAA. Perder uno o ambos globos oculares, perder uno de los sentidos, de por vida y de forma irreversible, tal como fue en caso de Gustavo Gatica, sólo demuestra que en Chile se reprime de la forma más cruda y avasalladora las protestas que forman parte de la declaración universal de los DDHH. Es decir, ciudadanos manifestándose legítimamente. Gustavo Gatica es uno de los tantos ejemplos, un estudiante de psicología que a sus 21 años recibió disparos de balines en sus ojos y ese fue el mismo desenlace para otros cientos de ciudadanos. Algo que me tocó ver de cerca cuando a un amigo muy cercano recibió en total tres perdigones, distribuidos en sus dos manos y que lo llevó a una operación de urgencia. Hoy soy testigo de la investigación de ese caso en manos de la PDI, uno de los tantos casos de mutilación que protagoniza la policía chilena. Siendo ese el escenario, uno en el que la misma ONG Amnistía Internacional (AI) catalogó en un informe como “la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet”, sólo queda en evidencia el actuar dictatorial y sometedor, de un presidente que presume la idea de la criminalización de la protesta y avala el legado militar. La admiración de Sebastián Piñera al ex dictador no es un secreto. De modo consecutivo Chile, azotado por la violencia del actuar policial encabezado por el exministro de Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick, se enfrenta a una pandemia que se venía incubando en China desde diciembre. Mes en el que nuestro país austral, paralelamente, aún reclamaba sus demandas y reclutaba alrededor de dos millones de personas en Plaza Dignidad (ex Plaza Italia). En diciembre nada hacía presagiar que lo que se venía para Chile y el mundo, iba a ser la evidencia y profundización de tales demandas. Covid-19 muestra la realidad chilena Tristemente la pandemia llegó para agudizar el desamparo de los pobladores de Chile, […]
La presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, endureció las críticas de esa entidad profesional al gobierno por su gestión, considerada errática en el manejo de la pandemia de Covid-19. La joven doctora aseguró en declaraciones a la prensa que «hay desconfianza en las autoridades de gobierno, en las distintas instituciones del país, y por eso desde el primer momento habíamos planteado tener otra suerte de gobernanza». Desde hace semanas el Colegio Médico fue una de las entidades que reclamó una cuarentena total para la capital para contener la pandemia, medida que el gobierno solo decidió aplicar desde mañana viernes tras la explosiva expansión del coronavirus SARS-CoV-2 en las dos últimas semanas. Al respecto, Siches señaló que «no sirve que el ministro de Salud (Jaime Mañalich) cambie el tono, yo necesito que haya un cambio en la forma de gobernar esta pandemia». Alertó que todos los ciudadanos deben «tener conciencia de que vamos a enfrentar una fase en que van a aumentar los pacientes que fallezcan, de todas maneras ese es un escenario real y también es muy necesario que el Gobierno pueda poner los elementos efectivos sobre la mesa y los escenarios que vamos a empezar a ver los próximos días». Aclaró que la organización que encabeza actúa con el mejor ánimo, «pero no podemos seguir hablándole a una pared, necesitamos una interlocución más directa». La especialista fue muy aguda al señalar que «hoy día hemos visto cosas tan disparatadas como limitar las licencias médicas por caso sospechoso de Covid-19 a cuatro días, cuando en el país el resultado de los exámenes se está demorando más que eso». En esa dirección fue concluyente: «Yo no sé en qué país viven las autoridades de gobierno que parecieran desconocer algo que hemos presentado en forma tan reiterativa». Santiago de Chile, 14 mayo 2020 Crónica Digital/PL
A raíz de la polémica generada por la nota emitida en Radio Cooperativa acerca de la Declaración de Intereses y Patrimonio del ex Presidente Sebastián Piñera de 2010, el diputado Hugo Gutiérrez clarificó aspectos que desde el comando del abanderado de Chile Vamos han intentado desvirtuar, provocando incluso la modificación de la nota originalmente publicada. En una carta dirigida al medio radial, el diputado por la región de Tarapacá detalló que el artículo 6 del Decreto Supremo 45 de 2006, que reglamenta la declaración de patrimonio, vigente en 2010, obligaba una individualización completa de los derechos en sociedades constituidas en Chile o en el extranjero, sea en administración o en capital, que el declarante tenga por sí o a través de sus personas relacionadas. Es decir, obligaba a declarar la participación directa e indirecta en sociedades. En ese sentido, Gutiérrez especifica que dicha obligatoriedad “no tiene ninguna vinculación con la decisión personal y política de Sebastián Piñera de constituir un fideicomiso ciego. La circunstancia de haber entregado aparentemente la administración de algunas de sus inversiones a un tercero no lo liberaba de su obligación”. A juicio del diputado, las rectificaciones y posteriores aclaraciones de Radio Cooperativa que descalifican el trabajo periodístico, carecen de todo fundamento. “Estas aclaraciones infundadas de Radio Cooperativa sólo distraen el asunto principal que es el conflicto de interés ocultado por Piñera en la tramitación de la Ley Longueira”, concluye la misiva. Desde el PC, han ratificado que con la información dada a conocer, se requerirá a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie contra Sebastián Piñera por transgredir el principio de probidad administrativa. Para el diputado por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, el hecho de que Sebastián Piñera haya ocultado sus inversiones en Corpesca por medio de AntarChile es “sumamente grave porque Piñera antes de ser Presidente ya había invertido en Corpesca. Eso quiere decir que cuando le propone al país la Ley de Pesca, que le entrega derechos de por vida a Corpesca, él sabía que con esa ley no sólo se beneficiaba dicha empresa, sino que él también se hacía más millonario”. Núñez concluyó señalando que “esto transgrede el principio de probidad administrativa, que establece que cuando yo tengo interés una actividad económica o tengo interés directo en una situación que me toca resolver como funcionario público, tengo que transparentar esa situación e inhabilitarme”. Este lunes 29 de mayo, los diputados PC entregarán dichos elementos ante la Contraloría General de la República. Santiago de Chile, 26 de mayo 2017 Crónica Digital
El parlamentario recordó que fueron las investigaciones las que revelaron que sus familiares directos pasaron a administraban sus negocios. El diputado Socialista Osvaldo Andrade afirmó que si el ex Presidente Sebastián Piñera se compromete a ir “más allá”, del fideicomiso ciego, considera que sería recomendable que pensara en ir “más acá”, de lo que exige la ley. El legislador PS argumentó que “las inversiones de Piñera depositadas en paraísos fiscales han quedado en evidencia, a propósito de la Comisión Investigadora de Exalmar (conocida como Bancard).” De manera que no fue gracias al fideicomiso ciego que voluntariamente había contraído el ex Mandatario. Por lo tanto, y a partir de este hecho, a juicio del diputado Andrade, “también sería bueno saber que paso con sus inversiones en las pesqueras peruanas, movimiento que se produjo en paralelo al diferendo que tuvimos con el gobierno de Perú”. “Por eso yo celebro su declaración, pero solo pido que la cumpla y decir que irá más allá, significa ir más allá del texto estrictamente legal. Entiendo que con eso está hablando de su señora esposa y de sus hijos”, afirmó el diputado Andrade. “Sería bueno que incorporara a los hijos, porque de acuerdo a la investigación que se lleva adelante por Exalmar, nos hemos encontrado con el nombre de un accionista de apellido Piñera Morel y yo le puedo asegurar que es el hijo de Sebastián Piñera”, concluyó. Santiago de Chile, 5 de mayo 2017 Crónica Digital
El académico de la Universidad de Santiago de Chile, Bernardo Navarrete, afirma que el ex Presidente presentó su declaración para evitar ser atacado en el que, a su juicio, representa el flanco más débil de su candidatura. Sin embargo, sostiene que “las preguntas van a apuntar a las cantidades que tiene, sus influencias y su pasado empresarial”. Este jueves, el precandidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, presentó los detalles del fideicomiso ciego al que se someterá en un eventual segundo Gobierno. El ex Presidente incluyó en esta declaración sus inversiones en el extranjero, aseguró que su familia se someterá a fideicomisos voluntarios y anunció que junto a su esposa Cecilia Morel dejarán de participar en las sociedades de sus hijos. Para el cientista político y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Bernardo Navarrete, este gesto es “un relato que solo define voluntades” y advierte que “es muy temprano para conocer la envergadura de este fideicomiso ciego”. El analista explica que lo que busca la estrategia es cubrir “el flanco más débil de Piñera, que es la relación entre dinero y política”. “Me parece la estrategia más eficiente empezar desde ya un aplanamiento de las críticas que van a venir”, reconoce. “Incorporar a sus hijos y esposa es porque tiene que ir cerrando esa puerta o blindarla lo más posible”, insiste. “Su razón es bastante más táctica”, complementa. “La discusión no estará centrada en si lo hizo bien o mal en su Gobierno, porque él tiene una ventaja sobre Bachelet en la mayoría de los indicadores”, apunta. “La señal no es para la derecha, sino para sectores que el único cuestionamiento que podrán hacerle es respecto a la relación entre riqueza e independencia”, enfatiza. No obstante, advierte que las características de este fideicomiso no detendrán las críticas por su patrimonio. Esto, producto del descrédito de la clase empresarial en la ciudadanía, asegura. “Si en 60 días uno le pregunta a un elector si se acuerda que Piñera presentó un fideicomiso, probablemente no”, indica Navarrete. “Las preguntas van a apuntar a las cantidades que tiene, sus influencias y su pasado empresarial”, argumenta. “El ciudadano común quiere saber cuántas son las acciones y cuál es el patrimonio real hoy del Presidente Piñera, a qué está sujeto”, indica. En ese sentido, plantea que “lo rentable para sus adversarios será no centrarse en su fideicomiso ciego, sino en las falencias de este instrumento y en la información que oculta”. Santiago de Chile, 5 de mayo 2017 Crónica Digital / usach.cl
