Al ministro también se le critica por su pasividad en el control del orden público durante una huelga nacional de camioneros en agosto, que causaron serios inconvenientes en numerosas ciudades, en medio de la pandemia, y por la situación de violencia en la región de La Araucanía.
Desde el gobierno y los partidos de derecha se ha reiterado el rechazo a esta medida, y el ministro vocero del ejecutivo, Jaime Bellolio, aunque ha reconocido que los legisladores cuentan con esa atribución, ha insistido en que esta carece de todo fundamento y que tiene un trasfondo político.
Asimismo la víspera el presidente Sebastián Piñera también se refirió al tema, señalando que el ministro ‘ha cumplido con su deber’ y que ese tipo de recursos contra los miembros de su ejecutivo solo tienen fines políticos.
Como el fallo de la comisión que aprobó la acusación no es vinculante, los diputados deberán votar la cuestión previa si el jefe de esa instancia lo decide, cosa posible pues forma parte de la bancada oficialista, y si esta se aprueba, la acusación constitucional será considerada como no presentada.
Mas si se rechaza la cuestión previa, el pleno de la Cámara Baja procederá a analizar a fondo el documento, pero esto no se sabrá hasta el resultado de la votación pues se requiere un quórum de dos tercios para sacar adelante la acusación.
Según trascendidos a pesar de que en principio el oficialismo ha manifestado su respaldo a Víctor Pérez, existen dudas sobre si todos sus legisladores actuarán en esa dirección, pues al menos el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional, ha sido muy crítico de la actuación del titular en relación con los problemas de La Araucanía.
Desde la oposición pasa algo similar, pues aunque la acusación fue presentada con firmas de todos los partidos que la integran hay dudas sobre algunos diputados de la siempre voluble Democracia Cristiana, aun cuando esa fuerza fue la principal impulsora de la acusación.
No obstante, en las bancadas de oposición aseguran que cuentan con votos suficientes para que triunfe la demanda contra el ministro del Interior. Si es así pasaría entonces a trámite en el Senado, y si este la refrenda, entonces el ministro sería destituido y quedaría imposibilitado de ocupar puestos públicos al menos por cinco años.
Santiago de Chile, 3 de noviembre 2020
Crónica Digital/PL
