El reconocido economista Franco Modigliani demostró que si un conjunto de personas ahorra durante la primera mitad de su vida y en la segunda mitad cada una de ellas desahorra todo lo ahorrado, incluidos sus gananciales, el resultado es la conformación de un fondo que crece indefinidamente, a sola condición que el número de ahorrantes y/o el monto de lo ahorrado por cada uno sea asimismo creciente. Sus pares ratificaron su hallazgo y le concedieron el premio Nóbel. Merecidamente, porque en efecto así se conforman los modernos mercados de capitales que son parte del desarrollo de las economías. Si el ahorro es voluntario y cada uno de los ahorrantes lo puede retirar cuando lo estimen conveniente, se trata sin lugar a dudas de un mecanismo virtuoso. El corolario del teorema de Modigliani, en cambio, no resulta tan virtuoso sino más bien todo lo contrario. Si dicho ahorro se impone forzosamente al pueblo trabajador, cuyo número y remuneraciones crecen de manera muy estable, ello resulta en un abuso gigantesco que crece asimismo indefinidamente. En efecto, aunque se restituya íntegramente a cada persona que trabaja devenida en forzada “ahorrante” todo lo que aportó, incluidos sus gananciales, el fondo de salarios así conformado, que crece indefinidamente y por lo mismo no se devuelve jamás, se convierte en un gigantesco fondo de inversiones del que disfrutan principalmente los empresarios. Este corolario fue demostrado prácticamente por Pinochet, un bruto que de teoría no tenía idea pero de forzar al pueblo sabía mucho. Ello sin duda habría enfurecido a Modigliani, un antifascista exiliado de toda la vida que sufrió el exterminio de gran parte de su familia en el Holocausto. Tal demostración práctica fue parte principal de los abusos contra el pueblo trabajador, del dictador y la rancia oligarquía que, disfrazada de “Chicago Boys”, restauró tras la derrota genocida de la Revolución Chilena el 11 de septiembre de 1973. Hoy el pueblo chileno, al igual que lo ha venido haciendo cada década en promedio a lo largo de un siglo, nuevamente ha irrumpido masivamente en el espacio político, a partir del 18-O como se conoce el estallido popular del 18 de octubre del año 2019. El destino de esta nueva revolución es precisamente acabar con los abusos y distorsiones de la restauración oligárquica iniciada el 11 de septiembre de 1973. El ahorro forzoso es el principal abuso. Se trata de un abuso gigantesco. En 1981 la dictadura dictó un decreto ley que lleva el número 3.500, que transfirió la totalidad de las cotizaciones obligatorias recaudadas cada mes, hasta entonces destinadas a la seguridad social para el pago de pensiones ese mismo mes, a un sistema de ahorro forzoso, mal llamado ”de pensiones” y conocido como “AFP” por la siglas de las empresas privadas creadas para administrarlo. Varios países, bajo presión de la industria e instituciones financieras internacionales y también de la ideología conocida como “Tercera Vía”, siguieron su ejemplo, con versiones más o menos parciales del mismo sistema. Intentos similares fracasaron en los EE.UU. y la […]
La Convención Constitucional está resolviendo cómo pasará a la historia en lo referido al cobre y los recursos naturales de Chile. Los próximos días definirán si está a la altura del Congreso de 1971 que los nacionalizó por unanimidad, o no. Esta decisión más que ninguna otra definirá el carácter de la Convención, de la Nueva Constitución y en buena medida la economía y sociedad chilena en los próximos años. Porque nada importa más que resolver quién controla el cobre. Porque quién controla el cobre controla Chile. El peso del cobre en la economía chilena es incontrarrestable. El valor del cobre extraído por mineras privadas que hoy se lo apropian sin pago significativo, promedia en las últimas dos décadas más de 30 mil millones de dólares de hoy, por año, incluyendo 40 mil millones en los últimos 12 meses. Representa un 70 por ciento del cobre extraído cada año, correspondiendo a CODELCO el 30 por ciento restante. Es el mejor estimador de la renta del mineral apropiado por estas empresas, puesto que sus costos son cubiertos, en su mayor parte y a veces con exceso, por la venta de subproductos que lo acompañan. El valor del cobre extraído por las mineras privadas sin pago significativo equivale a la mitad de la recaudación fiscal total. Las grandes mineras privadas son un estado dentro del Estado. Dominan sin contrapeso la élite empresarial e imponen su voluntad al sistema democrático. Eluden impuestos de modo sistemático. Determinan el carácter rentista y extractivista de la economía nacional. Generan los mayores daños al medio ambiente, local y global. Su control sobre el cobre es el origen de la inequidad en la distribución de la riqueza, el ingreso y el poder en la sociedad. Las grandes mineras ejercen su poder principalmente mediante la corrupción. Reparten dinero y favores a manos llenas a autoridades y funcionarios públicos en todos los niveles del Estado. Capturan las reparticiones encargadas de supervisarlas. Cortejan a la sociedad civil en todas sus expresiones, incluidos medios de comunicación, instituciones académicas, científicas, culturales y artísticas. Asimismo, a organizaciones sociales de todo tipo y naturaleza. Además del cobre que se llevan sin pagar, ofenden la dignidad del país y distorsionan la economía y sociedad con grave perjuicio para Chile. Por estas razones de economía política, soberanía y dignidad, todos los países del mundo han establecido la propiedad del Estado sobre sus recursos naturales estratégicos. Adicionalmente, en el caso de los hidrocarburos, el recurso estratégico por excelencia del siglo XX, el 80 por ciento de los mismos es explotado directamente por empresas del Estado. La mayor parte del restante 20 por ciento se extrae en economías poderosas donde no representan una parte determinante, y pagan allí un royalty significativo. Esta política de los Estados es racional y realista. Está basada en la teoría clásica de la renta, refrendada por la unanimidad de las escuelas económicas posteriores, incluída la neoliberal que, sin negar su vigencia, afirma que no es relevante. Todo esto lo comprendía el Congreso de 1971 […]
La Cámara de Diputados ha iniciado la tramitación de nuevos retiros de fondos AFP y anticipos de rentas vitalicias adeudadas. Ello ha sido rechazado por autoridades económicas del gobierno, por el propio Presidente Boric y desde luego por las AFP, industria financiera y gran empresariado. Sin embargo, los retiros cuentan con un abrumador respaldo en el pueblo y amplios sectores políticos, para quiénes el esquema de ahorro forzoso mal llamado “de pensiones”, implementado por la dictadura y mantenido en democracia, ha perdido toda legitimidad. El gobierno y la coalición han quedado en una situación complicada que se va a prolongar y agravar con un costo político creciente. El camino de solución lo dió el propio Presidente al justificar su apoyo como diputado del cuarto retiro, contra la opinión de sus asesores. “Escucho a mis asesores pero también al pueblo” dijo el Presidente Boric. El pueblo tiene toda la razón al exigir los retiros. No la tienen sus asesores al oponerse a los mismos. Se trata de una demanda justa que confirma la ilegitimidad absoluta del sistema de ahorro forzoso AFP. Para intentar frenarlos, los partidarios de mantener e incluso agravar este abuso exageran los aspectos negativos de los retiros mientras soslayan sus evidentes aspectos positivos. Para el pueblo trabajador el asunto es claro. El fondo AFP no financia pensiones adecuadas ni las financiará jamás. El dinero allí empozado, recortado obligatoriamente a sus salarios y restado a las pensiones de sus mayores, financia la mayor parte de los créditos y buena parte del capital de las empresas que operan en el país, especialmente las de los cuatro grupos que controlan este sistema a partir de sus compañías de seguros que son el corazón del mismo. Ellos le dicen al pueblo que ese dinero es ahorro que le pertenece, pues bien, que lo devuelvan. El gobierno no está haciendo lo necesario para acabar con este abuso. No tiene un diagnóstico ni un programa claro y definido para acabarlo. Esa es la causa del problema político que hoy enfrenta. La solución no es demonizar los retiros, tampoco culpar a sus promotores ni al pueblo por exigirlos, sino acabar con el ahorro forzoso. Ahora. Eso debe plantearse con toda claridad. El ahorro forzoso es un abuso gigantesco. Consiste en desviar el grueso de las cotizaciones obligatorias de seguridad social al mercado de capitales para disfrute de grandes empresarios, restándolas al presupuesto fiscal y las pensiones de los padres y abuelas de los forzados “ahorrantes”. Es la causa exclusiva de las bajas pensiones y la causa principal del déficit y endeudamiento fiscal. En todos y cada uno de los 490 meses transcurridos desde la dictación del DL3.500 hace 41 años, las cotizaciones recaudadas han más que duplicado el monto total de las pensiones pagadas por el sistema. Por añadidura, el fisco ha financiado el 60 por ciento de éstas, incluido el 40 por ciento de las pagadas en los últimos 12 meses. Aún descontando de cotizaciones y subsidios el costo total de esas pensiones, cada […]
Estimadas y estimados H. Convencionales, Comisión Derechos Fundamentales Convención Constitucional Presente Les hago llegar mis saludos y alegría porque se encuentran redactando la Nueva Constitución. Es un trabajo fascinante, histórico y estoy seguro que estarán a la altura del mismo. Cuenten con todo el apoyo de CENDA y no duden en pedirlo si consideran que puede ser de utilidad. Les escribo en esta ocasión con motivo del rechazo ayer en esta Comisión de la ICC 484, de intangibilidad de salarios, para exponer las razones por las cuales, conjuntamente con No+AFP y la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, CENDA consideró necesario presentarla, como un complemento general necesario de la IPC 17, del derecho a la seguridad social, que Uds. aprobaron poco después. Normas de intangibilidad de salarios están establecidas en otras constituciones, incluida la de Argentina. La ICC 484 es una norma muy breve, redactada por uno de los más respetados constitucionalistas del país. Restablece en Chile el derecho a la intangibilidad de los salarios y los protege prohibiendo su desvío forzoso a destinos ajenos al bienestar directo, inmediato y exclusivo del pueblo trabajador, incluidos sus mayores. Su contenido, sin embargo, es muy profundo. Como se explica en los considerandos de la iniciativa, se trata ni más ni menos que de restablecer en Chile la norma esencial y básica del pacto social que viene siendo vulnerada desde el 11 de septiembre de 1973: Los salarios son sagrados, no se tocan. Todas las sociedades conocidas hasta ahora consideran legítimo que los de arriba se apropien del excedente de la producción social, que en todas es generada íntegramente por el pueblo trabajador, pero sólo a condición que los primeros cumplan ciertas obligaciones taxativas, establecidas secularmente. Por ejemplo, es deber de la élite organizar la producción social de la manera más avanzada correspondiente a cada época histórica, y destinar parte del excedente que se apropian a financiar íntegramente su reproducción y sucesiva ampliación y modernización. Asimismo, es su deber destinar otra parte a financiar íntegramente los «asuntos del espíritu», es decir, la educación, el arte, la ciencia y la cultura. Sin embargo, hay una norma que es aún más esencial: Los salarios son sagrados, no se tocan. En términos más generales, los de arriba deben respetar de modo escrupuloso aquella parte del producto social que el pueblo trabajador reserva para sí, para vivir dignamente con sus familias, incluidos sus mayores. En el viejo latifundio, por ejemplo, que los más viejos conocemos bien porque todavía existía cuando éramos niños, esta norma esencial del pacto social tomaba la forma del respeto escrupuloso al tiempo de trabajo a que los inquilinos tenían derecho para dedicarlo a trabajar las tierras que se les asignaban para el sustento de su familia. Eso era sagrado, no se tocaba. Los latifundistas se permitían muchos abusos con sus inquilinos, pero jamás se atrevían a exigirles trabajar en el tiempo que era de ellos. La violación de esta norma en Chile ha sido grosera desde el 11 de septiembre de 1973. Es […]
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, ha aprobado en general el cuarto retiro del fondo AFP, lo que es exigido por la ciudadanía en diferentes estratos sociales y fue aprobado por una amplia mayoría de diputados de todos los sectores políticos. Al autorizar los retiros anteriores, el Parlamento ha impuesto su autoridad democrática, frente a la feroz resistencia desplegada por un puñado de grandes empresarios, súper enriquecidos por el sistema AFP, a costa de millones de jubiladas abusadas durante cuarenta años. Ellos han desplegado todo su poder, movilizando todos los recursos a su alcance, para intentar infructuosamente impedirlos. Incluyendo al poder ejecutivo, a las principales instituciones económicas del Estado en flagrante transgresión de sus atribuciones funcionarias, a los medios de comunicación principales y también a casi todos los economistas, de un arco político bastante transversal. Superando esa resistencia con el decidido apoyo ciudadano, el Parlamento ha actuado de manera responsable. Sin duda los retiros han sido una de las medidas de mayor impacto positivo, en lo económico y social y en sus consecuencias políticas, de todas las aprobadas por el Parlamento desde el retorno de la democracia. Ha sido la política de reactivación económica más importante en registro, representa cinco de cada siete pesos transferidos por el Estado a la población trabajadora paralizada por la pandemia, protegiendo a millones de familias y miles de empresas, y recuperando rápidamente la actividad en beneficio de todos. El mayor impacto de los retiros ha sido mejorar notablemente la distribución del ingreso nacional. Han restituido a 11 millones de afiliados AFP, activos y jubilados, el equivalente a más de la mitad de la masa de sus salarios imponibles de los últimos 12 meses, Una cifra equivalente a poco menos de un quinto del producto interno bruto (PIB), elevando su participación desde menos de un tercio del PIB a más de la mitad del mismo, lo que no ocurría desde 1973. Hoy se reconoce ampliamente que todos los beneficios mencionados se han verificado en los tres retiros ya efectuados. Ha sido una buena idea, una de las políticas públicas más importantes, efectivas y progresivas desde el retorno de la democracia. Beneficios similares se verificarán nuevamente al autorizar el Parlamento un cuarto retiro. La economía y el empleo están aún lejos de normalizarse. Vienen recién saliendo de una paralización profunda y la recuperación es aún frágil y debe cuidarse. Continúan entrabados todos los canales de producción y circulación. Las mercancías aún no pueden alcanzar oportunamente a quiénes las demandan, por eso los precios han subido transitoriamente. Esa es la situación en el mundo y en el país. Sin embargo, las autoridades económicas chilenas están cometiendo un error de proporciones, puesto que se han apresurado a cercenar los programas fiscales extraordinarios y se proponen reducir de golpe el presupuesto fiscal en un quinto para el año venidero, al tiempo que el Banco Central está elevando la tasa de interés a un ritmo desmesurado. Todo ello corre el riesgo de precipitar una nueva recesión, […]
“El papel principal de la economía dominante en nuestra sociedad es proporcionar una apologética para un orden social criminalmente opresivo, insostenible e injusto.” Jeremy B. Rudd, Federal Reserve Board*, September 23, 2021 Esta notable cita reciente de un respetado asesor del banco central estadounidense, parece venir como anillo al dedo a casi todos los economistas que han intervenido en el debate de pensiones en Chile desde el 11 de septiembre de 1973. En este país, los economistas defensores del ahorro forzoso son legión. Encabezados por quienes fungen de ministros de hacienda y directores del banco central, secundados por otros en cargos públicos menores, los que alternan con altas posiciones en los principales organismos financieros internacionales. No es bien visto tampoco, que se abstengan de dirigir o dictar cátedra en las principales universidades del país y, uno que otro, por qué no, en alguna de prestigio mundial. No pocos rotan asimismo en directorios de grandes empresas privadas, y varios han ocupado cargos en el mismísimo y trístemente célebre sistema chileno de AFP, o en sus nuevos apéndices que ellos mismos han inventado en el ejercicio de su servicio público. La fortuna no es verdadera si no llama a la fama. Así, no hay día en que la machacona y omnipresente propaganda del sistema privado de pensiones chileno, de muy lejos el mayor avisador del país, no tenga a alguno de tales sabihondos entre sus invitados de privilegio, entrevistas que matizan con intervenciones en el Parlamento y bien pagadas conferencias en selectos foros empresariales. En sus peroratas olvidan los fundamentos de su propia ciencia. Confunden la obvia igualdad de ahorro e inversión con supuesta causalidad de la primera sobre la segunda. En sus cálculos omiten la mitad de los datos si la otra mitad les da la razón. Dicen que devolver el fondo dejará al sistema sin dinero para pagar pensiones, pero ocultan que en cuarenta años el único beneficio que ha salido de ahí son los retiros, los demás se han pagado con subsidios y parte menor de la recaudación corriente. Alardean de ganancias olvidando descontar de las mismas las suculentas comisiones y primas que cobran. Afirman que anticipar el pago de pensiones contratadas afectaría el patrimonio de los contratantes, olvidando que dicho desembolso de caja cancela una deuda de igual monto. Olvidan que la inflación no es cualquier alza de precios sino aquella generada por emisión exagerada de moneda que la envilece. Hacen campaña del terror, como reconoció uno de ellos. Exageran, como tuvo que venir a reprenderlos uno de los baluartes morales de esta ciencia en el país. Bueno, pero para eso están. No sólo olvidan los fundamentos de su ciencia sino además los imperativos de la razón. Nada les produce mayor éxtasis que el equilibrio de las cuentas públicas. Ya han conseguido elevar tal exigencia a los mayores niveles legales, incluyendo prohibiciones al propio BC que han hecho crisis en la reciente crisis. No importa, para ellos este sagrado principio debería quedar grabado en la constitución y ojalá […]
El 11 de septiembre de 1973 la Revolución Chilena sufrió una derrota espantosa. A manos de generales traidores digitados por una potencia extranjera. Su contrarrevolución sanguinaria restauró en el poder a la vieja oligarquía agraria, más bien a sus vástagos ansiosos de revancha, los “Hijos de Pinochet” disfrazados de “Chicago Boys”. Acabada la dictadura por la Rebelión Popular de los años 1980, una nueva y masiva intervención extranjera, con la complicidad de parte de la oposición a la dictadura, permitió que la restauración se prolongase durante otras tres décadas bajo gobiernos democráticos, un “tiempo en que el dinero se adueñó de la política (Stefan Zweig)”. Como dice un periodista talentoso aunque lamentablemente reaccionario, el 18-O finalmente está acabando con lo que se inició el 11 de septiembre de 1973. Este fue nuestro equivalente, alejado en el tiempo y el espacio, a la derrota atroz de la Revolución Francesa en Waterloo, que restauró a los nobles y al rey. Dicha restauración sólo acabó décadas más tarde, tras las sucesivas revoluciones de 1830, que relata el gran Víctor Hugo en Los Miserables, y la Primavera de los Pueblos de Europa en 1848, que en Francia describe Gustave Flaubert en su entrañable Educación Sentimental. Sólo entonces la moderna república reconoció en la Revolución Francesa a la madre que la parió, y trasladó a sus héroes al Panteón que les construyó, con el honor y gloria que se merecen. El 18-O está culminando la Era de Revoluciones de Chile, que se inició a mediados de los años 1960 y acabó para siempre con el régimen secular de inquilinaje y latifundio, y nacionalizó el cobre, sentando así las bases irreversibles para la modernización de la sociedad chilena. En la vieja Europa, Eric Hobsbawm fecha este período de la transición a la modernidad precisamente entre 1789 y 1848. La historia avanza de este modo, en una tensión contínua entre el pueblo trabajador y las élites, en el curso de la cual el primero irrumpe a cada tanto masivamente en la escena política, para hacerse respetar y resolver las constantes pugnas al interior de los de arriba, en favor de las fracciones dispuestas a realizar las reformas necesarias en cada momento, para que la sociedad continúe su curso de progreso. Así ha sido a lo largo de milenios, como confirman desde las clásicas novelas chinas hasta la sociología e historiografía del siglo XIX. Ésta lo resumió en la famosa formulación de Marx que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. La caída de los socialismos reales, por su parte, reafirmó lo que viene a continuación en dicha formulación clásica, es decir, que los pueblos hacen la historia, pero no como les viene en gana. En otras palabras, que sólo pueden llevar a cabo las reformas que en cada momento resultan necesarias para el modo de vida y trabajo de cada sociedad. En Chile, el pueblo trabajador es muy paciente, pero a cada tanto pierde la paciencia. Ha irrumpido masivamente en la […]
Estoy asombrado. Los más reputados economistas del país, con un par de honrosas excepciones, así como la unanimidad de las instituciones del Estado que se han pronunciado al respecto, encabezadas por el Banco Central de Chile, han advertido de modo bastante destemplado que un cuarto retiro AFP desatará la inflación. Los precios cambian todos los días y es de uso común denominar inflación a cualquier aumento de los mismos. El diccionario español denomina así al aumento en el nivel general de precios que usualmente mide el índice de precios al consumidor. Para la teoría económica, sin embargo, la inflación es un concepto preciso: se trata de un fenómeno estrictamente monetario, causado por emisión de moneda que excede la demanda por dinero y consecuentemente la deprecia. No es lo mismo un alza de precios, por general que sea, ocasionada por incrementos en la demanda solvente, es decir, sustentada por dinero real o moneda que refleje adecuadamente su valor, que un alza de general de precios originada en demanda financiada con emisión que, por exceder la demanda por dinero, haya depreciado la moneda. En el primer caso las cosas suben realmente de precio, en el segundo es la moneda la que se deprecia. En ambos casos los precios suben, pero mientras en el primero ello obedece a la constante interacción entre demanda y oferta, necesaria para ajustar la segunda a la primera y los precios de las cosas a su valor, en el segundo caso, en cambio, ello obedece a la depreciación de la moneda, lo que afecta todo lo que se mide en ésta. La diferencia es más notoria en el caso de los salarios o los depósitos no reajustables. En el primer caso, aunque los precios hayan subido, la moneda en que se miden no se ha depreciado, por lo tanto el valor de salarios o depósitos permanece intacto y permitirá comprar las mismas cosas que antes una vez que la oferta se haya ajustado a la demanda y los precios de éstas vuelvan a su valor. En el segundo caso, el valor real de salarios y depósitos se reduce porque la moneda en que se expresan vale menos. Como se puede apreciar, la distinción no es trivial y resulta muy importante para comprender el efecto sobre los precios de los retiros AFP. Un cuarto retiro sin duda estimulará la demanda solvente por bienes y servicios, en particular los de aquellos que adquieren quienes tienen derecho a efectuar los retiros: los once millones de afiliados activos al sistema AFP, que rotan constantemente en los seis millones de ocupaciones asalariadas que mueven la economía del país, y un millón y medio de jubilados por dicho sistema. Así sucedió con los retiros anteriores, que incrementaron su poder de compra en el equivalente a un 55 por ciento de la masa de sus remuneraciones imponibles de los últimos 12 meses, elevando su participación desde un 32 por ciento a más de un 50 por ciento del PIB, lo que no sucedía desde 1973. […]
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados ha aprobado el 4º retiro del fondo AFP, con lo cual próximamente éste se votará en sala. Veremos que pasa ahí. Si la Cámara lo aprueba con el alto consenso requerido, el Senado difícilmente lo rechazará, aunque varios andan flaqueando. Darían así otra alegría grande y merecida al pueblo trabajador, que mal que mal los eligió para representarlo. Los retiros ya autorizados por la casi unanimidad del Parlamento son una política pública acertada, responsable, valiente, necesaria y oportuna. Ayudó a millones de familias y miles de empresas, especialmente PYME, sostuvo el empleo y recuperó la economía, durante el COVID. Elevó extraordinariamente los ingresos del pueblo trabajador y su participación en el ingreso nacional. Nunca hubo política redistributiva más potente. Por primera vez aminora el abusivo ahorro forzoso. Al enfrentar los poderosos intereses que abusan profitando del mismo, legitima el sistema democrático en un momento de crisis nacional. Bien por donde se los mire. El cuarto retiro no es diferente. Impertinencias Lamentablemente, la discusión del proyecto ha puesto en evidencia una vez más la dañina autonomización de determinados servicios del Estado, encabezados por el Banco Central, cuya dirección han capturado tecnócratas que son ardientes defensores del abusivo ahorro forzoso AFP. Por su cuenta, estos funcionarios del Estado han intervenido de manera impertinente en la definición de políticas públicas que exceden su mandato y en este empeño no han trepidado en tomar medidas contrarias al interés del pueblo y del país. En sus presentaciones ante el Parlamento con ocasión del 4º retiro, como en los anteriores, los funcionarios que fungen en las jefaturas de estas instituciones advirtieron nuevamente al Parlamento, como hicieron con los anteriores, que si lo autoriza en uso de sus atribuciones, generaría un cuadro económico catastrófico, afectando la inflación, el tipo de cambio, las finanzas públicas, la solvencia de las compañías de seguros, las pensiones y hasta los seguros de invalidez y sobrevivencia. Con una mano en el corazón, manifiestan su preocupación por su efecto sobre la distribución del ingreso. Dichas advertencias han sido difundidas profusa y reiteradamente por la prensa y reforzadas de modo unánime por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), las AFP, las aseguradoras, y una multitud de economistas, amén de otras instituciones y personeros, tanto nacionales como algunos extranjeros que suelen inmiscuirse en estos debates. Algunos de estos actores no se quedaron en palabras, sino que tomaron además medidas de graves consecuencias. El Banco Central elevó esta semana la tasa de interés de referencia, por segunda vez en poco tiempo y en esta ocasión nada menos que al doble, la mayor alza en décadas. Esta imprudente medida tendrá un efecto contractivo importante, que puede precipitar una nueva recesión si el gobierno atiende además a las recomendaciones de austeridad fiscal que paralelamente han efectuado el CFA y la DIPRES, que proponen contraer el presupuesto fiscal 2022 nada menos que un 20%. Por su parte, las aseguradoras yanquis que junto […]
