La Convención Constitucional está resolviendo cómo pasará a la historia en lo referido al cobre y los recursos naturales de Chile. Los próximos días definirán si está a la altura del Congreso de 1971 que los nacionalizó por unanimidad, o no. Esta decisión más que ninguna otra definirá el carácter de la Convención, de la Nueva Constitución y en buena medida la economía y sociedad chilena en los próximos años. Porque nada importa más que resolver quién controla el cobre. Porque quién controla el cobre controla Chile. El peso del cobre en la economía chilena es incontrarrestable. El valor del cobre extraído por mineras privadas que hoy se lo apropian sin pago significativo, promedia en las últimas dos décadas más de 30 mil millones de dólares de hoy, por año, incluyendo 40 mil millones en los últimos 12 meses. Representa un 70 por ciento del cobre extraído cada año, correspondiendo a CODELCO el 30 por ciento restante. Es el mejor estimador de la renta del mineral apropiado por estas empresas, puesto que sus costos son cubiertos, en su mayor parte y a veces con exceso, por la venta de subproductos que lo acompañan. El valor del cobre extraído por las mineras privadas sin pago significativo equivale a la mitad de la recaudación fiscal total. Las grandes mineras privadas son un estado dentro del Estado. Dominan sin contrapeso la élite empresarial e imponen su voluntad al sistema democrático. Eluden impuestos de modo sistemático. Determinan el carácter rentista y extractivista de la economía nacional. Generan los mayores daños al medio ambiente, local y global. Su control sobre el cobre es el origen de la inequidad en la distribución de la riqueza, el ingreso y el poder en la sociedad. Las grandes mineras ejercen su poder principalmente mediante la corrupción. Reparten dinero y favores a manos llenas a autoridades y funcionarios públicos en todos los niveles del Estado. Capturan las reparticiones encargadas de supervisarlas. Cortejan a la sociedad civil en todas sus expresiones, incluidos medios de comunicación, instituciones académicas, científicas, culturales y artísticas. Asimismo, a organizaciones sociales de todo tipo y naturaleza. Además del cobre que se llevan sin pagar, ofenden la dignidad del país y distorsionan la economía y sociedad con grave perjuicio para Chile. Por estas razones de economía política, soberanía y dignidad, todos los países del mundo han establecido la propiedad del Estado sobre sus recursos naturales estratégicos. Adicionalmente, en el caso de los hidrocarburos, el recurso estratégico por excelencia del siglo XX, el 80 por ciento de los mismos es explotado directamente por empresas del Estado. La mayor parte del restante 20 por ciento se extrae en economías poderosas donde no representan una parte determinante, y pagan allí un royalty significativo. Esta política de los Estados es racional y realista. Está basada en la teoría clásica de la renta, refrendada por la unanimidad de las escuelas económicas posteriores, incluída la neoliberal que, sin negar su vigencia, afirma que no es relevante. Todo esto lo comprendía el Congreso de 1971 […]
convención constitucional
En las últimas semanas, sectores de la derecha han iniciado una gran campaña de desprestigio del proceso constituyente. La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a la relevancia de la consagración de la libertad de expresión como derecho fundamental, acorde a lo aprobado en el borrador del nuevo texto constitucional, destacado su calidad de derecho habilitante para exigir la rendición de cuentas y permitir la búsqueda de la verdad, entre otras cuestiones. “La libertad de expresión constituye un pilar de la democracia”, afirmó. “Es un derecho recogido en la Constitución, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, por lo que es deber del Estado promoverla y protegerla”, dijo. Asimismo, enfatizó: “como sociedad (se debe) ser inclaudicables en su defensa, evitando cualquier tipo de consigna que relativice su valor”. Sobre la redacción propuesta planteó que “dispone de un marco amplio para entender qué significa y qué abarca su ejercicio”. “A su vez, prohibió la censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que determine la ley”, lo que “se vincula con la libre búsqueda, recepción y difusión de informaciones e ideas de toda índole y, en ese marco, mantiene un vínculo estrecho con el acceso a la información, derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los tribunales superiores de justicia chilenos”. De la Fuente afirmó además que “los espacios de ejercicio de este derecho deben asegurarse y evitar limitantes propias de sistemas donde la censura, la imposición arbitraria de información y el control, cualquiera que éste sea, lo coarten”. También se refirió a la aprobación del “pluralismo informativo, la proscripción de sistemas monopólicos de información y, consecuentemente, la promoción de la desconcentración de los medios, asegurando de esta forma la diversidad de la información”. “Algunos de estos elementos, atienden a un sistema que otorgue espacios para la autorregulación, promoviendo que los medios adopten reglas de conductas, y que garanticen la no afectación de la libertad de expresión, lo que parece coherente con la entidad y contenido de este derecho, y la función que cumple en nuestro sistema institucional”, finalizó
Estimadas y estimados H. Convencionales, Comisión Derechos Fundamentales Convención Constitucional Presente Les hago llegar mis saludos y alegría porque se encuentran redactando la Nueva Constitución. Es un trabajo fascinante, histórico y estoy seguro que estarán a la altura del mismo. Cuenten con todo el apoyo de CENDA y no duden en pedirlo si consideran que puede ser de utilidad. Les escribo en esta ocasión con motivo del rechazo ayer en esta Comisión de la ICC 484, de intangibilidad de salarios, para exponer las razones por las cuales, conjuntamente con No+AFP y la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, CENDA consideró necesario presentarla, como un complemento general necesario de la IPC 17, del derecho a la seguridad social, que Uds. aprobaron poco después. Normas de intangibilidad de salarios están establecidas en otras constituciones, incluida la de Argentina. La ICC 484 es una norma muy breve, redactada por uno de los más respetados constitucionalistas del país. Restablece en Chile el derecho a la intangibilidad de los salarios y los protege prohibiendo su desvío forzoso a destinos ajenos al bienestar directo, inmediato y exclusivo del pueblo trabajador, incluidos sus mayores. Su contenido, sin embargo, es muy profundo. Como se explica en los considerandos de la iniciativa, se trata ni más ni menos que de restablecer en Chile la norma esencial y básica del pacto social que viene siendo vulnerada desde el 11 de septiembre de 1973: Los salarios son sagrados, no se tocan. Todas las sociedades conocidas hasta ahora consideran legítimo que los de arriba se apropien del excedente de la producción social, que en todas es generada íntegramente por el pueblo trabajador, pero sólo a condición que los primeros cumplan ciertas obligaciones taxativas, establecidas secularmente. Por ejemplo, es deber de la élite organizar la producción social de la manera más avanzada correspondiente a cada época histórica, y destinar parte del excedente que se apropian a financiar íntegramente su reproducción y sucesiva ampliación y modernización. Asimismo, es su deber destinar otra parte a financiar íntegramente los «asuntos del espíritu», es decir, la educación, el arte, la ciencia y la cultura. Sin embargo, hay una norma que es aún más esencial: Los salarios son sagrados, no se tocan. En términos más generales, los de arriba deben respetar de modo escrupuloso aquella parte del producto social que el pueblo trabajador reserva para sí, para vivir dignamente con sus familias, incluidos sus mayores. En el viejo latifundio, por ejemplo, que los más viejos conocemos bien porque todavía existía cuando éramos niños, esta norma esencial del pacto social tomaba la forma del respeto escrupuloso al tiempo de trabajo a que los inquilinos tenían derecho para dedicarlo a trabajar las tierras que se les asignaban para el sustento de su familia. Eso era sagrado, no se tocaba. Los latifundistas se permitían muchos abusos con sus inquilinos, pero jamás se atrevían a exigirles trabajar en el tiempo que era de ellos. La violación de esta norma en Chile ha sido grosera desde el 11 de septiembre de 1973. Es […]
Estaría conformada por representantes de organizaciones formales de la sociedad civil: 50% de integrantes del mundo del trabajo, 35% serían representantes territoriales y de la vida comunitaria y un 15% de representantes para la protección de la naturaleza y medio ambiente. El convencional por el distrito 23 y miembro del Colectivo del Apruebo, Eduardo Castillo entregó una propuesta constitucional para la creación de una Asamblea Ciudadana con el propósito de asegurar la participación social en decisiones cruciales para la calidad de vida y la convivencia. La moción también fue firmada por los convencionales Fuad Chahín, Luis Barceló, Adriana Cancino, Helmuth Martínez, Benito Baranda, Andrés Cruz y Mario Vargas Vidal. Como manifestó, el constituyente que representa parte de la región de La Araucanía, la propuesta señala que “participan organizaciones formales de la sociedad civil, del mundo del trabajo, trabajadores, sindicatos, empleadores, representantes de las empresas pequeñas y medianas, profesiones liberales y también de todo el mundo representante de los territorios, juntas de vecinos, agrupaciones culturales, etc”, expresó. Asimismo, contempla igual cantidad de hombres y mujeres, con un número de miembros de los pueblos indígenas acorde con su participación en la población nacional, y con representaciones proporcionales de cada región del país. Del mismo modo, estableció que “la finalidad de esta Asamblea Ciudadana es ser el lugar de diálogo y de conversación para tener incidencia en los proyectos que se tramiten tanto en el parlamento como iniciativa del Presidente de la República”. También advirtió que la misión de la propuesta constitucional sería sensibilizar a los poderes públicos en materia económica, social y medioambiental, a través de la redacción de trabajos y recomendaciones, sustentados en la participación ciudadana. Cabe señalar que la Asamblea Ciudadana no sería vinculantes, pero sí incidente y transparente para la ciudadanía. Las formas en que se ha determinado hacer las consultas, podrían ser: organización de convenciones ciudadanas sobre un tema en particular; inclusión de grupos de ciudadanos sorteados para pronunciarse en temas específicos; plataformas digitales para consultas de opinión, y la recepción de peticiones ciudadanas dirigidas a ella que recoja al menos cincuenta mil firmas. Finalmente, Castillo declaró que “Chile, en momentos de crisis, como todos los otros países, necesitan de un gran pacto social y no tenemos una instancia donde se dialogue para llegar a acuerdos duraderos, que signifique un progreso sostenible para nuestro país. La Asamblea Ciudadana es un instrumento de participación ciudadana, donde efectivamente se pueden producir esos grandes acuerdo”, finalizó.
Profundas diferencia con la conducción y posturas desencadenó su renuncia a la bancada del PS. Mediante un comunicado el convencional del Distrito 10, Jorge Baradit, anunció su salida del Colectivo Socialista, el equivalente a la bancada del PS, en la Convención Constituyente por “diferencias políticas y de conducción de la dirigencia del colectivo”. Estas diferencias se verían reflejadas en “el tenor de algunas normas ingresadas, como en las preferencias marcadas por algunos integrantes de la colectividad durante la primer semana se votaciones de las comisiones”. A pesar de su renuncia a la bancada, Baradit mantendrá su dupla con el convencional Mario Vargas, del Colectivo Socialista, en la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. El convencional aclara que su renuncia al Colectivo Socialista en la Convención “no tiene nada que ver con el Partido Socialista ni con su militancia”. Baradit aclara que solo responde a diferencias en la orientación y posición política que han tomado los socialistas al interior del órgano constituyente. “Sostengo mi domicilio político a la izquierda, con principios socialistas como marco de acción y la figura de Salvador Allende como inspiración”, concluye Jorge Baradit. Crónica Digital 2 de febrero de 2022
La iniciativa cuenta con la firma de un grupo transversal de convencionales. Que se consagre el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos políticos, sociales, artísticos y culturales es el objetivo de la norma constitucional presentada por los convencionales Marcos Barraza, Mariela Serey, Malucha Pinto, Alejandra Flores, entre otros constituyentes, durante la jornada de hoy. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) del Senadis realizada el año 2015 y cuyas cifras no han sido actualizadas, las personas con discapacidad representan el 17% de la población. En Chile, las políticas públicas no se hacen cargo de la protección y los derechos de las personas con discapacidad. Para Marcos Barraza, constituyente por el distrito 13, la política pública enfocada en la discapacidad “es focalizada, es residual, es asistencial, no es garantista, no hay derechos consagrados y creemos que esta Constitución no sería completa si no asegurara esos derechos”. Para los patrocinantes de la iniciativa se tienen que garantizar derechos y coberturas universales como educación, salud, accesibilidad universal, trabajo entre otros. El ENDISC 2015 muestra que las personas con discapacidad que trabajan formalmente ganan en promedio un 20% menos que una persona sin discapacidad; tienen 8,6 años de escolaridad; el 50% se encuentra en los dos primeros quintiles. Barraza indicó que “creemos que tiene que haber una política pública consagrada desde rango constitucional, que asegure autonomía, protección integral de las personas, protección reforzada, capacidad jurídica, materias que hoy día no están presente en la Constitución actual y ciertamente tampoco están presente en las políticas públicas”. La norma presentada por los convencionales “cumple con un propósito importante que es dotar a las personas en situación de discapacidad de la propia representación política. Creemos que el nuevo sistema tiene que asegurar una participación política en términos de representación y participación integral”, añadió Marcos Barraza. En tanto, Francisco Silva del Colectivo Nacional por la Discapacidad, fue enfático en señalar que “el Estado tiene una deuda y esa deuda desde la Constitución se puede saldar, pero se puede saldar solo si es que existen garantías para las personas con discapacidad y el cumplimiento de su derecho sustantivo y asegurando también una serie de otros aspectos que están dentro de esta norma derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales de manera sustantiva”. La norma fue firmada también por los convencionales Claudio Gómez, Aurora Delgado, Julio Álvarez, Tatiana Urrutia, Maximiliano Hurtado, Damaris Abarca, Nicolás Núñez, Ivanna Olivares, Valentina Miranda, Cristina Dorador, Lidia González y Hugo Gutiérrez. Además, respaldada por 39 organizaciones de la discapacidad.
Para que sea aprobada la iniciativa necesita de dos tercios de los convencionales. Hoy Constituyentes pertenecientes a diversos colectivos políticos dentro de la Convención Constitucional -Chile digno, Movimientos Sociales Constituyentes, Independientes No Neutrales, Frente Amplio, Pueblo Constituyente, Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular, Colectivo Socialista y Escaños Reservados- presentaron la norma constitucional “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que busca consagrar y garantizar los derechos de NNA en la nueva Constitución. Valentina Miranda, la convencional más jóven del país, enfatizó en el amplio acuerdo logrado entre los diferentes colectivos políticos señalando que “este acuerdo puede reunir los 2/3 necesarios para su aprobación en en el pleno de la Convención. Es importante decirlo porque este no es un acuerdo de mínimos, sino que ocupamos el estándar más alto para la protección y garantía de los derechos de las niñeces”. La norma presentada consagra a NNA como sujetos de derechos y titulares de los mismos, considera el interés superior de NNA como la norma que rige todas las decisiones respecto de ellos y establece la obligación del Estado de garantizar el conjunto de los derechos de NNA, además del deber de las diversas formas de familia y de la sociedad en convocarse bajo el mismo propósito, entre otras. “Estamos en un momento histórico y decisivo en nuestro país. Los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos en esta nueva Constitución. Se debe consagrar la autonomía progresiva ya que niños, niñas y adolescentes pueden ejercer sus derechos por sí mismos de acuerdo a su edad y madurez. Es la única manera para que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes predomine” comentó Miranda. Al comienzo de esta jornada un grupo de niñas y niños ingresó al edificio del ex Congreso Nacional invitados por la Convencional Constituyente Valentina Miranda, quien los acompañó en un recorrido por las instalaciones para luego terminar en un encuentro con la Presidenta de la Convención, Maria Elisa Quinteros, y el Vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez.
Basado en el trabajo con 33 organizaciones sociales de personas mayores, las y los convencionales Benito Baranda, Jorge Baradit, Carlos Calvo, Adriana Cancino, Trinidad Castillo, Roberto Celedón, Giovanna Roa, Constanza Schonhaut, Mariela Serey, Patricia Politzer, Paola Grandón, Elisa Loncón y Bernardo de la Maza presentaron una Iniciativa de Norma Constituyente para consagrar los derechos fundamentales de este importante grupo etáreo. El envejecimiento de la población es uno de los retos demográficos más importantes del siglo XXI, se estima que para el año 2050 el número de personas de 60 años de edad y más, alcanzará el 25 % de la población nacional. Si bien esto es un indicador de éxito para el país, las personas mayores han sufrido discriminación históricamente, expresada en la falta de acceso a los sistemas formales, condiciones de vida precarias, ausencia de políticas de cuidados y menoscabo de su dignidad e imagen pública. En la Constitución vigente, no existe reconocimiento expreso a las personas mayores. En la presentación de la iniciativa, Benito Baranda advirtió que esta norma implica deberes del Estado para cumplir con los derechos que se han integrado a la propuesta desde lo contemplado en la Convención Interamericana sobre las personas mayores. Esta norma fue presentada luego de acoger las inquietudes y el trabajo con múltiples organizaciones de la sociedad civil de personas mayores”. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en 2017, establece que es deber de los Estados parte garantizar los derechos que ella contiene, situación que Chile aún no se implementa. Por ello, las y los convencionales Benito Baranda, Jorge Baradit, Carlos Calvo, Adriana Cancino, Trinidad Castillo, Roberto Celedón, Giovanna Roa, Constanza Schonhaut, Mariela Serey, Patricia Politzer, Paola Grandón, Elisa Loncón y Bernardo de la Maza con el respaldo de numerosas organización sociales, buscan consagrar los derechos de las Personas Mayores en la nueva Carta Magna. El grupo transversal de convencionales, ha propuesto un robusto y consensuado artículo ante la comisión de Derechos Fundamentales de la convención, señalando que las Personas Mayores tienen derecho a lo consignado en los tratados internacionales de derechos humanos ya ratificados por Chile. La norma asigna especial atención a la dignidad, los apoyos y salvaguardias, la accesibilidad universal al entorno físico, social, económico, político y cultural, a una vida independiente y autónoma, y a ser incluidas en la comunidad para participar en asuntos públicos de forma activa. La iniciativa de norma constituyente, también persigue asegurar el derecho a una pensión suficiente para una vejez digna, siendo deber del Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar estos derechos y prevenir obstáculos o discriminación que impidan su pleno ejercicio. Finalmente, plantean reformular el sistema público de atención y protección de personas mayores, para que sea de carácter universal, integral, con enfoque de curso de vida, perspectiva de género e interseccionalidad; esta nueva institución elaborará, coordinará y ejecutará las políticas y programas dirigidos a atender sus necesidades, considerando especialmente a las personas en situación de dependencia y sujetas a […]
La representante del Maule Sur recalcó que dicha propuesta tiene un enfoque intercultural y que busca armonizar la actual legislación existente, en base a la actualización del derecho a los avances de la ciencia y las demandas sociales al respecto. Cumpliendo uno de sus anhelos y compromisos de campaña, la convencional constituyente por el Distrito 18 del Maule Sur (Independiente-RN), Patricia Labra, presentó una iniciativa de norma que busca entregar protección a los animales de acuerdo a su especie y considerarlos como seres sintientes, transformándose en la primera propuesta de su tipo que se ingresa a la Convención Constituyente para que posteriormente sea discutida por sus pares. La abogada y animalista sostuvo que su propuesta busca reconocer que los animales tienen la capacidad de ser afectados de forma positiva o negativa y de tener experiencias, todo ello respaldado por diversa evidencia científica. Por lo mismo agradeció el patrocinio de sus colegas convencionales, especialmente de Miguel Ángel Botto, uno de los primeros en sumarse y quien realizó gestiones para conseguir apoyo dentro de sus pares. “Recientes estudios indican que más del 80% de los chilenos creen que el Estado debe generar normas con altos estándares de bienestar animal. Además, el 62% está de acuerdo o muy de acuerdo con que su protección y respeto estén consagrados en la futura Constitución, tal como ya lo han realizado países tales como Alemania, Suiza, Austria o Brasil. Eso, sumado a mi amor por ellos, fue la principal motivación para presentar esta iniciativa, la cual espero encuentre apoyo en el resto de mis colegas para que pueda ser aprobada”, indicó Patricia Labra. Por su parte, Botto agregó que “estamos muy contentos porque es una iniciativa que recibió apoyo de todos los sectores políticos, lo que habla de una propuesta que es transversal. Con esto buscamos dar reconocimiento constitucional a los animales para que el Estado tenga el deber de darles protección, con el agregado de otorgar un régimen jurídico basado en el respeto a la diversidad cultural”. La convencional Labra aprovechó la instancia para agradecer a sus pares que patrocinaron la iniciativa, ya que además de Botto, también se sumaron Cristián Monckeberg (Colectivo Independientes-RN-Evopoli); Malucha Pinto y Andrés Cruz (Colectivo Socialista); Luis Barceló, Eduardo Castillo, Rodrigo Logan y Agustín Squella (Colectivo del Apruebo); y Lisette Vergara (Colectivo Pueblo Constituyente). TEXTO PROPUESTO La propuesta de artículo señala que “Es deber del Estado proteger a los animales, en consideración a su naturaleza de seres vivos sintientes. La ley establecerá un régimen jurídico de protección en su favor, con enfoque de inteculturalidad. A su vez, el Estado creará una institucionalidad técnica que vele por el debido resguardo de los seres sintientes y desarrolle políticas públicas y planes de acción en esta materia, así también, establecerá el deber de las personas para el cumplimiento de estos fines”.
Una de las propuestas considera la creación de una llamada «Región Exterior» y que puedan elegir cargos en representación de quienes residen fuera del territorio nacional. La norma nació de una labor coordinada de la red Chile Despertó Internacional y la Red Feminista de Chilenxs Migrantes, que revisó y analizó propuestas de cabildos autoconvocados de connacionales residentes en más de veinte países. Desde la Convención la iniciativa será apoyada por diez constituyentes que comprometieron su respaldo a la iniciativa. A pesar de que actualmente más de un millón de chilenos residen de forma temporal o definitiva en el extranjero, sus derechos ciudadanos son, hasta el momento, limitados solamente a las elecciones presidenciales o parlamentarias y plebiscitos, sin derecho a participar de otras instancias soberanas, como son, por ejemplo, las elecciones de constituyentes. Desde la organización señalan que «urge consagrar derechos de representación ciudadana para la comunidad chilena migrante, incluido el derecho a elegir sus propios representantes desde el territorio internacional». Entre los temas que deben contemplarse en la nueva constitución está que se debe «reconocer el derecho a la autodeterminación y la autoadscripción. La ciudadanía y la nacionalidad deben quedar plasmadas como irrenunciables, a fin de que cada persona pueda optar a la doble nacionalidad en el territorio que habita, sin ser obligada a renunciar a una parte de su identidad». Esto incluye la situación de los chilenos exiliados y sus descendencias, quienes no han podido obtener la ciudadanía dado que el requisito de avecindamiento. Las organizaciones proponen que se debe reconocer las especificidades de la diáspora chilena. De esta forma «reconocer la “Región Exterior” como un territorio especial, que es creado y sostenido material y simbólicamente por quienes formamos parte de la diáspora». A partir de este reconocimiento, solicitan el derecho a elegir en elecciones nacionales, y a ser elegidos por votación popular a cargos de representación de la región exterior. La iniciativa popular de norma constitucional puede ser apoyada en la web de la Convención.
