Chile lanzó claras señales de advertencia a una cruzada contra la corrupción, con la orden del juez Juan Manuel Escobar de prisión preventiva para seis de los 10 imputados en el llamado caso Penta.
Luego de cuatro días de audiencias, transmitidas en vivo y en directo por la televisión nacional, el magistrado del 8 Juzgado de Garantía de Santiago determinó enviar a la cárcel especial Capitán Yáber a seis de las 10 personas formalizadas.
El expediente Penta, nombre del conglomerado económico que trasgredió la legislación chilena, se refiere al financiamiento ilegal a campañas políticas alrededor de lo cual se desataron numerosos manejos irregulares de dineros.
Los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y los exgerentes de Penta, Hugo Bravo y Marcos Castro, fueron remitidos a prisión por cuatro meses.
También el exfiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Alvarez, quien en realidad ya se encuentra detenido por otro caso de fraude. El dictamen es apelable y los abogados defensores ejercerán sus derechos la próxima semana.
La víspera, el fiscal Carlos Gajardo presentó sus argumentos en el proceso de formalizaciones que llevarán a un eventual juicio, para lo cual según el juez Escobar, debe tener listas sus acusaciones en el curso de 120 días.
«Queremos que la ley deje de atrapar mariposas y deje pasar elefantes», sentenció Gajardo al subrayar que los delitos de Délano y Lavín, están «ampliamente acreditados».
El persecutor los acusó de «mentir descaradamente» por ocultar en sus declaraciones de meses atrás ante la Fiscalía, la existencia de numerosos contratos irregulares.
Sobre esos dos empresarios, el juez Escobar sostuvo que «se ha justificado la existencia de tres delitos de soborno o sobornos reiterados y de cinco delitos tributarios, todos ellos en carácter de reiterados».
Explicó que si bien el delito tributario tiene una sanción de presidio menor, al ser cinco y reiterados «debe imponerse la pena correspondiente a los diversos delitos estimados como uno solo, pero aumentándolo en uno o dos grados, con penas mayores».
Al referirse al ex subsecretario de minería en el Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, el juez dijo que está imputado por «casi toda la variedad de delitos tributarios, además en carácter de reiterados».
También se le ha imputado el cohecho en carácter de reiterado y lavado de activos. Su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, fundada en la gravedad de la pena asignada y número de delitos imputados, acotó.
El diputado y presidente del Partido Comunista de Chile (PCCh), Gullermo Teillier, dijo en una declaración oficial que las medidas cautelares «encienden una luz de esperanza de que se hará justicia frente a actos de corrupción».
Eran cosas que se realizaban, por muchos años, con absoluta impunidad. Al fin se cuestiona judicialmente hechos que nuestra sociedad condena mayoritariamente, recalcó.
Teillier manifestó su esperanza de que ese golpe a la impunidad, «se haga extensivo a los actores políticos, diputados y senadores, que sabían de estos hechos delictivos, los consintieron y se beneficiaron de ellos (…)»
Consideró asimismo que el veredicto hace más necesario avanzar en una legislación que cambie la actual institucionalidad en todo lo que facilite estos hechos de corrupción.
Este asunto debiera culminar con el cambio de la actual Constitución del Estado que se impuso bajo dictadura y que es la base de este sistema de desigualdad e injusticia, sentenció Teillier.
Por Fausto Triana
Santiago de Chile, 8 de marzo 2015
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