El Consejo para la Transparencia ha hecho una encuesta que muestra que el ‘pituto’ tiene un importante 30% de aceptación, incluido los empleados públicos. Suena un poco violento pero no es para tanto, la pregunta que se hizo fue si es preferible para el ciudadano utilizar los canales formales para hacer un trámite con resultado positivo, o bien conseguirse un contacto con el fin de asegurarse el éxito del trámite. Están de acuerdo con esta última opción un tercio de los encuestados, cifra que sube un poco más cuando responden los funcionarios públicos. La primera reacción al conocer las cifras es que tenemos una sociedad corrupta, pero no es así. Corrupción implica obtener beneficios de alguna clase por parte de una autoridad –es muy difícil definir corrupción privada– o también se puede entender como ocupar el poder político o administrativo, directa o indirectamente fuera de su campo legítimo. Pero nos parece que preferir el ‘pituto’ tiene un efecto negativo para la sociedad y eventualmente podría favorecer la corrupción si se transforma en una cultura que legitime el ‘apitutamiento’ como el modo natural de obtener, por supuesto de la autoridad política, los bienes que podemos obtener sin ninguna ayuda. El ‘pituto’ es una clase menor de clientelismo, que es la cesión de una favor –político, no hay que olvidar– a cambio de apoyo electoral; pero en este caso, si resulta, el favorecido sólo pagará con su agradecimiento y cariño. Podríamos pensar en el nepotismo, esto es, preferir a los parientes y quizás a los amigos; pero la legislación chilena es muy clara respecto de contratar a pariente, porque el nepotismo está centrado en los contratos, los amigos no constituyen impedimento si cumplen los requisitos, el ‘pituto’ ya no es lo que fue. ¿Y qué es el ‘pituto’ y en qué se diferencia del de antaño? Antiguamente era una recomendación para favorecer a un amigo o pariente, el ‘pituto’ era alguien bien ubicado y con una cuota de poder de decisión para favorecer al recomendado; es decir un amigo me envía y avala ante otro amigo, que yo no conozco, pero que me beneficiará, ¿Por qué lo hará, si no es mi amigo? Porque es amigo, pariente, camarada, compañero, ‘hermano’, correligionario, etc; porque debe dar prueba que es un miembro de un grupo con alguna clase de poder. No debe confundirnos, saltarse la fila, llamar a un amigo o compañero, no va a poner en riesgo la gobernabilidad, la gobernanza, la democracia ni nos va a volver un país corrupto, sólo muestra un país con una cultura subdesarrollada, en la que confiamos algo conspiranoicamente, que el biotipo, la edad, el sexo, la clase, el lugar donde cursamos la educación media, la universidad a la que fuimos, el barrio donde vivimos o el vehículo que se tiene, es lo que determinará nuestra suerte cuando se hace toda clase de trámites. Como lo más probable es que todos tengamos unas cuantas historias de segregación social, preferimos ir sobre seguro, así que el ‘pituto’ es […]
Opinión
I.- Introducción y compromiso. Este artículo trata de cómo y cuándo lograr un futuro desarrollo de Chile. Hay que tener presente que ese futuro sólo existe en nuestra mente y a él se puede aspirar de diferentes maneras. Es por eso que, usando la metodología de escenarios, ésta nos puede conducir a resultados muy diferentes, siendo uno de ellos de alto desarrollo. El desarrollo económico del país ha sido una preocupación casi permanente por décadas y se ha argumentado de muchas maneras con respecto a el o los caminos más apropiados para que se genere una tasa de crecimiento anual del PIB que lleve a que finalmente se alcancen rentas per cápita del orden de los 25 mil a 30 mil dólares anuales en vez de los 14 mil dólares actuales (sin paridad de poder adquisitivo). Para que eso ocurriera, con la actual población, sería necesario duplicar el actual producto interno bruto (PIB). El gobierno que se inicia el próximo 11 de marzo ha propuesto aplicar un programa de desarrollo, que acogemos sin desinterés y que dice: “en nuestra capacidad de transformar a Chile en el primer país desarrollado y sin pobreza de América Latina”. Y agrega que: “Nuestra misión es transformar a Chile en ocho años en un país desarrollado y sin pobreza; y desarrollo es mucho más que crecimiento”. Por otra parte, es válido recordar un anuncio publicado en abril de 2010, hace 8 años atrás, atribuido a miembros del gobierno de entonces que señalaba: “el objetivo es convertir a Chile en un país desarrollado para el año 2018”, o sea, en el presente año. Por otra parte, un ministro saliente señaló que su gobierno «acercó a la sociedad chilena estructuralmente a ser un país desarrollado». Las afirmaciones del nuevo gobierno nos llevan a considerar que el propósito ahora es que alrededor del año 2026 la población nacional esté viviendo los beneficios de ser un país plenamente desarrollado. Si este desarrollo no ocurriera sería una nueva frustración para toda la comunidad nacional. II.- Tres Escenarios con Métodos de anticipación. En nuestra aplicación sobre anticipación de los futuros solicitados por instituciones privadas y públicas, en los últimos 30 años, hemos explorado en diferentes sectores, industrias y empresas. Es una materia compleja que utiliza diferentes metodologías relacionadas como: (1) Escenarios: políticos, económicos, tecnológicos, sociales, ambientales para Chile, construidos con el apoyo de diferentes especialistas nacionales y extranjeros, (2) Delfos sobre: productos forestales, agrícolas y ganaderos y para servicios sociales y financieros, (3) Análisis de tendencias para: productos y servicios tradicionales y productos innovadores y (4) aplicaciones de “suavizamiento exponencial” (5) inteligencia artificial y sistemas expertos para escudriñar en diferentes sectores: salud, educación superior, automotriz, madera, fruticultura, etc. y sus tasas potenciales de variación hacia el futuro. Con estos antecedentes metodológicos procedimos a preparar varios escenarios de los que presentamos una breve síntesis de tres de ellos y como un aporte a la comunidad, sobre lo que podría ocurrir en Chile hacia fines de la década del 20, o sea, para los años 2029-2030, cuando ya se completarían 3 gobiernos de 4 años cada uno. Advertencia: los escenarios no son deseos ni opciones de los autores sino unos descriptores […]
Hace 19 años, el 12 de diciembre de 1998, se inauguró en Villa Grimaldi el Muro de los Nombres, un hito simbólico y reivindicatorio para la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos del ex Cuartel Terranova, sus familiares y sobrevivientes, y a través de ellos, a toda la sociedad que fue afectada por el terrorismo de Estado en Chile. Este muro se constituyó, de esta forma, como un lugar de recogimiento y conmemoración, transformándose en parte importante de la obra arquitectónica del Parque por la Paz, siendo el punto culmine del llamado “camino de la vida”, uno de los dos ejes simbólicos que definen a este sitio de memoria. Este significado, no es menor. A diferencia del Muro de los Nombres del Cementerio General, que se erige en un lugar de muerte y con distancia hacia los visitantes, en Villa Grimaldi se pensó relacionar al memorial con la vida, la reflexión y la cercanía, lo que se ve refrendado con las ofrendas de claveles y velas dejados en cada actividad conmemorativa que se realiza. Asimismo, en su condición de “memorial vivo”, el muro es soporte para los recorridos pedagógicos, recibiendo cientos de estudiantes cada día. Cuando el memorial fue inaugurado, en diciembre de 1998, contenía 226 nombres, de personas que, a esa fecha, habían sido considerados como ejecutados políticos o detenidos desaparecidos de Villa Grimaldi. Esta primera lista se basó en la información proporcionada por familiares, sobrevivientes y en los escasos antecedentes oficiales que existían en aquel momento. En el discurso de su inauguración, titulado “La memoria es más fuerte”, se hacía referencia de forma crítica a la “transición” y su idealización como un proceso democrático ejemplar, que sólo ayudó a la invisibilización de la trágica herencia política, social y económica de la dictadura cívico-militar, lo que constituiría la ‘memoria oficial’. Para los sobrevivientes, en aquel contexto, el Muro de los Nombres fue la reivindicación de la llamada ‘memoria social’, surgida “en torno a caídos y sobrevivientes, (…) esparciéndose por toda la humanidad (…) en una oleada de verdad y justicia”. Lo anterior evidenciaba las limitaciones de las políticas de memoria estatales respecto a la recuperación de sitios en los que ocurrieron violaciones a los derechos humanos, las memorias asociadas a las víctimas y cómo se relevaba el papel de los familiares y sobrevivientes en estos procesos. En resumen, la memoria se centraba solamente en la reconciliación, sin considerar la revisión del terrorismo de Estado. Ahora, en un contexto social y político que reconoce las atrocidades cometidas por la dictadura cívico-militar, se re-inauguró este memorial con 241 nombres, reivindicando la memoria de quince personas que fueron asesinados o vistos por última vez con vida en el ex Cuartel Terranova. Su presencia quedó grabada para siempre en este Muro, en el Parque por la Paz. Esta iniciativa es también una recuperación de la trayectoria de los años de lucha de familiares y sobrevivientes, y marca, como un hito, una imagen del presente, que probablemente deba, como […]
Quienes tenemos la convicción que la salud es un derecho y estamos comprometidos con la salud pública, con gran pesar, nos hemos enterado de los resultados de fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República en el hospital de La Florida. Tales fiscalizaciones arrojaron la existencia de diversas y graves irregularidades, las cuales obliga a dos médicos del hospital a devolver la suma de 74,5 millones de pesos pues, según la investigación, fueron mal habidos. Lamentablemente, situaciones como estas (o similares a estas), se repiten con demasiada frecuencia en el sistema público como también en el sistema privado. La larga lista de malas prácticas (que ya vemos casi como si fueran sólo un mal paisaje) y que cometen personas con investiduras de cargos de confianza y hasta “honorables”, van desde las bajo perfiladas irregularidades, hasta descarados robos. Por nombrar sólo algunos: colusión de grandes empresas para subir artificialmente los precios de productos; financiamiento ilegal de políticos; cohecho de parlamentarios; operaciones fraudulentas en el ejército que han permitido la desaparición de millones de dólares desde los fondos reservados del cobre; millonario fraude en carabineros, el cual ya supera los 26 mil millones de pesos; arreglines para lograr jubilaciones millonarias (mientras para la mayoría lo son de hambre); etc, etc… Nuestra comuna de La Florida no ha estado ajena a esas prácticas y vemos como la administración municipal incumple compromisos, cierra colegios, adeuda cotizaciones previsionales a los trabajadores de la salud y la educación, es decir, las acciones de rapiña y en contra el bien común son frecuentes… y lo peor es que al parecer ya no escandalizan y son “aceptadas” sin mayores cuestionamientos. Si buscamos alguna explicación a esto, no es necesario “escarbar mucho”, los años de la dictadura que vivimos en Chile, dejaron profundas marcas en nuestra sociedad, no sólo físicas, sino también huellas en nuestro pensar colectivo frente a hechos delictuales, pasando del inicial y natural “asombro”, hasta un estado casi de “normalidad” y resignación ante situaciones que son alarmantes. Cuando se viven procesos históricos tan dolorosos, injustos, cobardes y abusivos, en los cuales la mayoría de los culpables permanecen prácticamente sin sanción, la percepción colectiva de justicia se distorsiona y desanima en la legítima aspiración de justicia. Tal vez el concepto de “justicia en la medida de lo posible”, se haya traducido en una perniciosa “impunidad en la medida de lo posible”. La impunidad ha sido una aliada en el mal actuar. Una impunidad que no falla a la hora de ser rescatada “en la medida de lo posible”. Tal impunidad se pasea en la colusión, en la corrupción, en los dineros mal habidos, en los robos, en el tráfico de influencias, etc. Muchas veces, incluso, las penas a pagar por quienes resultan culpables, son tan irrisorias que hasta se pueden entender como parte de un “modelo de negocios”… y el factor o denominador común es la impunidad. Si no queremos que ese “mal paisaje” siga estando presente en nuestro accionar, es necesario aplicar justicia sin resquicios, […]
El artículo de opinión “El decálogo institucional de Venezuela y su parodia electoral parafernálica” del señor Hugo Mena K publicado en El Mostrador el 16 febrero 2018, se hace muy difícil de leer por la cantidad de información inexacta que contiene, a pesar que el Sr. Mena de partida declara que: “durante el último año y medio he seguido con bastante atención el escenario político y económico de Venezuela”, – ya el lector estará advertido con esta afirmación, que él es una persona informada – conclusión por lo tanto es que debemos entender que es creíble lo que afirma, pero es tan así en verdad? Al constatar el cúmulo de falsedades o medias verdades que escribe, lo pongo en duda. Empieza afirmando: “despotismo de un Gobierno iletrado”, habla de un gobierno iletrado, (adjetivo que sólo persigue predisponer al lector desde la entrada en contra del Gobierno de Nicolás Maduro), sería interesante saber que es para él un gobierno letrado, ¿El de Peña Nieto en México y sus 43 desaparecidos de Ayotzinapa o el Colombia y sus falsos positivos? Y agrega: “y del populismo de una izquierda trasnochada que se quedó anclada en la época de la Guerra Fría”, sin embargo en el punto 1 de lo él llama contexto institucional, afirma y se pregunta: La fecha de la próxima elección presidencial fue arbitrariamente adelantada, de diciembre del 2018 al 22 de Abril. ¿Quién la adelantó? El recientemente creado Politburó de Nicolás Maduro: la Asamblea Constituyente –órgano electo al margen de la Constitución. Por favor señor Mena Ud. no sólo se quedó en la época de la guerra fría, sino en la época de principios del siglo XX, ¡¡Politburó de Nicolás Maduro!!,(“que molleja primo”, diría un maracucho) y afirma algo totalmente falso, que la Asamblea Constituyente fue electa al margen de la Constitución, los artículos 347,348 y 349 de la Constitución Bolivariana de Venezuela regla claramente cómo y quién puede convocar a una Asamblea Constituyente, los cuales reproduzco para su información y de los lectores, el texto constitucional dice lo siguiente: Titulo III De la Asamblea Nacional Constituyente Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral. Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en […]
No hay caso. Hay personas y grupos que no aprenden de la historia y de su propia experiencia. Fueron participes directos del proceso que culminó en el golpe de estado del 73 que condujo a la más brutal dictadura que ha vivido nuestro país. Participaron directamente en las acciones promovidas por el Gobierno de EE.UU. para ese efecto. Recibieron financiamiento de la CIA. Para ese efecto se aliaron con la derecha en la CODE. Veinte días antes del golpe aprobaron en el Congreso un texto que acusaba al gobierno de estar fuera de la ley llamando a las FF.AA. y de Orden a intervenir. Se negaron a un dialogo con el Gobierno promovido por el Cardenal Silva Henríquez. Producido el golpe, y cuando ya se habían producido los primeros crímenes y violaciones a los derechos humanos, el Presidente Frei Montalva expresó públicamente su apoyo al Golpe. Destacados militantes desempeñaron altos cargos en la dictadura. Salvo honrosas excepciones que desde el primer día rechazaron el Golpe, fueron cómplices, al menos pasivos, de algunos de los crímenes de lesa humanidad y de las violaciones más atroces a los derechos humanos, cometidos en esos primeros años. ¿Con que moral pueden los sectores más conservadores de la DC, decir que han respetado siempre los derechos humanos? ¿Alguien les puede creer o es que hoy son parte de una operación similar a la que el imperio montó en Chile el 73, ahora para Venezuela? José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe del gobierno español, que coordinó el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, en carta que da cuenta del acuerdo alcanzado, expresa su extrañeza que la oposición no hubiera firmado lo acordado, reiterando su llamado a hacerlo. Llama la atención que con tanto discurso pro socialdemocracia, se podría pensar que el intenso y generoso trabajo de uno de sus lideres mundiales por lograr una salida política a la crisis venezolana tendría el apoyo y respaldo de quienes en Chile se sienten identificados con esa mirada. Pero, solo silencio, y prefieren sumarse a la campaña imperial.. ¿Quieren repetir la historia? ¿Hacer lo que hizo Aylwin desconociendo el diálogo con Allende? Y, después, arrepentirse de lo hecho y en el camino miles de víctimas, entre ellas, también democratacristianos. Paralelamente, el canciller chileno se hace cómplice de su colega peruana en el intento de prohibir el ingreso del Presidente de Venezuela a la Cumbre de las Américas que se desarrollará en Lima en Abril. Se hace cómplice de la canciller de un Presidente corrupto, que eludió la remoción del cargo, amnistiando y dejando libre a un dictador responsable de crímenes de lesa humanidad y de brutales violaciones a los derechos humanos. ¿Estos son los valores y principios de la política exterior de Chile que el Canciller Muñoz dice que orientan su accionar en política internacional? ¿Es que la operación del Grupo de Lima Pretende repetir el ridículo que hizo la OEA en 1962, por orden de EE.UU, expulsando a Cuba, después que esta derrotó la invasión organizada […]
«Explicaciones hay muchas ante la pérdida de una revista tan importante y solvente como Punto Final. Sin embargo, lo que más desalienta es que no exista entre aquellos “chilenos que les ha ido bien”, y siguen profesando (según dicen) las causas del progresismo, un esfuerzo por salvar a esta revista, pero también proponerse entregar recursos que alimenten la diversidad informativa». El director de la Revista Punto Final ha anunciado el inminente cierre de su publicación. Problemas financieros serían la causa de que se apague una publicación de más de 50 años de existencia y que ha representado con lucidez la visión del progresismo o de la izquierda en nuestro país. Un notable esfuerzo editorial valorado en todo el continente y que difundió el pensamiento de decenas de periodistas e intelectuales reclutados siempre por Manuel Cabieses, cuya solvencia, ética y destreza profesional están ya inscritos en el largo y tesonero esfuerzo del periodismo libre y digno. Con independencia y sin ataduras factuales, pero siempre comprometido con los valores de la justicia social y el entendimiento político y social que se deben nuestros pueblos. Su próxima edición promete ser la última y con ello se suma al fatal desenlace de decenas de revistas y diarios que prevalecieron e incluso surgieron durante el régimen de Pinochet pero que la posdictadura asesinó o asfixió deliberadamente durante estos 30 años de connivencia con los uniformados golpistas, los más poderosos empresarios, los partidos políticos y gobiernos que prometieron pero terminaron traicionado la demandada democracia. El cierre de Punto Final es el triunfo de la ideología de quienes postulan el neoliberalismo económico, la democracia vigilada, la concentración de la riqueza y la marginalidad de millones de chilenos, muchos de los cuales son brutalmente reprimidos actualmente en La Araucanía, como también son perseguidas y desacreditadas sus organizaciones sociales, políticas y culturales. No podríamos decir que significa la derrota de quienes fueron nuevamente apabullados electoralmente por Sebastián Piñera y la derecha. Cuando de verdad los sucesores del dictador fueron cooptados por las ideas ultra reaccionarias y terminaron cediendo y abrazando los postulados de las cúpulas protegidas por la Constitución de 1980, el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación hegemónicos. Esto es, por los oligopolios informativos que terminaron moribundos en 1990, pero que fueron revitalizados por los nuevos moradores de La Moneda. En la idea de que era preferible “encantarlos” con impunidad y publicidad estatal, antes que apoyar cualquier medio que se propusiera alentar los cambios, profundizar la democracia y terminar con las agraviantes desigualdades sociales. Vale decir que, al igual que lo acontecido con diarios, revistas y otros medios progresistas, Punto Final sobrevivió gracias al compromiso de sus colaboradores, la fortaleza moral de su director y el apoyo recibido desde el exterior, siempre modesto y limitado. No consta que en todo este tiempo esta revista haya obtenido avisos o contribuciones personales o institucionales que se hayan propuesto colaborar aunque sea con la “diversidad informativa”, que hoy en el mundo se asume como una condición indispensable en la formación de […]
Cuando se modifican los planes reguladores comunales (PRC), que son los instrumentos de planificación urbana de las comunas que forman parte de la Región Metropolitana de Santiago y de las comunas localizadas en regiones que tienen Planes Reguladores Intercomunales (PRI), se requiere solo el informe favorable del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo. Con tal autorización, ese acto administrativo se publica en el Diario Oficial y a partir de esa fecha se inicia su aplicación. Como se observa los cambios urbanísticos en dichas comunas, para bien o para mal del sector inmobiliario y de las comunidades, operan sin que la Contraloría General de la República haya tomado razón de ese instrumento normativo, razón por la cual muchos de estos PRC,s adolecen de errores, algunos muy graves y de diferentes tipos. En cambio en las comunas del país insertas regiones donde no existen Planes Reguladores Intercomunales (PRI), la Contraloría sí toma razón de las modificaciones de sus PRC,s con lo cual se asegura que estos instrumentos sean ajustados a derecho, lo cual es lo sensato. La fundación Defendamos la Ciudad, de la cual este columnista es su presidente y vocero, conocedora del desorden institucional existente desde siempre en materia de Vivienda y Urbanismo, ejerce desde hace unos cuantos años una labor de investigación para que algún día lleguemos a un cierto nivel de normalidad en la aplicación de las normas por parte de los actores que se desenvuelven en el negocio inmobiliario, pues ese mercado funciona bien solo si sus competidores se enmarcan con rigor y honestidad en las reglas del juego. La asimetría en la información disponible y las ventajas indebidas que obtienen algunos bien relacionados, por parte de las Direcciones de Obras Municipales, corrompen este sector gravitante de la economía, lo que no parece importarle mayormente a las asociaciones gremiales empresariales, a las autoridades de los distintos gobiernos y hasta a los colegios profesionales ligados a la construcción: el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros. En esta línea expositiva y con el propósito de que se enmiende el rumbo para que Chile se vaya asimilando progresivamente a la seriedad que se observa en los países del primer mundo, con énfasis en los situados ya sea en el norte de Europa como en el norte de América, damos cuenta de una situación local que podríamos calificar sin exagerar como sinceramente fantasmagórica. En efecto, 1.- El 10 de octubre de 2017 ingresamos con Nº 210834 en la Contraloría una fundada denuncia relacionada con decretos que modificaban los usos de suelo del PRC de Las Condes, debido a que no se ciñeron al procedimiento idóneo para hacerlo y excediendo su ámbito de competencia. Le adjuntamos 13 decretos contrarios a derecho ya que se saltaban el procedimiento contemplado en los artículos 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), solicitándole su actuación fiscalizadora. 2.- El 6 de diciembre de 2017 ingresamos con Nº 218708 en la Contraloría la denuncia en contra del Decreto Nº 1.626 de la alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal, […]
Un acuerdo entre CORFO y SQM acaba de ser anunciado en Enero del 2018. En la primera parte, se analizan las consecuencias ambientales sobre el Salar de Atacama. En la segunda parte, se discuten el costo de oportunidad de ampliar una cuota de extracción sin valor agregado. En la tercera, se cuestionan las cifras de recaudación tributaria difundidas por CORFO. En seguida, se desmiente que el nuevo contrato era la mejor opción legal frente a la falta de alternativas para el Estado; allí se revela que CORFO volvió a colocar al mismo árbitro actual, a pesar que argumenta que éste es un impedimento para otras alternativas. Finamente, se sugiere una nueva Política Pública. LA SITUACION AMBIENTAL. Una primera debilidad del acuerdo es que no se hace cargo de la fragilidad del Salar de Atacama. Se le permite a SQM triplicar la cuota de extracción de Litio en el mismo Salar de Atacamasin haber un estudio hidrológico previo integral del Salar y a pesar de encontrarse acreditadas múltiples infracciones ambientales acreditadas mediante informes oficiales Mayores antecedentes sobre este tema se puede encontrar en la investigación de la Dra. Ingrid Garcés y de Sergio Mantilla para su tesis de Magister en Medio Ambiente del CREA. El Salar de Atacama es un sistema ecológico que alberga vegetación y especies animales que dependen del agua. De allí surgen actividades económicas agrícolas importantes para la autosuficiencia alimentaria de los pueblos originarios y para el turismo. No es por tanto de extrañar la movilización en contra del Acuerdo por parte del Consejo de los Pueblos Atacameños. El agua que se utiliza se encuentra en la salmuera que contiene el Litio. Hace unos meses ya se había acordado con Rockwood Litio triplicar la cuota de extracción sin tampoco un estudio previo. Entre estas dos empresas, había un tope de extracción de 135.000 toneladas, ahora, con estos dos acuerdos, la extracción en el Salar aumentaría a 570.000 toneladas. De acuerdo a CORFO, los acuerdos que citamos no obstruyen las obligaciones ambientales de las empresas, incluso, los nuevos contratos, aparentemente las refuerzan. Sin embargo, la información de consumo de agua, seguirá a cargo de las mismas empresas. El Estado no cuenta con mediciones propias o de organismos independientes. Tampoco está en los nuevos contratos. Asimismo, en el mismo Salar, gozan de derechos de agua gratuitos, otras grandes empresas mineras: Escondida y Zaldívar entre ellas. Fácilmente, entre todas podrían diluirse las responsabilidades. Sobre todo, considerando que cuando existen recursos naturales compartidos, existen todos los incentivos para una carrera olímpica por consumir el recurso antes que lo hagan los competidores. Sin embargo, el Salar es un sistema ecológico integrado donde el sobreconsumo de agua en cualquiera de sus partes afectará a otra zona. Los estudios tienen que abarcar al sistema completo. Actualmente, sin línea de base, no hay argumentos que avalen mantener el actual ritmo de extracción y mucho menos multiplicarlo por tres. Parafraseando a Nicanor Parra, el acuerdo se hace sobre un Salar de Atacama imaginario. GANANCIA IMAGINARIA. […]
Muy señor mío: Después de trabajar sin descanso durante dos años por una convivencia pacifica, democrática, de superación de los problemas económicos y sociales de Venezuela, y con el espíritu de reconciliación entre todos los venezolanos, y tras un esfuerzo ingente de diálogo, auspiciado en los últimos meses por el esfuerzo ejemplar del presidente y el canciller de República Dominicana, con el acompañamiento de un grupo de países amigos, se culminó en un consenso básico para un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela, concretado en un documento presentado a las partes que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses, a saber, el acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática. De manera inesperada para mi, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado. Esta petición la formulo desde mi convicción profunda en la necesidad de este acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo. Espero su respuesta favorable; Recibas un cordial saludo, FDO JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO Santo Domingo, D.N, 7 de febrero de 2018
