El organismo intervino tras negativa de la Superintendencia de Salud a la publicidad de antecedentes asociados a procesos de fiscalización o auditorías por empresa fundamentales para su supervisión. Tras decisión unánime del Consejo para la Transparencia (CPLT), que acogió el amparo presentado en contra de la Superintendencia de Salud, el organismo ordenó la entrega a la persona que lo solicitó de fiscalizaciones y auditorías realizadas por las Isapres y otras entidades bajo supervisión de esta entidad pública. Acorde a la solicitud realizada a la Superintendencia de Salud, el período al que corresponden los antecedentes requeridos va desde enero de 2018 a mayo de 2021, y contemplan el detalle de los distintos tipos de procesos de fiscalización o auditorías iniciadas por el organismo, instrumentos relevantes para ejercer el control y tareas de supervisión en el sector. La institución pública respondió a este requerimiento de información entregando cifras totales de fiscalizaciones en el período consultado -3.215 aproximadamente, acorde a la decisión del caso del CPLT (amparo rol C4684-21), estimando que el análisis, identificación y procesamiento de los datos solicitados –incluyendo el tachado de información personal y sensible- implicaba un trabajo de dedicación exclusiva de un funcionario por un plazo cercano a los 370 días. Lo anterior, recoge el texto de la decisión del caso: “distrayéndolo indebidamente de sus funciones, postergando prioridades nacionales e institucionales y permitiría conocer las estrategias y lineamientos de fiscalización que esa Superintendencia ejecuta”. El Consejo Directivo del CPLT, entidad que vela por garantizar el derecho de cualquier persona a acceder a antecedentes de entidades públicas, estableció que se debe entregar la información requerida al desestimar la causal de “distracción indebida” de sus funcionarios, la que no fue fehacientemente acreditada. Y subrayó “que una deficiente gestión documental, en ningún caso, puede justificar la denegación de lo solicitado, ni obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado”.
Transparencia
A través de la plataforma InfoProbidad del CPLT y Contraloría se puede acceder a información de los postulantes a la presidencia, el parlamento y consejeros regionales, y en algunos casos a información sobre cónyuges y otros familiares. Un total de 4.391 declaraciones de intereses y patrimonio (DIP) realizadas por candidatos a la presidencia, al Parlamento y al cargo de consejero regional, se encuentran disponibles en www.infoprobidad.cl, según informó la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente. La titular del organismo entregó un balance y detalles de lo que han informado aquellas personas que se presentarán en el proceso eleccionario el próximo 21 de noviembre, incluyendo antecedentes de sus cónyuges u otros parientes. Acorde a lo establecido por la Ley N°18.700 sobre Votaciones populares y escrutinios, en el caso de quienes postulan a la presidencia o a un escaño en el Congreso –art.8º-, deben realizar este trámite de manera obligatoria. Resultado de ello se ha dispuesto a través de la plataforma InfoProbidad la publicación de las 7 DIP de candidatos presidenciales y 1.422 correspondientes a la suma de postulantes a la Cámara de Diputados y al Senado. A este grupo se agregaron las declaraciones de las personas que presentaron una candidatura al cargo de consejero regional (CORE), con un total de 2.962 DIP. Lo anterior dado que, según lo establecido por la Ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, deben cumplir con esta obligación. ¿Qué declararon? Del total de declaraciones registradas en el portal, un 58% de los candidatos (2.540), informó al menos una actividad (profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, a la fecha de la declaración o correspondiente a los 12 meses anteriores). En contraposición, 42 % no informó ningún tipo de actividad. Esto último, puntualizó la titular de Transparencia, debiera traducirse en “hacer un llamado a quienes buscan convertirse en autoridades en representación de las y los ciudadanos, a cumplir con este tipo de acciones, que han demostrado la utilidad de herramientas que permiten un mejor y mayor control o escrutinio social”. “Las declaraciones de intereses y patrimonio son un instrumento útil para transparentar información relativa a los candidatos, que sirve para hacer un escrutinio pormenorizado sobre sus conflictos de interés y subraya la necesidad de mantener un comportamiento ético e integro en la función pública que se aspira a ejercer”, comentó De la Fuente. Agregó que “la obligación anual que le asiste a las autoridades de actualizar dicha información, sirve para detectar eventuales irregularidades, inconsistencias en la información e incluso, ilícitos; por lo que es una herramienta que está al servicio de la rendición de cuentas y el combate contra la corrupción”. Un 38% de los que realizaron declaraciones y que postularán a cargos de representación popular en las próximas elecciones (1.668) declaró, a lo menos, un bien inmueble, totalizando 3.206. En tanto, un 47% del total (2.071 candidatos), informaron 2.972 bienes muebles registrables, es decir, vehículos motorizados, naves y aeronaves. En cuanto a temas específicos, 44 candidatos declararon un total de […]
