En las últimas semanas, sectores de la derecha han iniciado una gran campaña de desprestigio del proceso constituyente. La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a la relevancia de la consagración de la libertad de expresión como derecho fundamental, acorde a lo aprobado en el borrador del nuevo texto constitucional, destacado su calidad de derecho habilitante para exigir la rendición de cuentas y permitir la búsqueda de la verdad, entre otras cuestiones. “La libertad de expresión constituye un pilar de la democracia”, afirmó. “Es un derecho recogido en la Constitución, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, por lo que es deber del Estado promoverla y protegerla”, dijo. Asimismo, enfatizó: “como sociedad (se debe) ser inclaudicables en su defensa, evitando cualquier tipo de consigna que relativice su valor”. Sobre la redacción propuesta planteó que “dispone de un marco amplio para entender qué significa y qué abarca su ejercicio”. “A su vez, prohibió la censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que determine la ley”, lo que “se vincula con la libre búsqueda, recepción y difusión de informaciones e ideas de toda índole y, en ese marco, mantiene un vínculo estrecho con el acceso a la información, derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los tribunales superiores de justicia chilenos”. De la Fuente afirmó además que “los espacios de ejercicio de este derecho deben asegurarse y evitar limitantes propias de sistemas donde la censura, la imposición arbitraria de información y el control, cualquiera que éste sea, lo coarten”. También se refirió a la aprobación del “pluralismo informativo, la proscripción de sistemas monopólicos de información y, consecuentemente, la promoción de la desconcentración de los medios, asegurando de esta forma la diversidad de la información”. “Algunos de estos elementos, atienden a un sistema que otorgue espacios para la autorregulación, promoviendo que los medios adopten reglas de conductas, y que garanticen la no afectación de la libertad de expresión, lo que parece coherente con la entidad y contenido de este derecho, y la función que cumple en nuestro sistema institucional”, finalizó

Asimismo la titular del Consejo valoro declaraciones del nuevo comandante en jefe del Ejército sobre probidad y transparencia. Esta mañana la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, criticó el escaso avance que tuvo la agenda de transparencia en la administración de gobierno saliente, asimismo sostuvo que las señales sobre probidad y transparencia del nuevo comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga eran una buena noticia para el país. “Es una muy buena noticia justamente porque parte importante del nuevo desafío que tiene el nuevo comandante en jefe del Ejército para instalarse en el día de ayer era separar aguas y dar estas señales tanto hacia afuera como hacia dentro que acá hay un quiebre respecto a lo que había pasado en el Ejército y a las críticas que se habían generado incluso a los procesos judiciales, la señal de ayer es clara y categórica, esto no se va a permitir, se va a colaborar con la justicia y lo que se espera es que haya máxima transparencia para que se esclarezcan los hechos”, señaló en radio Universo la presidenta del CPLT. Según la titular de transparencia las señales de Iturriaga “se tienen que traducir en acciones muy concretas en el próximo tiempo, probablemente ahí el trabajo que se haga con la nueva ministra de defensa (Maya Fernández) va a ser fundamental, eso va en la línea correcta porque finalmente el Ejército está muy golpeado en el último tiempo, no solamente desde el punto de vista de la confianza ciudadana sino también desde sus propios funcionarios, que sin duda deben ver con bastante preocupación que todos sus ex comandantes en jefe (después de los ´90) hayan estado involucrados en alguna situación de corrupción”. Señaló que la reforma constitucional del año 2005, sobre la subordinación de las FFAA al control civil, fue importante pero no suficiente, a su juicio: “faltaron controles relevantes, que tienen que ver básicamente con el control administrativo de lo que ahí sucede”. “Creo que han habido avances como la norma de 2020 que entrega un control más férreo de los gastos reservados, pero insisto desde nuestra perspectiva no es suficiente, pongo un ejemplo, el artículo 436 del código de justicia militar establece algunas causales de reserva para el acceso a la información por temas de seguridad nacional, este ha sido utilizado recurrentemente, nosotros creemos que ahí hay que avanzar hacia generar un mecanismo -y creo que aquí la Convención Constitucional es muy relevante- que efectivamente haga de una causal de reserva como esta, de existir, una situación muy acotada y justificada. No queremos que desde esa opacidad se escondan cosas que son malas noticias para Chile.”, subrayó. De la Fuente destacó lo dicho por la ministra de defensa entrante, Maya Fernández sobre la protección al denunciante al interior de las FFAA “que también creo que es muy importante apropósito de que quienes más conocen o han sido testigos de situaciones irregulares son los propios funcionarios que quedan desprotegidos a la hora de tener que […]

Un análisis y una serie de críticas asociadas a prácticas que buscan desinformar son parte de campañas negativas o incluso persiguen difundir contenidos falsos, hizo la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), previo a la elección presidencial del próximo domingo.   “La elección presidencial que se resuelve el domingo ha estado marcada por un tenso debate público. Como hemos visto en otras latitudes, decisiones de esta envergadura generan un ambiente propicio para la emergencia de fenómenos como la contaminación informativa, la campaña negativa e, incluso, la propagación deliberada de noticias falsas”, dijo la titular del CPLT. En dicho marco, la representante de este organismo, encargado de velar por el acceso a información de organismos del Estado apuntó, entre otras aristas del fenómeno, a la relevancia del papel que desempeña la ciudadanía para reducir el impacto negativo que generan este tipo de acciones. “Le corresponde a la ciudadanía un rol que es irremplazable, no sólo en tener una actitud más reflexiva sobre la información que se consume y comparte, sino también en denunciar y castigar la mentira como una práctica nefasta, que nos lleva a retroceder en nuestra convivencia y en nuestros estándares democráticos”, afirmó. Desde la perspectiva de la regulación de estas materias, planteó las dificultades que implica combatir estos fenómenos. Sin embargo, y asumiendo que la ausencia de ésta genera espacio propicio para la propagación de noticias falsas y constituye una amenaza para la decisión informada subrayó la necesidad de “avanzar en políticas públicas que logren garantizar al mismo tiempo la protección de los datos personales y la libertad de expresión e información”. Santiago de Chile, 16 de diciembre 2021 Crónica Digital

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