La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) estudiará la aplicación de medidas a personas o empresas socias condenadas en medio de un escándalo de corrupción que conmociona a Chile.
Todas las actuaciones apartadas de la ley y la ética no solo merecen nuestra desaprobación, sino que no las vamos a amparar, dijo Andrés Santa Cruz, presidente de la principal patronal del país.
El directivo explicó a la prensa que a las empresas o socios del gremio que sean imputados se les congelará o suspenderá su membresía mientras dure la investigación, y si son condenados por la justicia, serán expulsados.
La víspera, la mandataria Michelle Bachelet anunció la creación de un Consejo Asesor Presidencial, el cual deberá abordar cómo deslindar la política de los negocios y diseñar estrategias para minimizar los conflictos de intereses.
Compuesto por 10 hombres y cinco mujeres que serán dirigidos por el economista y presidente de la fundación
Espacio Público, Eduardo Engel Goetz, el ente deberá presentar en 45 días propuestas para enfrentar otros flagelos asociados.
Bachelet, golpeada directamente por negocios de su hijo mayor, Sebastián Dávalos, que plantean cuando menos elementos de ética, comunicó asimismo el envío de un proyecto de reforma constitucional al parlamento.
La jefa de Estado enfatizó en un encuentro en el Palacio de La Moneda que no se trata de restituir las confianzas en beneficio de algún actor particular, «de mí, del Gobierno o de los empresarios».
Esto, dijo, es una necesidad del país, de la salud de la democracia que todos necesitamos para vivir.
La conmoción desatada responde en síntesis al llamado caso Penta, nombre del conglomerado económico que trasgredió la legislación chilena, al imputársele financiamiento ilegal a campañas políticas alrededor de lo cual se desataron numerosos manejos irregulares de dinero.
El sábado último el juez Juan Manuel Escobar dictó prisión preventiva para seis de los 10 imputados en el escándalo que salpicó en particular al opositor partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
Además del caso Penta a las investigaciones por corrupción en este país se suma la empresa Sociedad Química y Minera de Chile por supuestos aportes irregulares a políticos entre 2009 y 2013.
También está en entredicho el senador independiente por la región de Magallanes Carlos Bianchi por probables delitos de fraude al fisco.
Santiago de Chile, 11 de marzo 2015
Crónica Digital / PL
