Sector eléctrico se resiste, al igual como lo hicieran con Ley de 20 % de energías renovables no convencionales al 2020 (que en definitiva quedó como Ley del 20 % al 2025) alerta sobre alza de costos y riesgos de desabastecimiento. Hace ya algunos años que la meta del 20 % de ERNC fue superada, bajando los costos de la energía y sin problemas de provisión eléctrica.
Un oscuro panorama dibujaron los gremios de los grandes consumidores eléctricos y las empresas transmisoras (tanto nacionales como extranjeras) si se llegara a aprobar la ley que obliga el cierre de todas las termoeléctricas a carbón al año 2025. Los máximos representantes de ACENOR (Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados) y de la Asociación de Transmisoras eléctricas expusieron su visión durante la última sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde está radicada la iniciativa luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados.
El director ejecutivo de ACENOR, Javier Bustos Salvagno, informó a los legisladores que para abordar la materia la organización solicitó un estudio de escenarios a ENC Energy Consultants. La conclusión fue que “si no alcanzaran a llegar las inversiones para reemplazar el carbón al 2025, los precios de la energía aumentarían significativamente (más del 90%)”. Y si efectivamente alcanzaran a llegar con eólicas, solar y gas, “el precio de la energía aumentaría al menos un 40%”.
Bustos señaló en la ocasión que “en los casos analizados son cada vez más necesarias las turbinas diésel y las centrales de ciclo combinado para abastecer la demanda en horas sin sol”.
Todo esto llevó al directivo a afirmar, en el caso del proyecto de descarbonización total al año 2025, que aunque están de acuerdo con prohibir la instalación de nuevas plantas a carbón “creemos necesario revisar la fecha de prohibición para su operación”.
A su vez, expresó que la definición de una fecha para el cierre de este tipo de centrales a “debe incluir el análisis de los impactos no solo para el sistema eléctrico nacional, sino también para la sociedad en su conjunto, en cuanto a compromisos ambientales, impactos laborales, económicos, entre otros”. Por ello, propuso la conformación de una mesa de trabajo público-privada “que identifique los cambios regulatorios y técnicos habilitantes para el proceso de descarbonización, considerando la competitividad y seguridad del sistema” y que “los proyectos de generación se instalen más cerca de los centros de consumo, ya que hoy en día no podemos aprovechar los beneficios de las energías renovables por los cuellos de botella en transmisión, por lo tanto sería mucho más óptimo esta generación más descentralizada”.
Porque, concluyó Bustos, “la recuperación verde no es factible sin precios de suministro eléctrico competitivos”.
ACENOR está integraada por los grandes consumidores eléctricos (clientes libres) que compran directamente a las generadoras y negocian libremente los precios (varios de ellos, especialmente mineras, ya han renovado sus contratos para abastecimiento en un 100% renovable. Este proceso permite que paguen menos por kilowatt de electricidad que los clientes regulados (los ciudadanos, comercio, pequeñas empresas) que se abastecen de la energía que se integra al sistema vía licitaciones.
Javier Tapia Canales, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Transmisión, apuntó a tres condiciones básicas para avanzar en la descarbonización: desarrollar urgentemente proyectos de transmisión; disminuir los tiempos de tramitación; viabilizar el almacenamiento en todas sus formas.
Para la aceleración de los proyectos propuso “establecer un procedimiento legal especial que permita rápidamente a los organismos reguladores definir qué obras son urgentes y que eso permita su ejecución y remuneración adecuada”. Una medida similar en términos de cambios legislativos, pero de menor escala, proponen para que se acorten los tiempos de trámite de los permisos de los órganos del Estado. Y lo mismo para el almacenamiento, modificando la Ley Eléctrica y así, en su opinión, introducir competencia y seguridad al sistema.
Al respecto, y comprendiendo las aprensiones del sector eléctrico, la senadora Isabel Allende Bussi (PS) apuntó que “es imposible que no miremos esto como un todo. No podemos seguir trabajando con centrales a carbón, que serán muy seguras, pero claramente producen efecto invernadero. Entonces, si no tenemos la mirada integral, completa, lo que estamos haciendo es desvestir un santo para vestir a otro”.
En este sentido planteó que “nosotros estamos en la obligación de ver cómo asumimos compromisos como país y cómo necesitamos avanzar cada vez más en la descarbonización par ir eliminando nuestros gases de efecto invernadero”. Por ello “cuando uno pone una fecha, está obligando a la institucionalidad a adaptarse, a prepararse, a avanzar y a utilizar todos los instrumentos con que la misma institucionalidad cuenta o buscar otros, pero efectivamente debe llegar a esos hitos”.
Además, recordó que esta situación es similar a cuando el sector eléctrico se resistió a la Ley de 20 % de energías renovables no convencionales al 2020 (y que quedó como Ley del 20 % al 2025), alertando alza de costos y riesgos de desabastecimiento. Sin embargo, hace ya algunos años que la meta del 20 % de ERNC fue superada, bajando los costos de la energía y sin problemas de provisión eléctrica.
Además de la senadora Allende, la Comisión de Minería y Energía es presidida por Yasna Provoste Campillay (DC, quien en esta sesión fue reemplazada por Jorge Pizarro Soto), e integrada también por Alejandro García Huidobro Sanfuentes (UDI, reemplazado en la ocasión por David Sandoval Plaza), Guido Girardi Lavín (PPD) y Rafael Prohens Espinosa (RN).
Por Patricio Segura
Santiago de Chile, 14 de noviembre 2021
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