En la primera parte de este trabajo sostuve, que las elecciones para gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes efectuadas el pasado 15 y 16 de mayo mostró resultados desastrosos para la derecha y los partidos que han administrado Chile en los últimos treinta años y marcó la irrupción de nuevos actores políticos.
Un porcentaje importante de la sociedad chilena, a poco más de un mes de dar comienzo al trabajo de los miembros de la convención constituyente y a escasos meses de tener una nueva contienda electoral para elegir al nuevo (a) mandatario (a) no está dispuesto a seguir bajo este marco político, social y económico que se extiende por 48 años. Una sociedad que exige cambios estructurales, ya no más maquillajes. Y en ese objetivo, encontramos una diferencia fundamental, entre aquella mayoritaria suma de ciudadanos, que no están dispuestos a aceptar una política que ha mostrado su fracaso en temas de justicia social y las administraciones de Gobierno, que se han dedicado más bien a gestionar lo existente, a retocarlo, a darle una pequeña pintura para tratar de ocultar las pifias de esta democracia tutelada aún. Una democracia representativa, que es una forma de gobierno débil, sujeta al poder económico, a los poderes fácticos del empresariado, de los grupos de presión, debe tener una modificación medular so pena de generar una fractura social de incalculables consecuencias.
Este Chile, en plena pandemia por el Covid 19, que no ha logrado bajar las cifras de contagios y muertes a pesar de una fuerte campaña de vacunación, unido al referente político marcado por el 18 de octubre del año 2020 y los resultados que muestran a un porcentaje mayoritario de los que acudieron a dicho plebiscito, que exige cambios (1). Pero, que demanda también atraer a ese porcentaje de ciudadanos, que se inhiben de ejercer su derecho a voto, que en el caso del plebiscito del 25 de octubre del 2020, significó un 50% y las elecciones del 15 y 16 de mayo pasado implicó un 58% de ausencia de votantes. Tales cifras, debilitan la exigencia de cambios, como los que pretende esa sociedad chilena, que en el universo electoral de participación votó por el apruebo y que posteriormente castigo a los partidos políticos tradicionales y dio paso a nuevos actores.
Una abstención que demuestra apatía, desesperanza y que sólo la constatación de un cambio verdadero, que dé cuenta de sus derechos y necesidades podría volver a reencantar a una población que no la seducen los cantos de sirena y que seguramente volverá a ser convocado obligatoriamente a ejercer el voto (2). Consultada por Radio Universidad de Chile, la representante del PNUD Chile, Marcela Ríos señaló que ““Es bien importante tener claro que la causa de la baja participación no es que el voto sea voluntario, porque la participación venía cayendo antes de cambiar hacia inscripción automática y voto voluntario, pero sí ha agudizado las desigualdades y ha facilitado la baja participación (…) Avanzar hacia un voto obligatorio no resuelve todos los problemas ni los problemas estructurales de base, pero puede contribuir a disminuir la desigualdad en el ejercicio del voto”. Sólo quedarían exceptuados de votar obligatoriamente las personas mayores de 75 años, aquellos con discapacidad o dependencia, chilenos que habitan en el extranjero y extranjeros residentes en Chile.
La labor constituyente y las próximas elecciones generales: presidencial, senadores, diputados y consejeros regionales se efectuará el día 21 de noviembre y en caso de segunda vuelta esta será el día 16 de diciembre. Una jornada que se avizora, en esta etapa previa, como una dura labor para los hombres y mujeres, sobre todo, aquellos que están en la carrera presidencia. Una pugna, que en las últimas semanas ha estado signada por un caudal de sorpresas, derivado sobre todo de los resultados electorales, fundamentalmente en el campo constituyente, que baraja un nuevo naipe político donde prima un mundo independiente (en el cual se inscriben también aquellos que presentándose como independientes han tenido tiendas políticas y por tanto su sensibilidad tiene un sello distintivo).
Tal realidad echó por el suelo cualquier posibilidad de concretar, lo que en algún momento se pensó como alternativa opositora: una primaria ampliada entre Unidad Constituyente conformada por el Partido Socialista (PS), Partido Por la democracia (PPD), Democracia Cristiana (DC) Partido radical (PR), Ciudadanos y Partido Progresista (PRO). Esa Unidad junto al sector más a la izquierda conformado por el Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA) y la Federación Regionalista Verde (FRVS). Y hablo de imposibilidad de llevar adelante una primaria amplia de la oposición, sobre todo porque las listas de izquierda aumentaron su caudal de adhesión y que definieron, a través de los candidatos Daniel Jadue y Gabriel Boric competir en una primaria, entre esos dos nombres. Así definirán el candidato que competirá en la batalla final. Una decisión, que tuvo una particularidad, expresada en el veto a la entrada en esta competencia, previa a la campaña final a las presidenciales, al Partido Socialista, que se supone había concordado posturas comunes con Jadue y Boric.
Fue el golpe de gracia a la dignidad de un partido, que ha jurado internamente vengar la afrenta y descolocó a su candidata Paula Narváez, ya que al volver atrás en seguir en su alianza de treinta años con la democracia cristiana, este último partido rechazó avanzar en una primaria. Caos total. La ex Concertación y posterior Nueva Mayoría está sumergida en una crisis existencial que deberá definir su candidato (a) entre el radical Carlos Maldonado, Paula Narváez del Partido Socialista y la probable candidata (pues aún no decide si participará) la democratacristiana y actual senadora Yasna Provoste cuyo nombre resuena con fuerza. Sin primaria avalada por el Servicio de registro Electoral, lo que implica ver la posibilidad de realizar una primaria abandonada a la “buena voluntad” de los partidos. Previo a esta inscripción de candidaturas, frente al nulo apoyo social, se bajaron las candidaturas de Pablo Vidal de Revolución Democrática, Heraldo Muñoz del PPD, Ximena Rincón de la DC y el ex Socialista Marcelo Díaz.
Por el lado de la derecha el panorama está igualmente revuelto, entre candidatos sempiternos como es Joaquín Lavín de la derechista Unión Demócrata independiente (UDI), único abanderado de ese partido tras bajarse de la competencia a la actual alcaldesa de la Municipalidad de Providencia Evelyn Matthei. Se suma a este bloque, el ultraderechista y cuya familia está vinculada a atropellos a los derechos humanos, cuyo padre fue miembro del régimen nacionalsocialista emigrando posteriormente a Chile y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast cuyo discurso agresivo, nacionalista y crítico de la debilidad del gobierno, para enfrentar la crisis social, puede generarle buenos dividendos en la derecha más dura, que tiene necesidad de encontrar un referente como el de Kast, que en la elección presidencial del año 2017 obtuvo un 7, 8%. Adicionemos al novel candidato independiente Sebastián Sichel y el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, con pocas posibilidades de pasar a competir en las etapas finales.
El 18 de octubre del año 2019, que marca el inicio del denominado estallido social, La pandemia del Covid 19 que ha mostrado la escasa sensibilidad del gobierno frente a las demandas sociales. Las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes del 15 y 16 de mayo pasado muestran un Chile muy distinto al que conocimos. Y un Chile que tampoco será el mismo tras el fin del trabajo de los constituyentes y la elección presidencial de fines de este 2021. La irrupción de nuevos actores políticos, llámense lista del pueblo, independientes e incluso conversos. La caída estrepitosa de los partidos políticos tradicionales marca el signo de estos nuevos tiempos. El proceso de discusión constituyente, que se inicia el próximo mes de julio, será un referente importante para Latinoamérica, tal como lo ha sido el estallido social, que ha encontrado su símil en el levantamiento en Colombia.
Un Chile donde la derecha sintió con fuerza el golpe electoral y que hizo reflexionar al presidente chileno Sebastián Piñera al sostener “La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos». Refrendado por uno de los candidatos presidenciales de la derecha, Mario Desbordes, quien afirmó «No hay duda que estamos viviendo una derrota transversalmente, una derrota que nos tiene que hacer reflexionar. No hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que está pidiendo cambios». Pero ello no es suficiente porque los poderes fácticos, el poder económico, empresarial, los vínculos con los poderes hegemónicos hemisféricos hacen pensar en lo imposible que es un cambio cardinal en la derecha.
Este Chile post octubre del 2019 nos muestra otros elementos importantes: una concreción de la paridad de género expresada en la propia constituyente, donde la implementación de un mecanismo de corrección permitió generar una representación igualitaria: de un total de 155 constituyentes 78 son hombres y 77 son mujeres. Como también la representación de los pueblos originarios, que en un número de 17 cargos estarán presente en la redacción de la nueva constitución.
A pesar de todos los elementos positivos consignados resulta evidente, que una amenaza se verte sobre todos estos procesos: políticos, electorales, de movilización social, de expectativas. Y me refiero a la bajísima participación de un porcentaje de la sociedad, que en las últimas elecciones ha mostrado una apatía preocupante. Ello indica que existe una mayoría de la población, que no se siente representada ni por la derecha, el centro, la izquierda, la lista del pueblo, independientes o cualquiera que parezca con un discurso nuevo y la receta de la felicidad. Un país apático está sujeto a los sueños de otros y no el concretar nuestras necesidades y esperanzas.
Pablo Jofré Leal
Artículo Cedido por www.segundopaso.es
- El 25 de octubre del año 2020 en una jornada plebiscitaria, signada como histórica, los chilenos con derecho a voto debían optar por dos opciones. Aprobar o rechazar la opción de redactar por una nueva constitución. El apruebo se impuso con un 78,27% de los votos en Chile y chilenos en el extranjero (5.886.421 preferencias). La opción rechazo logró el 21,73% de los votos (1.634.107 personas). La segunda pregunta refirió al órgano encargado de redactar la nueva constitución: El 78,99% de los chilenos (5.646.427 votos) optó por una Convención Constitucional. Mientras que un 21,01% optó por la Convención Mixta (1.501.793 votos) entre parlamentarios y elegidos por la ciudadanía.
- El día 26 de mayo del 2021 la cámara de diputados aprobó la reforma constitucional que reestablece el voto obligatorio. 107 votos a favor, 16 rechazos y 23 abstenciones. Una decisión que muestra la escasa sintonía de la casta política con el pensamiento y acción social, toda vez que el año 20º9 el voto, que era obligatorio fue modificado para hacer la inscripción automática y el voto voluntario bajo la primera presidencia del actual presidente Sebastián Piñera. La alta abstención y el temor de enfrentar una progresiva apatía ciudadana vuelve a poner en la palestra este deber. Un tema que cobró aún más importancia tras las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo que tuvo una participación de un escaso 42% del universo electoral. Existe un interés especial de los sectores de izquierda en Chile de restituir el voto obligatorio, a pesar de haber sido impulsores, años atrás de no obligar a la población a votar. ¿Qué cambió? La constatación que bajo esta modalidad la población que menos acude a ejercer su voto es la población de los sectores populares, donde se supone, esa izquierda tiene mayores chances de obtener adhesión y en cambio la población de mayores ingresos acudió masivamente a sufragar en las elecciones del 15 y 16 de mayo.
Santiago de Chile, 21 de junio 2021
Crónica Digital
