El diputado PPD y miembro de la Comisión de DDHH, Tucapel Jiménez, indicó que sería una importante señal para los familiares y víctimas de la Dictadura que «por iniciativa propia y por una cuestión de ética», las Fuerzas Armadas degraden y saquen de los cuadros de honor a sus miembros que hayan estado involucrados en delitos de lesa humanidad. El parlamentario agregó que «tras escuchar las declaraciones de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, quien personifica la brutalidad de los horrores cometidos durante la Dictadura, resulta indignante que en el Código Militar no exista la degradación para aquellos uniformados que hayan cometidos delitos de lesa humanidad, siendo ellos repudiables por todos los estados democráticos del mundo». «Desde el dictador Pinochet hacia abajo, hay criminales que no sólo han provocado dolor a las víctimas y a un país entero, sino que han manchado a la Institución», señaló Jiménez. El legislador agregó que «un grupo de diputados presentamos un proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar sobre la degradación militar por crímenes de lesa humanidad, el cual tiene un cariz simbólico -ya que no tiene carácter retroactivo». A pesar de ello, solicitó al gobierno ponerle urgencia a esta iniciativa para que en el futuro, «ningún militar que esté involucrado en este tipo de delitos siga ostentando su rango militar». Santiago de Chile, 15 de agosto 2013 Crónica Digital
DD.HH.
El Presidente del Partido Socialista de Chile, diputado Osvaldo Andrade, acusó esta mañana a la candidata de la derecha y ex ministra de Estado, Evelyn Matthei de no estar a la altura política que requiere una candidatura presidencial en el marco de sus erráticas declaraciones sobre las violaciones a los derechos humanos a 40 años del golpe militar en Chile. “Queremos denunciar la actitud de la candidata Evelyn Matthei en materia de los Derechos Humanos, ella ha tenido cuatro versiones en los últimos días respecto de este tema, primero, que tenía 20 años y que no tenía idea, que no asumía ninguna responsabilidad, posteriormente ha ido matizando esa opinión, al final se ha transformado en una víctima más diciendo que fue objeto de bullying por sus críticas, mire la paradoja, la candidata Matthei es víctima también, este es el mundo al revés”, dijo. Según Andrade “Ella no ha mostrado la estatura política que se requiere de una candidata presidencial” ya que “mientras nuestra candidata (Bachelet) hace un llamado a la reflexión, a la unidad de todos los chilenos para que desde ahí podamos construir un nunca más y, en consecuencia, una mejor condición para el futuro, mientras nuestra candidata dice que se requiere verdad y justicia, con una perspectiva de futuro, la candidata Matthei a la único que se ha dedicado es a tratar de salir del embrollo en que se metió con sus primeras declaraciones” “Este es un tema demasiado serio, un tema que requiere de una cierta sensibilidad especial, aquí hay víctimas, los detenidos desaparecidos no fueron objeto de bullying, son detenidos desaparecidos, los muertos no tuvieron un problema de bullying, fueron asesinados, nosotros le queremos pedir a la candidata, ex ministra Matthei que asuma estas cosas con la seriedad y la profundidad que corresponde, esto no es un juego”, concluyó. Santiago de Chile, 1 de septiembre 2013 Crónica Digital
Para este propósito, el senador Escalona presentó a la comunidad al abogado Luis Correa Bluas, quien ayudará a la comunidad en la presentación del recurso Con el apoyo del senador Camilo Escalona, la comunidad mapuche Marihuán, de Coronel, presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CODH) con el objeto de impedir el desalojo de sus tierras y preservar su propiedad sobre el terreno que hoy está en litigio. Para este propósito, el senador Escalona presentó a la comunidad al abogado Luis Correa Bluas, quien ayudará a la comunidad en la presentación del recurso. “Hemos venido a cumplir el compromiso con la familia Marihuán que está amenazada que le sea arrebatada la tierra en que han permanecido durante casi un siglo, con el propósito de presentarles un abogado que les colabore en la redacción y presentación de un recurso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CODH), con el objeto de proteger sus legítimos derechos que hoy están siendo fuertemente amenazados”, señaló el senador. “Yo espero que el recurso se pueda presentar a la brevedad, con el objeto, de ojalá, alejar el peligro de un desalojo, que sería muy negativo desde el punto de vista de la paz social y de la convivencia no solamente en la comuna de Coronel sino que en el conjunto de la región del Bío Bío, por las implicancias que eso tiene al arrebatarle a una comunidad mapuche el lugar donde ha vivido durante tanto tiempo”, declaró. Santiago de Chile 3 de agosto 2013 Crónica Digital
El diputado PPD, Tucapel Jiménez, solicitará a la Comisión de DDHH reactivar la discusión del proyecto de ley de su autoría que busca sancionar a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Lo anterior, debido a los dichos del diputado UDI, José Antonio Kast, en The Clinic, donde niega que las muertes del caso degollados hayan sido organizadas por el Estado. «Si tuviéramos esta ley vigente como en Europa, donde se castiga a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los horrores del Holocausto, el diputado Kast tendría que responder ante la justicia por sus palabras. También tendrían que hacerlo los candidatos presidenciales de la Alianza, Pablo Longueira y Andrés Allamand quienes durante el debate negaron que en nuestro país hubo una dictadura y la calificaron como gobierno militar», afirmó Jiménez. El parlamentario agregó que «es realmente repudiable que cada cierto tiempo personeros de derecha salgan con este tipo de declaraciones que lo único que hacen es provocar más divisiones y reabrir heridas. No podemos seguir permitiendo que se sigan riendo del dolor de las víctimas y de los familiares que vivieron en carne propia los asesinatos y torturas ocurridos en este país hace 40 años». «La Comisión de DDHH había comenzado a discutir esta iniciativa, e incluso habían sido invitados abogados constitucionalistas a dar su opinión sobre el proyecto. Creemos que ahora más que nunca es necesario tener las herramientas legales para evitar que se siga confundiendo a la ciudadanía, utilizando información errada, y lejana a la verdad histórica de nuestro país», concluyó Jiménez. Santiago de Chile, 19 de junio 2013 Crónica Digital
Chile vive hoy un despertar ciudadano. La lucha por el respeto a los derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida y la libertad, se ha extendido a la lucha por los derechos humanos sociales y culturales, tales como el derecho a la educación gratuita y de calidad, demanda transversal de la sociedad hoy. Entre los nuevos temas instalados por la movilización social, resalta la exigencia de una nueva Constitución. La actual constitución, generada por la dictadura, atenta contra los derechos humanos porque impide asegurar el derecho a la salud, la renacionalización del cobre, y reformar las leyes laborales y previsionales, temas cruciales para las grandes mayorías. El Estado criminaliza la protesta social, usa la tortura, el secuestro y los allanamientos masivos para desalentar la movilización de sectores juveniles, indígenas o de trabajadores. Eso no le hace bien a la democracia ni contribuye a resolver los problemas que afectan a la mayoría de los chilenos y chilenas. Por ello como Coordinador deseamos plantear de una manera amplia dos dimensiones de este despertar social, que se condicionan mutuamente. Por una parte, el fin de la impunidad por los crímenes ocurridos en el pasado dictatorial y el abandono del uso de la fuerza como respuesta a la protesta popular, son condiciones necesarias para que las luchas de los movimientos sociales del presente, se den en un marco democrático que las contenga, en lugar de que el Estado continúe reproduciendo mecanismos violentos de represión. Y por otra parte, como profesionales comprometidos con los derechos humanos, queremos ir más allá de la contingencia, planteando medidas a asumir en los programas de los presidenciables, en el campo de los derechos humanos relativos a la vida, la libertad y el no a la impunidad (parte I) y de medidas relativas a los derechos humanos sociales y culturales (parte II). I Un candidato que rechaza las violaciones de derechos humanos ocurridas en el tiempo de dictadura, debiera comprometerse a respaldar al menos las siguientes medidas: a) Anular el Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978 b) Enviar un Proyecto de Ley que tipifique la Desaparición Forzada de Personas como Crimen Contra la Humanidad y tramitar el proyecto existente que incorpora en el Código Penal la tipificación del delito de tortura y su sanción. c) Poner al día la legislación penal chilena respecto de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, ratificando la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas. De esta manera ya no se podría aplicar la prescripción o la media prescripción en esos casos. d) Ratificar las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) e) Reconocer el derecho a la reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, dejando de operar judicialmente en contra de este derecho a través del Consejo de Defensa del Estado. f) Asegurar la continuidad de las investigaciones […]
El retroceso que estamos viviendo en materia de respeto a los derechos humanos y de las garantías inherentes a las personas obliga a levantar la voz y denunciar con la misma fuerza que lo hicimos en dictadura, porque a pesar de ser este un gobierno electo democráticamente, se ha propuesto tejer una red represiva que alarma y que es sustentada por los dirigentes políticos y parlamentarios de derecha. La primera ofensiva fue el envió de un proyecto de ley que busca forzar legalmente el respeto a Carabineros y Policía de Investigaciones así como prohibir el uso de capuchas en las manifestaciones, pretensión que elude un principio básico, el respeto no se decreta, lo adquieren quienes también respetan y actúan como personas racionales incluso en situaciones complejas, algo muy distante a lo que sucede en cada manifestación pública donde la irracionalidad y prepotencia se apoderan de quienes tienen el deber de mantener el orden sin pisotear los derechos de las personas. Luego, la acusación cayó como una guillotina sobre la cabeza de los exonerados políticos. Rápidamente la Ministra del Trabajo Evelyn Matthei, señaló que “el Programa fue diseñado para defraudar” denostando y descalificando públicamente a los miles que en dictadura fueron despedidos de sus puestos de trabajo, encarcelados, torturados o exiliados y que efectivamente y sin duda alguna, son exonerados políticos. Pero además vale la pena recordar que la pensión de exonerados no es una pensión de reparación que le signifique al Estado desembolsar impresionantes sumas de dinero publicitadas para impactar a la ciudadanía, la pensión de exonerados se basa en las imposiciones que cada trabajador poseía al momento en que fue despedido, se trata así de la propia plata de los trabajadores. Con claridad decimos que si hay personas que han hecho uso indebido del Programa, deben enfrentar la decisión de la justicia y no de una comisión creada en el Ministerio del Trabajo, porque ésta no tiene ni la facultad ni la potestad para resolver en estas complejas situaciones. El golpe de gracias lo dieron los diputados Jorge Ulloa de la UDI y Mario Bertolino de RN, quienes presentaron un proyecto de ley que busca conmutar las penas a condenados hasta 15 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, los que con un lenguaje tramposo tratan de fundamentar la más brutal impunidad para quienes torturaron hasta la muerte, hicieron desaparecer y ejecutaron. Tras este proyecto está el encuentro que el candidato UDI Pablo Longueira sostuvo con los militares en retiro, a quienes anteriormente el candidato Sebastián Piñera ofreció indulto para los condenados por violaciones a los derechos humanos. Pero también evidencia que la complicidad con la dictadura se mantiene vigente y que para la derecha política la impunidad de los crímenes cometidos contra miles de chilenos sigue siendo válido como mecanismo de complicidad y adhesión a un régimen que violó cada uno de los derechos humanos y pisoteó la democracia instaurando por 17 años un clima de terror y represión constante. Nosotros, familiares de detenidos desaparecidos reafirmamos […]
Una contundente respuesta recibió el proyecto de ley presentado por diputados de la alianza que busca remitir las penas que cumplen militares condenados por delitos de Derechos Humanos cometidos entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, el cual, según el diputado Sergio Aguiló, es inconstitucional. Para el parlamentario, la iniciativa es extremadamente grave “viola todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito, viola abiertamente nuestra carta fundamental, el artículo 5° de nuestra constitución, viola principios éticos y morales de la base que hemos estado construyendo en esta transición difícil, viola todo lo que han hecho las familias y las víctimas de estas atrocidades que ocurrieron durante la dictadura militar, y desde luego contradice de manera flagrante lo que ha hecho el poder judicial al encarcelar y establecer penas a los violadores de DDHH”. Aguiló anunció que la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana “no solo va a recurrir a la inconstitucionalidad del proyecto, sino que vamos a recurrir a todos los organismos internacionales, porque aquí no es solo un sector de la sociedad chilena que se ve violentada, sino que es el conjunto de la sociedad chilena, es el Estado de Chile, incluso la dignidad del país se ve violentada con este proyecto de Ley”. Aguiló aseguró que “nunca vamos a aceptar que los violadores a los DDHH gocen de impunidad en un país donde efectivamente la convivencia civilizada tiene que basarse en la verdad, en la justicia, y en garantizar que nunca más estos crímenes puedan volver a cometerse”. Por su parte, el Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, considera insólito el proyecto presentado, tomando en cuenta que hay muchos casos en los cuales todavía no se conoce la verdad “acá no se ha hecho justicia, y se quiere amnistiar a los culpables antes de conocer la verdad, antes que se haga justicia. Nosotros eso no lo vamos a aceptar aquí en el parlamento ni en los tribunales de justicia, ni tampoco antes los organismos internacionales de DDHH”. Santiago de Chile, 6 de junio 2013 Crónica Digital
