Ecuador vivió en 2022 uno de los mayores paros de su historia, con protestas durante 18 días consecutivos para reclamar soluciones ante las políticas neoliberales implementadas por el ejecutivo sin que hasta ahora existan grandes avances. Por Adriana Robreño Corresponsal jefa en Ecuador El estallido social de junio, que paralizó la mayor parte de esta nación andina, fue convocado por el movimiento indígena para exigir respuestas a una agenda de 10 puntos planteados al Gobierno un año antes y que aparentemente se quedaron dormidos en la mesa presidencial. Quito, capital del país, fue el epicentro de las protestas por la rebaja de los precios de los combustibles, el cese de las privatizaciones y la minería ilegal, la seguridad ciudadana y la autonomía de los territorios indígenas, derechos laborales y moratoria bancaria, entre otras medidas. Esas eran las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), entidades que protagonizaron las movilizaciones. Durante el paro nacional, la policía y militares allanaron la sede de la Casa de la Cultura en el centro de la capital, detuvieron al líder de la Conaie, Leonidas Iza, y hubo enfrentamientos en las calles entre uniformados y civiles con un saldo de decenas de heridos, detenidos y seis muertos. Luego de 18 días de paralización laboral e incesantes protestas, instituciones de Estado, la iglesia, organizaciones sociales, población y los manifestantes pedían conversaciones para acabar el conflicto. Finalmente, con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante y mediador, se firmó un acta que dio paso a un periodo de 90 días de diálogos en busca de consensos. Además, se concretaron otros logros, como la reducción en los precios de los combustibles, aunque no con los valores demandados, la declaración de emergencia en la salud pública y un mayor presupuesto para la educación intercultural. TRES MESES DE DIÁLOGOS Mientras los sectores populares estaban en las calles exigiendo ser escuchados por el gobernante Guillermo Lasso, este apenas envió al ministro de gobierno, Francisco Jiménez, para firmar el documento que propició el establecimiento de 10 mesas de trabajo. Durante tres meses representantes del Ejecutivo y del movimiento indígena discutieron en esos espacios soluciones a las problemáticas planteadas y alcanzaron 218 acuerdos. No obstante, en las conversaciones el gobierno se negó a reajustar los precios de los derivados del petróleo para sectores que ya se benefician de subsidios, como camaroneras, atuneras y empresas mineras. En la ceremonia de firma del acta tras el fin de los diálogos, efectuada el 14 de octubre, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, advirtió sobre la falta de consenso en puntos claves que motivaron las movilizaciones de junio. El pueblo ecuatoriano sabe el esfuerzo que hemos puesto para resolver los problemas más sentidos del país y pedimos al ejecutivo flexibilizar su postura sobre los ricos, señaló Iza. Igualmente, pidió al Gobierno cumplir con su palabra e implementar lo pactado. INCUMPLIMIENTOS Dos meses después […]
