La rebelión del 18 de octubre abrió una coyuntura larga que requiere un análisis profundo de las diferentes fases, por la cual esta ha transitado, como también el contexto internacional en que esta se inscribe. SITUACIÓN INTERNACIONAL La economía del mundo capitalista neoliberal continua siendo golpeada por la pandemia y por las repercusiones de la última crisis del 2008. No obstante en las esferas de la mayor economía mundial se dan pasos para intentar revertirla y el gobierno de Biden acaba de proponer al Congreso de EEUU un paquete de ayuda económica de más de 3 billones de dólares. Por otro lado China ya muestra importantes niveles de reactivación que están repercutiendo en un alza desmedida del precio del cobre. La guerra comercial está en estado de latencia y los dos gigantes de la economía mundial dan pasos en los distintos ámbitos donde se continuará la pugna: en la industria de las comunicaciones, en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, en la conquista de la Luna y de Marte, en el fortalecimiento de la presencia militar, en la geopolítica con su influencia en zonas estratégicas y en la pugna por la supremacía en el sistema financiero. China fortalece su alianza con Rusia y extiende su poder político y económico con la entrega de sus vacunas y sus cuantiosas inversiones y EEUU trata de revertir la política de aislamiento de la era de Trump impulsando un nuevo trato con Europa debilitada, sin mayor incidencia económica mundial, bajo control de Alemania y Francia, respondiendo de este modo a las fracciones globalistas por sobre las proteccionistas. En este contexto de la geopolítica, América Latina se sitúa como parte del conflicto de ambas potencias y Chile no escapa a ese escenario. Durante décadas, posterior al golpe de estado, EEUU logró con distintas estrategias constituirse en el patrón de la política chilena, situación que continuó bajo las administraciones de la Concertación, Nueva Mayoría y la derecha. SITUACION NACIONAL: LAS DIVERSAS FASES DE UNA COYUNTURA ESTRATEGICA DESDE LA REBELION DE OCTUBRE DE 2019. La burguesía nacional aliada del capital transnacional logró ubicar su nicho de desarrollo en la economía mundial como productor de materias primas y exportador de recursos financieros principalmente a través del sistema privado previsional. Este modelo mercantil condicionó el tipo de Estado y régimen político y fueron el caldo de cultivo que generó las condiciones para la crisis actual. La actual crisis social, económica y política que atraviesa el país ha develado las profundas contradicciones de clase de la sociedad chilena. Por un lado se ha manifestado el control real de quienes detentan el poder, tanto a niveles de la esfera institucional como en la económica. Por otro lado, ha mostrado en toda su magnitud, profundidad y diversidad,- en cuanto a niveles de radicalidad-, de amplios sectores sociales identificados como los pueblos plebeyos y de los diversos estratos de las llamadas clases medias. Lo nuevo de esta coyuntura larga que abrió la Rebelión Popular del 18 de octubre de 2019 […]
Opinión
Una de las dimensiones de la vida social del país en que el patriarcado aún es predominante es el territorio de las universidades públicas y/o del Estado. Por cierto, estamos hablando del “patriarcado”, en el sentido más general de un predominio o supremacía del género masculino en una sociedad, institución o grupo social. En el caso de estas Casas de Estudios Superiores, el fenómeno es observable a partir de una mera constatación de los hechos. Respecto de las 18 entidades académicas agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), en el inicio del Año Académico 2021 sólo en una de ellas existía una mujer ejerciendo como Rectora: las otras 17 tenían hombres en el cargo de rectores. La excepción era la Universidad de Aysén, aunque era un caso con rasgos singulares: se trata de una Casa de Estudios que fue creada en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, en 2015, y en la que la actual Rectora, Natacha Pino Acuña, se impuso electoralmente el 2019 en competencia con otra mujer, María Teresa Marshall, la cual había sido designada en el cargo tres años antes por la entonces Jefa de Estado. La situación no cambiaba sustancialmente si la mirada se extendía a las Casas de Estudios del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), organismo conformado por los rectores de treinta universidades estatales y públicas no estatales del país. Al comienzo del Año Académico 2021, la sola y única excepción en esas Casas de Estudios era la citada Natacha Pino: todos los otros 29 rectores eran hombres. Este cuestionable cuadro en términos de la equidad de género, comenzó a modificarse en mayo pasado, cuando la académica Marisol Durán Santis se impuso como nueva Rectora en las elecciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), logrando un 73,8% en segunda vuelta. Poco después, la académica Elisa Araya Cortez fue electa como Rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), con el 62,81% de las preferencias. Ninguna de estas dos universidades había tenido en toda su historia una mujer ejerciendo la responsabilidad principal de su conducción académica e institucional. Ambos casos tienen similitudes institucionales, puesto que estas Casas de Estudios tienen su origen el desmembramiento que la dictadura cívico–militar impuso a la Universidad de Chile. La UMCE fue constituida en 1985 como sucesora y continuadora legal de la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, que fue creada en 1981 a partir del Instituto Pedagógico de la Casa de Bello. La UTEM fue constituida en 1993, como continuidad legal del Instituto Profesional de Santiago, formado también en 1981, cuando la dictadura separó de la Universidad de Chile su Instituto Politécnico y carreras tales como Cartografía, Trabajo Social y Diseño, entre otras. El tamaño del universo de académicos que participan como electores de la Rectoría es más o menos similar. En términos de la equidad de género, los recientes procesos de elección rectoral en estas dos universidades tienen una diferencia importante. En la UTEM, Marisol Durán conquistó la […]
Por Omar Cid* Me gusta el cine. Una de las cosas que echo de menos con la pandemia, es la ritualidad de la sala que se oscurece y en donde uno conscientemente ingresa a un mundo mediado por imagen, sonido, vestimenta e iluminación, todo puesto y todos los están al servicio de un relato. Otra cosa muy distinta, es ser partícipe sin pretenderlo, de una producción de alto costo, donde nosotros mismos somos parte de la trama. Esa sensación, se ha ido haciendo más patente, desde el estallido del 18 de octubre, donde los medios de comunicación uniformados, han pretendido por distintos caminos, volver a instalar la confianza en un modo de vida que se estrelló contra la dura realidad de los excluidos y dañados de todo tipo. Pese a ese esfuerzo, no han podido lograr el milagro de que la sociedad chilena, vuelva a tener fe en esa élite eurocéntrica y colonizada. Han recurrido a la reflexión binaria, ejercitando el viejo deporte de las descalificaciones. Con mucha facilidad se habla de constituyentes, candidatos y corrientes de pensamiento que son una amenaza, mientras otros u otras, estarían más acorde con la matriz de un modelo de país que supuestamente aportaría paz y tranquilidad. En ese marco de especulación, se daña el debate público, porque se escenifica la política como si fuera un reality. Resulta insoportable, la insistencia en manejar los estados de ánimo de las audiencias, exacerbando situaciones como robos, crímenes deleznables, errores que se pudiesen haber cometido en cualquier ámbito de lo privado -por algún personaje público, la repetición de imágenes en cámara lenta o acelerando en forma continua, retrocediendo y exponiéndola por bloques. La misma imagen, reproducida hasta el hartazgo. Ese ejercicio totalitario, en el manejo de la opinión pública en sociedades calificadas como democráticas: es un debate en curso. Si a ese fenómeno, sumamos el narcisismo comunicativo que en su interpretación de la interpretación, termina anulando el hecho y [re]construyéndolo para el interés de su propia retórica. Convengamos que en ese marco meditativo, la negación puede ser un dispositivo argumental reiterado y cotidiano del que las principales autoridades de la república no escapan. Al neoliberalismo real, lo conocemos al revés y al derecho, lo hemos vivido en todas sus facetas: terror, shock, normalización y legitimación. De hecho, va a pasar largo tiempo para sacudirnos de sus secuelas culturales, económicas y políticas, esparcidas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El virus de la codicia, ha destruido las relaciones sociales, porque no respeta los principios básicos de la vida en común, solo responde al impulso individual de la avaricia. No existen estudios que iluminen sobre sus consecuencias menos evidentes, solo destellos traducidos en zonas de sacrificio, venta de drogas, estafas piramidales, colusiones de papel higiénico, pollos, farmacias, llegando a la obscenidad de mantener abierto el Mall Costanera Center, pese al suicidio de un adulto mayor, hace unos cuantos días atrás. Esa normalización del abuso y el aprovechamiento, es parte de la pobreza estructural que hay que combatir. […]
En la primera parte de este trabajo sostuve, que las elecciones para gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes efectuadas el pasado 15 y 16 de mayo mostró resultados desastrosos para la derecha y los partidos que han administrado Chile en los últimos treinta años y marcó la irrupción de nuevos actores políticos. Un porcentaje importante de la sociedad chilena, a poco más de un mes de dar comienzo al trabajo de los miembros de la convención constituyente y a escasos meses de tener una nueva contienda electoral para elegir al nuevo (a) mandatario (a) no está dispuesto a seguir bajo este marco político, social y económico que se extiende por 48 años. Una sociedad que exige cambios estructurales, ya no más maquillajes. Y en ese objetivo, encontramos una diferencia fundamental, entre aquella mayoritaria suma de ciudadanos, que no están dispuestos a aceptar una política que ha mostrado su fracaso en temas de justicia social y las administraciones de Gobierno, que se han dedicado más bien a gestionar lo existente, a retocarlo, a darle una pequeña pintura para tratar de ocultar las pifias de esta democracia tutelada aún. Una democracia representativa, que es una forma de gobierno débil, sujeta al poder económico, a los poderes fácticos del empresariado, de los grupos de presión, debe tener una modificación medular so pena de generar una fractura social de incalculables consecuencias. Este Chile, en plena pandemia por el Covid 19, que no ha logrado bajar las cifras de contagios y muertes a pesar de una fuerte campaña de vacunación, unido al referente político marcado por el 18 de octubre del año 2020 y los resultados que muestran a un porcentaje mayoritario de los que acudieron a dicho plebiscito, que exige cambios (1). Pero, que demanda también atraer a ese porcentaje de ciudadanos, que se inhiben de ejercer su derecho a voto, que en el caso del plebiscito del 25 de octubre del 2020, significó un 50% y las elecciones del 15 y 16 de mayo pasado implicó un 58% de ausencia de votantes. Tales cifras, debilitan la exigencia de cambios, como los que pretende esa sociedad chilena, que en el universo electoral de participación votó por el apruebo y que posteriormente castigo a los partidos políticos tradicionales y dio paso a nuevos actores. Una abstención que demuestra apatía, desesperanza y que sólo la constatación de un cambio verdadero, que dé cuenta de sus derechos y necesidades podría volver a reencantar a una población que no la seducen los cantos de sirena y que seguramente volverá a ser convocado obligatoriamente a ejercer el voto (2). Consultada por Radio Universidad de Chile, la representante del PNUD Chile, Marcela Ríos señaló que ““Es bien importante tener claro que la causa de la baja participación no es que el voto sea voluntario, porque la participación venía cayendo antes de cambiar hacia inscripción automática y voto voluntario, pero sí ha agudizado las desigualdades y ha facilitado la baja participación (…) Avanzar hacia un voto obligatorio no resuelve todos los problemas ni […]
Como se sabe, el pasado domingo 13 de junio se desarrollaron las segundas vueltas de las elecciones de gobernadores regionales en trece regiones, un paso histórico en el camino a la descentralización del país, porque culminaba el proceso mediante el cual por primera vez la soberanía popular definía la primera autoridad de los territorios regionales de Chile. Mientras la prensa se centró principalmente en la Región Metropolitana, en Antofagasta se provocó un hecho político de suma relevancia. Tras imponerse en las primarias de Unidad Constituyente, el candidato del Partido Progresista Ricardo Díaz, luego de su paso a segunda vuelta, lograba convocar a la amplitud de las fuerzas de los demócratas progresistas y de izquierda. Ello significó, incluso, reunir en el terreno a Paula Narváez (Partido Socialista) y Gabriel Boric (FA), luego del impasse de las primarias presidenciales. Díaz es Profesor de Filosofía, que nació en la zona de Chuquicamata, y además era un líder social y ciudadano de amplio reconocimiento en la Región, en particular por encabezar el movimiento ambientalista “Este Polvo te Mata”. El trabajo en Unidad no fue en vano. Díaz fue electo con la primera mayoría porcentual a nivel nacional con un 72,01 por ciento, conforme a las cifras preliminares entregadas por el Servicio Electoral, ya escrutadas la totalidad de las mesas. Fue una diferencia abrumadora respecto del candidato de la derecha, Marco Antonio Díaz (RN), que logró apenas un 27,99 por ciento. En marzo de 2018 fue el primer Intendente Regional de Antofagasta que fue designado por Sebastián Piñera en su actual Gobierno, y permaneció en el cargo hasta octubre del año siguiente. Históricamente, la izquierda ha sufrido los efectos de no ponernos de acuerdo. Es momento de poner la mirada en lo que podemos lograr trabajando juntos. Por Daniela Escrig. La autora es Bioquímica y forma parte de la Red de Profesionales de la Fundación Progresa Santiago, 21 de junio 2021. Crónica Digital.
Las elecciones para gobernadores (1) alcaldes, concejales y constituyentes efectuadas el pasado 15 y 16 de mayo mostró como resultado: un gobierno derechista presidido por el empresario Sebastián Piñera en agonía, una dura derrota electoral para los partidos políticos tradicionales y la irrupción de voces, nombres y movimientos, representantes de una parte de la sociedad que aspiran a un país radicalmente distinto. Ese marco anticipa para el país sudamericano, en lo que resta del año 2021, enfrentar decisiones fundamentales, que van a signar a las futuras generaciones, fundamentalmente en lo que refiere a la elaboración de una nueva carta magna, de la cual se espera cumpla las expectativas de ese 80% de electores que votaron el apruebo a una nueva constitución el 25 de octubre del año 2020 y que determinó la primera de las derrotas que tendría el gobierno de Piñera y la derecha en Chile a partir de esa fecha. Una victoria refrendada el 15 y 16 de mayo pasado cuando la gran mayoría de los constituyentes elegidos representan la opción del apruebo y eso marca cierta certeza que los grandes temas que preocupan a los chilenos serán resueltos, precisamente, por los que están por un cambio medular a la manera en que Chile ha sido conducido, administrado y con decisiones que afectan a la gran mayoría de su población. Esta idea queda expresada, por ejemplo, por el abogado Daniel Stingo quien obtuvo una de las más altas votaciones en la constituyente y quien increpó duramente a representantes de la derecha en un programa televisivo y que expresa esa decisión de no seguir maquillando el modelo político, económico y social que rige Chile hace décadas. El profesional sostuvo “Aquí no ganó la derecha pues estaba por el rechazo. Entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas, porque representamos a la gente. Los que ganamos, representamos a la gente. Los acuerdos se deben hacer con la mayoría de los chilenos y chilenas que ganaron el 25 de octubre y ahora aquí los derechos sociales se desprivatizan, todos, y el agua también. Ustedes (refiriéndose a los representantes de la derecha) no pueden imponer nada, porque perdieron. Así de simple” (1) Lo descrito anteriormente es la evidencia de la velocidad con que han avanzado los cambios efectivos y los que se esperan y que resultaban casi una utopía, un escenario difícil de vislumbrar previo al 18 de octubre del año 2019, cuando la sociedad chilena en forma multitudinaria salió a las calles para decir ¡basta! a 30 años de una democracia restringida. 30 años a los cuales hay que sumar 17 años de dictadura militar cuya herencia fue precisamente esta democracia cautiva. Un país que ha sido regido por la constitución del año 1980, elaborada entre cuatro paredes bajo la dictadura cívico-militar, con leves maquillajes bajo los gobiernos democráticos pero que mantuvieron, en esencia, la desigualdad social, brechas educativas, económicas, sanitarias y un futuro misérrimo. A partir de ese 18 de octubre […]
Por Rafael Calcines Armas Chile cierra hoy una semana en la cual el ambiente electoral cobra fuerza con la vista de programas políticos de partidos enfocados en las primarias para elegir a los candidatos a las presidenciales de noviembre. El camino comienza a despejarse tras la segunda vuelta para elegir a los gobernadores de 13 de las 16 regiones del país, celebrada el domingo, y que tal como auguraban los analistas, resultó una nueva derrota para los partidos de derecha. Esa elección tenía especial trascendencia pues por primera vez el voto popular decidió este cargo, que forma parte de las medidas para descentralizar el poder en Chile, además de ofrecer una perspectiva de lo que pudiera ocurrir en las elecciones presidenciales. Las urnas propinaron un batacazo a la coalición oficialista Chile Vamos, pues de las 16 regiones del país, 15 fueron ganadas por la oposición, incluida la Región Metropolitana, la más importante de todas y bastión histórico de la derecha. Superado ese paso del apretado cronograma electoral del año, este viernes comenzó la campaña electoral de cara a las primarias presidenciales previstas para el 18 de julio. Así, los candidatos del Partido Comunista y el frente Amplio, y dos de la derecha se desplegaron por diferentes regiones del país. Ya el miércoles, el comunista Daniel Jadue fue el primero de todos en presentar su programa de Gobierno, con una serie de objetivos que recogen muchos de los reclamos de millones de chilenos a lo largo de la revuelta popular iniciada en octubre de 2019. Por su parte, el del Frente amplio, Gabriel Boric, presentó la víspera el suyo, que con diferentes matices contiene no pocos temas coincidentes con la propuesta de Jadue. En la acera contraria, el jueves el candidato de la derechista Unión Demócrata Independiente, Joaquín Lavín, lanzó un ‘avance’ de su programa, que como es de suponer contiene un enfoque reformista del actual modelo de país, pero lejos de la propuesta de la izquierda. Los otros candidatos se espera lancen sus respectivos programas en los próximos días. Pero en el largo camino hacia La Moneda faltan definiciones en los partidos Socialista, Por la Democracia y la Democracia Cristiana, que no aún se ponen de acuerdo en realizar una primaria en ese sector. Incluso puede haber sorpresas pues la Lista del Pueblo, formada por independientes, anunció el martes que buscará llevar sus propios candidatos a las elecciones parlamentarias y muy posiblemente para las presidenciales. Todo ello con el fantasma del abstencionismo revoloteando, pues en el balotaje de gobernadores solo acudió a las urnas el 19,6 por ciento del padrón, un récord de inasistencia. Con ese antecedente, el martes la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de reforma constitucional para restituir el voto obligatorio en elecciones populares, el cual será visto en los próximos días en el Senado con muchas posibilidades de que se convierta en ley. Santiago de Chile, 19 junio 2021 Crónica Digital/PL
Por Gonzalo Martner «El economista y ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés fustigó el programa de Gobierno anunciado por el precandidato del PC, Daniel Jadue, quien anunció el «fin de las AFP» y el retiro completo de los fondos previsionales. La ex autoridad de Gobierno planteó, en conversación con Cooperativa, que esta propuesta es un «gustito ideológico» que costará demasiado caro para quienes se jubilen en el futuro. «No tenemos que desmantelar lo que tenemos, tenemos que construir sobre lo que tenemos -explicó Valdés- Me preocupa que cada vez más estamos tirando por la borda lo poquito que tenemos. El sistema mixto futuro tiene que tener una parte de ahorro obligatorio en cuentas individuales». Retirar el 100% los fondos previsionales «es una muy mala política (…) Hay que cuidar lo que tenemos. Es cierto que falta mucho y hay que hacer más reformas, pero no me gustó nada de la propuesta (de Jadue)», enfatizó. «Los efectos en el mercado de corto plazo serían bien dramáticos, subirían las tasas de interés (…) Creo que desarmar este sistema es un gustito ideológico que tiene costos enormes para la gente que se va a estar retirando en las próximas décadas», cerró el ex ministro. El gustito ideológico es de Valdés: seguir defendiendo a las AFP y de paso tergiversar el programa de Daniel Jadue. Este contempla cuentas individuales que registrarán los aportes por cotizaciones obligatorias y constituirán derechos previsionales. El aporte al ahorro nacional ocurrirá a través de un fondo de capitalización colectiva, con las cotizaciones adicionales previstas en la actual discusión parlamentaria. La hiperconcentración económica con aportes obligatorios gestionada por las AFP se terminará. Esa es una opción de sociedad, no un gustito ideológico. El ex ministro Rodrigo Valdés plantea que la propuesta de Daniel Jadue sobre pensiones es un «gustito ideológico que costará demasiado caro para quienes se jubilen en el futuro”. Dice Valdés: «me preocupa que cada vez más estamos tirando por la borda lo poquito que tenemos. El sistema mixto futuro tiene que tener una parte de ahorro obligatorio en cuentas individuales. Retirar el 100% los fondos previsionales es una muy mala política». «No me gustó nada de la propuesta (de Jadue). Los efectos en el mercado de corto plazo serían bien dramáticos, subirían las tasas de interés (…) Creo que desarmar este sistema es un gustito ideológico que tiene costos enormes para la gente que se va a estar retirando». El gustito ideológico es de Valdés: seguir defendiendo a las AFP y de paso tergiversar el programa de Daniel Jadue. Este contempla cuentas individuales que registrarán los aportes por cotizaciones obligatorias y constituirán derechos previsionales. El ahorro se estimulará a través de un fondo de capitalización colectiva, con las cotizaciones adicionales previstas. La hiperconcentración económica gestionada por las AFP se terminará. Esta es una opción de sociedad, no un gustito ideológico. El nuevo sistema tendrá tres pisos. El primero, la pensión básica solidaria. El segundo, el sistema contributivo, con una parte de las cotizaciones que se registran como […]
Por Patricio Hales No hay que pedirle a las FFAA que deliberen politicamente decidiendo si acatan o no las reglas políticas constitucionales. No están invitadas al debate político. No es por desprecio sino porque tienen el privilegio exclusivo de las armas. Politicamente están en una posición institucional de prescindencia porque son el cuerpo armado que sirve al Estado para la Defensa y no les corresponde decidir la política. Su rol es defender la soberanía y preservar la integralidad territorial. La sociedad les da recursos y el derecho a usar las armas, por eso es ella la que fija su razón de ser. Los militares ofrecen hasta su propia su vida y con razón se sienten orgullosos de hacerlo. Pero su papel es la Defensa y no militarizar el orden interno. Sin embargo no siempre cumplieron. Por eso hay comprensibles resentimientos cuando se habla de las FFAA pensando en la Nueva Constitución. Varias veces en la historia, los militares asumieron un rol político interno. La última , en 1973, sirvieron a la derecha, con tal horror que, desde sus propias filas, llegó el arrepentimiento: “Nunca más” dijo oficialmente el Comandante en Jefe General don Juan Emilio Cheyre. Pero el compromiso político con que afirmaron la dictadura por 17 años, deformó la comprensión de ellos y del pueblo respecto de su rol. Por esto, una parte del debate público mezcla emociones negativas antimilitares junto con las necesidades objetivas de Defensa de Chile. Necesaria, porque mientras los seres humanos y los países, no tengamos como costumbre el respeto mutuo, existe la amenaza de conflicto de fuerza. Y eso, por ahora, requiere fuerza armada del Estado. La Nueva Constitución debe consagrar con claridad la necesidad de la Defensa, que comienza por las RREE y para que son las FFAA. Una legislación establecerá el cumplimiento de las tareas profesionales militares. Pero es una definición política no técnica. El Estado siempre oprime, conforme a las normas que establece. Aunque lo haga democráticamente, manda, prohíbe o permite. La igualdad no es pura, es igualdad ante la ley. Pero el Estado dictatorial de cualquier color político, oprime con las FFAA, aunque se disfrace de apolítico, en dictadura las FFAA toman partido polític. El recurso de todas la dictaduras, de izquierda y derecha es militarizar la política y siempre aureoladas en nombre del pueblo. Aunque sea obvio, hay que tener presente que la Constitución que rige en Chile, establecida por la Dictadura de derecha desde 1980 , es antidemocrática. Su non plus ultra lo representó su artículo 90 diciendo que “las Fuerzas Armadas…….garantizan el orden institucional de la República”. Les encomendó intervenir la democracia. El artículo remplazado, quince años después de la reconquista de la democracia, “en la medida de lo posible”, le eliminó la calidad de garantes democráticos que la derecha le consagró constitucionalmente a quienes tenía el monopolio de las armas. La Nueva Constitución y las leyes que devengue, tienen la oportunidad de precisar el rol de la FFAA en un Estado […]
Por Yadira Cruz Valera El triunfo en Perú del izquierdista Pedro Castillo abre hoy la interrogante en torno a la desaparición del Grupo de Lima, bloque de gobiernos de derecha creado para interferir en los asuntos de Venezuela. Desde que se conocieran los resultados de los comicios presidenciales en el país andino, analistas, políticos y estadistas de todas las tendencias comenzaron a cuestionar y/o apostar por la supervivencia del organismo. Apenas se anunció la victoria de Castillo, el expresidente de Ecuador Rafael Correa hizo uso de la sátira virtual y publicó en la red social Twitter un meme que señalaba «es de mi agrado informarles que el Grupo de Lima acaba de perder a Lima», mientras horas más tarde colocaba otro, «ÂíQué problema! Y ahora, ¿cómo se van a llamar?». Aunque para muchos analistas el futuro del ente es aún de pronóstico reservado, la publicación del exmandatario ecuatoriano puso sobre la palestra pública la duda sobre el destino definitivo de ese concilio político, desde hace mucho en franco deterioro. Si bien es cierto que el candidato no se pronunció abiertamente al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre, el partido de Castillo, anunció durante la campaña que de llegar a la presidencia esa nación lo abandonaría y propondría su desactivación. Interrogado por Prensa Latina, el filósofo y politólogo venezolano Fernando Rivero indicó al respecto que Latinoamérica transita por cambios geopolíticos importantes que evidencian una condena generalizada a las políticas neoliberales, y calificó al Grupo como una organización desmembrada, cuyo fin es inminente. El máster en Filosofía de la Guerra dijo sentirse optimista en cuanto a un cambio en la correlación de fuerzas en torno a Venezuela, lo cual sería una extraordinaria oportunidad para afianzar la diplomacia de paz en la región. Además, subrayó, permitiría la reactivación de mecanismos de integración la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos. La instancia multilateral se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017, donde se reunieron representantes de 14 países «con el objetivo de dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana para buscar una salida pacífica a la crisis». En un principio suscribieron la declaración Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, uniéndose posteriormente Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia, este durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. El documento fue avalado también por Barbados, Estados Unidos, Granada, y Jamaica​ que asistieron al encuentro, así como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, además de la oposición venezolana. El reconocimiento del exdiputado Juan Guaidó como presidente encargado, su apoyo a la extrema derecha venezolana, cada vez más desprestigiada y la debacle en el tratamiento de la Covid-19 de la mayoría de los países miembros, dejaron caer la cortina de humo de la organización que desde su creación sólo sirvió a los intereses de […]
