El diputado independiente de la Nueva Mayoría, Pepe Auth, está resuelto a hacerle la guerra al clientelismo y al tráfico de influencias, hábitos muy comunes en la cultura política chilena.
Con el apoyo de diputados de diversas bancadas -Leonardo Soto (PS), Jaime Bellolio (UDI), Claudio Arriagada y Jaime Pilowsky (DC), Pedro Browne (Amplitud), Vlado Mirosevic y René Saffirio (Indep), Felipe Kast (Evopolis) y Daniel Farcas (PPD), presentó un proyecto de ley que castiga con las mismas penas del cohecho a las autoridades públicas designadas o electas que intentan influir mediante presiones y amenazas en el nombramiento o remoción de cargos públicos.
Pepe Auth afirmó que «establecer esta práctica política como un delito será una señal muy potente de la voluntad parlamentaria de cambiar la política, dejando atrás el clientelismo y la consideración del Estado como un botín. No basta con criticar las malas prácticas políticas, hay que desalentarlas configurándolas como delito y estableciendo penas que consideran incluso la inhabilitación temporal o permanente para ejercer cargos públicos».
En la sesión del próximo martes se dará cuenta del ingreso de este proyecto, que también extiende la figura del cohecho con sus penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos a personas que, sin ser funcionarios públicos, abusan de su relación personal o familiar con alguna autoridad pública, para incidir en alguna decisión administrativa, distorsionándola.
Asimismo, el proyecto incluye la inhabilitación para establecer contratos con el Estado a empresas cuyo gerente general o socios directivos hayan sido condenados por soborno, incentivando así estándares éticos de comportamiento directivo y controles más estrictos de su aplicación.
«Recibimos frecuentes denuncias de nombramientos forzados por algún actor político determinado en desmedro de personas de calidad y mérito indiscutido. En ocasiones también sabemos de la salida de alguien de un cargo público en represalia por su apoyo a determinada opción en las elecciones internas de un partido político. Hoy día no hay sanción establecida para esas conductas que sin duda afectan la transparencia de la política pero también la eficacia de la administración pública», señaló el diputado de Santiago Poniente, quien hizo un llamado a todos los parlamentarios a dar una señal clara de la voluntad de desterrar el tráfico de influencias y el clientelismo de la política chilena del futuro.
Santiago de Chile, 4 de junio 2016
Crónica Digital
Sáb Jun 4 , 2016
El programa “Informe Especial” del estatal Canal Nacional inauguró el domingo 29 de mayo, su temporada 2016, con el reconocimiento mediático de un hecho histórico y político social, que ha buscado ser ocultado, tergiversado, desfigurado o negado por el Estado chileno, por el gobierno y sus principales autoridades. Y quizás, el desconocimiento y hasta el prejuicio racista sea parte de una actitud cultural de buena parte de los chilenos. Un grupo de “weichafe” (guerreros) mapuche, supuestamente acampados en la región de Alto Bio Bio, reivindicó en pantalla, el derecho a la lucha armada, al uso de la violencia, en el marco de la demanda territorial del pueblo originario mayoritario del país. El recurso de la violencia armada es justificada por el líder de la organización Coordinadora Arauco Malleco, CAM, Héctor Llaitul, y por el auto denominado brazo armado de la misma, el Òrgano de Resistencia Territorial, ORT, por lo que caracterizan como agotamiento de las vías políticas, de las negociaciones” en su lucha histórica por la recuperación de sus territorios, y la “usurpación” de ellos por las transnacionales madereras, las centrales hidroeléctricas, y sus asociados chilenos. Lo único sobre lo cual estarían dispuestos a dialogar, afirmaron los entrevistados, es “la recuperación autonómica y territorial”, en una posición de ultimatum que no les corresponde y que obviamente dificulta o impide el diálogo con la autoridad nacional. El discurso de los mapuche entrevistados por el canal estatal de televisión, da cuenta de un complejo programa político-militar, a partir de una historia y plataforma reivindicatoria y de un resentimiento ante la negativa del Estado chileno, a aceptar- señalan- sus demandas, entre las cuales sobresalen “la liberación de la nación mapuche”, su independencia, la autonomía territorial. El líder de la CAM, Hector Llaitul, y sus “comandantes” de campo (de la ORT, que se autodenomina “el brazo armado” de ella), hablan de “liberación de la nación mapuche”, del “enemigo transnacional”, de “liberación nacional”. “El enemigo nos obliga a sacar las armas”, afirmaron los “weichafe” agregando que su objetivo es “golpear al enemigo transnacional”, apuntando que la contradicción es del “Estado contra los mapuches”, justificando como acciones de “resistencia” los actos de violencia, el sabotaje incendiario de maquinarias y camiones, o instalaciones de las empresas madereras escenificados en el territorio mapuche, el Wal Mapu. Los entrevistados de la periodista de TVN, Paulina de Allende-Salazar, agregaron que ni la CAM ni las ORT, tienen relación con la quema de iglesias o de casas- como fue el caso Lushsinger, donde pereció calcinado el anciano matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mac Kay- o ataques donde los afectados son mapuches. “No somos terroristas, no atacamos a las personas, a los trabajadores. No disparamos a la gente. No atacamos a las personas”, declararon. No negando, sin embargo, la ocurrencia de esos actos, aseguraron que se trataría, de “acciones espontáneas” de “descolgados” sobre los cuales no tiene control ni pertenecen a su orgánica. Como es natural y esperable, las reacciones frente al reportaje no se hicieron esperar, pero desafortunadamente repitiendo los […]
