Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se comprometió a revisar apelaciones que califiquen en la ley 21.427 Cientos de nuevos casos se suman a una carpeta que la Comisión Investigadora de la Cámara hará llegar a Interior. «El viernes 9 de diciembre me pidieron mi placa y me avisaron que sería desvinculada. Lo vengo advirtiendo hace meses. También me retiraron el teléfono que me habían dado cuando pedí protección. Me encuentro con licencia médica psiquiátrica, porque todo ha sido muy difícil. Haré uso de mi derecho a apelar, porque a pesar de todo, tengo un profundo cariño por esta Institución. Creo que es momento de hacer cambios profundos sí», expresó Tania Jara, comisaria de la PDI, quien será desvinculada en 30 días más -según relata- por haber denunciado un caso de abuso sexual al interior de la Institución, después de lo cual habría sufrido amenazas y amedrentamiento. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve se excusó de pronunciarse respecto a la desvinculación de la comisaria Tania Jara. Aclaró que se encuentra inhabilitado en el marco de la Ley 21.427, que permite a los funcionarios de la policía -desde el 17 de agosto pasado-, apelar a sus desvinculaciones y sumarios. Andrés Cáceres, representante de las víctimas, lamentó que muchos casos queden fuera de la ley 21.427, solo por haber ocurrido antes de la fecha de su promulgación. «No podemos hacer lo que la ley no permite. La modificación que introduce la norma pretende mejorar el sistema que había antes», contestó Monsalve. «Antes, nuestra incidencia era nula. Interior no podía instruir sumarios administrativos. Ahora sí y además podemos ordenarlos. Si llegamos a la convicción que estos casos deben ser revisados, no dudaremos en hacerlo y lo mismo respecto a los casos de discriminación», comprometió la autoridad. El caso de Tania Jara es uno de los 38 contemplados por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que desde mayo se encuentra reuniendo testimonios e información al respecto. A la fecha, la Comisión ha recibido 23 declaraciones sobre abuso laboral, abuso sexual, acoso, homicidios y suicidios, entre otros. El día de hoy, declaró también la expsicóloga de la PDI, Verónica Garrido, quien relató fue desvinculada, teniendo fuero maternal, por involucrarse en una denuncia de violencia intrafamiliar de un funcionario y hacer reclamos sobre las contrataciones de algunos profesionales que, a su juicio, no estarían capacitados. Hizo entrega a la Comisión del «Varómetro de la Violencia» (Adjunto) Lamentablemente, solo quedan 2 sesiones ordinarias de trabajo. A ello, hoy se acordó sumar una sesión secreta, que se desarrollará este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 8.30 horas, donde se recibirán tres testimonios de alta complejidad. Los otros 12 casos tratarán de exponer el lunes 19 del presente. La diputada, Claudia Mix, insistió en la necesidad de tener un par de sesiones especiales más, para alcanzar a escuchar todos los testimonios, o en su defecto, haber solicitado la extensión de la Comisión en la Sala, con acuerdo de los Comités. Sin embargo, el trabajo culminará el […]
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Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) advirtió hoy sobre el notable incremento de homicidios en Chile, en gran medida por la proliferación de armas de fuego en manos de civiles. Citado por ADN Radio, el informe policial recoge los homicidios cometidos en el país entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2021 y 2022, y sitúa el crecimiento de los asesinatos desde 321 hasta 413 de un año a otro. El subprefecto Jorge Abate, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, declaró que la escalada en los crímenes «está estrechamente vinculada a la utilización de armas de fuego (…) y en la mayor presencia de estructuras criminales, algunas pandillas que se dedican a algunos delitos principalmente al crimen organizado, como el narcotráfico, el contrabando y homicidios». La investigación señala como zonas de mayor crecimiento de la violencia a la Región Metropolitana, Biobío, Coquimbo, Valparaíso, Arica y Antofagasta. Santiago de Chile, 12 de julio 2022 Crónica Digital/PL
El exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) Héctor Espinosa, podría ser sometido a un proceso judicial por corrupción, sumándose a otros sonados casos ocurridos en el ámbito castrense, se informó hoy. Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes, en el sur del país, pidió la formalización de Espinosa, como responsable de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y falsificación de documentos. Una investigación arrojó que el ex jefe de la PDI y su esposa recibieron dineros por un total de 140 millones de pesos chilenos (unos 195 mil dólares al cambio actual) entre junio de 2015 y marzo de 2017. Por ello la Fiscalía solicitó someter a proceso judicial a Espinosa, a su esposa, María Neira Cabrera, y a su ayudante Eduardo Villablanca Inostroza. En el caso de la esposa, hasta hoy funcionaria del Servicio de Impuestos Internos de Chile, es señalada como autora de lavado de activos, mientras que al subcomisario de la PDI Villablanca se le imputan los delitos de lavado de dinero y cómplice del desvío de fondos. En la investigación resultaron decisivas la declaración de Villablanca a las autoridades, quien afirmó haber realizado los depósitos de dinero al ex director de la PDI y su esposa porque era «una orden». Medios locales indican que las transferencias en efectivo se realizaron a las cuentas corrientes a Espinosa y su esposa en sucursales de Banco Estado y Banco de Chile en pleno centro de esta capital. El dinero provenía de los fondos clasificados como gastos reservados, que solo deben ser empleados para financiar la contratación de servicios de inteligencia para el monitoreo de acciones militares, espionaje internacional, persecución de bandas de narcotráfico y terrorismo, entre otras actividades. Alberto Brecht, director de la ONG Chile transparente, evaluó estos hechos como muy graves, pues muestran la firma irregular en que son manejados en los gastos reservados en una institución muy importante para la seguridad del país como es la PDI Héctor Espinosa dejó su cargo como director de la PDI a finales de junio último al cumplirse el tiempo establecido para desempeñar esa función, en la cual fue relevado por Sergio Muñoz Yáñez. Santiago de Chile, 18 de agosto 2021 Crónica Digital/PL
“Son pésimas noticias, sin lugar a dudas. Nadie quiere que finalmente la desconfianza en las instituciones se siga profundizando”, afirmó la Presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, tras ser consultada por el impacto de la querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), y de quienes resulten responsables, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos. La Titular del CPLT comentó que la Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo del 2020 “aparecía efectivamente la Policía de Investigaciones como una de las instituciones más confiables en el país, en el top 5 de las instituciones más confiables en el combate contra la corrupción. Evidentemente, no teníamos estos antecedentes a la vista y habrá que ver lo que la justicia dice al respecto”. “También sabemos y eso es el vaso medio lleno dentro de lo compleja y la mala noticia que recibimos asociada a esta institución y es que aquí operaron las instituciones para generar la alerta temprana. “Esto es coincidente con un dato de nuestra encuesta, respecto de hace 10 años, las personas creen que hemos ido generando mejores condiciones para dar cuenta de situaciones de corrupción”. Sin embargo, agregó: “eso no quiere decir que estemos en un buen pie porque esa misma encuesta nos dice que un 67% de los encuestados cree que existe corrupción en el sector público”. Respecto a la situación De la Fuente sostuvo la necesidad de pensar más integralmente el combate contra la corrupción. “Hay que ser claros y categóricos. Aquí no basta con generar una Ley de Transparencia que permita hacer determinadas cosas. Eso no es suficiente, fortalecer un ecosistema de transparencia e integridad pública implica: tener una Ley de Transparencia, otras normativas, pero también tener sanciones adecuadas. Si avanzamos de esa manera vamos a generar reglas del juego que rijan para todos y no con privilegios para algunos”, planteó. Gastos reservados y rendición de cuentas Sobre la rendición de cuentas de gastos reservados, De la Fuente apuntó a la necesidad de ir limitando espacios en los que se impone la opacidad en las instituciones de las FFAA y de Orden y Seguridad. Al respecto dijo: “Hay que ponerle un límite en general a espacios potenciales de discrecionalidad”. Explicó que “La rendición de cuentas no es solamente para un tipo de institución, es para todo tipo de entidades, particularmente cuando se trata de recursos públicos que se destinan a determinadas materias”. Asimismo, comentó que “Particularmente en instituciones que tienen una labor respecto al control público, a la investigación de delitos, de crímenes, la necesidad de generar mecanismos de accountability y rendición de cuentas es cada vez más importante”. Destacó la contribución de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido una contribución en la apertura que se requiere para afrontar la crisis de desconfianza. Sin embargo, planteó también necesidad de “avanzar en aquellas cosas […]
Numerosas organizaciones sociales en Chile reiteraron hoy sus preocupaciones por las expulsiones masivas de migrantes mientras el gobierno insiste en la legalidad de su proceder. El tema volvió a la palestra luego que este domingo se materializara la expulsión de 56 extranjeros, según informó el gobierno. Rodrigo Delgado, ministro del Interior dijo que una veintena de esas personas estaban condenadas por graves delitos y optaron a la conmutación de las penas por la expulsión, y el resto por infringir las disposiciones migratorias vigentes. Sin embargo, en organizaciones de migrantes y derechos humanos que han bautizado esas acciones como «los vuelos de terror», insisten en el hostigamiento a los migrantes. Además causa repulsa la forma en que esas personas son embarcadas en los aviones, enfundadas en uniformes blancos hasta la cabeza, enmascaradas e incluso maniatadas. Al respecto, los Obispos de Antofagasta pidieron en un comunicado «respeto al imperio de la Ley que debe regir todas las actuaciones de los organismos del Estado, más aún, cuando se trata de medidas que afectan la libertad de movimiento de las personas». Asimismo expresaron alarma por el anuncio del gobierno de realizar 15 vuelos de deportación este año, el primero de ellos el pasado 25 de abril, desde la ciudad de Iquique. Por su parte, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Diego Portales reiteran en conjunto la falta del debido proceso para las expulsiones. Además insistieron en la violación de tratados internacionales suscritos por Chile y la actitud de oídos sordos a un reciente llamado humanitario de la ONU para que no se realizaran expulsiones colectivas. Massiel Cárdenas, abogada de la Clínica Jurídica de Migrantes, argumentó que las personas tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a permanecer en el país mientras se considera su situación migratoria, más aun en casos que no tienen antecedentes panales. Para Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, exigió que el Gobierno detenga esta «campaña del terror, de persecuciones y detenciones de personas migrantes y sobre todo de indocumentados con mayor vulnerabilidad». Waleska Ureta, directora del SJM, aseguró que las autoridades incluso han detenido a padres y madres de familia, lo que genera desarraigo en niños y adolescentes y «un drama cruel e injusto». Datos aportados por el SJM, señalan un fuerte aumento de las expulsiones en los últimos años, pues entre 2018 y 2020 se ordenaron 18 mil 725, que representan casi la mitad de todas las informadas desde 2010. En tanto, 2019 fue el año con mayor cantidad de expulsiones, con más de ocho mil. Santiago de Chile, 7 de junio 2021 Crónica Digital/PL
