El presidente chileno, Gabriel Boric, consideró como un imperativo el trabajo conjunto para restablecer la confianza en las instituciones, tras el escándalo que afecta al exjefe de la Policía de Investigaciones (PDI). Boric juramentó este lunes a Eduardo Cerda como nuevo director general de la PDI, en reemplazo de Sergio Muñoz, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de revelar información secreta al abogado Luis Hermosilla. “Las acciones de una persona, o de un par de personas, no pueden manchar a toda una institución”, dijo el mandatario. Recordó que en la PDI laboran más de 12 mil funcionarios, quienes a todo lo largo del país contribuyen a la seguridad con la investigación y el esclarecimiento del delito, la desarticulación de bandas criminales, el combate al narcotráfico, entre muchos otros aportes. “Quienes no cumplan con las exigencias de transparencia, legalidad y honestidad no tienen cabida en esta institución, ni en ninguna otra entidad del Estado”, afirmó. El anterior jefe de la PDI fue formalizado por trasladar datos a Hermosilla, vinculado con el Caso Audios, como se conoce a una grabación donde admite pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero a cambio de información privilegiada. En las más de 500 comunicaciones telefónicas entre Hermosilla y el exjefe de la PDI hay también filtración de documentos sobre la compraventa de la minera Dominga, realizada en un paraíso fiscal y que beneficiaba al expresidente Sebastián Piñera y su familia. El exjefe de la Policía de Investigaciones, nombrado en 2021 durante la segunda administración de Piñera (2018-2022), reveló además información acerca de las indagaciones contra el exmandatario por su eventual intervención para beneficiar al casino Enjoy. Durante la ceremonia de investidura, efectuada hoy, el presidente chileno declaró que su Gobierno viene realizando diversas acciones para fortalecer la labor de las policías. Añadió que el nombramiento de Eduardo Cerda al frente de la PDI fue razonado, pensado y estudiado con detención, pero también ocurrió de manera intempestiva. Boric destacó que Cerda lleva 35 años de carrera en la institución y tiene la confianza de que abordará con responsabilidad los nuevos desafíos. Santiago de Chile, 26 de marzo 2024 Crónica Digital/PL
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El nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Eduardo Cerna, será investido hoy, 10 días después que su antecesor Sergio Muñoz se viera obligado a renunciar por un escándalo de corrupción. En declaraciones a la prensa, tras su nombramiento la semana pasada, Cerna pidió disculpas a los ciudadanos, a los detectives y autoridades por la situación que enfrentan como institución. En esa oportunidad expresó el compromiso de trabajar junto a los más de 12 mil miembros de la PDI, en pro de atacar de frente y sin descanso la criminalidad que tanto daño le hace al país. Cerna aseguró que las acciones de su predecesor “son conductas individuales que no tienen cabida en la PDI”. Muñoz dimitió el 15 de marzo último, luego que su domicilio y oficina fueran allanadas por fuerzas de Carabineros, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía. El exjefe policial, quien se encuentra en prisión preventiva, está acusado de transmitir información secreta al abogado Luis Hermosilla, en el marco del Caso Audios. Ese escándalo es bautizado así porque se trata de una grabación donde el letrado admite pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, a fin de obtener información privilegiada. En las más de 500 comunicaciones telefónicas entre Hermosilla y el exjefe de la PDI hay también filtración de documentos sobre la compraventa de la minera Dominga, realizada en un paraíso fiscal y que beneficiaba al recién fallecido expresidente Sebastián Piñera y su familia. El exjefe de la Policía de Investigaciones, nombrado en 2021 durante la segunda administración de Piñera (2018-2022), también reveló datos acerca de las indagaciones contra el exmandatario por su eventual intervención para beneficiar el casino Enjoy. Además, hubo filtraciones sobre el proceso contra el exalcalde de la comuna de Vitacura Raúl Torrealba por corrupción y otros ilícitos, y el exjefe comunal de Lo Barnechea Felipe Guevara, por negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto a su hermano Matías Guevara. Una encuesta de la firma Plaza Pública Cadem, publicada este fin de semana, muestra un descenso de 26 puntos en la aprobación de la PDI, que cayó del 86 al 60 por ciento, mientras que 43 de cada 100 entrevistados opina que existe corrupción dentro de sus filas. Santiago de Chile, 25 de marzo 2024 Crónica Digital/PL
El presidente chileno, Gabriel Boric, nombró a Eduardo Cerna como nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), en reemplazo de Sergio Muñoz, quien está en prisión preventiva por revelar información secreta, y corrupción. El nuevo jefe de la PDI se desempeñaba antes como subdirector de Administración de esa institución y asumirá sus funciones de manera inmediata, señaló un comunicado del Ministerio del Interior. Con 35 años de servicio, Cerna trabajó en varias comisarías y ocupó numerosos cargos, entre ellos jefe de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, subdirector de la Escuela de Investigaciones Policiales y jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Santiago. La credibilidad de la PDI quedó dañada tras descubrirse que Muñoz intercambió más de 500 mensajes con el abogado Luis Hermosilla sobre investigaciones de causas de alto impacto, entre ellas algunas contra el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) y autoridades cercanas a su Gobierno. El exjefe de la PDI filtró documentos al letrado sobre la compraventa de la minera Dominga, realizada en un paraíso fiscal y que beneficiaba a la familia de Piñera, y acerca de la investigación contra el exmandatario por su eventual intervención para beneficiar el casino Enjoy. También hubo revelaciones sobre el caso del exalcalde de la comuna de Vitacura Raúl Torrealba, acusado de corrupción y otros ilícitos, y del exjefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Guevara, por negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto a su hermano Matías Guevara. Para la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, se ha traicionado la confianza de la ciudadanía frente a instituciones tan importantes como la que investiga el delito y el crimen organizado. Vallejo se refirió a la posibilidad de la existencia de una red de corrupción de cuello y corbata, organizada para entorpecer la labor de la Fiscalía en distintas causas asociadas a corrupción. Santiago de Chile, 21 de marzo 2204 Crónica Digital/PL
En el contexto de la renuncia del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, por su vinculación con el Caso Audios y los cuestionamientos al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, el Diputado Boris Barrera expresó: “me parece grave y preocupante que después de la renuncia del ex director de la PDI, el general Yáñez aún siga en su cargo”. De la misma forma, puso énfasis en las razones que llevan a la formalización de Yáñez: “creo que es lamentable que se esté comparando a Muñoz y Yáñez, diciendo que los motivos por los cuales se están formalizando son distintos. Es lamentable porque no se pueden relativizar las graves violaciones a los derechos humanos, que se cometieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, en donde el General Yáñez puede tener una responsabilidad por el cargo que tenía”. Finalmente, el diputado dijo: “me pregunto: ¿qué estará haciendo en este momento el general Yáñez? ¿Qué van a hacer sus subordinados cuando tengan que ir a declarar ante el fiscal sobre el caso en que podría estar involucrado su jefe, que sigue en el cargo? Santiago de Chile, 19 de marzo 2024 Crónica Digital
La renuncia del jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, por presunta corrupción y la polémica por la presencia militar en el combate a la delincuencia, fueron noticia en Chile la semana que concluye hoy. Muñoz presentó su dimisión ante el presidente de la República, Gabriel Boric, luego de que el viernes la Fiscalía ordenara el allanamiento a su vivienda y oficina, y anunciara su formalización el próximo martes por revelar información secreta al abogado Luis Hermosilla. Este letrado, conocido por llevar procesos de alto impacto, está involucrado en el llamado Caso Audios, que estalló en 2023 cuando se filtró una grabación sobre pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero para lograr información privilegiada. Pericias realizadas al celular de Hermosilla arrojaron datos sobre hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al ahora exdirector de la PDI. Con casi 40 años de carrera, Muñoz asumió el cargo en 2021 durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022). Para el diputado Boris Barrera, resulta extremadamente grave que se allane la oficina y la casa del director general de investigaciones, o sea, la autoridad máxima que debe velar por la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Otro tema que ocupó las principales páginas de los diarios esta semana fue la solicitud del alcalde de la capitalina comuna de Maipú, Tomás Vodanovic, de desplegar militares en las calles con el fin de enfrentar la violencia. “Tenemos una situación compleja en muchos barrios de nuestro país, particularmente en la Región Metropolitana”, reconoció la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. No obstante, consideró la también senadora que el armamento, las condiciones y la preparación de las Fuerzas Armadas para enfrentar al enemigo, no es la adecuada para estar en los barrios donde hay niños y civiles transitando. Para el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, destinar las Fuerzas Armadas al control del orden público debilitaría a las policías. “La evidencia a nivel mundial y latinoamericano muestra que en conflictos de carácter social o criminal, ni la presencia de militares sirve para disuadir ni tampoco para resolver el conflicto mismo, sino que son las policías las que tienen la capacidad mayor», afirmó. En opinión de la ministra de Defensa, Maya Fernández, las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar la tarea policial. “El orden público en lugares, en poblaciones, tiene que ver con tareas de las policías”, dijo. No obstante, señaló que los militares si pueden tener presencia en sitios sensibles a la acción delictual por su función estratégica, como estaciones de metro o terminales de buses. Santiago de Chile, 16 de marzo 2024 Crónica Digital/PL
El parlamentario, querellante en la causa junto a la diputada socialista Daniella Cicardini, anunció que citarán al fiscal nacional, Ángel Valencia, a la comisión investigadora. A raíz del allanamiento al domicilio del director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en medio de la investigación del denominado “Caso Hermosilla” o “Caso Audios”, el diputado y presidente de la Comisión Investigadora en la materia, Daniel Manouchehri (PS), calificó el hecho como “extremadamente grave” y pidió la salida de la autoridad de su cargo. “El allanamiento de la casa y la formalización del director de la PDI es una situación extremadamente grave. Nadie puede estar sobre la ley. El gobierno debe solicitar la inmediata salida del director”, indicó Manouchehri. En esa línea, el parlamentario socialista, también querellante en el caso, señaló que “pareciera que los tentáculos del señor. Hermosilla son invisibles y poderosos. Esperamos que se investigue a fondo y los responsables en este caso paguen con el máximo rigor de la ley” Al respecto, Manouchehri anunció que la Comisión Investigadora por el “Caso Hermosilla” citará al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que dé cuenta de estas acciones. “En el caso Hermosilla hemos realizado dos acciones, una comisión investigadora y además una querella, junto a la diputada Daniella Cicardini, por el delito de cohecho a funcionarios. Justamente nuestra querella persigue que la actuación de los funcionarios públicos no debe ser jamás amparando la corrupción”, recalcó el legislador por la Región de Coquimbo. Santiago de Chile, 15 de marzo 2024 Crónica Digital
Declaración pública La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, (AFEP) denuncia a la opinión pública nacional e internacional, nuevamente un acto gravísimo de agravio infligido a las víctimas y sus familiares de las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura. Con estupor e indignación, hemos tomado conocimiento que el criminal de Lesa Humanidad, Carlos Yáñez Campos, ex prefecto de la Policía de Investigaciones, fallecido el 04 de mayo pasado fue velado en la capilla institucional de la PDI. Dicha ceremonia fúnebre fue anunciada por los conductos oficiales de la PDI a través de la Prefecta Silvia Barra Muñoz, Jefa Nacional de Asuntos Públicos, mediante una Circular General, informando además el oficio de una misa. Los hechos son de una extrema gravedad porque se asume, institucionalmente de parte de la PDI, un compromiso con una persona condenada por un crimen de Lesa Humanidad, desarrollando en un recinto público como las dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales, un acto de naturaleza privada que, en ninguna circunstancia puede tener un carácter oficial ni debe involucrar a una fuerza de orden y seguridad pública, que depende del Ministerio del Interior, con un violador de Derechos Humanos. Carlos Yáñez Campos fue condenado como autor del secuestro calificado de Luis Justino Vásquez Muñoz, de 34 años de edad, casado y padre de 4 hijos, militante del Partido Socialista, dirigente de la Central única de Trabajadores, CUT y ex Regidor de San Fernando, perpetrado en la ciudad de San Fernando a partir del 20 de noviembre de 1973, su paradero se desconoce hasta el día de hoy y forma parte de la lista de Personas detenidas desaparecidas reconocidas por el Informe de la Comisión Rettig. Realizar pompas fúnebres de un criminal condenado por un delito de lesa humanidad, por sentencia firme y ejecutoriada, cometido por un ex prefecto de la Policía de Investigaciones, constituye un acto de negacionismo inaceptable que exige una explicación de la Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Carolina Tohá y del Director General de la PDI Sergio Muñoz Yáñez, quien actuó con desidia, ante un familiar del condenado agente del estado Carlos Yáñez Campos. A 50 años del golpe militar, actos de esta naturaleza constituyen una flagrante violación de la garantía de no repetición, un principio del derecho internacional de los Derechos Humanos orientado a que crímenes cometidos por personas como el ex prefecto de la PDI Carlos Yáñez Campos, nunca más vuelvan a ocurrir. Exhortamos a la señora Ministra del Interior Carolina Toha, a tomar cartas en este grave hecho y adoptar las medidas legales y administrativas por la responsabilidad del mando de la PDI en estos actos, que solo merece nuestro repudio y rechazo. Exigimos una explicación y no repetición en hechos tan dolorosos para las familias de las víctimas, que aun buscamos a más de 1000 detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo, mientras las instituciones a los victimarios se les honran. Eso es el pacto de silencio e impunidad que mantienen las FFAA y Policías a 50 […]
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano desea expresar su rechazo y preocupación por el uso de balines o perdigones de goma como instrumento disuasivo de manifestaciones públicas por parte de la Policía de Investigaciones de Chile. Hecho agravado por la reciente aprobación de la denominada Ley Naín-Retamal, que otorga a los agentes policiales que utilicen estos artefactos balísticos, potencialmente letales y altamente gravosos, un resguardo preminente derivado del criterio de “Legítima Defensa Privilegiada” que puede desembocar en formas de impunidad jurídica. Hemos constatado en la tarde del jueves 27 de abril la utilización de este tipo de armamento en contra de una manifestación estudiantil, cuando agentes del cuartel de la PDI ubicado en Condell 264 de Providencia, sin necesidad ni apremio a su infraestructura o cuerpo policial, incurrieron en prácticas de disuasión por medio de disparos con este tipo de munición. Verificamos además que al menos uno de estos balines impactó directamente a un manifestante. Advertimos que esto se realizó en la presencia o cruce de civiles residentes o transeúntes que no participaban de la manifestación. Recordamos que la Policía de Investigaciones no posee el mandato legal para el control de manifestaciones públicas y tampoco incurrían otras causales que presupusieran una estimación razonable de amenaza a su personal y cuartel que legitimaran su utilización, escapando a criterios objetivos como la necesidad y la proporcionalidad. Los balines de goma de potencialidad letal, como los usados en Chile durante el Estallido Social, han causado centenares de traumatizados oculares que no eran imputables de delito alguno. Se debe esclarecer a la brevedad si en la práctica actual se sigue considerando el uso de estos balines en el control de manifestaciones, si contienen plomo potencialmente letal y si se pueden utilizar legalmente pese a que institucionalmente fue anunciada su prohibición de uso. Llamamos a las todas autoridades competentes del Estado a colaborar en el pronto esclarecimiento de estos hechos y a someter todas las prácticas policiales a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza promovidos por el sistema de protección internacional de derechos humanos. Álvaro Ramis Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano Santiago de Chile, 2 de mayo 2023 Crónica Digital
Tania Jara, comisaria de la PDI, realizó la gestión el viernes pasado, tras el anuncio de su desvinculación de la Institución, por haber denunciado un abuso sexual y acoso laboral prolongado ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, cuyo trabajo culminará este lunes, con una maratónica jornada de 12 testimonios que aún resta por escuchar, de los 38 considerados. Entre ellos, algunos de alta connotación pública, como el de Danitza Araya, Valeria Vivanco y Fernando Ulloa, entre otros. Se trata del primer recurso ante el Ministerio del Interior, por medida expulsiva de la PDI, bajo la nueva Ley 21.427, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; la norma permite a los afectados apelar a contar del 17 de agosto de 2022. Tal y como sugirió el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, «Presenté mi recurso en Interior, en el Edificio Bicentenario (7° piso), por mi expulsión de la PDI. El costo es tremendo, me había mantenido estable, pero en el camino fue un sentir muy similar a cuando vas terminando una carrera, a punto de llegar a la cima de un monte… emociones positivas, pero en este caso eran emociones encontradas», señaló la comisario Jara, quien con dolor relata lo agredida que se sintió cuando le pidieron su placa y le quitaron las medidas de protección que tenía. Este lunes, la Comisión Investigadora parte temprano en Valparaíso, escuchando el relato de 12 víctimas de abusos e irregularidades al interior de la PDI. «Sin duda, el trabajo de esta comisión es muy valioso, porque deja constancia de malas prácticas y abusos que debemos erradicar. Además, abrió una ventana para que muchos otros se atrevieran a denunciar. Es así como hemos recibido más de 100 nuevos relatos que se entregarán en una carpeta a Interior. Esperamos que mostrar la verdad sirva para hacer cambios concretos y que las instancias que corresponda busquen maneras de reparación, tanto para las víctimas, como para sus familias», señaló la diputada Claudia Mix, gestora de la comisión. Santiago de Chile, 18 de diciembre 2022 Crónica Digital
«Verdad, Justicia y Reparación, ese es nuestro anhelo para todas las víctimas de abusos e irregularidades al interior de la PDI. Desde la Comisión Investigadora hemos visibilizado el dolor de las víctimas, que por ser funcionarios y funcionarias; que por haber estado en las filas de la Policía de Investigaciones, su Institución ha callado. Para hacer cambios es indispensable hacerse cargo de la verdad, es lo mínimo que merecen las víctimas y sus familias. Tuvimos la oportunidad de escuchar hoy casos impactantes; que nos dejaron realmente afectados. El próximo lunes tendremos una jornada de trabajo bastante extensa; comenzaremos a las 08.30 de la mañana a escuchar los testimonios que aún están pendientes.» La muerte de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, ocurrida en 2017 en Puente Alto, en el marco de un operativo policial donde un compañero de la Institución causó su deceso e intentó ocultar los hechos, fue el punto de partida del trabajo de esta comisión, que consiguió incluir 38 casos más, entre ellos, el de Danitza Araya, quien quedó postrada producto del disparo de un compañero de brigada y el de Fernando Ulloa, dado de baja por denunciar una red de narcotráfico. El trabajo de la Comisión Investigadora -cuya gestora es la diputada Claudia Mix, que tomó contacto con las víctimas siete meses antes del inicio de la misma, recopilando antecedentes, coordinando y reuniendo las firmas necesarias entre los parlamentarios, para pedir su creación en la Sala-, abrió una ventana para que otros nuevos cien casos se atrevieran a develar su situación. Estos serán recopilados en una nueva carpeta que será entregada al Ministerio del Interior; así fue informado al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve. Santiago de Chile, 16 de diciembre 2022 Crónica Digital
