Los siete miembros electos del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del asumieron formalmente sus funciones, en una ceremonia de juramentación realizada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile.
Los integrantes del comité, elegidos el pasado abril en la Segunda Reunión Extraordinaria de la Conferencia de las Partes (COP2), en Argentina, se comprometieron a dar un asesoramiento «dedicado, especializado e independiente que contribuya a la plena y efectiva implementación del Acuerdo de Escazú», informó la CEPAL, un organismo regional de las Naciones Unidas que ejerce la secretaría del tratado.
El secretario ejecutivo de la CEPAL José Manuel Salazar-Xirinachs inauguró la instancia, destacando el compromiso con la implementación del mencionado acuerdo, mediante la instalación de este órgano subsidiario contemplado en su artículo 18.
El alto funcionario afirmó que este grupo asume «la desafiante tarea de sentar las bases de su funcionamiento en beneficio de las partes (de COP2) y del público de la región. Y busca materializar los postulados del Acuerdo de Escazú, tan necesario para nuestra región, que cuenta con una riqueza natural extraordinaria, pero que está seriamente tensionada».
Según cifras de la CEPAL, el aumento de las temperaturas en la región a causa del cambio climático podría generar una situación de pobreza adicional equivalente a 3,2 millones de personas. Se suma que, durante la pandemia, se intensificaron las actividades ilegales que agravaron la situación medioambiental.
En la ceremonia también participaron el director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, Marcelo Cousillas, en calidad de presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, así como María Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, además de presidenta de la COP2 del Acuerdo de Escazú, entre otros.
Cousillas declaró en su discurso que la «democracia ambiental» ha dado este jueves «un paso más para la puesta en funcionamiento de lo que es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe».
Por otra parte, Nicolini aseguró que la región se enfrenta, una vez más, a grandes desafíos que ponen en jaque su estabilidad y democracia.
«El Acuerdo de Escazú es una esperanza. Es un puente que invita a unirnos y trabajar por defender nuestros territorios», dijo.
En la COP2 del Acuerdo de Escazú los países miembros eligieron a siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, provenientes de cinco estados parte y dos no parte, con representación de las tres subregiones de América Latina y el Caribe (México y Centroamérica, Caribe y América del Sur).
Los delegados son Guillermo Eduardo Acuña (Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés María Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá).
Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 países que son parte del mismo. Estos últimos son Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
El denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el primero de este tipo en la región, fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Entró en vigor el 22 de abril de 2021.
Santiago de Chile, 11 de agosto 2023
Crónica Digital/xinhua
