Existe una negativa a informar la cantidad de policías por comuna. Luego de anunciarse el plan de seguridad por parte del Gobierno, que contempla un aumento de la presencia policial en 17 comunas del país, el Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por Francisco Leturia, ofició a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile para conocer dotaciones actualizadas de ambas entidades y las variables consideradas para establecer destinaciones de funcionarios y funcionarias, información que deberá ser entregada en un plazo de 10 días. El titular del CPLT calificó de “grave” el que las personas no tengan acceso a dichos antecedentes y apuntó a lo relevante que se vuelve el control social sobre estos temas. “Me parece que como ciudadanos tenemos el derecho a saber cuántos Carabineros hay en nuestra comuna, si se dedican a una actividad o a otra, si funciona o no funciona, qué tiene buenos resultados y qué tiene malos resultados, y tenemos que poder opinar”, dijo. “La tranquilidad en nuestro barrio no puede ser un acto de fe y si creemos que es necesario más vigilancia o más medidas podemos discutirlo o planteárselo a la autoridad. No somos realmente ciudadano ni estamos en una comunidad democrática sino tenemos acceso a la información de mayor interés público”, agregó. Además, comentó que “cuando no hay información cierta se puede generar esa duda y eso no le hace bien a nadie”. “No sabemos cuántos Carabineros hay en Chile, cuántos Carabineros hay en Santiago, en tal comuna u otra”, “no tenemos certeza del criterio que se utiliza para destinarlos a cada comuna”, acotó. Respecto de las dudas que se han comenzado a levantar sobre los criterios para definir las comunas en las que se aumentaron las dotaciones, dijo que la decisión siempre puede tener criterios políticos en el sentido de que se establece que son necesarias las dotaciones donde haya más habitantes, “más delitos, más inseguridad ciudadana, son distintos los criterios que tú tienes que balancear”. Modificar norma de reserva Aludiendo a una norma antigua del Código de Justicia Militar, el código 436, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad han mantenido bajo reserva diversa información como las dotaciones. Al respecto, el máximo representante del CPLT afirmó: “desde hace muchísimo tiempo hemos dado la pelea porque esta norma se derogue”. Crónica Digital 10 de mayo de 2022
Transparencia
En las últimas semanas, sectores de la derecha han iniciado una gran campaña de desprestigio del proceso constituyente. La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a la relevancia de la consagración de la libertad de expresión como derecho fundamental, acorde a lo aprobado en el borrador del nuevo texto constitucional, destacado su calidad de derecho habilitante para exigir la rendición de cuentas y permitir la búsqueda de la verdad, entre otras cuestiones. “La libertad de expresión constituye un pilar de la democracia”, afirmó. “Es un derecho recogido en la Constitución, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, por lo que es deber del Estado promoverla y protegerla”, dijo. Asimismo, enfatizó: “como sociedad (se debe) ser inclaudicables en su defensa, evitando cualquier tipo de consigna que relativice su valor”. Sobre la redacción propuesta planteó que “dispone de un marco amplio para entender qué significa y qué abarca su ejercicio”. “A su vez, prohibió la censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que determine la ley”, lo que “se vincula con la libre búsqueda, recepción y difusión de informaciones e ideas de toda índole y, en ese marco, mantiene un vínculo estrecho con el acceso a la información, derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los tribunales superiores de justicia chilenos”. De la Fuente afirmó además que “los espacios de ejercicio de este derecho deben asegurarse y evitar limitantes propias de sistemas donde la censura, la imposición arbitraria de información y el control, cualquiera que éste sea, lo coarten”. También se refirió a la aprobación del “pluralismo informativo, la proscripción de sistemas monopólicos de información y, consecuentemente, la promoción de la desconcentración de los medios, asegurando de esta forma la diversidad de la información”. “Algunos de estos elementos, atienden a un sistema que otorgue espacios para la autorregulación, promoviendo que los medios adopten reglas de conductas, y que garanticen la no afectación de la libertad de expresión, lo que parece coherente con la entidad y contenido de este derecho, y la función que cumple en nuestro sistema institucional”, finalizó
Tras una serie de situaciones de abuso y violencia informadas en medios de comunicación en los últimos días en diversos establecimientos del país, el Consejo para la Transparencia requirió antecedentes que promuevan el acceso a información entre padres y apoderados, y permitan dimensionar la problemática. Con la finalidad de levantar información pública relevante sobre hechos de violencia que ocurren al interior de los establecimientos educacionales, así como conocer cómo cuáles son las acciones que ha requerido la Superintendencia de de Educación como órgano fiscalizador, el Consejo para la Transparencia (CPLT) requirió vía oficio una serie de antecedentes a la Superintendencia de Educación (Nº 53, del 23 de marzo de 2022). En la comunicación, el organismo solicitó antecedentes asociados, entre otras materias, a la cantidad de establecimientos escolares que cuentan con reglamentos o protocolos de convivencia, número de denuncias realizadas en esta materia, procesos de fiscalización impulsados por la Superintendencia. El requerimiento del CPLT, acorde a lo que comentó su titular, Gloria de la Fuente, apunta a conocer cómo se ha dado cumplimiento en los últimos años a lo dispuesto en la Ley General de Educación, que norma los términos y la elaboración de un “Manual de Convivencia, o apartado de convivencia contenido en el Reglamento Interno”, según corresponda, de los establecimientos de educación del país.. “Creemos que hay que levantar antecedentes sobre temas de interés público que permita a los padres y apoderados estar más informados no sólo sobre formas y canales de denuncia, sino también conocer la dimensión de una problemática que en el último tiempo ha afectado a distintos establecimientos educacionales”, dijo De la Fuente. Y agregó que, “de esta forma, usamos el derecho a acceder a información pública como llave para ejercer otros derechos”, enfatizó. Asimismo, subrayó la relevancia de colaborar en la búsqueda de soluciones: “Se requiere una reflexión de las instituciones y de las personas sobre un problema que requiere que abordemos como sociedad desde las distintas competencias, facultades y posibilidades de acción”.
El organismo negó el acceso a ingresos de detenidos y detenidas a establecimientos penitenciarios de la Región Metropolitana provenientes de uno de los recintos de detención más importantes de la CNI, el cuartel Borgoño, alegando, entre otras razones, la mala calidad de los libros en los que se contenía lo requerido. Tras acoger un amparo en contra de Gendarmería de Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió ordenar al organismo la entrega de información vinculada a registros de ingresos y recintos de origen de los que provenían personas que estuvieron detenidas en el cuartel Borgaño de la extinta Central Nacional de Información (CNI), entre el 1 de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1986 al solicitante. El caso fue presentado ante el CPLT (rol amparo C7848-21) tras la negativa del organismo a la entrega de antecedentes como: el nombre del establecimiento penitenciario, identidad de la persona detenida y de quien haya hecho entrega del detenido. Lo anterior dado que, acorde a los alegatos del organismo ante la Corporación, esto resultaba imposible debido al estado de deterioro de los libros en los que se hicieron los registros y a la mala conservación de los mismos. Acorde a la decisión del Consejo, las razones aludidas y que se vinculan con deficiencias en la gestión documental y archivística por parte de la entidad, son insuficientes y no están previstas entre las causales de denegación o excepciones que establece la Ley de Transparencia, por lo que la Corporación estableció la vulneración al derecho de acceso a la información pública. En la decisión, el CPLT relevó que se trata “de información histórica de carácter pública” y que Gendarmería no pudo acreditar “suficientemente la inexistencia alegada por el órgano”. “A juicio de este Consejo resulta forzoso determinar que Gendarmería de Chile no ha realizado todas las búsquedas necesarias para entregar la información reclamada, no constituyendo una causal de reserva legal sostener por si sola la antigüedad de la información requerida, o deslizar someramente que no se cuenta con personal capacitado para dicha tarea, sin aportar elementos al respecto que permitan justificar su denegación de acuerdo a la normativa vigente”, agrega el Consejo en su pronunciamiento. Crónica Digital 25 de marzo de 2022
Asimismo la titular del Consejo valoro declaraciones del nuevo comandante en jefe del Ejército sobre probidad y transparencia. Esta mañana la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, criticó el escaso avance que tuvo la agenda de transparencia en la administración de gobierno saliente, asimismo sostuvo que las señales sobre probidad y transparencia del nuevo comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga eran una buena noticia para el país. “Es una muy buena noticia justamente porque parte importante del nuevo desafío que tiene el nuevo comandante en jefe del Ejército para instalarse en el día de ayer era separar aguas y dar estas señales tanto hacia afuera como hacia dentro que acá hay un quiebre respecto a lo que había pasado en el Ejército y a las críticas que se habían generado incluso a los procesos judiciales, la señal de ayer es clara y categórica, esto no se va a permitir, se va a colaborar con la justicia y lo que se espera es que haya máxima transparencia para que se esclarezcan los hechos”, señaló en radio Universo la presidenta del CPLT. Según la titular de transparencia las señales de Iturriaga “se tienen que traducir en acciones muy concretas en el próximo tiempo, probablemente ahí el trabajo que se haga con la nueva ministra de defensa (Maya Fernández) va a ser fundamental, eso va en la línea correcta porque finalmente el Ejército está muy golpeado en el último tiempo, no solamente desde el punto de vista de la confianza ciudadana sino también desde sus propios funcionarios, que sin duda deben ver con bastante preocupación que todos sus ex comandantes en jefe (después de los ´90) hayan estado involucrados en alguna situación de corrupción”. Señaló que la reforma constitucional del año 2005, sobre la subordinación de las FFAA al control civil, fue importante pero no suficiente, a su juicio: “faltaron controles relevantes, que tienen que ver básicamente con el control administrativo de lo que ahí sucede”. “Creo que han habido avances como la norma de 2020 que entrega un control más férreo de los gastos reservados, pero insisto desde nuestra perspectiva no es suficiente, pongo un ejemplo, el artículo 436 del código de justicia militar establece algunas causales de reserva para el acceso a la información por temas de seguridad nacional, este ha sido utilizado recurrentemente, nosotros creemos que ahí hay que avanzar hacia generar un mecanismo -y creo que aquí la Convención Constitucional es muy relevante- que efectivamente haga de una causal de reserva como esta, de existir, una situación muy acotada y justificada. No queremos que desde esa opacidad se escondan cosas que son malas noticias para Chile.”, subrayó. De la Fuente destacó lo dicho por la ministra de defensa entrante, Maya Fernández sobre la protección al denunciante al interior de las FFAA “que también creo que es muy importante apropósito de que quienes más conocen o han sido testigos de situaciones irregulares son los propios funcionarios que quedan desprotegidos a la hora de tener que […]
La Subsecretaría de Salud tiene 5 días hábiles para cumplir con la decisión de la novena sala fechada este lunes 31, y permitir el acceso a mails enviados y recibidos de cuentas institucionales del ministro Paris, el ex ministro Mañalich, la ex subsecretaria Daza y otras autoridades del MINSAL durante la emergencia sanitaria. La Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Ministerio de Salud en contra de la decisión (rol amparo C-7827-20) del Consejo para la Transparencia, ratificando así la orden que dicho organismo dio a la institución de salud para hacer entrega de copias de los correos electrónicos de cuentas institucionales del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, su sucesor, Enrique Paris, la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entre otras autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL), en el marco de la gestión de la emergencia por Covid-19. La solicitud de los correos entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre de 2020, fue realizada por un profesional de la prensa y acorde a lo establecido por éste ante el CPLT al presentar su caso, no habría sido respondida por la Subsecretariá de Salud Pública en los tiempos y forma establecidos por la normativa vigente en materia de acceso a la información pública. Esto último fue ratificado por el tribunal de alzada, el que plantea en su fallo que la Subsecretaria de Salud no habría evacuado sus descargos de la forma que exige la Ley de Transparencia. Con respecto a ello indica que los descargos del Ministerio de Salud fueron enviados al Consejo para la Transparencia el 14 de junio de 2020, cuando éste ya había dictado la decisión. En este pronunciamiento, la Corte además se refiere a algunos de los descargos tanto por la Subsecretaría como planteados por el ministro Paris, quienes alegaron reserva de esta información por afectación a la seguridad de la nación o interés nacional. En este sentido, los integrantes de la novena sala del tribunal ponen de manifiesto, en la misma forma que lo hace el Consejo, que para justificar la reserva no sólo vale presumirla, sino que debe demostrarse, y al no haber realizado su presentación ante el Consejo acorde a la ley éste no habría podido pronunciarse sobre dichos descargos de fondo. Tras la decisión, la Subsecretaría tiene 5 días hábiles para cumplir con la entrega de los correos electrónico a la persona que las solicitó, contados desde la fecha en que la sentencia quede firme. El requerimiento incluye las comunicaciones enviadas y recibidas desde su cuenta institucional de Carlos Sans, ex director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el ex jefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Araos, y de la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, y Johanna Acevedo. Razones del Minsal para denegar el acceso En el fallo del tribunal se registran los alegatos del ministro de Salud, Enrique Paris (vía Ord. A/102 N° 1814 del 14 de mayo de 2021) quien –como tercero involucrado- manifestó diversas razones para negar […]
La PUC presentó un reclamo en contra del Consejo para la Transparencia ante el tribunal con el objeto de dejar sin efecto la orden del organismo que estableció la calidad de públicos de los antecedentes solicitados. Tras rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT) por la Universidad Católica, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la orden dada por éste de entregar copias de los ensayos clínicos efectuados en Chile sobre la vacuna contra el coronavirus de Sinovac Biotech y Janssen Pharmaceutical Companies (rol N° 377-2021). Lo anterior, sin considerar, en caso de que dichos documentos lo contengan, información sobre la fórmula del producto farmacéutico y/o el proceso de elaboración, así como datos personales de contexto. La decisión del CPLT (amparo rol C8495-20) estableció la calidad de públicos de los antecedentes solicitados, los que fueron denegados por el organismo público puesto que terceros involucrados, en este caso la empresa Jhonson & Jhonson de Chile S.A. y la Pontificia Universidad Católica de Chile se opusieron a su entrega -acorde a lo que establece la Ley de Transparencia (art. 20)-. A juicio del tribunal, las alegaciones de la Universidad no lograron acreditar el daño que justificara la reserva de los antecedentes, entre ellos, desestimó la afectación de derechos económicos y comerciales que la empresa argumentó durante el proceso ante el CPLT. Asimismo, ratificó lo establecido por el Consejo sobre el uso de esta información para dictar actos administrativos, es decir, para la toma de decisiones vinculadas al permiso de ejecución de un ensayo clínico de una vacuna contra el Covid-19. La PUC todavía puede acudir a la Corte Suprema –mediante un recurso de queja en contra de los ministros de la Quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que se pronunció sobre este caso-, por lo que cabe esperar aún las acciones que puedan emprender esta semana previo al cumplimiento de la orden de entrega. Durante el proceso desarrollado ante el Consejo, la empresa Jhonson & Jhonson de Chile S.A. defendió la confidencialidad de la información entregada al ISP, acción que acorde a lo alegado por la empresa se realizó para fines específicos asociados a la autorización de uso provisional que el órgano público debe otorgar acorde a la normativa vigente.
Este acuerdo permitirá, entre otras acciones, desarrollar capacitaciones y talleres a los funcionarios y funcionarias en materias relacionadas con la nueva Ley de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, prevención de la corrupción y ley del Lobby, entre otras. En una ceremonia en el Municipio de Santiago, encabezada por la alcaldesa, Irací Hassler, y por la Presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, se llevó a cabo la firma de un convenio que busca formalizar una instancia de cooperación institucional entre ambos organismos. El objetivo de este acuerdo es desarrollar diversas actividades para avanzar en temáticas de transparencia dentro de la comuna capital. Para ello se implementarán principios de transparencia de la función pública, además de permitir el derecho de acceso a la Información y transparencia activa, probidad, participación ciudadana, estrategias de Gobierno abierto, Ley del Lobby y otros ámbitos de mutuo interés. Durante su intervención la alcaldesa Hassler señaló la importancia de este convenio. “Para nuestra administración es fundamental tener un buen uso de los recursos municipales y dar cabida a todas las demandas y solicitudes de información que tienen nuestros vecinos y vecinas”, señaló la jefa comunal. Además detalló que su administración tiene como objetivo altos estándares en materia de probidad y transparencia. “Con mucho compromiso asumimos este convenio con el Consejo para la Transparencia, para ir más allá de la ley, para poner en el centro el trabajo necesario, para contar con la transparencia que hoy día la ciudadanía exige” dijo la alcaldesa. Por su parte, Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo para la Transparencia, valoró este logro. “Se trata no solamente de avanzar hacia los mínimos de la norma en materia de transparencia de acceso a la información, se trata de avanzar más allá, de un compromiso claro y férreo con la ciudadanía, respecto a la transparencia, respecto a la probidad y respecto a la integridad en la actividad pública, que creemos que es fundamental y la base de la recuperación de la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en relación a las instituciones públicas, al Estado y sus autoridades” declaró. La alcaldesa Hassler, además, destacó la gran atención de la ciudadanía por consultar y realizar preguntas a través de transparencia municipal. “Somos la institución pública que más interés concita en vecinos y vecinas para conocer la información de lo que se está realizando y en ello queremos responder de muy buena manera, con un alto estándar en la transparencia, en la probidad y en el buen uso de los recursos” finalizó la edil. Una de las principales características del convenio es que permitirá realizar acciones para que la Municipalidad de Santiago implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a las normas de la nueva Ley de Transparencia, tanto en solicitudes de acceso a la información, como en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones sobre transparencia activa para actores públicos y privados. Este acuerdo permitirá, entre otras cosas, desarrollar capacitaciones y talleres a los funcionarios y […]
Entre otras, la campaña #FirmoPorLaTransparencia contempla ampliar el listado de actores con obligaciones en materia de transparencia que contempla la ley -por ejemplo al Congreso o al Poder Judicial-, así como un régimen de sanciones más estricto en caso de vulnerarse el derecho de acceso a información pública. En un contexto de crisis de confianza en las instituciones, el Consejo para la Transparencia (CPLT) invitó a los dos candidatos presidenciales a firmar un “Compromiso por la Transparencia”, en favor de la promoción de este principio y en defensa de la democracia por parte de quienes postulan a la presidencia del país en un contexto clave para los años venideros. La máxima representante del CPLT, Gloria de la Fuente, apuntó a la relevancia del principio de publicidad y del derecho de acceso a la información pública como herramientas potentes para el control social de la función pública y para asegurar una correcta rendición de cuentas. Asimismo subrayó la necesidad de implementar acciones concretas en favor del fortalecimiento de un ecosistema de transparencia e integridad pública, por lo que manifestó su positiva evaluación de la señal que dieron los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast al suscribir un compromiso público con 16 propuestas planteadas por el Consejo en el marco de su campaña #FirmoPorLaTransparencia, difundida a través de redes sociales. “La corrupción no pasa sin dejar huella y amenaza seriamente nuestra democracia”, afirmó en este marco la representante del Consejo. Y agregó que los postulantes a la presidencia no sólo asumieron con esta campaña poner el acento en una temática de suma relevancia para el país y para el sistema democrático, sino también suscribieron una serie de planteamientos en este ámbito que involucra la presentación de iniciativas de ley elevar estándares en la materia. Una de las cosas que nos trajo el estallido social, entre muchas otras, fue esta percepción de abuso de poder y uso de la función pública para cometer irregularidades o sacar provecho, dijo De la Fuente. Por ello, y dado que “la transparencia es un pilar fundamental de la democracia y parte importante de la recuperación de la confianza ciudadana en la institucionalidad requiere de herramientas y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de sanciones adecuadas”, la titular de Transparencia valoró que ambas candidaturas hayan asumido este compromiso. En la propuesta, explicó De la Fuente, se suscribe –entre otras cuestiones- un compromiso con propuestas que implican avanzar, por ejemplo, en la ampliación del número de instituciones con obligaciones establecidas en la normativa de derecho de acceso a la información a todos los organismos del Estado, así como elevar controles y estándares en materias de transparencia. Así se asumiría la incorporación como sujetos obligados a los poderes legislativo y judicial y a las entidades con autonomía constitucional, dado que en la actualidad dichas obligaciones se aplican fundamentalmente a órganos de la Administración del Estado, es decir, quedan fuera instituciones como el Parlamento o el Banco Central. “Tenemos que avanzar hacia una cultura de la integridad en lo […]
Los ciudadanos no pierden derechos por situaciones especiales como una pandemia, al contrario», dijo la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT). Con sanciones que en suma alcanzarían un 75% de su remuneración promedio anual, en el caso de la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, y de un 65% en el caso del subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, el Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió sancionar a dichos jefes de servicio por dos procesos administrativos que el organismo llevó en contra de ambas instituciones, entre otras cuestiones, por denegación infundada y reiterada de la entrega información solicitada vía Ley de Transparencia. En tanto, el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sería sancionado con un 30% de su remuneración promedio por las mismas causales, a partir de la verificación de entregas de información fuera de plazo o solicitudes en las que no se entregó lo requerido. «En plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave, esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020 a propósito de derechos fundamentales y estados de excepción», afirmó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente, tras difundirse detalles de las decisiones respecto de ambas subsecretarias de salud y del Interior. Sanciones hasta por 75% de la remuneración En el caso de las dos subsecretarias de salud, el Consejo impulsó dos procedimientos sancionatorios. De ellos derivarían dos sanciones aplicables a la remuneración promedio anual en el caso de la subsecretaria Daza: una por un 45% y otra por un 30%. En tanto, una investigación sumaria estableció una sanción por un 30% de la remuneración promedio anual del subsecretario de Redes Asistenciales y un sumario administrativo derivó en una por un 35% de la remuneración promedio anual. En los oficios emitidos por el CPLT, órgano que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Derecho de Acceso a la Información, y que fueron dirigidos a los jefes de servicios de las entidades públicas mencionadas, se establece que en los tres casos se pudo evidenciar que se habría entorpecido y dilatado el procedimiento de acceso a la información pública, por falta de respuesta en la forma y plazos señalados en la Ley de Transparencia, ante requerimientos realizados al servicio. «Los ciudadanos no pierden derechos por situaciones especiales como una pandemia, al contrario, debe sancionarse la vulneración a un derecho fundamental», afirmó la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT). La presidenta del CPLT agregó que lo dicho por el CIDH apunta a que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales son derechos fundamentales y “que sigue siendo más importante que nunca resguardarlos en momentos donde los países pasan situaciones complejas. Es decir, no pueden ser puestos en segunda línea o postergados sino que debieran ser particularmente relevados”, agregó. “Estas decisiones son coherentes con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que fue enfática en […]
