Presidenta del CPLT valoró reconocimiento de la libertad de expresión como derecho fundamental en borrador de nuevo texto constitucional

En las últimas semanas, sectores de la derecha han iniciado una gran campaña de desprestigio del proceso constituyente.

La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a la relevancia de la consagración de la libertad de expresión como derecho fundamental, acorde a lo aprobado en el borrador del nuevo texto constitucional, destacado su calidad de derecho habilitante para exigir la rendición de cuentas y permitir la búsqueda de la verdad, entre otras cuestiones.

“La libertad de expresión constituye un pilar de la democracia”, afirmó. “Es un derecho recogido en la Constitución, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, por lo que es deber del Estado promoverla y protegerla”, dijo. Asimismo, enfatizó: “como sociedad (se debe) ser inclaudicables en su defensa, evitando cualquier tipo de consigna que relativice su valor”.

Sobre la redacción propuesta planteó que “dispone de un marco amplio para entender qué significa y qué abarca su ejercicio”. “A su vez, prohibió la censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que determine la ley”, lo que “se vincula con la libre búsqueda, recepción y difusión de informaciones e ideas de toda índole y, en ese marco, mantiene un vínculo estrecho con el acceso a la información, derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los tribunales superiores de justicia chilenos”.

De la Fuente afirmó además que “los espacios de ejercicio de este derecho deben asegurarse y evitar limitantes propias de sistemas donde la censura, la imposición arbitraria de información y el control, cualquiera que éste sea, lo coarten”.

También se refirió a la aprobación del “pluralismo informativo, la proscripción de sistemas monopólicos de información y, consecuentemente, la promoción de la desconcentración de los medios, asegurando de esta forma la diversidad de la información”.

“Algunos de estos elementos, atienden a un sistema que otorgue espacios para la autorregulación, promoviendo que los medios adopten reglas de conductas, y que garanticen la no afectación de la libertad de expresión, lo que parece coherente con la entidad y contenido de este derecho, y la función que cumple en nuestro sistema institucional”, finalizó

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Quinto Retiro, por Manuel Riesco

Dom Abr 10 , 2022
La Cámara de Diputados ha iniciado la tramitación de nuevos retiros de fondos AFP y anticipos de rentas vitalicias adeudadas. Ello ha sido rechazado por autoridades económicas del gobierno, por el propio Presidente Boric y desde luego por las AFP, industria financiera y gran empresariado. Sin embargo, los retiros cuentan con un abrumador respaldo en el pueblo y amplios sectores políticos, para quiénes el esquema de ahorro forzoso mal llamado “de pensiones”, implementado por la dictadura y mantenido en democracia, ha perdido toda legitimidad. El gobierno y la coalición han quedado en una situación complicada que se va a prolongar y agravar con un costo político creciente. El camino de solución lo dió el propio Presidente al justificar su apoyo como diputado del cuarto retiro, contra la opinión de sus asesores. “Escucho a mis asesores pero también al pueblo” dijo el Presidente Boric.  El pueblo tiene toda la razón al exigir los retiros. No la tienen sus asesores al oponerse a los mismos. Se trata de una demanda justa que confirma la ilegitimidad absoluta del sistema de ahorro forzoso AFP. Para intentar frenarlos, los partidarios de mantener e incluso agravar este abuso exageran los aspectos negativos de los retiros mientras soslayan sus evidentes aspectos positivos. Para el pueblo trabajador el asunto es claro. El fondo AFP no financia pensiones adecuadas ni las financiará jamás. El dinero allí empozado, recortado obligatoriamente a sus salarios y restado a las pensiones de sus mayores, financia la mayor parte de los créditos y buena parte del capital de las empresas que operan en el país, especialmente las de los cuatro grupos que controlan este sistema a partir de sus compañías de seguros que son el corazón del mismo. Ellos le dicen al pueblo que ese dinero es ahorro que le pertenece, pues bien, que lo devuelvan.  El gobierno no está haciendo lo necesario para acabar con este abuso. No tiene un diagnóstico ni un programa claro y definido para acabarlo. Esa es la causa del problema político que hoy enfrenta. La solución no es demonizar los retiros, tampoco culpar a sus promotores ni al pueblo por exigirlos, sino acabar con el ahorro forzoso. Ahora. Eso debe plantearse con toda claridad.  El ahorro forzoso es un abuso gigantesco. Consiste en desviar el grueso de las cotizaciones obligatorias de seguridad social al mercado de capitales para disfrute de grandes empresarios, restándolas al presupuesto fiscal y las pensiones de los padres y abuelas de los forzados “ahorrantes”. Es la causa exclusiva de las bajas pensiones y la causa principal del déficit y endeudamiento fiscal.  En todos y cada uno de los 490 meses transcurridos desde la dictación del DL3.500 hace 41 años, las cotizaciones recaudadas han más que duplicado el monto total de las pensiones pagadas por el sistema. Por añadidura, el fisco ha financiado el 60 por ciento de éstas, incluido el 40 por ciento de las pagadas en los últimos 12 meses. Aún descontando de cotizaciones y subsidios el costo total de esas pensiones, cada […]

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